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Schoklender y los negocios kirchneristas

Miles de millones de pesos, destinados a la construcción de viviendas populares a través del programa “Sueños Compartidos” de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, fueron desviados para enriquecer a sus administradores. Una muestra más de que así hacen las cosas los kirchneristas, tan corruptos como todos los capitalistas, por más que se esfuercen en diferenciarse de versiones anteriores de sí mismos, como el menemismo.



La noticia de que se habían detectado gravísimas irregularidades en la administración de los multimillonarios fondos entregados por el gobierno nacional, a través de las provincias y municipios, a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas populares, coincidió con el anuncio de que su administrador había sido echado.

Se intentó instalar, así, lo que Hebe de Bonafini diría en público cuando comenzó a recorrer medios afines al gobierno para hacer su defensa: Sergio Schoklender, el joven al que comenzó a visitar en la cárcel cuando todavía purgaba la pena por el asesinato de sus padres, al que dio la oportunidad de salidas laborales nombrándolo empleado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y que, después de su soltura, se había convertido en “hijo del corazón”, para ella, y “monje negro” para muchos otros, era, a partir de ahora, un vil traidor que se aprovechó de su confianza.

Frente a la evidencia del increíble enriquecimiento personal de Schoklender, arreciaron los debates para “explicar” lo sucedido. Se habló de manipulación, cooptación de la voluntad de una anciana poco prudente, de astucia sin límites frente a la “simpleza de las Madres”, etc. Aprovecharon, desde luego, los más rancios exponentes de la reacción, para embestir contra todo lo que tenga que ver con la izquierda y los derechos humanos, generando que, desde el campo popular, otros enarbolaran la defensa de Bonafini como si se tratara de un estandarte actual y valioso para el movimiento en su conjunto. El gobierno salió, como siempre, a denunciar una campaña desestabilizadora.

Dos cosas hay que decir sobre este asunto.

La primera es que, como tantas veces lo hemos señalado, hace mucho que Bonafini (y quienes se mantuvieron a su lado) abandonó las banderas que defendió por décadas, y que la tenían como referente ético en la confrontación al estado y a cualquiera de sus gobiernos de turno. Lo que hoy escandaliza a unos, o resulta increíble a otros, no es sino la normal consecuencia de esa claudicación, a partir de la decisión consciente de Hebe de Bonafini de abandonar la necesaria independencia que debemos sostener, a cualquier precio, todos los que encaramos esa lucha, incluso los organismos de DDHH.

Ella, que tantas veces criticó, con justeza y dureza, a Abuelas, el Cels y otros que, desde siempre, cooperaron y apoyaron a los distintos gobiernos, proveyéndoles funcionarios y legitimando sus iniciativas “progresistas”, cruzó, a sabiendas y bien despierta, de vereda, cuando decidió que éste es el gobierno “por el que sus hijos lucharon”. El encuentro, en diciembre de 2001, con el efímero presidente Rodríguez Saá fue la primera señal del salto al pantano. Ninguna duda quedó cuando se convirtió en ministra sin cartera y principal propagandista del kirchnerismo. Entonces, y no ahora, Hebe Pastor de Bonafini abandonó la lucha, que siguió, no sólo sin ella, sino contra ella y sus nuevos amigos.

La segunda, es que no puede sorprender a nadie que el kirchnerismo haga así las cosas. La bolsa de Miceli (no por nada primera administradora de la Fundación y, con Amado Boudou, otra de sus “hijos”); las valijas de Antonini para la campaña 2007 de la presidenta; el contrabando de fusiles FAL de la otra “gran mujer”, como define Bonafini a la represora serial Garré; la efedrina del recaudador de campaña Cappacioli; los negociados de su burocracia sindical, con Moyano a la cabeza; los lujos de Jaime; Southern Winds; los negocios inmobiliarios de los Kirchner... ¿Cuántos ejemplos hay que poner para mostrar que la corrupción no es un defecto ocasional, sino una característica propia de un gobierno capitalista?

