El Revolucionario Nº8 (Noviembre de 2005)
El 1º de marzo de 2005 la ceremonia de jura presidencial del médico oncólogo Tabaré Vázquez en la República de Uruguay tuvo como invitados especiales a quienes el diario El País de Madrid definió como “líderes de izquierda latinoamericanos, como el brasileño Lula da Silva, el venezolano Hugo Chávez, el argentino Néstor Kirchner, el peruano Alejandro Toledo y el chileno Ricardo Lagos”. Se destacaba en la nota que la ausencia del cubano Fidel Castro se debía al obligado reposo por el accidente en una rodilla sufrido unos meses antes “en una aparatosa caída transmitida por televisión” que no evitó que Montevideo se llenara de pintadas saludando “Bienvenidos Chávez y Fidel”.
En Buenos Aires, mientras algunos partidos de izquierda celebraban el triunfo electoral como si fuera propio, uno de sus referentes declaraba a la prensa “Debemos actuar utilizando la experiencia uruguaya como un fuerte ejemplo inspirador”, estrategia que acabamos de ver plasmada (y fracasada) en el Encuentro Amplio vernáculo.
En el discurso de asunción, y en el posterior mensaje al pueblo uruguayo esa misma noche, Vázquez repitió que los ejes de su gobierno serían los tres enunciados en 1999 en el programa del FA-EP: la búsqueda de la justicia social, la transformación del Uruguay en un país productivo y la democratización del Estado y la sociedad. Prometió atender prioritariamente al 40 por ciento de la población uruguaya que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos, terminar la política de impunidad para los genocidas sostenida por sus antecesores, y reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba, interrumpidas durante la presidencia de Batlle. De las tres promesas, sólo una fue inmediatamente cumplida: la última, que sólo requería la firma de un decreto presidencial.
Sobre la deuda externa y las relaciones con los organismos internacionales de crédito, decía inicialmente el programa electoral triunfante del FA-EP: “El gobierno progresista, sin rehuir las obligaciones contraídas por el Estado, buscará solucionar el problema de la carga de la deuda externa, sin allanarse ante imposiciones o condicionamientos de los organismos internacionales.” Claro que, como en la pared que exhibía las Leyes de la Granja de los Animales, pronto se coló un “añadido” nada inocente. La versión final del anterior enunciado quedó así: “El gobierno progresista, sin rehuir las obligaciones contraídas por el Estado, buscará aliviar la carga de la deuda externa, sin aceptar imposiciones de los organismos internacionales de crédito, renegociando plazos y reformulando el perfil de la misma”.
En esa nueva sintonía, el gobierno progresista mantuvo, en los pasados ocho meses de gobierno, la misma política económica que los gobiernos colorados, blancos o combinados: restricción del salario, de las jubilaciones, deterioro en la demanda del mercado interno y apuesta a las inversiones privadas. Entre las medidas concretas, se destacan el aumento de la presión impositiva (cuando lo prometido en la campaña era la reducción del IVA y del impuesto a los retribuciones personales, hasta llegar a la eliminación de este último, en el plazo más rápido posible) y la propuesta de pasar las empresas públicas al derecho privado y asociarlas con empresas extranjeras, lo que, aunque evita el uso de la expresión “privatización” que ya suena políticamente incorrecta, en la práctica significa que serán capitales extranjeros los que explotarán los servicios públicos uruguayos, sin control alguno por el estado, con el único fin de acumular ganancias y remitirlas a sus centros financieros.
Tabaré Vázquez, sindicado por el presidente venezolano Chávez como uno de los “espadachines” que se habrían batido durante la Cumbre de Presidentes contra el imperialismo, regresó al paisito trayendo bajo el brazo el tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Estados Unidos, firmado en Mar del Plata durante sus reuniones bilaterales con George W. Bush. Vázquez calificó el convenio como "hecho histórico", exagerando de tal modo que su propio canciller, Reinaldo Gargano, debió relativizar que aunque importante, no se le debe atribuir una "importancia excesiva".
Eleuterio Fernández Huidobro, apodado “El Ñato”, fundador de Tupamaros a principios de los '60, preso de la dictadura y estratega de la coalición frenteamplista, decía sobre la negociación de la deuda externa hace menos de un año: “Ahí nos jugamos una parada para los próximos cinco años”. Y se la jugaron, nomás, apostando a satisfacer los intereses del imperio. Primero firmaron el convenio con el FMI en el que Uruguay se compromete a llegar al 4 por ciento del superávit primario, además de la fijación del precio del dólar, la autonomización del Banco Central y otras medidas semejantes que atan al cumplimiento de esas metas toda posible inversión en educación, salud, plan de viviendas o seguridad social. Después, y al mismo tiempo que en Buenos Aires, Mar del Plata y Montevideo las policías argentina y uruguaya reprimían las marchas contra el presidente yanqui, Uruguay y Estados Unidos firmaron el Tratado de Protección de Inversiones.
