El mismo día que recibió, desde el congreso, el proyecto que otorgaba el 82% móvil a los jubilados para sancionarlo, la presidenta Cristina Fernández lo vetó. Una decisión política, que nada tiene que ver con el debate económico, y que muestra el carácter antipopular del gobierno.
En 2005, Kirchner, junto a su ministro Lavagna, pagó casi 82 mil millones de dólares entre la primera y la segunda etapa de la “reestructuración”, es decir, el pago de la deuda externa. Esa fortuna no incluía intereses, sino sólo capital. Meses después, se agregó un nuevo cronograma de pagos por u$s62.248 millones, y, para fin de año, se anunció el pago, con reservas del Banco Central, de u$s9.800 millones que nos “haría libres” del FMI.
Ya con Amado Boudou en el ministerio de economía, se reabrió el canje. Esta vez, fueron u$s12.067 millones los que se pagaron, y se creó el “Fondo del Bicentenario” con más reservas del BCRA, para pagar u$s6.569 millones más que vencen este año. Como vemos, para pagar la deuda externa, el gobierno tiene plata.
En 2009, unos $37.000 millones fueron, como subsidios, a los bolsillos de los empresarios del transporte automotor y ferroviario, del sector energético, de Aerolíneas Argentinas y del sector agroalimentario. En 2010, la inflación y la suba de los precios internacionales hicieron que el gobierno, lejos de ajustarse a lo previsto en el presupuesto ($32.132 millones para subsidios), haya dispuesto elevarlos, para contener a medias el alza de las tarifas y de los alimentos. Así, los especialistas estiman que, para fin de año, más de $45.000 millones de pesos, es decir, más de una vez y media el monto del Fondo del Bicentenario, serán transferidos a la empresas subsidiadas. Entonces, vemos que, para subsidiar empresas, también hay plata.
En cambio, el gobierno dice que no hay fondos suficientes para garantizar que las jubilaciones alcancen, por lo menos, al 82% móvil del salario. La ley aprobada en el congreso fue vetada por la presidenta, que justificó la medida diciendo que, de tener vigencia, se decretaría “prácticamente la quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino sino del propio Estado”. También se amparó en que los legisladores no habían establecido la forma de financiamiento, es decir, de dónde saldrían los fondos para aumentar los haberes. Puras excusas, como veremos.
El primer argumento se cae solo, si comparamos las enormidades de dinero usadas para pagar la deuda y subsidiar empresas, con lo que representaría llevar las ultra miserables jubilaciones actuales a unos apenas menos miserables $1.427, aproximadamente un cuarto del valor de la canasta familiar.
Respecto del segundo, resulta que hay más de $60.000 millones de la ANSES (bastante más que lo que requeriría, al año, el 82%, según el cálculo del propio gobierno) que se gastan anualmente sin que, al decidir su uso, se debatiera de dónde saldrían los recursos. Igual que lo hacía Cavallo en los ’90, aunque con un menú más amplio, son gastos que se impusieron por decreto.
Entre los que vienen desde el menemismo, está el financiamiento del déficit de las cajas jubilatorias militares y de las fuerzas de seguridad; el pago de garantías a las provincias y gastos administrativos de la DGI ; comisiones de la AFIP y “pensiones no contributivas”, es decir, no precedidas por aporte alguno. En la gestión kirchnerista, se agregaron los gastos de la asignación universal por hijo; algunos planes sociales, como el plan Familias; el plan de computadoras Conectar; el seguro de desempleo; los subsidios del programa de Reproducción Productiva (Repro) para las empresas en crisis, etc. Todos esos gastos, más allá de que sean de alguna utilidad, como lo sería aplicar el 82% móvil, fueron decididos sin preverse un financiamiento propio, sino, directamente, usando la plata de la ANSES.
Como se ve, no se trata de un debate económico, sino de la decisión política del gobierno de usar los dineros públicos para una cantidad de cosas, entre las que no se cuenta mejorar un poco la situación de miles de trabajadores jubilados.
Es tan elevado el nivel de injusticia previsional, que el edificio donde están los juzgados del fuero previsional tuvo que ser clausurado por peligro de derrumbe, debido al peso de los millares de expedientes que se acumulan día a día. Las estadísticas oficiales informan que entre 10.000 y 15.000 causas nuevas se inician por mes, de las cuales el 80% son demandas de los jubilados por reajustes de sus haberes de hambre.
No hay que olvidar que lo que propuso en el congreso la “oposición” de radicales, peronistas “federales”, el PRO y parte de la centroizquierda, es el 82% de un salario mínimo de pobreza, y que quienes promovieron y votaron la ley son los mismos que, de la mano del gobierno de la Alianza UCR-Frepaso
El veto presidencial al 82% pone en evidencia que el gobierno prioriza profundizar la dependencia y hacer sus propios negocios antes que disminuir, aunque sea en una mínima parte, la miseria de los jubilados. Un gobierno que compulsivamente paga la deuda y destina fortunas para sostener a sus socios empresarios; que nunca se queda sin fondos para hacer propaganda o financiar efectistas medidas como el “fútbol para todos”, pero que amenaza con la “quiebra” del estado si aumenta menos de $200 la jubilación mínima. Un gobierno que miente, diciendo que hay un “problema económico” que haría entrar en default al estado, cuando le sobra dinero para pagar lo que no debemos, y para subsidiar a quien no lo precisa.
Así, el despilfarro y el uso discrecional de fondos de