El Revolucionario Nº13 (Mayo de 2006)
“La nacionalización de los ferrocarriles y de los campos petroleros en México no tienen nada que ver por supuesto con el socialismo. Es una medida de capitalismo de Estado en un país atrasado, que de este modo trata de defenderse del imperialismo extranjero por un lado y del otro, de su propio proletariado.”
León Trotsky, Los sindicatos en la época imperialista
El Decreto Supremo
El 1º de mayo, el presidente boliviano Evo Morales anunció la firma del Decreto Supremo nº 28.701, que, en heroico lenguaje, proclama la nacionalización de los recursos naturales hidrocarburíferos del país. La medida fue celebrada por los que apuestan al “Socialismo del Siglo XXI” estilo Chávez con frases no menos altisonantes: Bolivia recupera la dignidad, se acaba el saqueo, Evo muestra firmeza en la defensa de los intereses de su país, son cucharadas de felicidad, histórica decisión, etc. En la misma semana, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, definió la orientación de su gobierno: “No estamos pensando en el socialismo para el futuro próximo sino en una profunda revolución democrática descolonizadora”. (1)
Más en consonancia con Álvarez Linera que con los entusiastas apologetas del presidente boliviano, la prensa burguesa, una vez que pudo conocer el contenido del decreto, salió a poner paños fríos y calmar los ánimos de quienes pudieran sentirse preocupados por una suerte de avance rojo continental. Es que, como didácticamente explicó algún columnista de economía por radio, la afirmación de la propiedad nacional de los recursos naturales es una natural expresión soberana de todo gobierno burgués que se precie, y de ninguna manera una medida revolucionaria. Como demostración, basta recordar que jamás se le ocurrió al Gral. Pinochet privatizar los yacimientos de cobre chilenos, equivalente local del gas boliviano, como sí se hizo en Argentina con las reservas de petróleo.
En Bolivia, el dirigente de la COB (Central Obrera Boliviana) Jaime Solares, calificó el decreto como demagógico, señalando que en lugar de expulsar a las transnacionales que operan ilegalmente en el país, “se les está dando otra oportunidad para seguir saqueando las riquezas naturales”. Las empresas involucradas guardaron prudente silencio, y el revuelo brasileño por el temor a un aumento importante del precio del gas fue rápidamente desactivado con el apretón de manos de Evo y Lula, y la foto de familia junto a Chávez y Kirchner en Iguazú.
¿De qué se trata entonces esta tan mentada nacionalización, que genera aleluyas de revolución mientras empresas de todo el mundo, como las rusas, ofrecen reemplazar a las radicadas en Bolivia si éstas decidieran retirarse?
El gas boliviano en contexto
Bolivia posee la segunda reserva de gas natural de Sudamérica, detrás de Venezuela, y superior a la que tienen en conjunto Argentina, Brasil, Chile y Perú. Sin embargo, sólo el 1.78% de los hogares bolivianos tiene servicio de gas domiciliario por cañería. El 62.57% de las amas de casa utiliza gas envasado para cocinar, a un costo de casi tres dólares por garrafa de 10 litros, mientras que un 31.11% usa leña, y el resto guano, kerosene, bosta, o no cocina. Su enorme producción gasífera es exportada a Brasil, donde cubre el 50% del consumo nacional; a Argentina y desde hace unos años, en cantidades crecientes, a México y EEUU (California). Sólo como ejemplo de la desproporción entre gas exportado y consumo interno, digamos que el gasoducto a Brasil tiene una capacidad de 30 millones de m3 diarios, y el que une La Paz con Oruro, casi cien veces menos (0,4 MM3/d).
No puede extrañar que la consigna “El Gas para los Bolivianos” fuera el motor de las grandes protestas populares de los pasados años, que hicieron renunciar a varios presidentes sucesivamente y profundizaron una crisis que la burguesía sólo pudo superar gracias al apoyo a la transición democrática brindado por el MAS, con el concurso de Kirchner y Lula.
