CRISIS CÍCLICA DEL FRENTEPOPULISMO

El Revolucionario Nº29 (Octubre de 2007)

La historia se repite. El frentepopulismo argentino siguió a Perón, a Frondizi, a Alfonsín, a Menem, a De la Rúa y ahora, a Kirchner. Todo lo que ha hecho es “revitalizar” el capitalismo argentino.

El inexorable derrotero de los alcahuetes de poca monta
A cuatro años del comienzo del gobierno de Kirchner, los resultados son arrolladores. Inflación galopante, desarrollo de la represión a gran escala (Varizat incluido), fraude electoral y defensa de Schiaretti en Córdoba, pago puntual de la deuda externa, derogación de la “doble” indemnización, mantenimiento de los contratos de Menem, impunidad garantizada y camino a la “reconciliación” con las FFAA, etc.
Pero no es esta realidad antipopular la que pone en crisis a la llamada “izquierda kirchnerista”, sino que su llanto se produce por haber sido ninguneados en las listas de Cristina Presidente. Después de eso, el silencio. Hace tiempo que Libres del Sur, Movimiento Evita, y demás camarillas no emiten opinión.
Atrás quedó el sueño de salir en la foto de candidato junto a “Cristina”, foto que sí obtuvieron los “impresentables” como Quindimil, Curto, Otacehé, etc., al decir del alcahuete Jorge Ceballos que, aunque quedó afuera, declaró: “voy a seguir adelante apoyando a Cristina Presidente”. Cómo olvidar sus editoriales “explicándonos” que este camino, entrar al gobierno de Kirchner, era el correcto.
Cómo no recordar y recordarles su euforia por el acto en la ESMA, o cuando se comieron el amague del viaje de Kirchner y la senadora candidata a Cuba (publicado por Clarín el 25/03/05). En fin, a Cuba no fueron nunca; eso sí, a EEUU van a cada rato, a recibir órdenes como las que fueron a cumplir declarando en la ONU contra Irán, o solicitando reuniones con el organizador de las dictaduras en América Latina y masacrador en Vietnam, Henry Kissinger.
Cómo olvidar que, aprovechando los vínculos que les quedaron con la izquierda por haber participado de la lucha contra Menem y De La Rúa, nos “explicaban” que Martín Redrado y el cavallista Alberto Fernández no mataban ni un cuatro de copas en el gobierno, es decir que, para ellos, mandaban D'Elía, Bonasso, Tumini y demás alcahuetes.
Pero a pesar de las afirmaciones de estos frentepopulistas, no hay explicación más clara que el armado de listas en La Matanza. ¿Quién designó el candidato para gobernar el partido más importante del conurbano, Tumini o Ballestrini, uno de los “impresentables”? Del mismo modo, mientras a D’Elía le sacaron el cargo por una simple declaración a favor de Irán, cuando Martín Redrado, con total desparpajo reconoció la galopante inflación (poniéndola en boca de todos sus oponentes, en primer lugar de Lavagna que la estima en un 20% anual) sólo hubo una tibia recriminación de Kirchner. El Chicago Boy, mimado de Neustadt, Menem y Grondona, ni siquiera pidió disculpas, contestó eufemísticamente que “la inflación es la preocupación de todos los presidentes (de bancos) del mundo” y a continuación lo subieron como invitado de lujo al avión alquilado por u$300.000 integrando la comitiva presidencial a EEUU.
Los campeones de las “contradicciones principales”, eterna excusa stalinista para justificar la alianza de clases, ya han hecho su trabajo, darle aires populares al gobierno, y ahora han sido arrojados a la basura, como lo que son. Pero tengamos por seguro que de la mano del PC y el PCR van a intentar reciclarse, sin autocrítica alguna. Van a tratar de participar de lugares en donde el pueblo lucha, y así ocultar su presente y su pasado. Es decir, van a querer volver a ser la voz de una fracción de la burguesía en el movimiento de lucha, pretendiendo arrastrarlo tras la mentira de una “burguesía nacional” que no sea proimperialista. Esto no debemos permitirlo.

