Ante la coyuntura económica internacional, gobierno, empresarios y burocracia buscan mantener la prosperidad de los negocios de la burguesía en su conjunto. Para ello, echan el peso de la crisis sobre los trabajadores.
El Revolucionario Nº42 (Diciembre de 2008)
De negar los despidos, la burocracia pasó, inmediatamente, junto a las patronales, a acordarlos. Mientras se suceden reuniones entre gobierno, empresarios y burocracia sindical, para afrontar la crisis, los trabajadores, en sus fábricas, ya sufren directamente los embates. Por supuesto, en ningún momento, a la dirección sindical se le cruzó por la mente la idea de impulsar un mínimo plan de lucha contra los despidos, ni siquiera una movilización, como sí organiza, reiteradamente, para apoyar los anuncios del gobierno.
Cesantías entre los trabajadores más precarizados, reducciones salariales, suspensiones de las plantas permanentes y de turnos, reducción de horarios, recorte de horas extras, vacaciones obligadas, etc., son promovidas por las direcciones burocráticas como la antesala de los despidos y un futuro más negro. De hecho, solamente considerando a los trabajadores registrados, que representan apenas la mitad de la población ocupada y son los más “protegidos” por la ley, la cantidad de pérdidas de puestos de trabajo es alarmante. En el sector cárnico, además de 3.348 suspensiones, hubo ya 1.562 despedidos; entre los bancarios, otros 1.400; 1.200 en la industria de curtiembres; en el sector automotriz, fue afectada la labor de 11.974 empleados; y la lista sigue.
Sin duda, el caso más nombrado fue el de los trabajadores de la multinacional General Motors, en Santa Fe. Allí, el rol de la burocracia entregando obreros es aleccionador. A cambio de evitar los despidos, ésta pactó una reducción salarial a todos los operarios: a fines de 2009, cobrarán sólo el 40% de su sueldo actual. Las suspensiones previstas por la empresa afectarían a 160 obreros, pero la cúpula de SMATA la superó y propuso que los 2.300 empleados corrieran igual suerte. Como si se tratara de una conquista, Marcelo Barros, titular de la CGT provincial, declaró: “Queremos suspensiones rotativas para todos por igual.”. En la misma sintonía, los principales sindicatos petroleros acordaron con las empresas del sector (YPF, Total, Pan American, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Petrobrás) y el gobierno, el congelamiento salarial, suspendiendo “por el plazo de seis meses las negociaciones colectivas y paritarias vigentes”, a cambio del compromiso patronal de “no despedir gente”.
Ése, y no otro, es el papel de la burocracia sindical: reaseguro del gobierno y de empresarios.
EL ABC PERONISTA
Hace días, en la UIA, la presidenta, además de anunciar una batería de medidas todas favorables para los empresarios (como prórrogas y exenciones impositivas, deducción de aportes patronales), declaró: “Vamos a hacer todos, cada uno en su función que le toca, un esfuerzo para que, finalmente, podamos cumplir con ese objetivo de mantener la actividad.” En sintonía con ese planteo, el diputado y principal asesor jurídico cegetista, Héctor Recalde, señaló: “Las empresas y los trabajadores deben encontrar una manera conjunta de defenderse de la agresión exterior, la crisis internacional que no es nuestra, buscando razonablemente que cada uno ponga su parte.”
Siguiendo la doctrina peronista, llaman a armonizar los intereses opuestos de patrones y obreros, y a que cada parte sacrifique algo, pretendiendo, así, poner en pie de igualdad a los desiguales. En efecto, mientras los sectores empresariales que encabezan los despidos son quienes más se beneficiaron con estos años de kirchnerismo, gobierno, empresarios y burocracia echan el peso de la crisis sobre los trabajadores, y se lo hacen pagar con su puesto de trabajo o su salario, para beneficio de las patronales.
