En la sesión del 11 de noviembre, la diputada radical Elsa Álvarez, denunció que le hicieron ofrecimientos de parte del ministro De Vido para votar a favor del proyecto oficial o ausentarse del recinto. La cobista Cynthia Hotton, ex RECREAR, ex PRO, acusó a la kirchnerista Patricia Fadel de proponerle favores, votos para sus proyectos, contratos y “mucho más” si se iba, “total, nadie se va a dar cuenta”. El pinosolanista Mazzitelli, dijo que lo llamó un tal “José María”, supuestamente José María Olazagasti, secretario privado del ministro de Planificación, para preguntarle “qué quería a cambio de su voto”.
Apoyada en la repentina ausencia de muchos diputados que no contestaban los llamados de sus jefes de bloque, Elisa Carrió salió a denunciar un nuevo “pacto de Olivos”, esta vez entre el heredero, Ricardo Alfonsín, y el kirchnerismo.
A instancias suyas, de la UCR y del peronismo federal, se reunió la comisión de Asuntos Constitucionales para investigar lo ocurrido. Ahí, el espectáculo estuvo a cargo de la peronista antikirchnerista Graciela Caamaño, que interrumpió a Carlos Kunkel con una sonora cachetada, cuando el ultra oficialista recordaba que la pugilista diputada es la esposa del burócrata sindical Barrionuevo, aquél que, en tiempos menemistas, aconsejó a sus pares “dejar de robar por dos años” para resolver la crisis.
El episodio, ya de por sí absurdo, recibió el pleno apoyo de Elisa Carrió, que hizo del bife a la criolla una cuestión de género.
Finalmente, ninguno dejó de seguir transando. La sesión fracasó por el arreglo del GEN, de Margarita Stolbizer, con el kirchnerismo, al que se sumaron, gozosos, Proyecto Sur y el Partido Socialista.
Las denuncias se archivaron. Terminó el año legislativo, y todos, coimeros y coimeados, denunciantes y denunciados, pueden brindar tranquilos: la previsible e inútil causa judicial quedó a cargo de la jueza federal Romilda Servini de Cubría. Pronto, un nuevo escándalo será tapa de los diarios, y sólo los memoriosos recordarán éste.
