El Revolucionario Nº11 (Marzo de 2006)
La provincia de Santa Cruz es la región más despoblada del país (0,7 hab./km2). Su economía depende exclusivamente de la explotación de sus abundantes recursos naturales (hidrocarburos 38%, comercio 12%, pesca 10%, minería al 4% y también están en crecimiento la ganadería y el turismo. Ninguna otra actividad se aproxima a la petrolífera en magnitud económica.
En gas natural, la provincia de Santa Cruz aporta el 10,15% de la producción total del país, superada solamente por Neuquén y Salta, y casi empatada con Tierra del Fuego. En petróleo, en cambio, Santa Cruz produce el 20,90% del total, ocupando el segundo lugar detrás de Neuquén, con una producción del 32,16% del total de petróleo crudo nacional.
La actividad es netamente extractiva, con casi nulo valor agregado en el ámbito de la provincia, resultando commodities destinados en primer lugar a las exportaciones, y el remanente al consumo nacional. A partir de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), propagandizada con el argumento de que la provincia comenzaría a percibir las regalías directamente y sin intermediarios por parte de los productores, y que las autoridades podrían realizar un control directo sobre la producción de hidrocarburos y por lo tanto de las regalías, se instalaron en Santa Cruz una buena cantidad de empresas multinacionales (1) que se repartieron el mayor negocio de la zona en permanente contubernio con las autoridades políticas locales –hoy nacionales.
Caleta Olivia es la principal ciudad de la zona (36.077 habitantes según el último censo). A 50 kilómetros de Caleta está Pico Truncado (14.967 hab.), y muy cerca Las Heras (9.303 hab.). Cerca de Caleta hay un pequeño pueblito, Cañadón Seco, con 734 pobladores, una comisaría y un preso político: Cristian Ruiz, trabajador petrolero.
Y si la explotación de hidrocarburos es la principal actividad de la zona, y casi excluyente fuente de trabajo para una población que debe enfrentar mayores costos para su vida diaria que al norte del paralelo 42, no sorprende que sean cotidianos los conflictos salariales o por mejores condiciones de trabajo. En los últimos años, en coincidencia con la reestructuración del sector a partir de la privatización, confluyeron los reclamos de los desocupados generados por ese proceso con la profundización de los planes de lucha de los todavía ocupados. Las condiciones laborales se flexibilizaron más y más, y se distanciaron como nunca los niveles de ganancias de los empresarios y los ingresos reales de los trabajadores tanto en el sector petrolero propiamente dicho como en la amplia gama de servicios colaterales.
La magnitud y persistencia de esas luchas obreras es, y no por casualidad, inversamente proporcional al espacio que lograron ocupar en los medios de comunicación nacionales. Sólo acontecimientos puntuales que por sus características rebasaron el cerco de silencio impuesto por la censura oficial y la autocensura de los propios medios han tomado estado público en el país, como sucedió en los primeros días de febrero con los hechos ocurridos en la localidad de Las Heras. Pero un breve aunque limitado repaso cronológico permite ponerlos en contexto.
Desde mediados de los ’90 hubo cortes y piquetes de trabajadores en la zona noreste de Santa Cruz. En 2002 se produjeron las primeras ocupaciones de plantas y cortes de ruta para exigir trabajo. A fin de agosto de 2003 hubo un fuerte conflicto en Caleta Olivia, que finalizó con la firma de una acta acuerdo que prometía subsidios y puestos de trabajo futuros en la empresa OILMS SA, contratista de Repsol y dirigida por Cristóbal Manuel López, al que dos años más tarde el diario La Nación denominaría “el empresario K” (2) por sus vinculaciones con el gobierno nacional. El acuerdo, que fue garantizado por autoridades provinciales y municipales, nunca fue cumplido.
En septiembre de 2003, 165 desocupados cortaron por quince días la ruta 3 y luego tomaron la playa de tanques de Termap (Terminales Marítimas Patagónicas (3)). El gobierno provincial y las empresas crearon la Fundación Olivia donde comenzaron a trabajar los reclamantes con sueldos de $ 1.000. A la semana de ese avance, hubo nuevos cortes de ruta que consiguieron subsidios por $ 700. El 26 de marzo de 2004, unos cincuenta hombres y mujeres tomaron nuevamente la playa de tanques de Termap. Sostuvieron la medida cerca de quince días resistiendo el ingreso de la policía, y lograron nuevos subsidios, aunque nunca se cumplió con la promesa de puestos de trabajo genuinos. Por eso poco después, en julio, se produjo la nueva toma, conocida como TERMAP-2, rechazando la política de subsidios y exigiendo empleo estable. Esa toma fue apoyada por una concentración popular en la plaza 20 de Noviembre, y terminó con una violenta acción policial, alrededor de cuarenta detenidos, denuncias por torturas y todo el perímetro de la playa de tanques rodeado por un enrejado y alambre de púas enrulado como el que se usa en las trincheras.
En la tercera toma de Termap del año 2004, en agosto, fueron más de 200 los desocupados que primero se movilizaron a la Municipalidad donde fueron atacados por una patota dirigida por funcionarios provinciales y gendarmería. Luego lograron tomar la planta, a pesar del gran número de empleados de seguridad privada que utilizando mangueras con agua a presión intentaron impedirlo. Trece días después, durante los cuales se profundizó el enfrentamiento al punto que los trabajadores amenazaron con inmolarse utilizando molotovs sobre los tanques de almacenamiento, recibieron una propuesta empresarial de capacitación rentada de $ 700 pesos durante dos meses y luego trabajo efectivo para todos en la actividad petrolera. También aclaraba el acta que ningún trabajador desocupado sería procesado por la justicia a raíz de la ocupación de la terminal marítima.
