El Revolucionario Nº24 (Mayo de 2007)
El líder socialista y anfitrión del Foro Social Mundial, Lula da Silva, llegó al gobierno en Brasil con la promesa de acabar con el hambre y la marginación, por los caminos pacíficos e institucionales de la democracia. Era entonces icono y ejemplo de aquellos que creen que es posible doblegar la furia capitalista por medio de meras reformas al sistema actual y que en su afán por avanzar por esos caminos vuelcan todo su esfuerzo a un proyecto electoral, al tiempo que rechazan de plano cualquier actividad violenta o de resistencia.
Pero el gobierno del Partido de los Trabajadores, no sólo no “cambió” la sociedad, sino que profundizó sus carencias, su desigualdad, su dependencia y postración ante EEUU. El cumplimiento a rajatabla con los mandatos norteamericanos (con record en ajuste y superávit fiscal) y con sus planes guerreristas (encabezando la misión latinoamericana en la invasión a Haití), son el marco de una política de indigencia, donde se multiplican hasta niveles dramáticos el hambre, la pobreza, el hacinamiento en las multitudinarias villas de emergencia (favelas), las condiciones inhumanas de vida de los campesinos pobres…
Ya en el poder, el “socialista” da Silva ostenta ante su pueblo un gabinete infectado de los mismos banqueros, empresarios y partidos liberales a los que decía enfrentar; todo un partido empresarial sumido en la corrupción más escandalosa (paradójicamente llamado PT), y enormes redes de negocios que van desde el narcotráfico al juego y la prostitución, atravesando por completo el estado lulista: sus partidos, sus funcionarios, su policía…
Y como buen “socialista-pacifista” que apela a la democracia capitalista para llevar adelante su mentiroso proyecto de transformación, no encontró otra forma para sostener sus negocios y los de toda la clase dominante que una política represiva, un tanto alejada del pacifismo pregonado. Así, las masacres de centenares de campesinos sin tierra, la represión contra los activistas sociales (con gran despliegue para sofocar el repudio a la reciente visita de su jefe Bush), la militarización sobre la población y la promoción de más legislación represiva, son todas facetas de una política que hoy tiene al gobierno y su burguesía discutiendo para dar un nuevo paso.
Con marchas y contramarchas, el presidente Lula y su PT, la cúpula de las Fuerzas Armadas, el gobernador de Río de Janeiro y demás representantes del estado brasileño, buscan establecer el marco legal y las condiciones necesarias para poner a las FFAA a patrullar las calles de la populosa ciudad de Río de Janeiro. El acuerdo, en primera instancia, plantea “que los militares ocupen centros neurálgicos de la ciudad por lo menos un año”(1) Una tarea indispensable, según el gobernador del estado, Sergio Cabral “para garantizar la ley y el orden en el estado y en la región metropolitana de Río de Janeiro”. Hasta el momento, y como anticipo, el gobierno de Lula ya ha gestionado el aumento de los efectivos de la policía militar en esa ciudad, mientras busca un acuerdo con la cúpula castrense para su intervención, puesto que ésta reclama que su fuerza cuente con el “poder total” sobre la ciudad, para que no se caiga en una “vulgarización” de las tareas militares. “Para actuar exigen que Cabral se decrete incapaz de mantener el control de la ciudad y entregue el control de la seguridad a los militares”(2), pasando directamente a una “intervención militar” del estado y la ciudad.
El emprendimiento represivo, planteado como una lucha contra el narcotráfico, cuenta con un problema nada menor, y es que el principal actor en el negocio del tráfico de drogas (como de tantos otros) es justamente el estado brasileño y sus fuerzas de seguridad. Así, mientras su propio estado “tiene como base del sistema de seguridad a cuerpos policiales totalmente atravesados (o comprados) por las organizaciones delictivas”(3), el gobierno del pseudo pacifista Lula da Silva, aquél que apoyado por un amplio arco de organizaciones sociales y políticas desde el Foro Social Mundial, se propuso mostrarle al mundo la viabilidad de los caminos pacíficos e institucionales para lograr las conquistas obreras y populares, no tiene mejor salida para su gobierno de ladrones y capitalistas que impulsar la “intervención militar” de una de las más amplias áreas metropolitanas de su país, imponiendo la represión sobre los millones de pobres que habitan en las favelas.
Como suele suceder, hoy ya muchos de los que defendieron e impulsaron ante nuestros pueblos esos caminos truncos del reformismo pacifista, miran para otro lado y siguen su rumbo. Pero una y otra vez vuelven al ruedo con nuevos intentos de la misma calaña, causando una enorme y perniciosa confusión. Así, algunos años más tarde del triunfo de Lula, cuando su actitud servil de lamebotas del imperio y sus políticas antiobreras se prestaban para el escándalo, los defensores de una democracia (capitalista) “de izquierda” se reciclaron acompañando el triunfo electoral de Tabaré Vázquez y el Frente Amplio en Uruguay. El desastre fue aún más veloz: el intento de firmar un TLC (su propio ALCA) con EEUU, el apoyo material a las invasiones sobre Haití y el Congo, la continuidad de un programa liberal de gobierno que sostiene altísimos niveles de pobreza y grandes carencias sociales… cada paso del gobierno “progresista” uruguayo daba cuenta de un nuevo fracaso de la utopía reformista. Las cualidades de su política “democrática” y “pacífica” también se hicieron conocer: mientras las tropas uruguayas eran acusadas por violar a cientos de jóvenes congolesas, la política interna del gobierno del Frente Amplio batía records, superando en mucho las propuestas del argentino Blumberg, al acusar legalmente con el cargo de “sedición” a los activistas que fueron detenidos tras participar de las movilizaciones contra Bush.
