El Revolucionario Nº11 (Marzo de 2006)
Los acontecimientos del norte de Santa Cruz tuvieron una importancia mayúscula en la actual lucha salarial, contra la represión y por la libertad de los presos políticos. No obstante esto, reafirman y dan clara cuenta del sistemático carácter represor del gobierno nacional y provincial, del rol antiobrero de la CGT y la iglesia y desnuda la dictadura de clase que pretende enmascararse detrás de la democracia burguesa.
En nuestro número anterior decíamos que “Esta lucha constituye un buen ejemplo para el conjunto de los trabajadores. Las petroleras (...) dejaron de extraer el combustible sumando pérdidas por U$S 35 millones. El conflicto ha sido dirigido por delegados disidentes de la dirección sindical. Los cortes de rutas y caminos impidiendo el traslado del crudo se han prolongado en el tiempo y la huelga ha contado con la solidaridad de los estatales y la simpatía de todo un pueblo.”
Pero sin duda alguna, el hecho diferenciador de este conflicto ha sido la radicalización de la pelea que ha culminado con enfrentamientos entre el pueblo movilizado y las fuerzas represivas y la nada lamentable muerte de un suboficial.
Producto de la lucha
Ante la detención de Mario Navarro, la determinación de avanzar sobre la comisaría para exigir la libertad del delegado detenido y el ejercicio del derecho de defensa para resistir los embates represivos, logró poner en libertad al compañero y evitar que el juez ejecute las órdenes de detención que tenía sobre la mesa. El gobierno intentó detener la movilización con gases y balas, pero los trabajadores lograron superar la represión, avanzar y lograr que liberen al delegado. Esta determinación hacia la pelea es completamente reivindicable.
Bien se sabe que el gobierno kirchnerista es el que más presos políticos ha tenido en su haber y que la persecución política, el macartismo, la encarcelación y la represión son parte esencial de su plan de control y disciplinamiento del movimiento obrero. Por esto, la detención de Navarro primero, y la de otros compañeros después, son parte del sistemático plan represivo del gobierno. Para mayor evidencia, la jueza Graciela Ruata de Leone, que investiga la muerte del policía, consulta cada paso ante el poder político y manifiesta: “no puedo decir nada que produzca reacciones que no quiero que ocurran”. Cuenta clara de que saben bien que una buena parte del pueblo se encuentra en pie de lucha repudiando la política del gobierno. Sin embargo, la reacción ante las primeras detenciones después de los acontecimientos del 7 de febrero, impidió que sesione el concejo deliberante de Las Heras. En el mismo sentido, las movilizaciones en Buenos Aires se suceden exigiendo la desmilitarización en el sur, el cese de la represión y la libertad de los presos políticos.
Por otro lado, la lucha petrolera, al alcanzar los niveles de confrontación logrados, le ha acelerado la agenda política al gobierno nacional y a la CGT. Si bien Néstor Kirchner y Hugo Moyano tenían planificado comenzar a negociar el monto del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, no estaba en sus planes acelerar vertiginosamente el tratamiento de este tema.
Como consecuencia del avance sobre la comisaría lasherense, se han divulgado masivamente una importante cantidad de datos sobre el sistema impositivo del gobierno de Kirchner, continuidad del modelo impuesto por Alfonsín, Memem y De la Rúa. Ahora, en el ministerio de economía trabajan presurosamente para ofrecer algunas mínimas modificaciones en materia tributaria e intentar detener las luchas de los trabajadores que reclaman la eximición del impuesto a las ganancias.
Así, por más que Kirchner, su gabinete y Moyano se esfuercen en intentar mostrar la modificación del mínimo no imponible como una “civilizada” negociación entre las partes, lo cierto es que la difusión masiva y el tratamiento de este tema es producto de la lucha de los trabajadores del sur.