El régimen de explotación y comercialización de hidrocarburos en Bolivia fue radicalmente modificado, como ocurrió con la mayoría de los recursos naturales en América Latina, durante la reconversión y concentración capitalista que se desarrolló en el continente en los ’80 y ’90 bajo la denominación de “políticas neoliberales”. En 1985, con el gobierno de Paz Estenssoro del MNR, comenzó el proceso de privatización de las empresas públicas y transferencia al sector privado de la gestión de servicios públicos, que sería completado durante los gobiernos de Banzer, Quiroga y Siles Suazo. La “Guerra del Agua”, desatada en Cochabamba a raíz del intento de concesionar los servicios de agua a una empresa multinacional, sumada a la movilización de los campesinos por la campaña de erradicación de los cultivos de coca en la misma región, desembocó para mediados de 2003 en un movimiento insurreccional del que participaron el MAS de Evo Morales, la COB dirigida por Jaime Solares, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos Bolivianos liderada por Felipe Quispe y la FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales). Después de la renuncia de Siles Suazo, prófugo en EEUU, y de su vicepresidente Mesa, hubo una transición que culminó con el presidente de la Corte de Justicia asumiendo la primera magistratura y convocando a las elecciones en las que triunfara el líder cocalero Morales.
La “cuestión del gas” fue central en ese proceso. En el referendum realizado en julio de 2004 la abrumadora mayoría de la población respondió “SI” a las cinco preguntas, que se referían a la recuperación del derecho de propiedad del estado de los hidrocarburos en boca de pozo; la refundación de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos); la definición del gas como recurso estratégico para recuperar la salida al mar de Bolivia; la prioridad al consumo interno y el aumento impositivo a la producción. Sobre la base del resultado del referendum, en mayo de 2005 se dictó la ley nº 3058, que en realidad no satisfizo a ninguno de los sectores en disputa. Es que la norma se limitaba a incrementar los impuestos a cargo de las empresas y a modificar el régimen de regalías, aunque declamaba el carácter de recurso estratégico del gas y refundaba YPFB. Otorgaba 180 días a las multinacionales para renegociar sus contratos de concesión, plazo que se venció sin novedades.
El reclamo popular, claro está, no era simplemente “mejorar los términos del intercambio”, sino expropiar sin indemnización alguna los bienes de las empresas como Repsol, Petrobras, Vintage o British Petroleum, que vienen expoliando la riqueza boliviana con tal grado de impunidad que en abril del mismo año el Tribunal Supremo declaró nulos los 78 decretos que “regulaban” su actividad en el país. A las empresas, por otro lado, tampoco las llenó de alegría el dictado de la nueva ley, que en algún punto limitaba su abrumadora tasa de ganancias.
No se puede obviar que en la estrategia subregional yanqui el aprovechamiento del que llaman “anillo energético sudamericano” es un eje principal, junto a la política de seguridad, entendida como militarización de la región con la excusa de la guerra contra el narco-terrorismo. Así lo demuestran la agenda ALCA/TLC, el reclamo y obtención de inmunidad judicial para sus marines en bases como la paraguaya de Mariscal Estigarribia, a escasos kilómetros de la cuenca gasífera boliviana (2) (Cita ER, nota Paraguay), y propuestas como la que Washington llevó a la Asamblea Anual de la OEA en Florida (5-7/06/2005). Cuando EEUU planteó que era necesario “evaluar la situación de democracia en los países del continente y poder anticipar las crisis”, fue el Secretario General de la OEA, Miguel Insulza, el que se ocupó de defender el evidente anuncio de intervencionismo: “Las crisis persistentes, la inequitativa distribución de la riqueza y la extensión de la pobreza, explicó, son el caldo de cultivo para la inestabilidad crónica de las democracias y el avance de la violencia en Latinoamérica”.
Mucho ruido, y pocas nueces
El Decreto de Nacionalización es limitado en sus efectos, ambiguo y confuso. En primer lugar, proclama el derecho de propiedad nacional de los hidrocarburos en yacimiento, pero mantiene el sistema de explotación en manos privadas, asociadas al estado. No se establece la expropiación de las plantas, maquinarias y demás bienes de las empresas multinacionales, y aunque dice que el 50% más uno de las acciones de tres empresas serán controladas por el estado, queda claro que el patrimonio empresarial es respetado, y ni siquiera explica si el “control” (no propiedad) de esa mitad más uno del paquete accionario será indemnizado, y de qué forma. En rigor de verdad, el decreto amplía por otros 180 días aquel plazo de la ley de hidrocarburos contra la que Morales marchaba junto a los sindicatos hace poco más de un año, dando otros seis meses a las empresas para renegociar sus contratos. Y renegociar quiere decir sentarse a la mesa de diálogo, discutir las cláusulas, defender cada parte sus intereses, llegar a un acuerdo y firmar los instrumentos legales. En otras palabras, el estado boliviano y las empresas petroleras discutirán a lo largo de los próximos 180 días los términos de su intercambio, mejorando probablemente en algo la posición relativa del estado. Eso es todo.