El desfalco de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, dirigida por Bonafini y administrada por Schoklender, es sólo una muestra más del carácter esencialmente corrupto de la burguesía, que inevitablemente contamina a cualquiera que se sume a sus filas y asuma la defensa de sus intereses.

Los negocios de Schoklender, las madres y el gobierno


Aunque el gobierno y Bonafini tienden a personalizar el escándalo en la figura de Sergio Schoklender, el uso a discreción y la apropiación de fondos públicos es la práctica permanente de funcionarios y punteros de todo nivel que responden a los partidos patronales como el PJ kirchnerista.


Es larga la lista de escándalos en los que están involucrados el gobierno y su séquito kirchnerista, por la apropiación de recursos públicos para su enriquecimiento. Ya la ministra Felisa Miceli debió renunciar por el escándalo de la bolsa con dinero en su despacho, Julio De Vido se hizo notar con sus arreglos millonarios con Skanska y Jaime sigue aún en primera plana por el majestuoso enriquecimiento que ostenta. Estos y otros negociados (la valija de Antonini Wilson, la mafia de los medicamentos, las tierras de los Kirchner en Santa Cruz, etc.) hacen que el grosero robo de recursos públicos realizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo (AMPM) no sea más que un nuevo capítulo de una práctica recurrente.

Pero es importante señalar que si este nuevo caso de utilización de fondos públicos para el enriquecimiento privado se ha dado en la asociación dirigida por Hebe de Bonafini, es porque desde hace largos años el kirchnerismo viene privilegiando el giro de recursos a organismos de derechos humanos, sindicales, territoriales y demás, como forma de garantizar la cooptación de estos agrupamientos y legitimar así su política antipopular con la “chapa” de aquellos grupos que supieron luchar en otros tiempos.

Sostenido en estos giros millonarios, el gobierno ha logrado que grupos como el de Hebe de Bonafini (quien en 2002 arengaba contra el capitalismo y los partidos patronales y no tenía prácticamente recursos sino deudas), se pasen de un día para el otro a las filas oficiales, escoltando a los Kirchner en los actos de campaña. Junto a su cambio repentino de posición llegaron pronto una radio, un programa de TV, un nuevo edificio y condiciones excepcionales para la universidad, una editorial, una librería, y luego, el multimillonario programa de vivienda.

La lógica es la misma que existe entre el gobierno y los gobernadores e intendentes, o con los dirigentes sindicales: el giro de millonarios recursos para su completa administración (que les permite enriquecerse, pero también hacer política y desarrollar base social) es la contrapartida del apoyo al kirchnerismo por parte de estos dirigentes intermedios y su base.

Lo característico de los tiempos kirchneristas es la integración a esa misma dinámica punteril de organismos de derechos humanos (principalmente AMPM y Abuelas de Plaza de Mayo), grupos territoriales (con D’Elía, Pérsico y Depetri a la cabeza), figuras de la intelectualidad (como los de Carta Abierta) y agrupamientos de la juventud (como los organizados por Máximo Kirchner, en La Cámpora).

La apropiación millonaria por parte Schoklender como apoderado de la AMPM se enmarca en este circuito de cooptación kirchnerista. Las empresas, las casas y los autos de Sergio Schoklender son”vueltos” de las operaciones que diariamente realiza la asociación de Bonafini gracias a sus acuerdos con el gobierno. El reemplazo de Sergio Schoklender por su hermano Pablo en el puesto de apoderado de la asociación, no cambia nada en esta práctica. De hecho el nuevo apoderado de la AMPM también está imputado en la misma causa que su hermano.

Vale recordar que estos recursos, que constituyen la fortuna actual de Schoklender y tantos otros, debían ser destinados a políticas sociales para la resolución de problemas básicos, como la vivienda; un problema que aqueja a millones de argentinos. Así funciona “el gobierno nacional y popular”.


