Ante el panorama de la venta de una parte de Telecom, varios grupos empresarios locales se mueven deseosos de quedarse con el jugoso negocio, mientras el gobierno amenaza con una “estatización” si la empresa no se decide a vender.
Telecom y Telefónica llegaron a la Argentina en la década del ‘90 durante el gobierno del PJ, conducido por esos días por Carlos Menem, con la privatización de la compañía estatal ENTel(1). Desde entonces, realizaron extraordinarios negocios en el país, potenciados por un dominio monopólico del mercado (que varios parecen descubrir recién ahora), la explosión del negocio de la telefonía celular e Internet, por no mencionar el futuro prometedor para su emprendimiento que abriría la nueva ley de medios en el campo de las telecomunicaciones. El año pasado, por ejemplo, la empresa Telecom Argentina, cuya propiedad se reparten Telecom Italia y la familia Werthein, de buena llegada al gobierno, declaró ganancias superiores a los $1.000 millones.
La reciente compra, en Europa, de una parte de la empresa Telecom Italia por parte de Telefónica, abrió la puerta para que varios grupos empresarios locales, interesados en quedarse con el multimillonario y prometedor negocio, presionaran al gobierno para que se lanzara la denuncia por actividad monopólica. Basta con ver cuáles son las empresas que están en carrera para quedarse con la parte de la telefónica en cuestión, para saber cuál es la magnitud del negocio y las posibilidades que ofrece esta empresa. Ya firmaron una carta ratificando su voluntad de compra y están en discusión directa con Telecom Italia, Irsa (de Eduardo Elsztain), Eduardo Eurnekian junto con un grupo de empresarios de diversos rubros y Genevieve Financial Corp., una empresa conformada en Panamá de accionistas desconocidos. Las ofertas de compra por la porción de la empresa que es propiedad de Telecom Italia llegarían hasta los 900 millones de dólares. También se había anotado, en un principio, entre los interesados, el Grupo Clarín.
De la misma forma en la que se había movido el gobierno de Zapatero ante la compra de Aerolíneas Argentinas del grupo Marsans, las autoridades italianas, hasta el propio Berlusconi, se pronunciaron a favor de la empresa local y elevaron reclamos pidiendo la intervención de diversos organismos de comercio internacional y del parlamento europeo, con el único fin de asegurar que la venta de Telecom sea un gran negocio para el capital italiano.
Al mismo tiempo, el gobierno kirchnerista, ante la posibilidad de que se demore o entorpezca el negocio, salió a anunciar, en boca del ministro de planificación Julio De Vido, que no descarta la posibilidad de estatizar esa porción de la empresa, siguiendo el modelo de Aerolíneas(2).
Sea como sea, está más que claro que el cambio de dueños en Telecom no implicará ningún ejercicio de soberanía como intentarán presentarlo los voceros del gobierno. Todavía está fresco el caso de Paraná Metal “salvada” por el empresario kirchnerista Cristóbal López, hoy nuevamente en conflicto con sus trabajadores ante el intento de profundizar las suspensiones y el incumplimiento en el pago de los salarios. Sí será, por el contrario, un gran negocio para la empresa italiana, que tendrá garantizada una venta a un precio multimillonario. Y también lo será para el grupo empresario que, amparado por el gobierno, se quede con Telecom y con su extraordinaria facturación.
……
Notas:
1) A poco de iniciado su gobierno, Menem nombró a María Julia Alsogaray como interventora de ENTel hasta que se concretara la privatización. Durante ese breve período, la deuda de la empresa aumentó en un 122% (llegando a superar los u$s2.000 millones). Esta deuda, que tuvo entre sus principales acreedores a los grupos Pérez Companc y Techint, fue absorbida en su totalidad por el estado nacional antes de entregar la empresa a Telecom y Telefónica.
2) No está de más recordar que la compra de Aerolíneas Argentinas, que aún no está cerrada formalmente, implicó que el estado argentino se hiciera cargo de una multimillonaria deuda generada por el vaciamiento de la empresa por parte de su anterior propietario, el grupo español Marsans. Actualmente está dirigida por el hijo del abogado de la CGT Héctor Recalde, y no son pocas las denuncias de corrupción que ya pesan sobre la nueva administración.
