El pasado 6 de abril decenas de miles de trabajadores se movilizaron en La Paz, Bolivia, enfrentando la política económica del gobierno de Evo Morales y García Linera.
Columnas de mineros haciendo detonar cartuchos de dinamita y una contundente participación del gremio docente fueron el centro de una multitudinaria movilización combativa que inició un plan de lucha de dos semanas. Desde entonces, la Central Obrera de Bolivia (COB) declaró la huelga general indefinida, que fue acatada por amplios sectores de trabajadores y dio lugar a la movilización en numerosas localidades del país.
Según Pedro Montes, secretario ejecutivo de la COB, el pliego reivindicativo era amplio e incluía algunos puntos centrales: “...reclamamos mejora salarial al 10%, también exigimos la reactivación del aparato productivo, para crear fuentes de trabajo para los desocupados”.
La respuesta gubernamental a los reclamos de los trabajadores fue la represión y la acusación. La represión policial, iniciada ya el mismo día 6 con gases lacrimógenos y carros hidrantes se sostuvo, alcanzando su pico el 15 de abril, cuando la golpiza policial en las afueras de El Alto dejó el saldo de al menos 8 maestros heridos y terminó obligando a la dimisión del comandante departamental de la policía. También, como medida disciplinaria, el gobierno de Evo Morales declaró como ilegal la huelga y anunció que se descontarían los días a los manifestantes. Al mismo tiempo, el gobierno salió a acusar a los trabajadores de estar aliados con los sectores de derecha, sin más evidencia que el hecho de estar movilizados en contra de las políticas gubernamentales.
A dos semanas de iniciado el proceso de lucha se llegó a un punto de negociación, aunque el proceso no está aún definitivamente cerrado. Hasta el momento la lucha de los trabajadores ha dado algunos pasos, aún limitados. Sobre el techo del 10% de aumento salarial que planteaba el gobierno, se logró recuperar entre 1% y 2% más para los sectores de salud y educación; se pactó que el gobierno no usará los fondos de la Caja Nacional de Salud y que dará participación a la COB para su reestructuración; y se acordó el no descuento de los días de paro, aunque el incumplimiento de este punto por parte del gobierno ya está planteando nuevas movilizaciones para el mes de mayo por parte de la federación de maestros urbanos.
Pero más allá de eso, es en sí misma importante la intervención de un amplio arco del movimiento de trabajadores en demanda de sus reivindicaciones, superando en gran medida la tutela que intenta imponer el MAS de Evo Morales para evitar una movilización independiente. Esto se da, con direcciones sindicales que vienen dando su apoyo abierto al gobierno de Morales, mostrando una posición conciliadora. El mismo Pedro Montes, se encargó de señalar en la movilización del 6 de mayo que Morales ha gobernado gracias a su apoyo y el de la cúpula sindical desde 2003, aunque no obstante se vio empujado a movilizar y a declarar la huelga general que reclamaban sectores de base de la COB.
Ocho años después de comenzado el “capitalismo andino” de Evo Morales y García Linera, la burguesía local y extranjera no ha dejado de hacer gigantescos negocios, pero las condiciones de vida del pueblo trabajador no han tenido cambios sustanciales, puesto que la política oficial se ha limitado a desarrollar el asistencialismo pero no ha avanzado con cambios estructurales (para los cuales sería imprescindible enfrentar a esos sectores poderosos que concentran las grandes ganancias del país).
La importancia de este reanimamiento de la movilización de los trabajadores consiste, justamente, en que está mostrando que en sectores importantes del pueblo y del activismo se está abandonando la confianza en el gobierno de Morales y se vuelve a apostar al camino de la lucha y la organización independiente como único recurso para obtener las conquistas que el MAS no está dispuesto a ceder.