Con los escándalos de la detención en España del avión con casi una tonelada de cocaína y la aparición del concejal kirchnerista con 700 kilos de droga, se evidencian nuevamente los vínculos del gobierno y de las fuerzas represivas con el negocio del narcotráfico.
En su discurso, el gobierno kirchnerista dice ser el primer enemigo de la droga y acusa a sus oponentes circunstanciales como el duhaldismo de ser quienes manejan el negocio del narcotráfico. Dice también que convirtió a las fuerzas armadas en “democráticas” y “transparentes” y, de hecho, “premió” a Nilda Garré por su dirección del ministerio de defensa, dándole un nuevo ministerio de mayor exposición, el de seguridad(1).
En la práctica, ese discurso de “lucha contra la droga”, con el que se llena la boca el “mano dura” Scioli, es el slogan por medio del cual despliegan las fuerzas represivas por todo el país, con lo que avanzan en la represión contra los sectores populares.
Pero además, como lo muestran los sucesivos escándalos, es entre los políticos del gobierno y en el aparato del estado, principalmente en sus fuerzas represivas, por donde pasa el gran negocio del narcotráfico.
Decenas de ejemplos han evidenciado el manejo de la droga por parte de las fuerzas represivas, tanto de la policía, como de los militares (incluyendo la condena para el hijo del comodoro Beltrame por el caso Southern Winds), y también de los políticos (por caso, el financiamiento de la última campaña de Cristina Fernández con los aportes de la efedrina).Y éste, entre tantos otros negocios, como la venta de armas del ejército encabezado por Garré, el caso de las valijas de Antonini, el caso Skanska, los negociados de Jaime, etc.
Así, los escándalos actuales no hacen más que dar una línea de continuidad a una práctica habitual (aunque negada) en el gobierno peronista y el estado que administra.
Tal es el caso de Héctor “Palmita” Palma, miembro del PJ formoseño y hombre de su gobernador Insfrán, quien llegó a su puesto de concejal candidateándose en las listas del Frente para la Victoria. Al dirigente kirchnerista le descubrieron nada menos que 700 kilos de cocaína de gran pureza, cuyo precio superaría los $100 millones. Ante la evidencia, el consejo deliberante local hizo una rápida maniobra para evitar un juicio político (y la extensión del escándalo) destituyéndolo automáticamente.
Y es también el caso del contrabando de casi una tonelada de cocaína a España, en el cual está involucrada la fuerza aérea. En esta oportunidad el caso de narcotráfico se abre a partir de la detención del hijo del brigadier Miret, ex funcionario de la dictadura y de dos hijos del ex jefe de la fuerza aérea menemista, uno de ellos ex funcionario del PAMI hasta iniciada la gestión kirchnerista. En el caso están involucrados altos mandos de la fuerza. Por eso, ya debió renunciar el comodoro Jorge Ayerdi, jefe de la base aérea de Morón en donde estaba el avión narco y se cree que habrían subido la millonaria carga. También se han visto obligados a llamar a declarar a decenas de oficiales, mientras se profundizan las internas de la fuerza (circula, por ejemplo, un mail firmado por esposas de militares que, para cubrirse, señalan nombres de otros involucrados). Aún así, el nuevo ministro de defensa, Arturo Puricelli, dijo que “a nadie le puede caber la duda de que la Fuerza Aérea no está involucrada, ni rozada”, buscando, inútilmente, sacarse de encima la brasa caliente que le dejó Garré, anterior responsable de esa cartera.
En fin, mientras la droga hace desastres, sobre todo entre la juventud más pobre, son los hombres del gobierno peronista y de las fuerzas represivas quienes, convertidos en grandes capitalistas de la droga, están en la primera línea del negocio del narcotráfico y amasan con él fortunas millonarias.
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NOTAS:
1) Ver “La seguridad de los ricos es la inseguridad y el control de los pobres”, es este mismo número de ER, pág. 8