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Las empresas y los lujos


“Yo soy un apoderado más de la Fundación, soy el gestor claramente, pero la dirección y la presidencia del Consejo de Administración es de Hebe”, aseguró Schoklender, buscando limitar sus responsabilidades en el nuevo escándalo de corrupción kirchnerista.

Lo cierto es que varias son las empresas que se vinculan a Sergio Schoklender, el ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Dentro de la nutrida lista, la que sin dudas se destaca por su importancia es Meldorek. Se trata de la principal constructora que trabaja con el programa “Sueños compartidos” de la AMPM de Hebe Bonafini. Schoklender posee el 90% de las acciones de esta empresa, cuya facturación, a la luz de la gran de la cantidad de obras realizadas en los últimos años con fondos públicos, debe haber sido sideral. Otras firmas que están asociadas a su nombre son Antártica Argentina, Gorlac SA, Stylo Car, Regie Royale y Expedition SA. Esta última está dirigida por Alejandro Gotkin, mano derecha Schoklender y ex empleado también de la AMPM, que cuenta con una docena de empresas a su nombre.

El fabuloso enriquecimiento también se expandió hacia su entorno familiar, amigos y socios: su pareja y ex directora administrativa de Sueños Compartidos, su socio Eduardo González Fernández, quien gusta moverse en una camioneta Mercedes Benz de u$s 50.000, y su hermano Pablo, quien quedara a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Y entre los lujos que posee el propio Schoklender a su alcance, através de dichas empresas, y que sólo encuentran puntos de comparación con las fortunas de los grandes capitalistas locales, se destacan dos aviones, un yate de $500.000, una Ferrari, un Audi, un Passat, un Bora, una Hilux, un BMW, una quinta de lujo en José C. Paz…

Como en los ´90 con Menem, hoy la corrupción kirchnerista les permite a sus funcionarios y aliados, como Schoklender, amasar grandes fortunas y darse una vida lujos, a partir de la apropiación directa y de los distintos negociados que realizan con el manejo de los fondos públicos.

Festival de coimas y cachetadas

En la sesión del 11 de noviembre, la diputada radical Elsa Álvarez, denunció que le hicieron ofrecimientos de parte del ministro De Vido para votar a favor del proyecto oficial o ausentarse del recinto. La cobista Cynthia Hotton, ex RECREAR, ex PRO, acusó a la kirchnerista Patricia Fadel de proponerle favores, votos para sus proyectos, contratos y “mucho más” si se iba, “total, nadie se va a dar cuenta”. El pinosolanista Mazzitelli, dijo que lo llamó un tal “José María”, supuestamente José María Olazagasti, secretario privado del ministro de Planificación, para preguntarle “qué quería a cambio de su voto”.
Apoyada en la repentina ausencia de muchos diputados que no contestaban los llamados de sus jefes de bloque, Elisa Carrió salió a denunciar un nuevo “pacto de Olivos”, esta vez entre el heredero, Ricardo Alfonsín, y el kirchnerismo.
A instancias suyas, de la UCR y del peronismo federal, se reunió la comisión de Asuntos Constitucionales para investigar lo ocurrido. Ahí, el espectáculo estuvo a cargo de la peronista antikirchnerista Graciela Caamaño, que interrumpió a Carlos Kunkel con una sonora cachetada, cuando el ultra oficialista recordaba que la pugilista diputada es la esposa del burócrata sindical Barrionuevo, aquél que, en tiempos menemistas, aconsejó a sus pares “dejar de robar por dos años” para resolver la crisis.
El episodio, ya de por sí absurdo, recibió el pleno apoyo de Elisa Carrió, que hizo del bife a la criolla una cuestión de género.
Finalmente, ninguno dejó de seguir transando. La sesión fracasó por el arreglo del GEN, de Margarita Stolbizer, con el kirchnerismo, al que se sumaron, gozosos, Proyecto Sur y el Partido Socialista.
Las denuncias se archivaron. Terminó el año legislativo, y todos, coimeros y coimeados, denunciantes y denunciados, pueden brindar tranquilos: la previsible e inútil causa judicial quedó a cargo de la jueza federal Romilda Servini de Cubría. Pronto, un nuevo escándalo será tapa de los diarios, y sólo los memoriosos recordarán éste.