No es menor recordar que la corriente hegemónica del Encuentro Progresista-Frente Amplio y, por ende, el principal sostén político del gobierno de Tabaré Vázquez, es el Movimiento de Participación Popular MPP. Sus miembros comandan dos ministerios claves, el de Ganadería, Agricultura y Pesca (José Mujica) y el de Trabajo y Seguridad Social (Eduardo Bonomi). Fernández Huidobro, uno de sus dirigentes históricos, preside la Comisión de Defensa del Senado, y la ex sindicalista Nora Castro preside la Cámara de Diputados. Desde julio, Ricardo Ehrlich es el alcalde de Montevideo. En las elecciones nacionales del 31 de octubre 2004, el MPP obtuvo más de 320 mil votos, equivalente al 29% de la votación total del Encuentro Progresista-Frente Amplio. Tienen 52 ediles en todo el país, 6 senadores y 18 diputados.
Todos esos funcionarios “populares” han promovido y votado medidas como el envío de tropas a Haití, contribuyendo no sólo a la ocupación armada del país hermano, sino a liberar marines yanquis para que puedan ser afectados a Irak; la participación en las maniobras militares UNITAS, bajo la dirección de la flota norteamericana; la instalación de plantas de celulosa de capital europeo sobre el río Uruguay, a costa de la contaminación del curso fluvial afectando su país y el nuestro o el ascenso de militares responsables de violaciones a los derechos humanos. Ni rastro en su política del rompimiento con el FMI, el no pago de la deuda externa, la reforma agraria o la estatización de la banca y el comercio exterior, o de la exigencia de anular la Ley de Caducidad de la acción penal contra los genocidas o de desmantelar el aparato represivo.
Por el contrario, palos y balas a los jóvenes consecuentes que marcharon contra Bush y contra la firma del tratado bilateral el 4 de noviembre, encarcelando a cuatro de ellos bajo la figura legal de “sedición”, con el argumento de que hicieron pintadas antiimperialistas, anticapitalistas y contra la entrega del gobierno. Ni a Corach se le hubiera ocurrido.
Es que así son las cosas cuando se abandonan las ideas para abroquelarse en el posibilismo. En 1999 José Mujica adelantaba lo que vendría: "cambiar el sistema es actualmente una utopía", decía. El VI Congreso del MPP, en 2004, oficializó la estrategia del "cambio posible" y el “pragmatismo”, y mientras en el discurso siguen reinvindicando a los compañeros tupamaros y a los revolucionarios de todo el mundo, eligieron el camino de la conciliación, y por ende, de la claudicación.
Hoy, los tupamaros integrantes del gobierno del FA-EP son la garantía del sistema democrático burgués del Uruguay. Como denuncia casi en soledad “El Tambero” Zabalza, “se han transformado. Si un gobierno popular aplica las mismas medidas que un gobierno reaccionario, la que gobierna entonces es la farsa”.
En esta farsa, un coronel acusado de violaciones de derechos humanos fue ascendido a general; el actual coordinador general de los servicios de información del ejército y la policía, y el administrador de toda la cuenca del río Uruguay participaron activamente en violaciones a los derechos humanos; una cantidad de comisarios de la policía que fueron procesados por la Masacre del Filtro de 1994 con dos asesinados y decenas de heridos siguen en funciones (uno de ellos, que participó en 1972 en el asesinato de ocho militantes comunistas, es hoy el director nacional de cárceles); el jefe de la fuerza aérea confesó públicamente que participó de los "vuelos de la muerte" desde el centro clandestino de detención Automotores Orletti.
Bien lejos está la política real de Tabaré Vázquez de su propia propuesta electoral, pese a que tampoco prometió en la campaña la revolución socialista, sino sólo algunas medidas elementales de mayor distribución de la riqueza, transparencia y participación popular. Si entonces decían “rechazamos el actual proyecto ALCA y los eventuales acuerdos bilaterales de comercio con Estados Unidos concebidos en este marco”, hoy sólo dicen que el ALCA es un objetivo “a largo plazo”, que “todavía no están dadas las condiciones necesarias” para lograr un acuerdo y se apuran a firmar acuerdos bilaterales.