No hubo expropiación, ni desalojo; la presencia militar fue meramente simbólica y propagandística, como no lo es, en cambio, que Morales haya convocado especialmente a las fuerzas armadas y de seguridad a contribuir con especialistas y técnicos a la cogestión de las tres empresas convertidas en mixtas.
Ya Lenin hacía enfáticamente la distinción entre nacionalización –aun confiscando, que no es el caso boliviano- y socialización de los medios de producción, explicando que la socialización significa poner bajo la administración de las masas esos medios de producción. Por eso, en sí misma, la nacionalización no es una medida socialista, como se ve si pensamos en la ola de nacionalizaciones europeas de la postguerra o en las estatizaciones en Argentina del 45 al 55. O la nacionalización en 1890 de la Compañía de Aguas Corrientes de la ciudad de Buenos Aires, entonces propiedad de la inglesa Baring Brothers, y recomprada por el estado argentino por iniciativa del ministro del interior Julio A. Roca.
Analizando la política de nacionalización del gobierno mexicano de Cárdenas, antecesor del PRI, Trotsky escribió: "En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al proletariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui generis, de índole particular. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capitalismo extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o bien maniobrando con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros". (Trotsky, "La industria nacionalizada y la administración obrera", 12-5-1939, en Escritos Latinoamericanos de León Trotsky, ediciones CEIP).
El decreto de nacionalización cubre entonces varias necesidades del gobierno nacionalista burgués de Evo Morales. Por una parte, crea la ilusión del cumplimiento de la promesa electoral de efectivizar la consigna popular, “El Gas para los Bolivianos”. Por la otra, le permite rediscutir, desde una posición de fuerza a partir del apoyo popular, los contratos de riesgo compartido, de explotación y comercialización con las empresas que se queden Bolivia, o las nuevas que lleguen. Algún dinerillo extra ingresará a las arcas estatales, permitiendo hacer incluso alguna concesión al pauperizado pueblo en salarios o mejoras estructurales.
Los voceros de las grandes multinacionales ya lo han entendido así, y The New York Times compara la medida boliviana con las que tomaron Arabia Saudita e Irán décadas atrás. Su preocupación, y la de los industriales del petróleo, en todo caso, es “corregir las distorsiones, para que el negocio sea bueno”, concediendo que “para que sea bueno, tiene que ser bueno para ambas partes”.
Nuevamente, parte de la izquierda argentina camina ciegamente tras una medida populista impulsada por la burguesía. Luego del apoyo explícito de algunas fuerzas a la candidatura de Morales, ante el anuncio del decreto, varias organizaciones populares se movilizaron a favor de esta nacionalización, sin comprender su carácter netamente burgués.
Una vez más, demos la palabra a Trotsky: De igual modo reivindicamos la expropiación de las compañías monopolizadoras de la industria de guerra, de los ferrocarriles, de las más importantes fuentes de materias primas, etc... La diferencia entre estas reivindicaciones y la consigna reformista demasiado vieja de “nacionalización” consiste en que: 1) Nosotros rechazamos la indemnización; 2) Prevenimos a las masas contra los charlatanes del Frente Popular que, mientras proponen la nacionalización en palabras, siguen siendo, en los hechos, los agentes del capital; 3) Aconsejamos a las masas a contar solamente con su fuerza revolucionaria; 4) Ligamos el problema de la expropiación a la cuestión del poder obrero y campesino. (Programa de Transición).
Algunos indicadores sociales bolivianos
Pobreza total – 63,7%
Pobreza en áreas rurales – 79,51%
Analfabetismo en mayores de 15 años
13,28% en áreas urbanas – 25,77% en áreas rurales
Promedio de escolaridad de la población de 19 o más años – 7,43%
Sólo el 31,43% de las viviendas tienen alcantarllado cloacal
El 22,4% de los menores de 5 años padece o padecerá diarrea infantil
Tasa de desocupación – 54,89%
El PBI per cápita es de u$s 949
El ingreso laboral promedio es de 913,18 Bolivianos por mes, lo que representa u$s 113.