El gobierno de la corrupción

Skanska, la bolsa de Felisa, la fundación de Piccolotti, los fondos de Santa Cruz, los aviones de Jaime, la valija de Antonini, el contrabando de FAL de la ministra Garré, los subsidios de la ONCCA , los sobreprecios y coimas de De Vido, las narcovalijas de Southern Winds, el escandaloso crecimiento del patrimonio matrimonial, las concesiones a amigos y parientes, los aportes de campaña de narcos y muertos, los medicamentos truchos... apenas un tibio muestreo de los negociados del gobierno peronista de los Kirchner, verdadero gobierno de la corrupción, que nada tiene que envidiar a los ’90. Ahora, medios y jueces federales, preocupados por mejorar sus chances con los que vienen, no dudan en mostrarlo.
El ex secretario de transporte, Ricardo Jaime, tiene 10 denuncias en su contra, y aparece mencionado en otras 14 causas. El ministro de planificación, Julio De Vido, tiene 9 imputaciones. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, sigue con 6. Alicia Kirchner y Carlos Tomada empatan en 3 cada uno. No se salvan los secretarios de Energía, Daniel Cameron, el de Medios, Enrique Albistur, ni el ex titular del OCCoVi, Claudio Uberti(1). Pero ninguno le mata el punto al jefe. Néstor Kirchner cosechó 50 causas, incluyendo una por asociación ilícita y otra por enriquecimiento ilícito, donde comparte la imputación con su cónyuge.
No hace falta recordar al menemismo para enumerar escándalos de corrupción. La causa Skanska, hoy se reactiva con la imputación directa a De Vido. La de la valija de Antonini sigue en trámite, y se acerca también a De Vido, mientras están muy complicados el ex titular del Enargas, Fulvio Madaro, y el ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa.
En el enriquecimiento ilícito de los Kirchner, con su inexplicable crecimiento patrimonial, el juez Oyarbide está citando al contador presidencial, el mismo que fue fotografiado en un amigable café con otro de los jueces que tenía una causa por el mismo motivo. Otro tema que los preocupa es la causa por asociación ilícita, originada en las repetidas concesiones de servicios a amigos y socios de la familia presidencial. De ese expediente se desprendieron otras 12 investigaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública, por irregularidades en concesiones viales, áreas petroleras o cárceles, licitaciones y explotación del negocio del juego.
Enrique Albistur está acusado de dar fondos de publicidad oficial a empresas de su familia y la ex ministra Felisa Miceli va camino al juicio oral por la bolsa del toilette. Ricardo Jaime está en la mira por el costoso Lear Jet, por la compra de locomotoras, la reparación de vagones, los subsidios a concesionarios ferroviarios y el delito de dádiva a taxis aéreos.
Fabián Gutiérrez, secretario privado de la presidenta, se hizo una mansión en El Calafate, llena de lujos, valuada en más de un millón de dólares. Denunciado, su defensa fue argumentar que “sólo costó u$s300.000...”.
Desde que los Kirchner están en el poder, se archivaron 130 causas federales contra el ex presidente, 57 contra Cristina, 36 contra Jaime y 19 contra De Vido. Ahora las cosas parecen distintas, porque nadie advierte mejor que un juez federal cuando cambia el viento, y deben adecuarse las lealtades.
Lo sabe bien María Romilda Servini de Cubría, que, igual que el ex kirchnerista Ariel Lijo, está investigando los aportes de campaña del FPV. Además de los fabulosos aportes de mafiosos como Sebastián Forza, su socio Damián Ferrón y Néstor Lorenzo, de la hoy famosa San Javier, hay aportantes muertos mucho antes del acto electoral, y otros cuyos documentos aparecen atribuidos a personas inexistentes.
También lo saben los medios, que, después de esconder bajo la alfombra años y años de corrupción, ahora publican todo en tapa, sacando los trapitos al sol, en el marco de la pelea por la ley de radiodifusión.
Unos y otros se preparan para sepultar al gerente obligado a retirarse, y ajustan sus coordenadas para ponerse a disposición de la próxima generación de corruptos, a la que darán toda su lealtad, mientras dure su mandato al frente de los negocios de la burguesía.
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NOTAS:
1) Fuente: Diarios Perfil, Clarín y la base de datos del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).

