El Revolucionario Nº15 (Julio de 2006)
Bajo la consigna de “unidad latinoamericana” se amontonan en nuestro continente un cúmulo de gobiernos autodenominados “progresistas” o “de izquierda” cuyo norte indiscutible (y asumido por ellos mismos) es defender y fortalecer la “democracia” y sus instituciones de gobierno, con lo que salvaguardan los mejores mecanismos de dominación que utiliza la burguesía para mantener bajo su yugo a los trabajadores latinoamericanos.
Esta corriente incluye a las más diversas figuras presidenciales, desde gobiernos abiertamente proimperialistas como el de Lula, Tabaré o Bachelet (por no hablar del paraguayo miembro del Mercosur y anfitrión de las tropas yanquis, Duarte Frutos) hasta los más “carismáticos” y populistas como Chávez, pasando, obviamente, por nuestro “granpagadordedeuda” Néstor Kirchner. Como la nueva “promesa” (a la que nos hemos referido ya en varias oportunidades) se presenta ahora el gobierno de Evo Morales quien, mientras llena de augurios de pacífica felicidad al combativo pueblo de Bolivia, se ha ganado su rinconcito en este gran abanico del progresismo continental, nada más y nada menos que junto Chávez, defendidos ambos por el mismísimo Fidel Castro.
Como es habitual en el populismo, la retórica revolucionaria es una parte imprescindible del gobierno de Evo, que pretende edificar con grandes discursos y “gestos” lo que no será capaz de hacer con sus actos. Sólo así puede entenderse que un defensor acérrimo del capitalismo y sus instituciones se llene la boca con el “socialismo” (andino -¡!-) y se atreva a realizar un homenaje en el sitio de su muerte al Che Guevara al tiempo que reivindica la “revolución pacífica” y promueve la paz entre las clases.
Así, ayudado por su grosero marketing “indígena”, “popular” y “revolucionario”, el gobierno del MAS se propone contener la movilización popular y garantizar los negocios empresarios, engañando al pueblo con una serie de medidas que son presentadas como si fueran reformas radicales capaces de cambiar las condiciones de vida de los bolivianos. Para ello ha tomado los planteos más contundentes de su pueblo, levantados al calor de la lucha del gas con un claro sentido transformador y antioligárquico, y los ha resignificado y adaptado a las exigencias de la burguesía local y extranjera.
La primera y más trascendente de estas medidas ha sido la “nacionalización” de los hidrocarburos, tema al que ya nos hemos referido en el Nº 13 de “El Revolucionario” por lo que no nos extenderemos ahora. Baste aclarar que la consigna de “nacionalización” levantada por el pueblo de Bolivia en su lucha contra el gobierno de Sánchez de Lozada expresaba concretamente el reclamo de pasar a manos de los bolivianos la industria del gas. Es decir: sacarle el negocio a los grandes capitalistas para otorgar en su lugar esos recursos al pueblo boliviano, brindando gas a la población que no lo posee (un escandaloso 95%) y transfiriendo los beneficios económicos de la mayor industria de Bolivia al mismo pueblo.
Pero muy lejos de eso, el gobierno de Morales asumió la posesión directa (nacionalización) de las reservas hidrocarburíferas, dejando todo el negocio de extracción, procesamiento y traslado de sus productos en manos privadas, aunque aumentando la participación del estado nacional en ese negocio. Lejos están el monopolio estatal del gas y sus derivados, ni mucho menos la expropiación de los grandes grupos imperialistas que siguen llevándose su parte del país, en perjuicio del pueblo de Bolivia. El motivo por el que este pueblo salió innumerables veces a las calles ha sido pasado por alto una vez más, ahora de la mano de Evo Morales, quien no ha llegado siquiera a realizar una completa nacionalización (no sólo de las reservas sino del conjunto de la industria del gas) como se lo ha propuesto más de una vez la burguesía nacionalista latinoamericana.
La otra promesa de importancia es la “reforma agraria”. Una vez más, como en el caso de la “nacionalización”, el camino de Evo es tomar las consignas populares por las que se han volteado varios gobiernos y acomodarlas a los intereses de la burguesía y la oligarquía. Así pues, el reclamo popular por un reparto masivo de tierras es tergiversado por el gobierno boliviano quien, al tiempo que arenga sobre la “revolución agraria”, aclara que no se avanzará sobre las grandes producciones agrícolas y sus propietarios, sino que se limitará a un reparto de terrenos improductivos y de tierras fiscales (o sea sólo 2.5 de los 54 millones de tierras productivas del país). De este modo se condena a los campesinos a un trabajo indigente sobre tierras que han sido dejadas de lado por los grandes propietarios debido a su improductividad, y se condena al mismo tiempo al estado nacional a seguir mermando su escueto patrimonio. Todo en un mismo acto… ¡para no ir contra la oligarquía y su latifundio!
