La investigación de la llamada “mafia de los medicamentos” devela una trama de negocios con los protagonistas de siempre. Empresarios farmacéuticos, burócratas sindicales y funcionarios del gobierno, que llenan sus bolsillos a costa de la salud y la vida de los trabajadores.La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), encargada de controlar y fiscalizar la autenticidad de los medicamentos, recibe constantemente denuncias de médicos, farmacéuticos y particulares, que abarcan desde falsificaciones de analgésicos u otros medicamentos de consumo masivo y venta libre, hasta adulteraciones de carísimos específicos para enfermedades como las oncológicas, el HIV o la hemofilia. Algunas de esas denuncias, después de deambular durante años por los laberintos burocráticos de la administración y del poder judicial, llegaron a la justicia federal. Allí las unificó Norberto Oyarbide, uno de los jueces “de la servilleta” de Corach(1), que viene esforzándose para recuperar cierta majestad para su investidura, puesta en riesgo hace un tiempo por “conductas indecorosas” en su vida privada.
En la causa se investigan varias modalidades concurrentes. Por un lado, la adulteración, que consiste en rellenar envases originales vacíos con otro contenido. En segundo lugar, la falsificación, a través de la fabricación de lotes mellizos. Tercero, la venta de productos auténticos robados, situación en la que no suelen respetarse las condiciones de conservación. Por último, la venta de muestras gratis, de medicamentos de distribución gratuita para hospitales y de remedios con fecha vencida. Todo, con medio centenar de obras sociales dirigidas por la burocracia sindical, varias droguerías y funcionarios públicos involucrados.
La investigación detectó, también, una operatoria muy redituable a costo cero. En los tratamientos de alto costo para enfermedades como el cáncer, el SIDA o la hemofilia, las obras sociales piden directamente los medicamentos a las droguerías, y presentan, luego, la factura y una copia de la receta a la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud (APE)(2), que les reembolsa el dinero. Las droguerías, en realidad, sólo entregan troqueles truchos, esos cartoncitos que se recortan del envase y se adhieren a la factura para probar la entrega del remedio. Obra social, droguería y funcionarios del ministerio se reparten, así, una verdadera fortuna al solo costo de una pila de papelitos.
La principal implicada es la Obra Social de la Asociación Bancaria (OSBA), dirigida hace 24 años por Juan José Zanola, pero ya son más de 60 las investigadas. En los allanamientos realizados en La Bancaria , en el carísimo departamento del burócrata en barrio norte y en varias cooperativas del sindicato, se encontraron medicamentos vencidos y adulterados; documentos que prueban las ventas truchas, y facturas por “honorarios profesionales” de Zanola a las droguerías por más de $800.000. No faltó documentación que señala la intervención de testaferros en las operaciones, que aparecen, por ejemplo, como titulares de farmacias y droguerías; ni constancias de la relación de todos los involucrados con narcotraficantes como Sebastián Forza(3).
Mientras la investigación se expande a otras obras sociales, como OSPAT (Personal del Turf), OSALARA (Loterías y Afines), OSPG (Personal Gráfico), OSPMA (Personal Municipal de Avellaneda), OSCHOCA (Camioneros) y OSAAA (Aeronavegantes), Zanola y su mujer, Paula Aballay, fueron citados a indagatoria por los delitos de estafa, violación a la ley de marcas y asociación ilícita. Desde luego, que sin que se ordene su detención, a pesar de la gravedad de las imputaciones. El único que fue detenido, y rápidamente excarcelado, fue Néstor Lorenzo, dueño de la Droguería San Javier, socio de Multipharma, e involucrado en el triple crimen de los narcos de General Rodríguez. También se ordenó la indagatoria del ex Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y de Alberto Costa, del ministerio de salud provincial.
La burocracia sindical, principal recaudadora del gran negocio, no demoró en salir a defenderse. Hugo Moyano, desde su sillón en la CGT , habló de un “ataque a los dirigentes” y redujo el criminal accionar a simple defecto: “Por algún defecto que puede haber, que puede ser cierto, pero sin que la Justicia se haya expedido, se confunde a todas las obras sociales sindicales de tener la perversidad de dañar la salud de la gente”. En la misma línea, Zanola denunció una maniobra “para ensuciar el gremio bancario” y calificó las acusaciones de “una canallada, que me lleva a pensar que muchas de estas denuncias de estos muchachos que hacen declaraciones son meros títeres, hay que ver quiénes son los titiriteros”.
Buen ejemplo de cómo funciona la triple alianza antiobrera: los empresarios, la burocracia sindical y el gobierno, siempre unidos para hacer sus negocios a costa del pueblo trabajador. No les basta con la explotación cotidiana. Usan la salud y la vida de los trabajadores para engordar sus bolsillos. Imposible imaginar a estos burócratas, que matan trabajadores para ganar dinero, encabezando una lucha obrera.
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NOTAS:
1) Cuando rompió con el menemismo, Domingo Cavallo denunció que Carlos V. Corach le había escrito en una servilleta de papel la lista de jueces federales que el gobierno manejaba por teléfono: Liporace, Bonadío, Servini de Cubría, Oyarbide, Urso, etc.
2) El manejo de la fabulosa caja de la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud (APE) fue una de las causas de la casi ruptura, hace unos meses, de los sectores de los “gordos” e “independientes” con Hugo Moyano. Ver “La ´interna´ de la CGT ”: Amagues de rupturas, acuerdos de negocios”, en ER Nº49, agosto de 2009.
3) Ver “De Skanska a La Bancaria : El gobierno de la corrupción”, en este número.
Los protagonistas
Juan José Zanola, secretario general de la Asociación Bancaria. Designado por la CGT en el Consejo del Fondo de Garantías de la ANSES , organismo encargado de controlar el manejo del dinero de las AFJP.
Héctor Capaccioli, ex Superintendente del Servicio de Salud y recaudador de la campaña “Cristina, Cobos y vos”.
Néstor Lorenzo, apodado “el Yabrán de los medicamentos”, vinculado a los narcos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Estuvo involucrado, en los ’90, en el escándalo de la leche adulterada.
Alberto Costa, encargado de controlar a las droguerías en la provincia de Buenos Aires, desplazado por sus vínculos con Lorenzo, probados con varios llamados telefónicos.
Néstor Vázquez, nexo entre el kirchnerismo y los empresarios de la salud. Mano derecha de José Luis Lingeri y funcionario de la ANSSAL durante el menemismo; estuvo a cargo de la APE y de la Superintendencia de Servicios de Salud. Hoy se dedica al negocio de los sanatorios en sociedad con empresas como Medifé y ASE.
Enrique Dratman, esposo de la diputada kirchnerista Diana Conti y socio de Vázquez. Desde que dejó el FREPASO tiene una empresa de salud. En la causa se verificaron llamadas de su teléfono al celular de Lorenzo.