El gobierno kirchnerista, que sostiene la miseria y obliga a los pobres a sobrevivir entre basureros buscando de qué vivir, el que dirige las fuerzas represivas y es responsable del gigantesco crecimiento de la represión en los barrios más humildes y su consecuencia, el gatillo fácil; es el mismo gobierno que después busca cooptar a las víctimas de su propia represión por medio de un discurso “progresista”. Es lo que sucedió tras los asesinatos en José León Suárez y Baradero.
Hace un par de años, un camión que transportaba ganado volcó en Tolosa. Decenas de empobrecidos vecinos de la zona se apresuraron, con lo que tenían a mano, a carnear los animales muertos para comerlos. Episodios similares han ocurrido a repetición, casi sin trascendencia pública, en otros lugares del país. En Rosario, por ejemplo, también fue saqueado, hace no mucho tiempo, un camión jaula accidentado en la avenida de Circunvalación. En Mendoza, durante el invierno, los habitantes de los barrios pobres suelen acechar los trenes que transportan carbón, aprovechando los lugares donde disminuye la velocidad para manotear unos pocos trozos que sirvan para entibiar algo sus heladas casillas. En mayo de 2006, la policía disparó para evitar el saqueo. Además de varios heridos, entre ellos un bebé en brazos de su madre, las balas mataron por la espalda a Mauricio Morán, un pibe de 14 años que había logrado trepar a un vagón y arrojaba carbón hacia la gente.
El 8 de febrero, la escena se repitió en José León Suárez, cuando descarriló un tren cargado de autopartes. Los tiros de las escopetas policiales, cargadas con munición de plomo, mataron a Mauricio Gabriel Arce Ramos, de 17, y Franco Almirón, de 16. Otro adolescente fue gravemente herido, pero logró sobrevivir.
Cuatro días más tarde, en la ciudad de Baradero, el policía Gonzalo Kapp descargó su escopeta contra Lucas Rotella, de 16 años, porque el pibe escapó con su ciclomotor cuando lo quiso detener por no usar casco. Dieciocho postas de plomo impactaron en la espalda del chico, que murió en el acto.
Como hace medio año en Bariloche, cuando la policía fusiló a Diego Bonefoi, la reacción popular, que se expresó de inmediato con movilizaciones, quemas de gomas y pedradas a las comisarías, puso los hechos de José León Suárez y Baradero en la primera plana de los medios.
Una vez más la política antipopular del kirchnerismo se mostró en toda su magnitud, dejando a la luz la miseria de las barriadas populares, la desesperación que obliga a los más pobres a arriesgar su vida en el saqueo, y la multiplicación sistemática del gatillo fácil que mata a un chico pobre cada día.
La mentira de las “soluciones progresistas”
Como siempre que un episodio represivo logra trascender, en lugar de quedar oculto tras la escueta referencia al “enfrentamiento” o el “delincuente abatido”, detrás vino una catarata de declaraciones e iniciativas de las distintas fracciones de la burguesía, cada uno para llevar agua a su molino.
Desde el gobierno provincial, gran defensor de la policía y de la “mano dura”, rápidamente llegaron emisarios para entrevistarse con las familias de los muertos, prometiendo, tanto en uno como en otro caso, “investigar hasta las últimas consecuencias”, y, de paso, ofreciendo algún que otro subsidio para silenciar la bronca. El propio jefe de la bonaerense, Juan Carlos Paggi, fue mandado por el gobernador Scioli a José León Suárez y Baradero. Scioli anunció la intervención de las comisarías, pasó a retiro a una quincena de comisarios y aplaudió la detención de un par de policías, mientras cargaba las tintas con el argumento del “loquito suelto” que había confundido los verdes cartuchos de postas de goma con los rojos de perdigones de plomo o acero.
La situación no fue desaprovechada por el gobierno nacional y sus propagandistas, que se montaron sobre la bronca y la movilización popular para cargar contra sus competidores en la interna del PJ. En José León Suárez, los familiares de Mauricio y Franco fueron rápidamente rodeados por los militantes kirchneristas de la JP Evita y La Cámpora, y su representación procesal en la causa penal fue asumida por los abogados del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), cerrando así el círculo de cooptación para convertir, como suelen sostener, “la protesta en propuesta”. O sea, desactivarla y redireccionarla bajo su control.
Mientras tanto, Horacio Verbitsky, el presidente del CELS, virtual ministro paralelo de seguridad nacional, convocó a un amplio arco de referentes del llamado “progresismo” para reeditar, en clave bonaerense, el Acuerdo para la Seguridad Democrática. En diciembre de 2009, habían lanzado este documento en un acto público, con el apoyo de los burócratas de la CGT y la CTA y todos los bloques legislativos, excepto el PRO. Ese texto fue adaptado, en junio de 2010, para presentarlo como Acuerdo para la Seguridad Democrática en la provincia de Buenos Aires, siempre señalando a un supuesto “autogobierno policial” como la causa de todos los males, lo que se resolvería con la conducción civil (o sea, de ellos) de las fuerzas de seguridad. Ahora, después de Baradero y José León Suárez, de nuevo el CELS desempolvó el documento, junto a la Comisión Provincial por la Memoria y la habitual corte de grandes “progres”: los burócratas Roberto Baradel, de SUTEBA; Hugo Yasky, de la CTA; los diputados Martín Sabbatella, Carlos Raimundi, Ariel Basteiro, Edgardo Depetri, Héctor Recalde y Ricardo Gil Lavedra, y el infaltable Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Cobró inusitado protagonismo en la iniciativa el titular de la Comisión Por la Memoria, Alejandro Mosquera, que supo dirigir la Federación Juvenil Comunista en los ’80, para luego pasar a las huestes del Frepaso, desde donde acordó, como jefe del bloque en la legislatura provincial, los votos necesarios para el paquete de leyes represivas impulsadas por el gobernador peronista Carlos Ruckauf, a mediados de los ’90.
La tesis del “progresismo”, que disputa con Scioli al interior del oficialismo, es que la policía se maneja en la provincia con un “modelo autoritario e ineficiente de autogestión policial que sólo incrementa el delito y provoca más muertes”. Propone, como salida, separar las funciones de justicia y seguridad (como, con su bendición, se hizo en el gabinete nacional recientemente); profesionalizar a la policía (lo que implica, por ejemplo, aumento de sueldos, más equipamiento y entrenamiento especializado, como el de las academias yanquis); y buscar “un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad” (es decir, buscar un gran acuerdo de la burguesía para dirigir a sus verdugos en la defensa de sus comunes intereses).
Como si la policía federal no hubiera protagonizado la represión en el Parque Indoamericano, con tres(1) muertos, o la gendarmería no reprimiera a diario cortes de ruta y tomas de tierras en el interior del país; como si sólo la bonaerense usara el gatillo fácil y la tortura como cotidianas herramientas de control social; el oportunismo kirchnerista, en un año electoral, recurre a su arma favorita para ganar consenso: la cooptación de las demandas populares, convirtiéndolas en caricaturas de sí mismas, en su propio beneficio. Al estilo peronista ortodoxo, al estilo kirchnerista o con matices de cualquier color, la represión es un arma imprescindible para que la burguesía profundice su dominación, gobierne quien gobierne en su nombre.
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NOTAS:
1) Tras la represión en el Parque Indoamericano además de los dos casos de muertos por la policía que fueron difundidos públicamente, también fue asesinado por la represión Emilio Canaviri Álvarez, hecho denunciado por su familia, aunque tanto el gobierno como los medios de comunicación, aprovecharon que portaba un DNI falso para poner en duda su ejecución.