De este modo, la lucha de la madrugada del 7 de febrero en Las Heras, demuestra, una vez más, que el ejercicio de la violencia no debe ser exclusividad del estado. La violencia del pueblo es un elemento determinante en la lucha de clases y es la única garantía que tenemos para que nuestras reivindicaciones no sean avasalladas a fuerza de palos, gases y balas. Además, es bueno tener en cuenta que por primera vez en muchos años, hay un miembro de las fuerzas represivas muerto en una movilización popular y no uno de nuestros compañeros. Acostumbrados a que los caídos siempre sean de nuestro bando, la lucha en Las Heras ha roto con esta mala costumbre.
El estado a pleno
El gobierno, el poder judicial, la gendarmería nacional, la policía, el grupo de operaciones especiales de Santa Cruz, la SIDE, la burocracia sindical, la iglesia, la prensa burguesa, los capitalistas... todos, como un solo hombre contra la clase trabajadora.
Al poco tiempo de ocurrida la jornada del 7 de febrero, 300 efectivos de gendarmería enviados por Kirchner se sumaron a la militarización del pueblo; los ministros de trabajo y de planificación se reunieron con Moyano y la dirección burocrática de los petroleros para aislar a los delegados disidentes y garantizar la “cautela” a la hora de negociar los reclamos salariales vía paritarias y los carriles pacíficos del congreso y la negociación en las oficinas ministeriales; la iglesia se encargó de mediar y garantizar la llamada paz social; la prensa burguesa, oficialista toda, se ha encargado de demonizar a los luchadores del sur y calificarlos de “piqueteros salvajes”; pero el rol de los capitalistas petroleros desenmascara, sin ambages, el verdadero carácter de esta democracia.
En la reunión sostenida entre 17 compañías petroleras, el secretario de seguridad interior, el jefe de policía y el ministro de gobierno provincial, se evidenció quién gobierna efectivamente en el país. El aparato represivo del estado se puso a entera disposición de las empresas para garantizar la explotación del crudo. No conformes con esto, los empresarios del petróleo exigieron que el gobierno acabe con “el clima de turbulencia” y no se mostraron dispuestos a esperar los “tiempos políticos” del gobierno. Por eso sentenciaron que “entonces tendremos que hacer como en Colombia”. Es decir, desenmascarar la farsa democrática, de garantías constitucionales, de aparente legalidad y poner a la orden del día la intervención de paramilitares, grupos de tareas, injerencia militar yanqui como única forma de sostener la explotación y sus negocios.
La burguesía no está dispuesta a ceder sus ganancias y manifiesta abiertamente que es capaz de recurrir a cualquier método para “garantizar la gobernabilidad”, léase la libre explotación de la clase obrera. Sólo unas cuantas balas populares han desnudado la farsa de la democracia burguesa.
El embate de todo el estado burgués contra los trabajadores es rotundo: la justicia ordenando masivas detenciones, investigando a los trabajadores para encarcelarlos de por vida, la policía torturando para que los detenidos declaren, la prensa desprestigiando a los luchadores, las fuerzas represivas sembrando el terror, y los capitalistas dispuestos a actuar como ya lo hacen en Colombia. Todos, dando vía libre a la persecución, la encarcelación y la represión.
La determinación en la lucha de Las Heras, el empleo de la justa violencia popular, junto a la muerte de un milico, ha agudizado las contradicciones de clase. La reacción de la burguesía fue la esperable: utilizar todo su aparato para erradicar la lucha y a sus protagonistas.
La política que por estos días llevan adelante la burguesía y el gobierno, intenta ser una clara advertencia para todos los que decidimos emprender la lucha a muerte contra el capitalismo. La única forma que tienen para aplacar las luchas del sur es haciendo caer todo el peso del aparato represivo del estado sobre los trabajadores, y sus organizaciones, recurriendo, sin mayores miramientos, a las políticas represivas consagradas durante la última dictadura militar.
Ante semejantes enemigos, dispuestos a masacrar para sostener sus privilegios, los que sabemos como única salida la revolución socialista, tenemos que prepararnos seriamente para los combates que vendrán.