La utopía progresista vuelve una y otra vez. Pero los gobiernos pseudo progresistas que juran profundas reformas, sin confrontar contra la burguesía, sino accediendo pacíficamente al poder del estado burgués y usando los aparatos de dominación de aquél, terminan más tarde o más temprano, volviendo contra el pueblo los fusiles de la represión, para garantizar el actual estado de cosas en el que los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen cada vez más. Es significativo que un símbolo del progresismo actual, del “bolivarianismo”, el ahora nominado a candidato para el premio nobel de la paz y presidente boliviano, Evo Morales, deba dar cuenta, nuevamente, de otro muerto en manos de su represión(4), en el marco de una lucha por hacer efectivas la nacionalización de los hidrocarburos que el mandatario ha traicionado. Es justamente el dirigente cocalero quien llamó a parar la lucha y encausarla por los carriles del dialogo y la paz, acordando con los gobiernos proyanquis de Lozada y Mesa para buscar una salida institucional de una dura lucha que venía llevando su pueblo. Y es una vez más el gobierno “popular”, el que haciendo uso de las herramientas de la democracia burguesa, arremete ahora contra aquellos que pretenden mantener las banderas de su lucha.
Sea como sea, es claro que la socialdemocracia, el progresismo, el populismo y toda esta serie de falsas salidas que nos presenta la burguesía, no son tan pacíficos como nos plantean a la hora de reprochar la lucha revolucionaria. Cuando les toca a ellos gobernar y se hacen responsables de defender los sagrados intereses de la burguesía y el imperialismo, están bien dispuestos a tomar las armas… pero apuntando hacia nuestro lado.
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(1) Clarín 12/04/07, en la nota: “Lula ordena el envío de tropas de las FFAA a Río de Janeiro”.
(2) La Nación 17/04/07.
(3) Clarín 12/04/07.
(4) Derman Ruiz, 37, fusilado el 18 de abril por la policía boliviana que reprimió a la multitud que ocupaba la planta de Transredes, operada por Shell.
El líder socialista y anfitrión del Foro Social Mundial, Lula da Silva, llegó al gobierno en Brasil con la promesa de acabar con el hambre y la marginación, por los caminos pacíficos e institucionales de la democracia. Era entonces icono y ejemplo de aquellos que creen que es posible doblegar la furia capitalista por medio de meras reformas al sistema actual y que en su afán por avanzar por esos caminos vuelcan todo su esfuerzo a un proyecto electoral, al tiempo que rechazan de plano cualquier actividad violenta o de resistencia.
Pero el gobierno del Partido de los Trabajadores, no sólo no “cambió” la sociedad, sino que profundizó sus carencias, su desigualdad, su dependencia y postración ante EEUU. El cumplimiento a rajatabla con los mandatos norteamericanos (con record en ajuste y superávit fiscal) y con sus planes guerreristas (encabezando la misión latinoamericana en la invasión a Haití), son el marco de una política de indigencia, donde se multiplican hasta niveles dramáticos el hambre, la pobreza, el hacinamiento en las multitudinarias villas de emergencia (favelas), las condiciones inhumanas de vida de los campesinos pobres…
Ya en el poder, el “socialista” da Silva ostenta ante su pueblo un gabinete infectado de los mismos banqueros, empresarios y partidos liberales a los que decía enfrentar; todo un partido empresarial sumido en la corrupción más escandalosa (paradójicamente llamado PT), y enormes redes de negocios que van desde el narcotráfico al juego y la prostitución, atravesando por completo el estado lulista: sus partidos, sus funcionarios, su policía…
Y como buen “socialista-pacifista” que apela a la democracia capitalista para llevar adelante su mentiroso proyecto de transformación, no encontró otra forma para sostener sus negocios y los de toda la clase dominante que una política represiva, un tanto alejada del pacifismo pregonado. Así, las masacres de centenares de campesinos sin tierra, la represión contra los activistas sociales (con gran despliegue para sofocar el repudio a la reciente visita de su jefe Bush), la militarización sobre la población y la promoción de más legislación represiva, son todas facetas de una política que hoy tiene al gobierno y su burguesía discutiendo para dar un nuevo paso.