CHILE, A 34 AÑOS

1973 - 11 de septiembre - 2007

El Revolucionario Nº28 (Septiembre de 2007)

A 34 años del golpe militar en Chile que asentó en el poder la dictadura de Pinochet, reivindicamos a quienes resistieron aun en las peores condiciones.
Nuestra reivindicación, además de ser un merecido homenaje, va acompañada del compromiso militante de organizarnos y tomar el camino revolucionario. Es por eso que no tenemos otra opción que la de balancear críticamente los hechos de la historia que nos han dejado quienes se entregaron a la lucha por la liberación de la clase obrera haciendo avanzar la Revolución.
“Vivimos momentos definitorios. Las conquistas y el futuro de los trabajadores están amenazados. La lucha de clases es siempre una guerra encubierta. La contrarrevolución burguesa se propone hoy en Chile hacerla estallar. El pueblo no se dejará amarrar las manos. La clase obrera y el pueblo están en disposición de combate, están decididos a defender sus conquistas y están más decididos hoy que nunca a conquistar su futuro.”
Estas son las palabras de Miguel Enriquez, secretario general del MIR, en su discurso a mediados del año 73, ya en puertas del golpe militar.
Estas palabras reflejan, en cierto sentido, una época en la historia de Chile, donde el grado de politización y de organización de la clase obrera y del pueblo había alcanzado un desarrollo muy importante. Existía en el pueblo y sobre todo en la clase obrera organizada.
En el año 1970 asumía al poder por la vía electoral y con gran apoyo del pueblo, la Unidad Popular (UP) con Salvador Allende como presidente. El programa de la UP era “… el camino al socialismo en democracia. Pluralismo y libertad.”
Vale recordar que la Unión Popular estaba integrada por una alianza de los partidos: Radical, Socialdemócrata, Socialista, el Movimiento Acción Popular Unitario (MAPU) y Acción Popular Independiente (API).
Este proyecto (contra toda experiencia marxista) se proponía llegar al socialismo por la “vía pacífica” dentro de los parámetros de la democracia burguesa, compartiendo el poder con sectores profundamente reaccionarios, como la Democracia Cristiana con quien debió firmar un “Estatuto de garantías democráticas”, compromiso de no hacer reformas en las FFAA, ni en la policía, ni en los medios de comunicación ni la Iglesia.
Internacionalmente fue apoyado por el stalinismo, dedicado a frenar cualquier intento de revolución real en cualquier parte del mundo; en nombre de la “revolución por etapas” para los países atrasados y protegiendo su “pacto de coexistencia pacífica” con los yanquis al que el pueblo de Chile fue condenado a alinearse.
A pesar de que en los años en los que Allende estuvo en el gobierno ayudaron a sostener una situación en la que la clase obrera tuvo importantes concesiones que le permitieron organizarse sindical y políticamente (fue el caso de las organizaciones en los cordones industriales), al mismo tiempo, fue el propio proyecto de la UP el encargado de garantizar el suicidio de la posible revolución en Chile.
El gobierno intentaba atender las exigencias en materia de consumo del pueblo, hacer concesiones para ganarse a la burguesía local y la pequeña burguesía y mantener la “paz” con los sectores más reaccionarios y el imperialismo. Todo al mismo tiempo.
Manteniendo esta situación de conciliación permanente no existía la posibilidad de tomar medidas más radicales que hicieran posible el avance real hacia el socialismo: la expropiación sin pago a la burguesía, el control obrero de la producción, la definitiva ruptura con el Imperialismo, la organización armada contra la contrarrevolución, etc.
Se tomaron medidas importantes como la nacionalización del cobre y sectores de la industria de bienes de consumo. Pero como señala un historiador chileno “…no se modificaba la base productiva existente, sino que se impulsaba su reproducción ampliada, con todas sus deformaciones: al mismo tiempo ponía gordas ganancias en manos de la burguesía la cual no las invertía en la expansión de la estructura productiva (…) Finalmente, la política económica chocaba con dos obstáculos difíciles de superar: los déficit del sector externo, derivados del boicot impuesto por el gobierno norteamericano y las agencias financieras que controla, así como de la baja de las cotizaciones internacionales del cobre…” (Ruy Mauro Marini, “El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre chile”, 1974).