Los acontecimientos del norte de Santa Cruz tuvieron una importancia mayúscula en la actual lucha salarial, contra la represión y por la libertad de los presos políticos. No obstante esto, reafirman y dan clara cuenta del sistemático carácter represor del gobierno nacional y provincial, del rol antiobrero de la CGT y la iglesia y desnuda la dictadura de clase que pretende enmascararse detrás de la democracia burguesa.
En nuestro número anterior decíamos que “Esta lucha constituye un buen ejemplo para el conjunto de los trabajadores. Las petroleras (...) dejaron de extraer el combustible sumando pérdidas por U$S 35 millones. El conflicto ha sido dirigido por delegados disidentes de la dirección sindical. Los cortes de rutas y caminos impidiendo el traslado del crudo se han prolongado en el tiempo y la huelga ha contado con la solidaridad de los estatales y la simpatía de todo un pueblo.”
Pero sin duda alguna, el hecho diferenciador de este conflicto ha sido la radicalización de la pelea que ha culminado con enfrentamientos entre el pueblo movilizado y las fuerzas represivas y la nada lamentable muerte de un suboficial.
Producto de la lucha
Ante la detención de Mario Navarro, la determinación de avanzar sobre la comisaría para exigir la libertad del delegado detenido y el ejercicio del derecho de defensa para resistir los embates represivos, logró poner en libertad al compañero y evitar que el juez ejecute las órdenes de detención que tenía sobre la mesa. El gobierno intentó detener la movilización con gases y balas, pero los trabajadores lograron superar la represión, avanzar y lograr que liberen al delegado. Esta determinación hacia la pelea es completamente reivindicable.
Bien se sabe que el gobierno kirchnerista es el que más presos políticos ha tenido en su haber y que la persecución política, el macartismo, la encarcelación y la represión son parte esencial de su plan de control y disciplinamiento del movimiento obrero. Por esto, la detención de Navarro primero, y la de otros compañeros después, son parte del sistemático plan represivo del gobierno. Para mayor evidencia, la jueza Graciela Ruata de Leone, que investiga la muerte del policía, consulta cada paso ante el poder político y manifiesta: “no puedo decir nada que produzca reacciones que no quiero que ocurran”. Cuenta clara de que saben bien que una buena parte del pueblo se encuentra en pie de lucha repudiando la política del gobierno. Sin embargo, la reacción ante las primeras detenciones después de los acontecimientos del 7 de febrero, impidió que sesione el concejo deliberante de Las Heras. En el mismo sentido, las movilizaciones en Buenos Aires se suceden exigiendo la desmilitarización en el sur, el cese de la represión y la libertad de los presos políticos.
Por otro lado, la lucha petrolera, al alcanzar los niveles de confrontación logrados, le ha acelerado la agenda política al gobierno nacional y a la CGT. Si bien Néstor Kirchner y Hugo Moyano tenían planificado comenzar a negociar el monto del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, no estaba en sus planes acelerar vertiginosamente el tratamiento de este tema.
Como consecuencia del avance sobre la comisaría lasherense, se han divulgado masivamente una importante cantidad de datos sobre el sistema impositivo del gobierno de Kirchner, continuidad del modelo impuesto por Alfonsín, Memem y De la Rúa. Ahora, en el ministerio de economía trabajan presurosamente para ofrecer algunas mínimas modificaciones en materia tributaria e intentar detener las luchas de los trabajadores que reclaman la eximición del impuesto a las ganancias.
Así, por más que Kirchner, su gabinete y Moyano se esfuercen en intentar mostrar la modificación del mínimo no imponible como una “civilizada” negociación entre las partes, lo cierto es que la difusión masiva y el tratamiento de este tema es producto de la lucha de los trabajadores del sur.
