Tras una dura represión contra sectores populares se repitieron las
renuncias en el gabinete de Evo Morales y se multiplican las movilizaciones de
repudio.
El pasado 25 de septiembre, en la
región amazónica de Yucumo (a unos 320 km de La Paz. ) una movilización de indígenas en la que
participaban delegados en representación de unas 60 comunidades aborígenes, fue
duramente reprimida por el estado boliviano, encabezado por el presidente Evo
Morales.
La represión dejó como saldo
centenares de detenidos y decenas de heridos. Incluso los médicos que
intentaron socorrer a los heridos fueron reprimidos y detenidos, como lo
informó oficialmente el director del Hospital de San Borja, Javier Jiménez. “No
dejaron que la ambulancia recoja a los heridos y tuvimos que ir con apoyo para
poder recoger incluso al personal médico y de enfermería, que fueron
detenidos”, señaló el jefe médico, quien contabilizó 45 heridos por la
represión hospitalizados en San Borja y Yucumo.
El intento de la policía de
mantener detenidos a unos 1000 manifestantes y llevarlos nuevamente a su zona
de origen fue enfrentado por los indígenas que reclaman su libertad para
continuar la movilización hacia La
Paz
La reacción popular fue inmediata
y se sucedieron numerosas movilizaciones en repudio de la medida. Así, por
ejemplo, al día siguiente, el 26 de septiembre, fue tomado un aeropuerto en el
departamento de Beni, medida que fue luego dispersada con la represión por la
policía. Tres días más tarde se llevó adelante una jornada nacional de protesta
que incluyó el paro de la COB
y una masiva movilización en varias ciudades del país. En la capital, una columna
de miles de trabajadores integrada por mineros, trabajadores fabriles, de la
construcción, de la salud y maestros, entre otros, bajaron desde El Alto hasta
el centro de La Paz.
En el gobierno el hecho hizo
crisis. Señalando que “No comparto la intervención de la marcha que ha asumido
el Gobierno”, la ministra de defensa Cecilia Chacón presento su renuncia. Lo
mismo hicieron el viceministro del interior Marcos Farfán y el ministro de
gobierno, Sancha Llorenti, a quien la dirigencia de la COB señala como uno de los
responsables y pide que sea llevado a proceso judicial.
El presidente Evo Morales,
intentando sacarse la responsabilidad de encima, solicitó la formación de una
comisión investigadora, para acusar a los policías individualmente (negando su
responsabilidad política del gobierno y el estado) y en la que pretende acusar
también a los indígenas por haber tenido retenido al Canciller David
Choquehuanca como recurso para intentar garantizar el paso de la movilización
que luego fue reprimida.
Estos recursos no pueden ocultar
que, el “primer presidente indígena”, que se auto considera como un modelo
alternativo de gobierno, no se priva de apelar a los mismos métodos represivos
que los demás gobiernos, cuando la movilización se le va de los cauces que pretendía
establecer.