La derrota del “socialismo por la vía pacífica” estaba ya determinado en la esencia de su programa que indefectiblemente obligaba a la Unidad Popular a hacer importantes concesiones a los sectores contrarrevolucionarios y profundamente fascistas en nombre de la defensa de las instituciones y el fortalecimiento de la democracia. En las elecciones democráticas del 72 un sector pro-golpista como el de la Democracia Cristiana logró ser mayoría en el parlamento.
Bajo este proyecto económico la mayoría de los trabajadores quedan fuera de los beneficios que traería la nacionalización por lo que se llevan a cabo fuertes medidas de lucha como las tomas de fábrica. A esto la burguesía responde paralizando la producción, haciendo boicots.
De este modo se hace visible la imposibilidad de una alianza democrática forzando una conciliación de intereses que son absolutamente contrapuestos, y por ende irreconciliables. Y este análisis no puede ser catalogado como una posición dogmática, sino como la corroboración de la realidad histórica, en que al momento de agudizarse las contradicciones entre las clases la burguesía chilena no dudó en instaurar una dictadura que acabara mediante desapariciones, torturas y asesinatos con cualquier intento de levantamiento popular.
En este marco, en el que la burguesía tiene vía libre dentro del gobierno de Allende, se desarrollaron organizaciones, dando cuenta de su creciente independencia frente al gobierno de la Unidad Popular, no sólo en el caso de aquellas organizaciones que se conformaron al margen de las directivas del gobierno de Allende, sino también en el caso de otras que fueron originalmente impulsadas por la Unidad Popular pero que adquirieron una dinámica propia, superando e incluso enfrentando las directivas gubernamentales.
Este proceso llevará además a un alto grado de combatividad y enfrentamiento. Así por ejemplo, tras la huelga patronal de octubre los cordones avanzaron en el control de precios, de la distribución y del transporte; emprendiendo tomas de fábricas y organizando grupos de autodefensa. También los pobladores sin vivienda y las organizaciones campesinas desarrollaron las tomas de terrenos urbanos y rurales respectivamente. Y tras un nuevo ataque de la burguesía, con el “tancazo” de junio de 1973, los cordones organizaron nuevamente la toma masiva de fábricas y la conformación de grupos de autodefensa.
El MIR, la más importante organización armada revolucionaria de Chile, si bien acompañó al gobierno de Salvador Allende, señalaba permanentemente la necesidad de la independencia de clase y la necesidad de la violencia contra la burguesía.
Muy distinto fue el rol de Partidos como el PC y el PS los que en los momentos más radicalizados de la lucha popular llegaron a prohibir la participación de sus activistas en las organizaciones de base.
La clase obrera y el pueblo pedían armas al gobierno para poder avanzar y frenar el golpe que ya se respiraba, golpe que llevaría a cabo el mismo ejército que dirigía Pinochet y en el que la UP confiaba. La respuesta de Allende fue: “…no habrá otras fuerzas armadas que las estipuladas en la Constitución. Es decir, el ejército, las fuerzas navales y las fuerzas aéreas. Eliminaré cualquier otra que aparezca”.
Mientras la “vía pacífica” de Allende significaba la negativa al avance de la lucha del pueblo dejaba el camino libre a la reacción de la burguesía. Una descripción sobre la situación que se vivía a mediados de 1973 es significativa: “Los fascistas dominaban en la calle: atentados políticos, incendios provocados en lugares u objetos políticos o civiles de importancia estratégica. En la calle reinaba la ley de la selva.” (Carmen Zur Strassen , “La dialéctica en la lucha de clases”, 1974).
“Los militares golpistas enviaban a las fuerzas armadas y a los carabineros a las fábricas, barrios pobres, oficinas partidarias, sindicatos y universidades, para hacer brutales razzias con el pretexto de requisar armas en cumplimiento de la nueva ley de armas”.
Otro ejemplo claro de la posición de la UP es la entrega de la emisora de televisión de la Universidad de Chile, la que fue desalojada por orden del Allende y entregada a las manos de la derecha para poder reentablar el diálogo con la clase media y la Democracia Cristiana.
A pesar de tanto esfuerzo y tanta lucha el no avance contra la burguesía desembocó en un golpe militar el 11 de Septiembre de 1973 orquestado por la CIA y llevado a cabo por la burguesía chilena y el ejército. Este golpe, como recordáramos al principio de esta nota, miles de hombres y mujeres resistieron heroicamente.