Tras el verso, que por estos días todos repiten a coro, de “sostener la actividad económica y los niveles de empleo”, la principal variable de ajuste, tal como siempre lo es bajo el capitalismo, son los trabajadores. La burocracia sindical lo garantiza.
De negar los despidos, la burocracia pasó, inmediatamente, junto a las patronales, a acordarlos. Mientras se suceden reuniones entre gobierno, empresarios y burocracia sindical, para afrontar la crisis, los trabajadores, en sus fábricas, ya sufren directamente los embates. Por supuesto, en ningún momento, a la dirección sindical se le cruzó por la mente la idea de impulsar un mínimo plan de lucha contra los despidos, ni siquiera una movilización, como sí organiza, reiteradamente, para apoyar los anuncios del gobierno.
Cesantías entre los trabajadores más precarizados, reducciones salariales, suspensiones de las plantas permanentes y de turnos, reducción de horarios, recorte de horas extras, vacaciones obligadas, etc., son promovidas por las direcciones burocráticas como la antesala de los despidos y un futuro más negro. De hecho, solamente considerando a los trabajadores registrados, que representan apenas la mitad de la población ocupada y son los más “protegidos” por la ley, la cantidad de pérdidas de puestos de trabajo es alarmante. En el sector cárnico, además de 3.348 suspensiones, hubo ya 1.562 despedidos; entre los bancarios, otros 1.400; 1.200 en la industria de curtiembres; en el sector automotriz, fue afectada la labor de 11.974 empleados; y la lista sigue.
Sin duda, el caso más nombrado fue el de los trabajadores de la multinacional General Motors, en Santa Fe. Allí, el rol de la burocracia entregando obreros es aleccionador. A cambio de evitar los despidos, ésta pactó una reducción salarial a todos los operarios: a fines de 2009, cobrarán sólo el 40% de su sueldo actual. Las suspensiones previstas por la empresa afectarían a 160 obreros, pero la cúpula de SMATA la superó y propuso que los 2.300 empleados corrieran igual suerte. Como si se tratara de una conquista, Marcelo Barros, titular de la CGT provincial, declaró: “Queremos suspensiones rotativas para todos por igual.”. En la misma sintonía, los principales sindicatos petroleros acordaron con las empresas del sector (YPF, Total, Pan American, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Petrobrás) y el gobierno, el congelamiento salarial, suspendiendo “por el plazo de seis meses las negociaciones colectivas y paritarias vigentes”, a cambio del compromiso patronal de “no despedir gente”.
Ése, y no otro, es el papel de la burocracia sindical: reaseguro del gobierno y de empresarios.
EL ABC PERONISTA
Hace días, en la UIA, la presidenta, además de anunciar una batería de medidas todas favorables para los empresarios (como prórrogas y exenciones impositivas, deducción de aportes patronales), declaró: “Vamos a hacer todos, cada uno en su función que le toca, un esfuerzo para que, finalmente, podamos cumplir con ese objetivo de mantener la actividad.” En sintonía con ese planteo, el diputado y principal asesor jurídico cegetista, Héctor Recalde, señaló: “Las empresas y los trabajadores deben encontrar una manera conjunta de defenderse de la agresión exterior, la crisis internacional que no es nuestra, buscando razonablemente que cada uno ponga su parte.”
Siguiendo la doctrina peronista, llaman a armonizar los intereses opuestos de patrones y obreros, y a que cada parte sacrifique algo, pretendiendo, así, poner en pie de igualdad a los desiguales. En efecto, mientras los sectores empresariales que encabezan los despidos son quienes más se beneficiaron con estos años de kirchnerismo, gobierno, empresarios y burocracia echan el peso de la crisis sobre los trabajadores, y se lo hacen pagar con su puesto de trabajo o su salario, para beneficio de las patronales.
Tras el verso, que por estos días todos repiten a coro, de “sostener la actividad económica y los niveles de empleo”, la principal variable de ajuste, tal como siempre lo es bajo el capitalismo, son los trabajadores. La burocracia sindical lo garantiza.