Párrafo aparte merecen las justificaciones esgrimidas para algunas de esas medidas. Cuando todos los senadores del Encuentro Progresista votaron el envío de 200 soldados a Haití, Fernández Huidobro dijo que era "una equivocada política internacional”, pero que "ahora hay que hablar en nombre del país" y "no se le puede negar al país lo que pide", argumentando además que se trataba de "hechos consumados". En la sesión del congreso que autorizó la participación en las maniobras UNITAS, abundaron las citas del sociólogo alemán Max Weber, y a lo sumo algunos legisladores optaron por abandonar momentáneamente su banca o pedir licencia ex profeso para no estar en sala. El premio a la inventiva lo obtuvo el diputado del MPP Luis Rosadilla, que dijo que el Poder Ejecutivo remitió tarde el proyecto de UNITAS y que no hubo tiempo para debatir profundamente el tema.
Poco después de esa votación hubo un acto de homenaje al Che en el aniversario de la toma de Pando, y ahí estuvieron todos, agitando banderas de izquierda y reivindicando a los compañeros caídos. Mujica explicó entonces que "No es andar a los tiros hacer la revolución", y regaló a la audiencia una relectura de la doctrina guevarista: Sostuvo que el ideario revolucionario de Guevara se basa en que el principal problema de nuestro tiempo es la sociedad de consumo, porque “La esclavitud contemporánea está basada en la creación de una sensación de libertad que se concreta en la orientación a consumir. Tenemos que aprender a ser machetes, a consumir lo mínimo".
Huidobro, por su parte, afirmó que votó la participación en las maniobras militares por convicción, no por disciplina, porque no habían tenido tiempo de avisar que Uruguay no participaría. "Nos fallan las articulaciones", dijo. “Falla la articulación del gobierno y la fuerza política, la del Ejecutivo y el legislativo, del gobierno y la fuerza política y las organizaciones sociales, de las intendencias y los ministerios".
Como dijimos en el mes de mayo en estas páginas, refiriéndonos a los mejores alumnos del FMI, Lula y Tabaré, “el devenir de estos gobiernos estuvo signado desde su mismo origen. El ascenso a la presidencia de una fuerza que se reivindique de izquierda como el FA o el PT, mediante los más variados y amplios frentes electorales, las alianzas de clases y la defensa de la democracia burguesa, siempre termina (y comienza) marcándola a fuego con el sello de proimperialista”.
Una vez más la historia nos enseña que los frentes con la burguesía tienen un solo destino: la profundización de la explotación y la entrega, a costa del pueblo.
El 1º de marzo de 2005 la ceremonia de jura presidencial del médico oncólogo Tabaré Vázquez en la República de Uruguay tuvo como invitados especiales a quienes el diario El País de Madrid definió como “líderes de izquierda latinoamericanos, como el brasileño Lula da Silva, el venezolano Hugo Chávez, el argentino Néstor Kirchner, el peruano Alejandro Toledo y el chileno Ricardo Lagos”. Se destacaba en la nota que la ausencia del cubano Fidel Castro se debía al obligado reposo por el accidente en una rodilla sufrido unos meses antes “en una aparatosa caída transmitida por televisión” que no evitó que Montevideo se llenara de pintadas saludando “Bienvenidos Chávez y Fidel”.
En Buenos Aires, mientras algunos partidos de izquierda celebraban el triunfo electoral como si fuera propio, uno de sus referentes declaraba a la prensa “Debemos actuar utilizando la experiencia uruguaya como un fuerte ejemplo inspirador”, estrategia que acabamos de ver plasmada (y fracasada) en el Encuentro Amplio vernáculo.
En el discurso de asunción, y en el posterior mensaje al pueblo uruguayo esa misma noche, Vázquez repitió que los ejes de su gobierno serían los tres enunciados en 1999 en el programa del FA-EP: la búsqueda de la justicia social, la transformación del Uruguay en un país productivo y la democratización del Estado y la sociedad. Prometió atender prioritariamente al 40 por ciento de la población uruguaya que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos, terminar la política de impunidad para los genocidas sostenida por sus antecesores, y reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba, interrumpidas durante la presidencia de Batlle. De las tres promesas, sólo una fue inmediatamente cumplida: la última, que sólo requería la firma de un decreto presidencial.
Sobre la deuda externa y las relaciones con los organismos internacionales de crédito, decía inicialmente el programa electoral triunfante del FA-EP: “El gobierno progresista, sin rehuir las obligaciones contraídas por el Estado, buscará solucionar el problema de la carga de la deuda externa, sin allanarse ante imposiciones o condicionamientos de los organismos internacionales.” Claro que, como en la pared que exhibía las Leyes de la Granja de los Animales, pronto se coló un “añadido” nada inocente. La versión final del anterior enunciado quedó así: “El gobierno progresista, sin rehuir las obligaciones contraídas por el Estado, buscará aliviar la carga de la deuda externa, sin aceptar imposiciones de los organismos internacionales de crédito, renegociando plazos y reformulando el perfil de la misma”.