Este recuerdo que ha quedado grabado en la historia y que año tras año aparece en actos, periódico y volantes sólo tiene sentido si se trabaja cotidianamente para la Revolución Socialista, y esto es construyendo un partido que sea capaz de organizar a la clase obrera y al pueblo en forma independiente de la burguesía.

URUGUAY: EL FRENTE POPULAR HOY

El Revolucionario Nº8 (Noviembre de 2005)

El 1º de marzo de 2005 la ceremonia de jura presidencial del médico oncólogo Tabaré Vázquez en la República de Uruguay tuvo como invitados especiales a quienes el diario El País de Madrid definió como “líderes de izquierda latinoamericanos, como el brasileño Lula da Silva, el venezolano Hugo Chávez, el argentino Néstor Kirchner, el peruano Alejandro Toledo y el chileno Ricardo Lagos”. Se destacaba en la nota que la ausencia del cubano Fidel Castro se debía al obligado reposo por el accidente en una rodilla sufrido unos meses antes “en una aparatosa caída transmitida por televisión” que no evitó que Montevideo se llenara de pintadas saludando “Bienvenidos Chávez y Fidel”.
En Buenos Aires, mientras algunos partidos de izquierda celebraban el triunfo electoral como si fuera propio, uno de sus referentes declaraba a la prensa “Debemos actuar utilizando la experiencia uruguaya como un fuerte ejemplo inspirador”, estrategia que acabamos de ver plasmada (y fracasada) en el Encuentro Amplio vernáculo.
En el discurso de asunción, y en el posterior mensaje al pueblo uruguayo esa misma noche, Vázquez repitió que los ejes de su gobierno serían los tres enunciados en 1999 en el programa del FA-EP: la búsqueda de la justicia social, la transformación del Uruguay en un país productivo y la democratización del Estado y la sociedad. Prometió atender prioritariamente al 40 por ciento de la población uruguaya que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos, terminar la política de impunidad para los genocidas sostenida por sus antecesores, y reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba, interrumpidas durante la presidencia de Batlle. De las tres promesas, sólo una fue inmediatamente cumplida: la última, que sólo requería la firma de un decreto presidencial.
Sobre la deuda externa y las relaciones con los organismos internacionales de crédito, decía inicialmente el programa electoral triunfante del FA-EP: “El gobierno progresista, sin rehuir las obligaciones contraídas por el Estado, buscará solucionar el problema de la carga de la deuda externa, sin allanarse ante imposiciones o condicionamientos de los organismos internacionales.” Claro que, como en la pared que exhibía las Leyes de la Granja de los Animales, pronto se coló un “añadido” nada inocente. La versión final del anterior enunciado quedó así: “El gobierno progresista, sin rehuir las obligaciones contraídas por el Estado, buscará aliviar la carga de la deuda externa, sin aceptar imposiciones de los organismos internacionales de crédito, renegociando plazos y reformulando el perfil de la misma”.
En esa nueva sintonía, el gobierno progresista mantuvo, en los pasados ocho meses de gobierno, la misma política económica que los gobiernos colorados, blancos o combinados: restricción del salario, de las jubilaciones, deterioro en la demanda del mercado interno y apuesta a las inversiones privadas. Entre las medidas concretas, se destacan el aumento de la presión impositiva (cuando lo prometido en la campaña era la reducción del IVA y del impuesto a los retribuciones personales, hasta llegar a la eliminación de este último, en el plazo más rápido posible) y la propuesta de pasar las empresas públicas al derecho privado y asociarlas con empresas extranjeras, lo que, aunque evita el uso de la expresión “privatización” que ya suena políticamente incorrecta, en la práctica significa que serán capitales extranjeros los que explotarán los servicios públicos uruguayos, sin control alguno por el estado, con el único fin de acumular ganancias y remitirlas a sus centros financieros.