De este modo, la lucha de la madrugada del 7 de febrero en Las Heras, demuestra, una vez más, que el ejercicio de la violencia no debe ser exclusividad del estado. La violencia del pueblo es un elemento determinante en la lucha de clases y es la única garantía que tenemos para que nuestras reivindicaciones no sean avasalladas a fuerza de palos, gases y balas. Además, es bueno tener en cuenta que por primera vez en muchos años, hay un miembro de las fuerzas represivas muerto en una movilización popular y no uno de nuestros compañeros. Acostumbrados a que los caídos siempre sean de nuestro bando, la lucha en Las Heras ha roto con esta mala costumbre.
El estado a pleno
El gobierno, el poder judicial, la gendarmería nacional, la policía, el grupo de operaciones especiales de Santa Cruz, la SIDE, la burocracia sindical, la iglesia, la prensa burguesa, los capitalistas... todos, como un solo hombre contra la clase trabajadora.
Al poco tiempo de ocurrida la jornada del 7 de febrero, 300 efectivos de gendarmería enviados por Kirchner se sumaron a la militarización del pueblo; los ministros de trabajo y de planificación se reunieron con Moyano y la dirección burocrática de los petroleros para aislar a los delegados disidentes y garantizar la “cautela” a la hora de negociar los reclamos salariales vía paritarias y los carriles pacíficos del congreso y la negociación en las oficinas ministeriales; la iglesia se encargó de mediar y garantizar la llamada paz social; la prensa burguesa, oficialista toda, se ha encargado de demonizar a los luchadores del sur y calificarlos de “piqueteros salvajes”; pero el rol de los capitalistas petroleros desenmascara, sin ambages, el verdadero carácter de esta democracia.
En la reunión sostenida entre 17 compañías petroleras, el secretario de seguridad interior, el jefe de policía y el ministro de gobierno provincial, se evidenció quién gobierna efectivamente en el país. El aparato represivo del estado se puso a entera disposición de las empresas para garantizar la explotación del crudo. No conformes con esto, los empresarios del petróleo exigieron que el gobierno acabe con “el clima de turbulencia” y no se mostraron dispuestos a esperar los “tiempos políticos” del gobierno. Por eso sentenciaron que “entonces tendremos que hacer como en Colombia”. Es decir, desenmascarar la farsa democrática, de garantías constitucionales, de aparente legalidad y poner a la orden del día la intervención de paramilitares, grupos de tareas, injerencia militar yanqui como única forma de sostener la explotación y sus negocios.
La burguesía no está dispuesta a ceder sus ganancias y manifiesta abiertamente que es capaz de recurrir a cualquier método para “garantizar la gobernabilidad”, léase la libre explotación de la clase obrera. Sólo unas cuantas balas populares han desnudado la farsa de la democracia burguesa.
El embate de todo el estado burgués contra los trabajadores es rotundo: la justicia ordenando masivas detenciones, investigando a los trabajadores para encarcelarlos de por vida, la policía torturando para que los detenidos declaren, la prensa desprestigiando a los luchadores, las fuerzas represivas sembrando el terror, y los capitalistas dispuestos a actuar como ya lo hacen en Colombia. Todos, dando vía libre a la persecución, la encarcelación y la represión.
La determinación en la lucha de Las Heras, el empleo de la justa violencia popular, junto a la muerte de un milico, ha agudizado las contradicciones de clase. La reacción de la burguesía fue la esperable: utilizar todo su aparato para erradicar la lucha y a sus protagonistas.
La política que por estos días llevan adelante la burguesía y el gobierno, intenta ser una clara advertencia para todos los que decidimos emprender la lucha a muerte contra el capitalismo. La única forma que tienen para aplacar las luchas del sur es haciendo caer todo el peso del aparato represivo del estado sobre los trabajadores, y sus organizaciones, recurriendo, sin mayores miramientos, a las políticas represivas consagradas durante la última dictadura militar.
Ante semejantes enemigos, dispuestos a masacrar para sostener sus privilegios, los que sabemos como única salida la revolución socialista, tenemos que prepararnos seriamente para los combates que vendrán.