En esa nueva sintonía, el gobierno progresista mantuvo, en los pasados ocho meses de gobierno, la misma política económica que los gobiernos colorados, blancos o combinados: restricción del salario, de las jubilaciones, deterioro en la demanda del mercado interno y apuesta a las inversiones privadas. Entre las medidas concretas, se destacan el aumento de la presión impositiva (cuando lo prometido en la campaña era la reducción del IVA y del impuesto a los retribuciones personales, hasta llegar a la eliminación de este último, en el plazo más rápido posible) y la propuesta de pasar las empresas públicas al derecho privado y asociarlas con empresas extranjeras, lo que, aunque evita el uso de la expresión “privatización” que ya suena políticamente incorrecta, en la práctica significa que serán capitales extranjeros los que explotarán los servicios públicos uruguayos, sin control alguno por el estado, con el único fin de acumular ganancias y remitirlas a sus centros financieros.
Tabaré Vázquez, sindicado por el presidente venezolano Chávez como uno de los “espadachines” que se habrían batido durante la Cumbre de Presidentes contra el imperialismo, regresó al paisito trayendo bajo el brazo el tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Estados Unidos, firmado en Mar del Plata durante sus reuniones bilaterales con George W. Bush. Vázquez calificó el convenio como "hecho histórico", exagerando de tal modo que su propio canciller, Reinaldo Gargano, debió relativizar que aunque importante, no se le debe atribuir una "importancia excesiva".
Eleuterio Fernández Huidobro, apodado “El Ñato”, fundador de Tupamaros a principios de los '60, preso de la dictadura y estratega de la coalición frenteamplista, decía sobre la negociación de la deuda externa hace menos de un año: “Ahí nos jugamos una parada para los próximos cinco años”. Y se la jugaron, nomás, apostando a satisfacer los intereses del imperio. Primero firmaron el convenio con el FMI en el que Uruguay se compromete a llegar al 4 por ciento del superávit primario, además de la fijación del precio del dólar, la autonomización del Banco Central y otras medidas semejantes que atan al cumplimiento de esas metas toda posible inversión en educación, salud, plan de viviendas o seguridad social. Después, y al mismo tiempo que en Buenos Aires, Mar del Plata y Montevideo las policías argentina y uruguaya reprimían las marchas contra el presidente yanqui, Uruguay y Estados Unidos firmaron el Tratado de Protección de Inversiones.
No es menor recordar que la corriente hegemónica del Encuentro Progresista-Frente Amplio y, por ende, el principal sostén político del gobierno de Tabaré Vázquez, es el Movimiento de Participación Popular MPP. Sus miembros comandan dos ministerios claves, el de Ganadería, Agricultura y Pesca (José Mujica) y el de Trabajo y Seguridad Social (Eduardo Bonomi). Fernández Huidobro, uno de sus dirigentes históricos, preside la Comisión de Defensa del Senado, y la ex sindicalista Nora Castro preside la Cámara de Diputados. Desde julio, Ricardo Ehrlich es el alcalde de Montevideo. En las elecciones nacionales del 31 de octubre 2004, el MPP obtuvo más de 320 mil votos, equivalente al 29% de la votación total del Encuentro Progresista-Frente Amplio. Tienen 52 ediles en todo el país, 6 senadores y 18 diputados.
Todos esos funcionarios “populares” han promovido y votado medidas como el envío de tropas a Haití, contribuyendo no sólo a la ocupación armada del país hermano, sino a liberar marines yanquis para que puedan ser afectados a Irak; la participación en las maniobras militares UNITAS, bajo la dirección de la flota norteamericana; la instalación de plantas de celulosa de capital europeo sobre el río Uruguay, a costa de la contaminación del curso fluvial afectando su país y el nuestro o el ascenso de militares responsables de violaciones a los derechos humanos. Ni rastro en su política del rompimiento con el FMI, el no pago de la deuda externa, la reforma agraria o la estatización de la banca y el comercio exterior, o de la exigencia de anular la Ley de Caducidad de la acción penal contra los genocidas o de desmantelar el aparato represivo.
Por el contrario, palos y balas a los jóvenes consecuentes que marcharon contra Bush y contra la firma del tratado bilateral el 4 de noviembre, encarcelando a cuatro de ellos bajo la figura legal de “sedición”, con el argumento de que hicieron pintadas antiimperialistas, anticapitalistas y contra la entrega del gobierno. Ni a Corach se le hubiera ocurrido.
