Los que, en 2001, recortaron el 13% de las jubilaciones con el argumento de que era necesario tener “déficit cero”, hoy claman por el 82% móvil de las jubilaciones. Los que eran su oposición, hoy, desde el gobierno, dicen con sus bocas llenas que no hay plata para aumentar los haberes de los jubilados. Como ayer, van a terminar negociando, mientras los jubilados subsisten apenas con sueldos de hambre.
Camino a la campaña electoral, todos los partidos burgueses se esfuerzan por mostrar iniciativas “populares” que les vayan arrimando algún voto. Desde la “oposición” conformada por radicales, peronistas “federales”, el PRO y parte de la centroizquierda, se promovió un proyecto de ley para garantizar que las jubilaciones alcancen al 82% móvil del salario mínimo.
Después de cruces de todo tipo, hubo media sanción en diputados, y ahora comenzó el previsible sainete del senado, mientras todos negocian para ver cuándo se van a dignar que haya quórum para tratar el proyecto.
El gobierno dice que no hay plata. La presidenta vaticinó que si se aprobara ese proyecto, “en tres meses entraríamos en default”, y el ministro Amado Boudou lo calificó de “irracional” por la falta de recursos para afrontarlo. Mientras, siguen despilfarrando millones en subsidios para empresas amigas, el pago de la deuda, propaganda oficial y actos proselitistas, sin olvidar las fortunas que encuentran el camino a sus propios bolsillos.
Los que defienden el proyecto se llenan la boca con “sus queridos jubilados”, lo que no oculta que, en definitiva, lo que están prometiendo, aun si se concretara, no es otra cosa que el 82% de un salario mínimo de hambre, que no cubre las necesidades de un trabajador en actividad. Pero, más indignante aún, es ver cómo se disfrazan de cruzados por “los abuelos” los mismos que, hace 10 años, defendieron y votaron el recorte de las jubilaciones, junto con los sueldos de estatales, con la ley que se llamó de “déficit cero”.
El ministro de economía era Domingo Felipe Cavallo. El presidente, el radical Fernando de la Rúa, y la ministra de trabajo, la ex PJ, entonces aliancista y hoy Coalición Cívica, Patricia Bullrich. Los tres firmaron, con el resto del gabinete de radicales y frepasistas, un decreto de necesidad y urgencia, que luego fue ratificado por el congreso, apenas con algunas modificaciones superficiales.
Los diarios de la época ilustran las febriles negociaciones que se hicieron entre el ejecutivo y los senadores de la oposición peronista, que finalmente (y a cambio de acuerdos económicos para sus gobiernos provinciales) dieron quórum y votaron el proyecto. Entre los diputados y senadores que dieron quorum o levantaron la mano encontramos a casi toda la “oposición” de hoy: UCR, Partido Socialista, PC o los que se agrupan en la CTA y junto a Solanas.
Así funciona la “alternancia” en el gobierno de los partidos burgueses. Los peronistas, que en agosto de 2001 eran “oposición” y defendían “los intereses de los jubilados”, al final negociaron el apoyo al recorte. En 2010, están divididos entre el sector peronista que gobierna, que se opone a dar el 82% móvil, y los que quieren gobernar desde 2011, que, desde luego, lo promueven. Radicales y “progresistas” o “de centroizquierda”, que en 2001, desde el gobierno, manotearon el 13% del ingreso de jubilados y trabajadores estatales, haciendo aún más miserables sus haberes y salarios, hoy, de nuevo en la oposición, hacen campaña con el hambre de los jubilados.
Unos y otros, en definitiva, sólo piensan en cuántos votos van a sacar, y cómo negociar algún acuerdo que les garantice más privilegios. Hoy dicen una cosa, mañana todo lo contrario, porque el lugar de los principios lo ocupa su insaciable y voraz apetito de poder.