El estricto control que el gobierno de Morales llevará adelante para que la gran propiedad no sea tocada por los desposeídos ya puede verse: la permanente tensión que rodea a las movilizaciones de los sin tierra y las acciones de desalojo de las fuerzas estatales se han cobrado ya sus primeros dos muertos el 12 de abril y el 2 de junio pasados. De este modo, para conquistar sus merecidas tierras los campesinos pobres no sólo deberán enfrentar a las bandas de sicarios que ya está organizando la oligarquía boliviana, sino que deberán vérselas también con la represión estatal que impulsa el MAS y su “revolución agraria”.
Obviamente con estas medidas será imposible transformar radicalmente las condiciones de vida del pueblo boliviano y eso lo sabe hasta el mismo gobierno, que lejos de aspirar a eliminar la pobreza, ha asumido como la “máxima aspiración” de su gestión “reducir” la “pobreza extrema” (indigencia, desnutrición, etc.) a un escandaloso 27% de la población.
La otra “gran medida” del gobierno boliviano es la organización de una asamblea constituyente. Una vez más, en nombre de un reclamo popular, por el que se pretendía poner en cuestión a los gobiernos pro patronales y oligarcas de Bolivia, el MAS ha conformado una instancia para la conciliación y el acuerdo con los sectores patronales y oligarcas del país.
Por supuesto, como ya lo hemos advertido en numerosas oportunidades, una asamblea de este tipo no será más que una farsa que tiene como objetivo calmar los ánimos populares y reordenar la democracia burguesa boliviana. Para ello, nada mejor que la participación o el apoyo de la izquierda o los sectores populares para legitimar una instancia en donde se ratificará el rumbo de un gobierno que no está para nada dispuesto a enfrentar a los poderosos locales ni extranjeros para lograr el bienestar de su pueblo. Los resultados de las elecciones de delegados para la constituyente muestran ya ese perfil: el MAS, que cuenta con la mayoría de los votos, deberá establecer negociaciones con los sectores de derecha para sancionar cualquier reforma con los dos tercios necesarios. Como dice econoticias de Bolivia: “se prevé que las fuerzas del gobierno del líder indígena y cocalero logren una sólida alianza con los sectores empresariales y las fuerzas de la derecha”. La supuesta “radicalidad” de la asamblea ha sido sólo un recurso para ubicar al pueblo tras el gobierno de Morales y avalar su proyecto de “pacto social” con la derecha.
Ya aún antes de comenzada la asamblea, el gobierno mostró su predisposición a escuchar los planteos de las provincias ricas que reclaman la secesión de Bolivia (para poder adueñarse de los mayores recursos del país), concediéndoles que se vote su exigencia aristocrática de “independencia” para los ricos. Y así fue: las provincias dominadas por la oligarquía camba, como Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando han llegado más lejos que nunca gracias al permiso de Morales y han podido votar su propia autonomía, con la perspectiva de no compartir los recursos existentes en sus regiones con la empobrecida población boliviana del resto del país. Por supuesto Evo se ha comprometido a “respetar” la decisión de los poderosos.
El cinismo de Morales es notable: la consigna de asamblea constituyente en Bolivia se originó en el marco de las grandes movilizaciones populares que voltearon dos presidentes, y frente al pueblo en lucha los sectores más reaccionarios del país tenían una propuesta radicalmente distinta: promover la autonomía de las distintas regiones. Pues bien: en nombre del reclamo de la constituyente el MAS ya le ha permitido avanzar aún más a la oligarquía camba quien ve en Evo, un aliado en su camino hacia la secesión.
Como queda expuesto, las medidas “radicales” del gobierno boliviano son, en el mejor de los casos (como sucede con los dos primeros ejes) moderados avances que se han llevado adelante como fruto de una importante presión popular (que se ha mostrado capaz de tumbar dos gobiernos), cuando no son simplemente un recurso para la mejor dominación de los poderosos sobre los trabajadores y el pueblo boliviano. Y aún los pasos hacia adelante que han sido arrancados al actual presidente (quien se ha encargado tantas veces como dirigente cocalero de frenar la lucha popular boliviana), significan para la burguesía una breve concesión que le permite tomar aire para reorganizarse y poder seguir aplastando a los trabajadores.
El gobierno del MAS muestra a cada paso que está muy lejos de romper con la burguesía y orientar su proyecto hacia la resolución de los reclamos populares. Con las clases ricas de Bolivia sus alianzas ya son recurrentes, pues no sólo les ha entregado el referéndum por las autonomías y pactará pronto una nueva constitución, sino que desde el primer día ha llevado a algunos de sus cuadros a los ministerios del gobierno nacional.