"Mafia" de los medicamentos. Otro negocio de la triple alianza antiobrera

La investigación de la llamada “mafia de los medicamentos” devela una trama de negocios con los protagonistas de siempre. Empresarios farmacéuticos, burócratas sindicales y funcionarios del gobierno, que llenan sus bolsillos a costa de la salud y la vida de los trabajadores.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), encargada de controlar y fiscalizar la autenticidad de los medicamentos, recibe constantemente denuncias de médicos, farmacéuticos y particulares, que abarcan desde falsificaciones de analgésicos u otros medicamentos de consumo masivo y venta libre, hasta adulteraciones de carísimos específicos para enfermedades como las oncológicas, el HIV o la hemofilia. Algunas de esas denuncias, después de deambular durante años por los laberintos burocráticos de la administración y del poder judicial, llegaron a la justicia federal. Allí las unificó Norberto Oyarbide, uno de los jueces “de la servilleta” de Corach(1), que viene esforzándose para recuperar cierta majestad para su investidura, puesta en riesgo hace un tiempo por “conductas indecorosas” en su vida privada.
En la causa se investigan varias modalidades concurrentes. Por un lado, la adulteración, que consiste en rellenar envases originales vacíos con otro contenido. En segundo lugar, la falsificación, a través de la fabricación de lotes mellizos. Tercero, la venta de productos auténticos robados, situación en la que no suelen respetarse las condiciones de conservación. Por último, la venta de muestras gratis, de medicamentos de distribución gratuita para hospitales y de remedios con fecha vencida. Todo, con medio centenar de obras sociales dirigidas por la burocracia sindical, varias droguerías y funcionarios públicos involucrados.
La investigación detectó, también, una operatoria muy redituable a costo cero. En los tratamientos de alto costo para enfermedades como el cáncer, el SIDA o la hemofilia, las obras sociales piden directamente los medicamentos a las droguerías, y presentan, luego, la factura y una copia de la receta a la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud (APE)(2), que les reembolsa el dinero. Las droguerías, en realidad, sólo entregan troqueles truchos, esos cartoncitos que se recortan del envase y se adhieren a la factura para probar la entrega del remedio. Obra social, droguería y funcionarios del ministerio se reparten, así, una verdadera fortuna al solo costo de una pila de papelitos.
La principal implicada es la Obra Social de la Asociación Bancaria (OSBA), dirigida hace 24 años por Juan José Zanola, pero ya son más de 60 las investigadas. En los allanamientos realizados en La Bancaria , en el carísimo departamento del burócrata en barrio norte y en varias cooperativas del sindicato, se encontraron medicamentos vencidos y adulterados; documentos que prueban las ventas truchas, y facturas por “honorarios profesionales” de Zanola a las droguerías por más de $800.000. No faltó documentación que señala la intervención de testaferros en las operaciones, que aparecen, por ejemplo, como titulares de farmacias y droguerías; ni constancias de la relación de todos los involucrados con narcotraficantes como Sebastián Forza(3).
Mientras la investigación se expande a otras obras sociales, como OSPAT (Personal del Turf), OSALARA (Loterías y Afines), OSPG (Personal Gráfico), OSPMA (Personal Municipal de Avellaneda), OSCHOCA (Camioneros) y OSAAA (Aeronavegantes), Zanola y su mujer, Paula Aballay, fueron citados a indagatoria por los delitos de estafa, violación a la ley de marcas y asociación ilícita. Desde luego, que sin que se ordene su detención, a pesar de la gravedad de las imputaciones. El único que fue detenido, y rápidamente excarcelado, fue Néstor Lorenzo, dueño de la Droguería San Javier, socio de Multipharma, e involucrado en el triple crimen de los narcos de General Rodríguez. También se ordenó la indagatoria del ex Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y de Alberto Costa, del ministerio de salud provincial.
La burocracia sindical, principal recaudadora del gran negocio, no demoró en salir a defenderse. Hugo Moyano, desde su sillón en la CGT , habló de un “ataque a los dirigentes” y redujo el criminal accionar a simple defecto: “Por algún defecto que puede haber, que puede ser cierto, pero sin que la Justicia se haya expedido, se confunde a todas las obras sociales sindicales de tener la perversidad de dañar la salud de la gente”. En la misma línea, Zanola denunció una maniobra “para ensuciar el gremio bancario” y calificó las acusaciones de “una canallada, que me lleva a pensar que muchas de estas denuncias de estos muchachos que hacen declaraciones son meros títeres, hay que ver quiénes son los titiriteros”.
Buen ejemplo de cómo funciona la triple alianza antiobrera: los empresarios, la burocracia sindical y el gobierno, siempre unidos para hacer sus negocios a costa del pueblo trabajador. No les basta con la explotación cotidiana. Usan la salud y la vida de los trabajadores para engordar sus bolsillos. Imposible imaginar a estos burócratas, que matan trabajadores para ganar dinero, encabezando una lucha obrera.
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NOTAS:
1) Cuando rompió con el menemismo, Domingo Cavallo denunció que Carlos V. Corach le había escrito en una servilleta de papel la lista de jueces federales que el gobierno manejaba por teléfono: Liporace, Bonadío, Servini de Cubría, Oyarbide, Urso, etc.
2) El manejo de la fabulosa caja de la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud (APE) fue una de las causas de la casi ruptura, hace unos meses, de los sectores de los “gordos” e “independientes” con Hugo Moyano. Ver “La ´interna´ de la CGT ”: Amagues de rupturas, acuerdos de negocios”, en ER Nº49, agosto de 2009.
3) Ver “De Skanska a La Bancaria : El gobierno de la corrupción”, en este número.