Con marchas y contramarchas, el presidente Lula y su PT, la cúpula de las Fuerzas Armadas, el gobernador de Río de Janeiro y demás representantes del estado brasileño, buscan establecer el marco legal y las condiciones necesarias para poner a las FFAA a patrullar las calles de la populosa ciudad de Río de Janeiro. El acuerdo, en primera instancia, plantea “que los militares ocupen centros neurálgicos de la ciudad por lo menos un año”(1) Una tarea indispensable, según el gobernador del estado, Sergio Cabral “para garantizar la ley y el orden en el estado y en la región metropolitana de Río de Janeiro”. Hasta el momento, y como anticipo, el gobierno de Lula ya ha gestionado el aumento de los efectivos de la policía militar en esa ciudad, mientras busca un acuerdo con la cúpula castrense para su intervención, puesto que ésta reclama que su fuerza cuente con el “poder total” sobre la ciudad, para que no se caiga en una “vulgarización” de las tareas militares. “Para actuar exigen que Cabral se decrete incapaz de mantener el control de la ciudad y entregue el control de la seguridad a los militares”(2), pasando directamente a una “intervención militar” del estado y la ciudad.
El emprendimiento represivo, planteado como una lucha contra el narcotráfico, cuenta con un problema nada menor, y es que el principal actor en el negocio del tráfico de drogas (como de tantos otros) es justamente el estado brasileño y sus fuerzas de seguridad. Así, mientras su propio estado “tiene como base del sistema de seguridad a cuerpos policiales totalmente atravesados (o comprados) por las organizaciones delictivas”(3), el gobierno del pseudo pacifista Lula da Silva, aquél que apoyado por un amplio arco de organizaciones sociales y políticas desde el Foro Social Mundial, se propuso mostrarle al mundo la viabilidad de los caminos pacíficos e institucionales para lograr las conquistas obreras y populares, no tiene mejor salida para su gobierno de ladrones y capitalistas que impulsar la “intervención militar” de una de las más amplias áreas metropolitanas de su país, imponiendo la represión sobre los millones de pobres que habitan en las favelas.
Como suele suceder, hoy ya muchos de los que defendieron e impulsaron ante nuestros pueblos esos caminos truncos del reformismo pacifista, miran para otro lado y siguen su rumbo. Pero una y otra vez vuelven al ruedo con nuevos intentos de la misma calaña, causando una enorme y perniciosa confusión. Así, algunos años más tarde del triunfo de Lula, cuando su actitud servil de lamebotas del imperio y sus políticas antiobreras se prestaban para el escándalo, los defensores de una democracia (capitalista) “de izquierda” se reciclaron acompañando el triunfo electoral de Tabaré Vázquez y el Frente Amplio en Uruguay. El desastre fue aún más veloz: el intento de firmar un TLC (su propio ALCA) con EEUU, el apoyo material a las invasiones sobre Haití y el Congo, la continuidad de un programa liberal de gobierno que sostiene altísimos niveles de pobreza y grandes carencias sociales… cada paso del gobierno “progresista” uruguayo daba cuenta de un nuevo fracaso de la utopía reformista. Las cualidades de su política “democrática” y “pacífica” también se hicieron conocer: mientras las tropas uruguayas eran acusadas por violar a cientos de jóvenes congolesas, la política interna del gobierno del Frente Amplio batía records, superando en mucho las propuestas del argentino Blumberg, al acusar legalmente con el cargo de “sedición” a los activistas que fueron detenidos tras participar de las movilizaciones contra Bush.
La utopía progresista vuelve una y otra vez. Pero los gobiernos pseudo progresistas que juran profundas reformas, sin confrontar contra la burguesía, sino accediendo pacíficamente al poder del estado burgués y usando los aparatos de dominación de aquél, terminan más tarde o más temprano, volviendo contra el pueblo los fusiles de la represión, para garantizar el actual estado de cosas en el que los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen cada vez más. Es significativo que un símbolo del progresismo actual, del “bolivarianismo”, el ahora nominado a candidato para el premio nobel de la paz y presidente boliviano, Evo Morales, deba dar cuenta, nuevamente, de otro muerto en manos de su represión(4), en el marco de una lucha por hacer efectivas la nacionalización de los hidrocarburos que el mandatario ha traicionado. Es justamente el dirigente cocalero quien llamó a parar la lucha y encausarla por los carriles del dialogo y la paz, acordando con los gobiernos proyanquis de Lozada y Mesa para buscar una salida institucional de una dura lucha que venía llevando su pueblo. Y es una vez más el gobierno “popular”, el que haciendo uso de las herramientas de la democracia burguesa, arremete ahora contra aquellos que pretenden mantener las banderas de su lucha.
Sea como sea, es claro que la socialdemocracia, el progresismo, el populismo y toda esta serie de falsas salidas que nos presenta la burguesía, no son tan pacíficos como nos plantean a la hora de reprochar la lucha revolucionaria. Cuando les toca a ellos gobernar y se hacen responsables de defender los sagrados intereses de la burguesía y el imperialismo, están bien dispuestos a tomar las armas… pero apuntando hacia nuestro lado.
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(1) Clarín 12/04/07, en la nota: “Lula ordena el envío de tropas de las FFAA a Río de Janeiro”.
(2) La Nación 17/04/07.
(3) Clarín 12/04/07.
(4) Derman Ruiz, 37, fusilado el 18 de abril por la policía boliviana que reprimió a la multitud que ocupaba la planta de Transredes, operada por Shell.