Tabaré Vázquez, sindicado por el presidente venezolano Chávez como uno de los “espadachines” que se habrían batido durante la Cumbre de Presidentes contra el imperialismo, regresó al paisito trayendo bajo el brazo el tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Estados Unidos, firmado en Mar del Plata durante sus reuniones bilaterales con George W. Bush. Vázquez calificó el convenio como "hecho histórico", exagerando de tal modo que su propio canciller, Reinaldo Gargano, debió relativizar que aunque importante, no se le debe atribuir una "importancia excesiva".
Eleuterio Fernández Huidobro, apodado “El Ñato”, fundador de Tupamaros a principios de los '60, preso de la dictadura y estratega de la coalición frenteamplista, decía sobre la negociación de la deuda externa hace menos de un año: “Ahí nos jugamos una parada para los próximos cinco años”. Y se la jugaron, nomás, apostando a satisfacer los intereses del imperio. Primero firmaron el convenio con el FMI en el que Uruguay se compromete a llegar al 4 por ciento del superávit primario, además de la fijación del precio del dólar, la autonomización del Banco Central y otras medidas semejantes que atan al cumplimiento de esas metas toda posible inversión en educación, salud, plan de viviendas o seguridad social. Después, y al mismo tiempo que en Buenos Aires, Mar del Plata y Montevideo las policías argentina y uruguaya reprimían las marchas contra el presidente yanqui, Uruguay y Estados Unidos firmaron el Tratado de Protección de Inversiones.
No es menor recordar que la corriente hegemónica del Encuentro Progresista-Frente Amplio y, por ende, el principal sostén político del gobierno de Tabaré Vázquez, es el Movimiento de Participación Popular MPP. Sus miembros comandan dos ministerios claves, el de Ganadería, Agricultura y Pesca (José Mujica) y el de Trabajo y Seguridad Social (Eduardo Bonomi). Fernández Huidobro, uno de sus dirigentes históricos, preside la Comisión de Defensa del Senado, y la ex sindicalista Nora Castro preside la Cámara de Diputados. Desde julio, Ricardo Ehrlich es el alcalde de Montevideo. En las elecciones nacionales del 31 de octubre 2004, el MPP obtuvo más de 320 mil votos, equivalente al 29% de la votación total del Encuentro Progresista-Frente Amplio. Tienen 52 ediles en todo el país, 6 senadores y 18 diputados.
Todos esos funcionarios “populares” han promovido y votado medidas como el envío de tropas a Haití, contribuyendo no sólo a la ocupación armada del país hermano, sino a liberar marines yanquis para que puedan ser afectados a Irak; la participación en las maniobras militares UNITAS, bajo la dirección de la flota norteamericana; la instalación de plantas de celulosa de capital europeo sobre el río Uruguay, a costa de la contaminación del curso fluvial afectando su país y el nuestro o el ascenso de militares responsables de violaciones a los derechos humanos. Ni rastro en su política del rompimiento con el FMI, el no pago de la deuda externa, la reforma agraria o la estatización de la banca y el comercio exterior, o de la exigencia de anular la Ley de Caducidad de la acción penal contra los genocidas o de desmantelar el aparato represivo.
Por el contrario, palos y balas a los jóvenes consecuentes que marcharon contra Bush y contra la firma del tratado bilateral el 4 de noviembre, encarcelando a cuatro de ellos bajo la figura legal de “sedición”, con el argumento de que hicieron pintadas antiimperialistas, anticapitalistas y contra la entrega del gobierno. Ni a Corach se le hubiera ocurrido.
Es que así son las cosas cuando se abandonan las ideas para abroquelarse en el posibilismo. En 1999 José Mujica adelantaba lo que vendría: "cambiar el sistema es actualmente una utopía", decía. El VI Congreso del MPP, en 2004, oficializó la estrategia del "cambio posible" y el “pragmatismo”, y mientras en el discurso siguen reinvindicando a los compañeros tupamaros y a los revolucionarios de todo el mundo, eligieron el camino de la conciliación, y por ende, de la claudicación.
