Con la creciente militarización y las “reformas” impulsadas desde el ministerio de Seguridad que dirige el CELS, aumenta la represión que busca disciplinar “preventivamente”. El gobierno, desde 2003, es responsable de más de 1.700 muertos con la represión cotidiana del gatillo fácil y la tortura
El asesinato de Ariel Domínguez, un trabajador de 22 años que esperaba el colectivo al término de su jornada en una empresa tercerizadora para la AFIP, ocurrió en pleno día y en el centro de San Telmo, con transeúntes que de inmediato se comunicaron a las radios para desmentir el “enfrentamiento” que ya circulaba como primera versión policial. Por ello, fracasó el intento habitual de sepultar el gatillo fácil bajo la pantalla del “delincuente abatido”. Asimismo, la trascendencia que adquirió el hecho porteño, permitió, también, que cobrara alguna notoriedad otro fusilamiento policial, el de Enrique Romero, un joven baleado a la salida de un boliche por el sargento bonaerense Isaías Cano, hijo del jefe de la policía distrital de Florencio Varela.
Así, apenas si dos, de tanto muerto cotidiano por la represión estatal, ocuparon, por unos días, algún espacio en los diarios y la agenda de las radios y TV(1).
En el caso de San Telmo, como “falló” la primera versión de la persecución a delincuentes, que hubiera permitido obviar toda investigación, y directamente premiar al uniformado por cumplir con su deber, fue necesario que todo el aparato (policía, ministerio de Seguridad, jueces, fiscales y medios) entrara en acción para instalar la segunda versión, el “accidente”. Entonces, se explicó que el policía iba corriendo tras unos bochincheros estudiantes secundarios que festejaban el Día del Amigo, se le cayó el arma reglamentaria de la cintura, y “se produjo” el disparo que alcanzó al joven trabajador en la cabeza.
Ocultan, como lo mostró la reconstrucción unos días más tarde, que ningún arma de semejante porte (Bersa Thunder 9 mm) puede dispararse sola, sin que alguien presione el gatillo, ni porque reciba un golpe al caer de tan baja altura. Ocultan, tras el manto de la tan oportuna negligencia o impericia, que estas excusas son tan frecuentes como absurdas, y sólo se explican por la necesidad acuciante, cuando el asesinato trasciende y provoca repulsa popular, de mostrar que el policía actuó en forma individual, y no como lo que es, uno más dentro del brazo armado del estado, reemplazable por cualquier otro de su especie.
No es casual que el homicidio de Ariel Domínguez ocurriera en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, como tampoco fue por simple azar que el asesinato del día siguiente fuera en lo más pobre del conurbano, Florencio Varela. Por algo son las mismas zonas en las que patrullan gendarmes y prefectos, junto a las fuerzas locales, en un caso la Federal y la Metropolitana, en el otro la Bonaerense. Tanto el reciente Operativo Cinturón Sur, en el caso porteño, o el Operativo Centinela, impuesto hace varios meses en el conurbano, fueron justificados por tratarse de zonas “conflictivas”, “peligrosas”, “plagadas de narcotraficantes y malvivientes”, lo que explica que tanto el cabo Mendoza como el sargento Cano dispararan sus reglamentarias como lo hicieron.
Ambos hechos son ejemplos que se hicieron visibles, como en junio del año pasado el fusilamiento en Bariloche de Diego Bonefoi, de una política de estado que lleva cobradas más de 1.700 vidas desde 2003. Una política de estado que mata jóvenes y pobres a razón de uno por día, alternando como sus herramientas favoritas el gatillo fácil y la tortura sistemática.
Desde el pasado mes de diciembre, cuando tras la represión a los ocupantes del Parque Indoamericano se creó el ministerio de Seguridad y se puso a su cargo a Nilda Garré, la ex ministra de Defensa, quedó en evidencia la decisión de avanzar y profundizar el conjunto de las políticas represivas que se venían aplicando, utilizando un doble mecanismo para legitimarlas.
Por una parte, el gobierno se ha esforzado en mostrar a la ministra como la “domadora” que vino a hacerse cargo de la “fiera federal”, para convertirla en aguerrida defensora de los derechos de las personas. Una idea, además de falsa, de imposible cumplimiento, pues el rol policial es el de imponer el control social, y, como ellos bien lo saben, eso se logra a fuerza de infundir temor para disciplinar.
Por la otra, junto a la “ministra montonera”, se ha blanqueado, finalmente, quiénes dirigen la política de “seguridad”, es decir, la política represiva, en Argentina. Al nombramiento, en un principio, de la ex fiscal vinculada al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Cristina Camaño, designada secretaria de Seguridad, se sumó, como subsecretario de Gestión y Bienestar del Personal de las Fuerzas de Seguridad, el abogado Gustavo Palmieri, integrante y directivo del organismo, que tuvo a su cargo la presentación y defensa pública del plan Cinturón Sur, que saturó con Gendarmería y Prefectura los barrios del sur de la ciudad.
Una excelente muestra de lo que logra la burguesía cuando usa el vestuario del “progresismo”. En esta oportunidad, lograron colocar la policía, la gendarmería y la prefectura bajo la dirección de un “organismo de DDHH”, como se dice el CELS, auspiciado y financiado por la lluvia de dólares de la Fundación Ford, a su vez tributaria directa del Departamento de Estado yanqui, en efectivo cumplimiento de aquello que mandaba el documento de Santa Fe II, de promover el desarrollo de ONGs “democráticas”, es decir, que defiendan y fortalezcan la gobernabilidad burguesa y sus instituciones.
Así como tantas veces dijimos que Horacio Verbitsky fue, desde el inicio del gobierno kirchnerista, el arquitecto en las sombras de su “política de DDHH”, eufemismo para nombrar a su política represiva, hoy, con sus subordinados con cargo y en funciones, ninguna duda queda de la utilidad que tiene el discurso progresista para profundizar la represión.
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NOTAS:
1) Ver Boletines Informativos Nº 616 a 618 de CORREPI, en www.correpi.lahaine.org, donde se denuncian varios casos de gatillo fácil y muertes en cárceles en las tres semanas anteriores al asesinato de Ariel Domínguez.