Los protagonistas
Juan José Zanola, secretario general de la Asociación Bancaria. Designado por la CGT en el Consejo del Fondo de Garantías de la ANSES , organismo encargado de controlar el manejo del dinero de las AFJP.
Héctor Capaccioli, ex Superintendente del Servicio de Salud y recaudador de la campaña “Cristina, Cobos y vos”.
Néstor Lorenzo, apodado “el Yabrán de los medicamentos”, vinculado a los narcos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Estuvo involucrado, en los ’90, en el escándalo de la leche adulterada.
Alberto Costa, encargado de controlar a las droguerías en la provincia de Buenos Aires, desplazado por sus vínculos con Lorenzo, probados con varios llamados telefónicos.
Néstor Vázquez, nexo entre el kirchnerismo y los empresarios de la salud. Mano derecha de José Luis Lingeri y funcionario de la ANSSAL durante el menemismo; estuvo a cargo de la APE y de la Superintendencia de Servicios de Salud. Hoy se dedica al negocio de los sanatorios en sociedad con empresas como Medifé y ASE.
Enrique Dratman, esposo de la diputada kirchnerista Diana Conti y socio de Vázquez. Desde que dejó el FREPASO tiene una empresa de salud. En la causa se verificaron llamadas de su teléfono al celular de Lorenzo.