El Revolucionario Nº34 (Abril de 2008)
La fiesta de negocios entre empresarios, funcionarios y gobiernos es tan alevosa y descarada, que la burguesía estadounidense, en su informe anual de marzo último sobre la vigencia de los DDHH en el mundo, tuvo que señalar, por indisimulables, las prácticas corruptas de funcionarios, jueces y policías en nuestro país. Aunque, para erradicar “ese serio problema”, no hace falta que se implemente de manera efectiva tal o cual ley; ni se debe a instituciones “...históricamente débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado...”, como afirma dicho documento.
Recordemos: Skanska y el pago de coimas a funcionarios del gobierno, con la posterior caída de Madaro y Ulloa; Miceli y la bolsa con 100.000 pesos y 30.000 dólares hallada en su despacho; Wilson y la valija venezolana con 800.000 dólares ingresada al país con el aval de funcionarios nacionales para financiar la campaña “Cristina presidenta”; Garré y el contrabando de FAL y FAP a EEUU; Picolotti y su secretaría de medio ambiente, cuya caja sirvió para malversar dineros públicos; Kirchner y los fondos de su provincia, producto de regalías petroleras, depositados en el exterior, y cuyo monto y recorrido financiero es incierto; Panamerican Energy y la prórroga de su contrato para explotar hidrocraburos en Chubut hasta 2027; Eskenazi, principal accionista del Banco Santa Cruz, y la compra, sin desembolsar un peso, de una parte de los activos de Repsol-YPF; autos vip, exentos de impuestos, y su importación al país por diplomáticos para uso personal o su venta a precio de mercado; Atucha II y el desvío millonario de fondos en el área nuclear para la continuación de la obra; leche del plan Más Vida (destinada a hogares de bajos recursos) y su puesta a la venta en Paraguay y en internet por funcionarios bonaerenses; aportes del tesoro nacional (ATN) y sus históricos envíos durante 2007, año eleccionario, a los gobernadores afines al kirchnerismo; la publicidad oficial y su manejo preferencial hacia los medios obsecuentes; en suma, un sinnúmero de negociados que delatan un modus operandi sistemático de la clase dirigente argentina.
Y con este telón, la presidenta Fernández, cuyo patrimonio ha crecido vertiginosamente en los últimos años, ornamenta sus discursos con frases seductoras como “honestidad”, “militancia política”, “una Argentina para los que menos tienen”, “respeto del proceso democrático”, “afianzamiento de la calidad institucional”, etc.
Asociación ilícita, estafas, malversación de caudales públicos, desvío de fondos millonarios, enriquecimiento ilícito, contrabando, exención de impuestos, prórrogas excepcionales en los contratos, coimas, premio a la prensa adicta con el uso discrecional de publicidad oficial, crecimiento exponencial de patrimonios personales, son todas operatorias que demuestran, de modo flagrante, que “la corrupción” no se debe a la ineficiencia o defecto personal de tal o cual ni constituye la excepción. La corrupción es intrínseca al sistema político vigente; se trata ni más ni menos que de la metodología con que la burguesía maneja el estado.
Así gobiernan la burguesía y sus funcionarios, también burgueses; así generan sus ganancias y acumulan su capital, así escalan en el aparato del estado para usufructuar de él, y continuar concretando negociados cada vez más beneficiosos.
La fiesta de negocios entre empresarios, funcionarios y gobiernos es tan alevosa y descarada, que la burguesía estadounidense, en su informe anual de marzo último sobre la vigencia de los DDHH en el mundo, tuvo que señalar, por indisimulables, las prácticas corruptas de funcionarios, jueces y policías en nuestro país. Aunque, para erradicar “ese serio problema”, no hace falta que se implemente de manera efectiva tal o cual ley; ni se debe a instituciones “...históricamente débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado...”, como afirma dicho documento.
Recordemos: Skanska y el pago de coimas a funcionarios del gobierno, con la posterior caída de Madaro y Ulloa; Miceli y la bolsa con 100.000 pesos y 30.000 dólares hallada en su despacho; Wilson y la valija venezolana con 800.000 dólares ingresada al país con el aval de funcionarios nacionales para financiar la campaña “Cristina presidenta”; Garré y el contrabando de FAL y FAP a EEUU; Picolotti y su secretaría de medio ambiente, cuya caja sirvió para malversar dineros públicos; Kirchner y los fondos de su provincia, producto de regalías petroleras, depositados en el exterior, y cuyo monto y recorrido financiero es incierto; Panamerican Energy y la prórroga de su contrato para explotar hidrocraburos en Chubut hasta 2027; Eskenazi, principal accionista del Banco Santa Cruz, y la compra, sin desembolsar un peso, de una parte de los activos de Repsol-YPF; autos vip, exentos de impuestos, y su importación al país por diplomáticos para uso personal o su venta a precio de mercado; Atucha II y el desvío millonario de fondos en el área nuclear para la continuación de la obra; leche del plan Más Vida (destinada a hogares de bajos recursos) y su puesta a la venta en Paraguay y en internet por funcionarios bonaerenses; aportes del tesoro nacional (ATN) y sus históricos envíos durante 2007, año eleccionario, a los gobernadores afines al kirchnerismo; la publicidad oficial y su manejo preferencial hacia los medios obsecuentes; en suma, un sinnúmero de negociados que delatan un modus operandi sistemático de la clase dirigente argentina.
Y con este telón, la presidenta Fernández, cuyo patrimonio ha crecido vertiginosamente en los últimos años, ornamenta sus discursos con frases seductoras como “honestidad”, “militancia política”, “una Argentina para los que menos tienen”, “respeto del proceso democrático”, “afianzamiento de la calidad institucional”, etc.
Asociación ilícita, estafas, malversación de caudales públicos, desvío de fondos millonarios, enriquecimiento ilícito, contrabando, exención de impuestos, prórrogas excepcionales en los contratos, coimas, premio a la prensa adicta con el uso discrecional de publicidad oficial, crecimiento exponencial de patrimonios personales, son todas operatorias que demuestran, de modo flagrante, que “la corrupción” no se debe a la ineficiencia o defecto personal de tal o cual ni constituye la excepción. La corrupción es intrínseca al sistema político vigente; se trata ni más ni menos que de la metodología con que la burguesía maneja el estado.
Así gobiernan la burguesía y sus funcionarios, también burgueses; así generan sus ganancias y acumulan su capital, así escalan en el aparato del estado para usufructuar de él, y continuar concretando negociados cada vez más beneficiosos.