EL “PLAN DE SEGURIDAD” PARA LA CIUDAD: MACRI RECLUTA SU EJÉRCITO

El Revolucionario Nº34 (Abril de 2008)

Un “selecto” grupo de ex oficiales de la federal y de otras fuerzas de seguridad serán los instructores de la policía metropolitana, pensada a imagen y semejanza de las policías yanqui e inglesa.

Después de varios meses de fuego cruzado con el gobierno nacional para lograr el traspaso de la policía federal y su atractiva “caja”, Mauricio Macri anunció su “plan de seguridad” para la ciudad, que incluye la creación de la “policía metropolitana”. El proyecto prevé tener unos 15.000 hombres en la calle en algo menos de cuatro años, lo que implica que el grueso de la tropa deberá ser reclutada de las fuerzas de seguridad existentes. Una simple cuenta demuestra que, si el Instituto de Formación Policial que planean instalar en la sede del club Deportivo Español de la villa 1-11-14 tendrá capacidad para 1.000 reclutas que recibirán 40 semanas de instrucción, en cuatro años habrán egresado nada más que unos 5.000 nuevos policías. Los 10.000 restantes, evidentemente, saldrán de las filas de la federal, las provinciales, la gendarmería o la prefectura, atraídos por las promesas de sueldos iniciales de $3.000, créditos para la vivienda y escalafón único. Una buena oportunidad para represores de 20 a 30 años con secundario completo. Los 25 instructores de la camada inaugural serán seleccionados, sin límite de edad, entre policías en actividad. No es plata para tentarlos lo que va a faltar. El presupuesto inicial, sin contar los gastos de capital para equipar la escuela, es de 100 millones de pesos para 2008, destinado a sueldos, y a comprar motos y patrulleros equipados con posicionamiento satelital, armas y equipos de comunicaciones.
El “plan” prevé, además, un sistema de justicia “rápida y eficaz”, que asegure condenas sin perder el tiempo en pavadas como las garantías del debido proceso, y la construcción de cárceles. Siguiendo el modelo de las policías londinense y neoyorquina, se instará a los “ciudadanos honestos” a participar de la confección de “mapas del delito”, o sea, a señalar las zonas más pobres de los barrios; se incentivará la delación de “sospechosos”; se crearán redes de “comunicación y alerta temprana” y se instalarán mil cámaras de vigilancia en 227 espacios públicos.
No es casual que Scotland Yard y el departamento de policía de Nueva York sean los ejemplos a seguir. La policía británica se caracteriza por lo sofisticado de sus métodos de control social, y es ejemplo mundial del sistema de “participación ciudadana”, que se basa en la delación y el monitoreo permanente de los espacios públicos. No le es ajeno el gatillo fácil, como lo probó el caso del brasileño Menezes, fusilado en el subte porque parecía árabe; ni la tortura, aplicada habitualmente a presos políticos, inmigrantes y sospechosos de terrorismo, que pueden permanecer detenidos una semana sin acusación formal ni contacto con el mundo exterior.
En cuanto a los yanquis, según estadísticas oficiales de su departamento de justicia, entre 2001 y 2006, más de un 10% del total de policías fueron denunciados por graves delitos, incluyendo homicidios de gatillo fácil, torturas y extorsiones. Sólo en un tercio de los casos hubo alguna investigación, y menos del 1% fue sancionado. Al mismo tiempo, EEUU tiene la más alta proporción presos-población del mundo (uno de cada 200 yanquis cumple una pena de más de un año de prisión). Finalmente, si de Nueva York se trata, hay infinidad de casos de tortura y gatillo fácil, como los padecidos por los inmigrantes africanos Abner Louima y Amadou Diallo o el joven Khiel Coppin(1).
En suma, esta “nueva” policía será una variante más, nada diferente, del conjunto de fuerzas de seguridad que conforman el aparato represivo del estado, y que, sean dirigidas por el gobierno nacional, los provinciales, o el de la ciudad, tienen un solo objetivo: reprimir a los trabajadores y el pueblo, en defensa de los intereses de la burguesía.


NOTAS:
1) Louima, detenido en Brooklin por una contravención, fue golpeado y sodomizado con un palo de escoba por los policías. Diallo, recién llegado de Guinea, no entendió que los policías que lo interceptaron le dijeron que levantara las manos, y trató de sacar su billetera para mostrar su documento. Recibió 41 disparos 9 mm. En el tercer caso, los policías vieron un “sospechoso” en un callejón con algo en la mano, y le dispararon 20 veces. El adolescente Coppin, discapacitado mental, tenía un cepillo con el que se estaba peinando.

EL “PADRE” DE LA CRIATURA: UN MINISTRO CON HISTORIA

El ministro de seguridad macrista, Guillermo Tristán Montenegro, debutó en sus funciones dirigiendo a la policía federal el día del violento desalojo a los cartoneros en Belgrano. Algo sabe de milicos y represores el corpulento ex juez federal. Hijo de un capitán de navío, hizo el secundario en el Liceo Naval, e ingresó al fuero penal, donde hizo amigos como los jueces de la dictadura Lucio Somoza, Norberto Giletta, Nicasio José Dibur, Siro de Martini y Guillermo Rivarola(1). Era frecuente que Montenegro asistiera a reuniones en la base naval de Puerto Belgrano, donde se sabe que aportó a los marinos nombres de funcionarios judiciales “zurdos” de los que sugería librarse.
Los fines de semana solía visitar, en Escobar, al subcomisario torturador Luis Abelardo Patti, al que, ya como juez federal, le dio una manito archivando una causa en su contra. Fuera del ámbito judicial, mantiene estrechos vínculos con José Luis Manzano, Miguel Ángel Toma, Juan José Álvarez y Cristian Ritondo.
Montenegro declaró recientemente al diario Perfil: “Para que la policía sea buena y funcione como querés, tenés que estar vos detrás de los policías. Ellos tienen que sentir apoyo político. Sos vos el que los tiene que proteger”. Imposible definir con más claridad la relación entre el aparato represivo y el gobierno que la dirige, para usarla contra los trabajadores y el pueblo.


NOTAS:
1) Algunos de los jueces más cercanos a la dictadura, que hicieron carrera rechazando habeas corpus y convalidando torturas a detenidos. Dibur, ya renunciado, fue defensor particular de los comandantes en el juicio a las juntas.