Y mucho menos se dispone Morales enfrentar al imperialismo. Los EEUU no cuentan sólo con el recurso de la deuda externa (que se continúa pagando) como medio de dominio económico sobre Bolivia; además son el mayor mercado para las manufacturas bolivianas lo que les ha permitido extorsionar al gobierno de Morales y obligarlo a aceptar sus planes para la erradicación de cultivos (una acción tantas veces rechazada en campaña electoral), como condición para continuar exportando sus productos al país del norte.
Y si ya la “nacionalización” había mostrado que Evo no avanzará definitivamente sobre las empresas extranjeras, nada es más demostrativo que la reciente privatización del mayor yacimiento de hierro del mundo, El Mutún, que el MAS le ha entregado a capitales de
Efectivamente el gobierno de Morales se inscribe en la línea de Chávez. Junto a la verborragia “revolucionaria” (Chávez habla de socialismo del siglo XXI, de enterrar el capitalismo, etc.) y las medidas de asistencia social que cuentan con especial apoyo del gobierno de Cuba (como los programas para la alfabetización o el mejoramiento de las condiciones sanitarias), son llevadas adelante tareas que deberían apuntar a la resolución de grandes problemas nacionales (como la distribución de la tierra o la nacionalización de empresas de peso) pero que son realizadas cuidando siempre, en primerísimo lugar, no enfrentar a las clases poseedoras (a los grandes empresarios que aún son accionistas de las empresas, a los grandes terratenientes que no serán expropiados) con lo que se desvanece la capacidad transformadora de las medidas adoptadas.
A la imposibilidad de romper las ataduras con el imperialismo (pago puntual de la deuda externa y relaciones comerciales preferenciales con los EEUU) y su defensa inalterable de los explotadores autóctonos, debe agregarse además, su posicionamiento junto a los sectores más reaccionarios de sus respectivos países cada vez que las papas queman. Recuérdese por ejemplo el llamado de Chávez a la “unidad nacional” con los golpistas y el otorgamiento de un referéndum, tras el golpe de Carmona y sus aliados… o el apoyo de Morales al gobierno represor y entregador de Mesa, para frenar la movilización y orientarla a una “salida” pacífica y electoral.
El problema es que todo eso tiene su correlato bien práctico: las condiciones de vida de nuestros pueblos no están cambiando ni lo harán por este camino. El caso de Chávez es paradigmático porque su gobierno que cuenta con más de 10 años y una enorme entrada de recursos por la vía del petróleo, no sólo ha sido incapaz de comenzar ningún proyecto de industrialización que permita una proyección “independiente” para Venezuela, sino que encima mantiene los índices de pobreza que existían antes de su llegada, además de sostener y defender las relaciones de explotación vigentes.
Es el resultado inevitable de un proyecto que propone, como oposición a la independencia de la clase obrera, la unidad nacional entre explotadores y explotados para un desarrollo “independiente” en el marco del capitalismo, que opone a la revolución socialista (con su marca inevitable de violencia y enfrentamiento con la burguesía y sus agentes) un proyecto de transformación paulatina y sin violencia del sistema capitalista, con apoyo en los supuestos sectores “progresistas” de la burguesía nacional. Es, en suma, un proyecto que entiende a la revolución y al gobierno de los trabajadores como imposibles quimeras de setentistas utópicos, a las que les opone una idea de “unidad latinoamericana” o “bolivariana”, que no se refiere a la “unidad” entre los trabajadores de los distintos países del continente, sino que supone la comunidad (relaciones comerciales, acuerdos políticos, etc.) entre los gobiernos de los diferentes estados que cuentan con aspiraciones (imposibles) de desarrollo e independencia, en donde trabajadores y patrones, campesinos y terratenientes, deben “trabajar juntos” para su mutuo beneficio.
Evidentemente, frente a un proyecto así, que no tiene otra orientación que sostener la entrega, la miseria y la explotación, es indispensable ubicarse del lado de la revolución y desarrollar las instancias de organización necesarias para poder llevar adelante una lucha independiente de la clase obrera por el socialismo. Es preciso diferenciar con claridad nuestro apoyo y participación en cada una de las luchas que se libren por el mejoramiento de las condiciones de vida, para enfrentar a patrones y oligarcas y sus sicarios, o para hacer frente a las intentonas golpistas del imperialismo, con lo que es apoyar a dirigentes como Evo Morales o Hugo Chávez, que terminarán siempre negociando con la burguesía y conteniendo la rebelión popular en los estrechos marcos de la democracia y el capitalismo.