Hoy, los tupamaros integrantes del gobierno del FA-EP son la garantía del sistema democrático burgués del Uruguay. Como denuncia casi en soledad “El Tambero” Zabalza, “se han transformado. Si un gobierno popular aplica las mismas medidas que un gobierno reaccionario, la que gobierna entonces es la farsa”.
En esta farsa, un coronel acusado de violaciones de derechos humanos fue ascendido a general; el actual coordinador general de los servicios de información del ejército y la policía, y el administrador de toda la cuenca del río Uruguay participaron activamente en violaciones a los derechos humanos; una cantidad de comisarios de la policía que fueron procesados por la Masacre del Filtro de 1994 con dos asesinados y decenas de heridos siguen en funciones (uno de ellos, que participó en 1972 en el asesinato de ocho militantes comunistas, es hoy el director nacional de cárceles); el jefe de la fuerza aérea confesó públicamente que participó de los "vuelos de la muerte" desde el centro clandestino de detención Automotores Orletti.
Bien lejos está la política real de Tabaré Vázquez de su propia propuesta electoral, pese a que tampoco prometió en la campaña la revolución socialista, sino sólo algunas medidas elementales de mayor distribución de la riqueza, transparencia y participación popular. Si entonces decían “rechazamos el actual proyecto ALCA y los eventuales acuerdos bilaterales de comercio con Estados Unidos concebidos en este marco”, hoy sólo dicen que el ALCA es un objetivo “a largo plazo”, que “todavía no están dadas las condiciones necesarias” para lograr un acuerdo y se apuran a firmar acuerdos bilaterales.
Párrafo aparte merecen las justificaciones esgrimidas para algunas de esas medidas. Cuando todos los senadores del Encuentro Progresista votaron el envío de 200 soldados a Haití, Fernández Huidobro dijo que era "una equivocada política internacional”, pero que "ahora hay que hablar en nombre del país" y "no se le puede negar al país lo que pide", argumentando además que se trataba de "hechos consumados". En la sesión del congreso que autorizó la participación en las maniobras UNITAS, abundaron las citas del sociólogo alemán Max Weber, y a lo sumo algunos legisladores optaron por abandonar momentáneamente su banca o pedir licencia ex profeso para no estar en sala. El premio a la inventiva lo obtuvo el diputado del MPP Luis Rosadilla, que dijo que el Poder Ejecutivo remitió tarde el proyecto de UNITAS y que no hubo tiempo para debatir profundamente el tema.
Poco después de esa votación hubo un acto de homenaje al Che en el aniversario de la toma de Pando, y ahí estuvieron todos, agitando banderas de izquierda y reivindicando a los compañeros caídos. Mujica explicó entonces que "No es andar a los tiros hacer la revolución", y regaló a la audiencia una relectura de la doctrina guevarista: Sostuvo que el ideario revolucionario de Guevara se basa en que el principal problema de nuestro tiempo es la sociedad de consumo, porque “La esclavitud contemporánea está basada en la creación de una sensación de libertad que se concreta en la orientación a consumir. Tenemos que aprender a ser machetes, a consumir lo mínimo".
Huidobro, por su parte, afirmó que votó la participación en las maniobras militares por convicción, no por disciplina, porque no habían tenido tiempo de avisar que Uruguay no participaría. "Nos fallan las articulaciones", dijo. “Falla la articulación del gobierno y la fuerza política, la del Ejecutivo y el legislativo, del gobierno y la fuerza política y las organizaciones sociales, de las intendencias y los ministerios".
Como dijimos en el mes de mayo en estas páginas, refiriéndonos a los mejores alumnos del FMI, Lula y Tabaré, “el devenir de estos gobiernos estuvo signado desde su mismo origen. El ascenso a la presidencia de una fuerza que se reivindique de izquierda como el FA o el PT, mediante los más variados y amplios frentes electorales, las alianzas de clases y la defensa de la democracia burguesa, siempre termina (y comienza) marcándola a fuego con el sello de proimperialista”.
Una vez más la historia nos enseña que los frentes con la burguesía tienen un solo destino: la profundización de la explotación y la entrega, a costa del pueblo.