Es que así son las cosas cuando se abandonan las ideas para abroquelarse en el posibilismo. En 1999 José Mujica adelantaba lo que vendría: "cambiar el sistema es actualmente una utopía", decía. El VI Congreso del MPP, en 2004, oficializó la estrategia del "cambio posible" y el “pragmatismo”, y mientras en el discurso siguen reinvindicando a los compañeros tupamaros y a los revolucionarios de todo el mundo, eligieron el camino de la conciliación, y por ende, de la claudicación.
Hoy, los tupamaros integrantes del gobierno del FA-EP son la garantía del sistema democrático burgués del Uruguay. Como denuncia casi en soledad “El Tambero” Zabalza, “se han transformado. Si un gobierno popular aplica las mismas medidas que un gobierno reaccionario, la que gobierna entonces es la farsa”.
En esta farsa, un coronel acusado de violaciones de derechos humanos fue ascendido a general; el actual coordinador general de los servicios de información del ejército y la policía, y el administrador de toda la cuenca del río Uruguay participaron activamente en violaciones a los derechos humanos; una cantidad de comisarios de la policía que fueron procesados por la Masacre del Filtro de 1994 con dos asesinados y decenas de heridos siguen en funciones (uno de ellos, que participó en 1972 en el asesinato de ocho militantes comunistas, es hoy el director nacional de cárceles); el jefe de la fuerza aérea confesó públicamente que participó de los "vuelos de la muerte" desde el centro clandestino de detención Automotores Orletti.
Bien lejos está la política real de Tabaré Vázquez de su propia propuesta electoral, pese a que tampoco prometió en la campaña la revolución socialista, sino sólo algunas medidas elementales de mayor distribución de la riqueza, transparencia y participación popular. Si entonces decían “rechazamos el actual proyecto ALCA y los eventuales acuerdos bilaterales de comercio con Estados Unidos concebidos en este marco”, hoy sólo dicen que el ALCA es un objetivo “a largo plazo”, que “todavía no están dadas las condiciones necesarias” para lograr un acuerdo y se apuran a firmar acuerdos bilaterales.
Párrafo aparte merecen las justificaciones esgrimidas para algunas de esas medidas. Cuando todos los senadores del Encuentro Progresista votaron el envío de 200 soldados a Haití, Fernández Huidobro dijo que era "una equivocada política internacional”, pero que "ahora hay que hablar en nombre del país" y "no se le puede negar al país lo que pide", argumentando además que se trataba de "hechos consumados". En la sesión del congreso que autorizó la participación en las maniobras UNITAS, abundaron las citas del sociólogo alemán Max Weber, y a lo sumo algunos legisladores optaron por abandonar momentáneamente su banca o pedir licencia ex profeso para no estar en sala. El premio a la inventiva lo obtuvo el diputado del MPP Luis Rosadilla, que dijo que el Poder Ejecutivo remitió tarde el proyecto de UNITAS y que no hubo tiempo para debatir profundamente el tema.
Poco después de esa votación hubo un acto de homenaje al Che en el aniversario de la toma de Pando, y ahí estuvieron todos, agitando banderas de izquierda y reivindicando a los compañeros caídos. Mujica explicó entonces que "No es andar a los tiros hacer la revolución", y regaló a la audiencia una relectura de la doctrina guevarista: Sostuvo que el ideario revolucionario de Guevara se basa en que el principal problema de nuestro tiempo es la sociedad de consumo, porque “La esclavitud contemporánea está basada en la creación de una sensación de libertad que se concreta en la orientación a consumir. Tenemos que aprender a ser machetes, a consumir lo mínimo".
Huidobro, por su parte, afirmó que votó la participación en las maniobras militares por convicción, no por disciplina, porque no habían tenido tiempo de avisar que Uruguay no participaría. "Nos fallan las articulaciones", dijo. “Falla la articulación del gobierno y la fuerza política, la del Ejecutivo y el legislativo, del gobierno y la fuerza política y las organizaciones sociales, de las intendencias y los ministerios".
Como dijimos en el mes de mayo en estas páginas, refiriéndonos a los mejores alumnos del FMI, Lula y Tabaré, “el devenir de estos gobiernos estuvo signado desde su mismo origen. El ascenso a la presidencia de una fuerza que se reivindique de izquierda como el FA o el PT, mediante los más variados y amplios frentes electorales, las alianzas de clases y la defensa de la democracia burguesa, siempre termina (y comienza) marcándola a fuego con el sello de proimperialista”.
Una vez más la historia nos enseña que los frentes con la burguesía tienen un solo destino: la profundización de la explotación y la entrega, a costa del pueblo.