Telecom y Telefónica llegaron a la Argentina en la década del ‘90 durante el gobierno del PJ, conducido por esos días por Carlos Menem, con la privatización de la compañía estatal ENTel(1). Desde entonces, realizaron extraordinarios negocios en el país, potenciados por un dominio monopólico del mercado (que varios parecen descubrir recién ahora), la explosión del negocio de la telefonía celular e Internet, por no mencionar el futuro prometedor para su emprendimiento que abriría la nueva ley de medios en el campo de las telecomunicaciones. El año pasado, por ejemplo, la empresa Telecom Argentina, cuya propiedad se reparten Telecom Italia y la familia Werthein, de buena llegada al gobierno, declaró ganancias superiores a los $1.000 millones.
La reciente compra, en Europa, de una parte de la empresa Telecom Italia por parte de Telefónica, abrió la puerta para que varios grupos empresarios locales, interesados en quedarse con el multimillonario y prometedor negocio, presionaran al gobierno para que se lanzara la denuncia por actividad monopólica. Basta con ver cuáles son las empresas que están en carrera para quedarse con la parte de la telefónica en cuestión, para saber cuál es la magnitud del negocio y las posibilidades que ofrece esta empresa. Ya firmaron una carta ratificando su voluntad de compra y están en discusión directa con Telecom Italia, Irsa (de Eduardo Elsztain), Eduardo Eurnekian junto con un grupo de empresarios de diversos rubros y Genevieve Financial Corp., una empresa conformada en Panamá de accionistas desconocidos. Las ofertas de compra por la porción de la empresa que es propiedad de Telecom Italia llegarían hasta los 900 millones de dólares. También se había anotado, en un principio, entre los interesados, el Grupo Clarín.
De la misma forma en la que se había movido el gobierno de Zapatero ante la compra de Aerolíneas Argentinas del grupo Marsans, las autoridades italianas, hasta el propio Berlusconi, se pronunciaron a favor de la empresa local y elevaron reclamos pidiendo la intervención de diversos organismos de comercio internacional y del parlamento europeo, con el único fin de asegurar que la venta de Telecom sea un gran negocio para el capital italiano.
Al mismo tiempo, el gobierno kirchnerista, ante la posibilidad de que se demore o entorpezca el negocio, salió a anunciar, en boca del ministro de planificación Julio De Vido, que no descarta la posibilidad de estatizar esa porción de la empresa, siguiendo el modelo de Aerolíneas(2).
Sea como sea, está más que claro que el cambio de dueños en Telecom no implicará ningún ejercicio de soberanía como intentarán presentarlo los voceros del gobierno. Todavía está fresco el caso de Paraná Metal “salvada” por el empresario kirchnerista Cristóbal López, hoy nuevamente en conflicto con sus trabajadores ante el intento de profundizar las suspensiones y el incumplimiento en el pago de los salarios. Sí será, por el contrario, un gran negocio para la empresa italiana, que tendrá garantizada una venta a un precio multimillonario. Y también lo será para el grupo empresario que, amparado por el gobierno, se quede con Telecom y con su extraordinaria facturación.
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Notas:
1) A poco de iniciado su gobierno, Menem nombró a María Julia Alsogaray como interventora de ENTel hasta que se concretara la privatización. Durante ese breve período, la deuda de la empresa aumentó en un 122% (llegando a superar los u$s2.000 millones). Esta deuda, que tuvo entre sus principales acreedores a los grupos Pérez Companc y Techint, fue absorbida en su totalidad por el estado nacional antes de entregar la empresa a Telecom y Telefónica.
2) No está de más recordar que la compra de Aerolíneas Argentinas, que aún no está cerrada formalmente, implicó que el estado argentino se hiciera cargo de una multimillonaria deuda generada por el vaciamiento de la empresa por parte de su anterior propietario, el grupo español Marsans. Actualmente está dirigida por el hijo del abogado de la CGT Héctor Recalde, y no son pocas las denuncias de corrupción que ya pesan sobre la nueva administración.