El 5 de septiembre, y sin que los acuerdos, una vez más, fueran cumplidos, diecinueve desocupados fueron detenidos, acusados por la toma que protagonizaron, y de paso por la anterior de los trabajadores ocupados. Hasta diciembre de 2005 hubo detenidos en esta causa. En otro expediente, el trabajador Cristian Ruiz está nuevamente detenido desde el 20 de julio de 2005, mientras varias decenas más de trabajadores siguen procesados, aunque excarcelados.
El 29 de noviembre de 2004, en Las Heras, fue OILMS SA, la empresa del amigo presidencial, la que tuvo el piquete en la puerta, por el incumplimiento de aquellos acuerdos del año anterior. El día 30 los trabajadores tomaron la planta, la gendarmería rodeó la zona para aislar la lucha, la policía provincial desalojó con represión, diez personas fueron detenidas, y al día siguiente se desató la represión bien selectiva mientras los detenidos eran liberados porque “no estaban en la lista” que incluía a los referentes de la movida, entre ellos Claudio Bustos, que advertido a tiempo, se mantuvo oculto unos días. La policía detuvo entonces a Karina Sauco, su compañera. En la comisaría de Las Heras –la misma que la noche del 6 de febrero de 2006 sería rodeada por el pueblo reclamando la libertad del sindicalista Mario Navarro- advirtieron que Karina estaba embarazada de cuatro meses. Esposada con las manos en la espalda la separaron de los otros 25 detenidos y la llevaron a la cocina. “Acá no hay lugar para un bastardo hijo de dos subversivos”, gritó el policía Bórquez, antes del primer golpe en el vientre que la tiró al piso. Sus camaradas –quizás entre ellos el futuro comisario post mortem Sayago- sostuvieron separadas las piernas de la mujer para que Bórquez le pudiera acertar más y más golpes en el abdomen, hasta que empezó la hemorragia. Nada hicieron la jueza Ruata de Leone ni los gobiernos local y nacional frente a la denuncia de tortura, repetida hasta el cansancio por su víctima y por numerosas organizaciones populares de todo el país.
En abril de 2005 parte del conflicto petrolero llegó a la casa Rosada. La Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados logró que el Ministerio de Trabajo de la Nación obligara a la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos a reconocer que debía pagar $ 22 diarios por ayuda alimentaria. Sin embargo en el mes de julio fracasaron nuevas negociaciones, referentes sindicales fueron despedidos en varias empresas, y a fin de agosto los trabajadores paralizaron toda la actividad petrolera en la zona norte de Santa Cruz. En Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras centenares de personas se apostaron varios días frente a las plantas de Repsol y hubo piquetes en la ruta 12 que impidieron el paso de vehículos petroleros. Nuevamente hubo represión, detenidos, apaleados. Venció la conciliación obligatoria sin lograrse un acuerdo.
El año 2005 y lo que va de 2006 fueron una sucesión de conflictos, la mayoría protagonizados por los trabajadores que exigían el cumplimiento de acuerdos anteriores, sistemáticamente silenciados por los medios. Hubo huelgas, toma simbólica de la municipalidad, piquetes. Cobró envergadura el reclamo de encuadramiento sindical de los trabajadores de empresas subsidiarias de las petroleras, que proveen servicios o producen directamente para ellas, a quienes no se reconoce dentro de los convenios del sector.
En Pico Truncado, operarios de la sueco-danesa SKANSKA tuvieron que ir al paro a principios de 2006 por la falta de pago de $ 15 en concepto de vianda. Según sus directivos, no pagan los míseros pesos porque no les dan los números. Se ve que algún problema contable –y no de liquidez- tienen porque la firma, que opera en 62 países y reconoce ventas netas por 15.000 millones de dólares, cuenta entre sus clientes a algunos pobretones como Pan American Energy, Repsol YPF, o Shell, entre muchas otras.
Este reclamo, junto al del pago de mejoras salariales, encuadramiento laboral, rechazo a la retención del impuesto a las ganancias sobre los sueldos y puestos de trabajo en la industria del petróleo, fueron los ejes puntuales que mantuvieron movilizados a los trabajadores, por fuera de la burocracia sindical, en las semanas anteriores a la pueblada de la madrugada del 7 de febrero, con piquetes en las rutas y frente a las empresas en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Cañadón Seco. Ejes que forman parte de una larga historia de luchas que los escribas de la burguesía ocultan. No hubo primeras planas en los medios nacionales para esas luchas; ni cuando ocurrieron, ni cuando fueron reprimidas, ni cuando tuvieron triunfos, ni cuando esas conquistas fueron desconocidas por los mismos que redactaron los acuerdos, generando nuevas medidas de fuerza. Sólo trascendieron cuando el pueblo de Las Heras, asumiendo su autodefensa, reaccionó masivamente frente a una nueva injusticia, y con su propia fuerza en la movilización liberó a su preso y frenó otras seis órdenes de captura.
La reacción de los gobiernos provincial y nacional, y de las empresas cuyos intereses ambos defienden –y no desinteresadamente, valga la redundancia- no se hizo esperar. Tropas de gendarmería, ascenso a comisario del policía muerto, campaña mediática para estigmatizar la lucha de los trabajadores como “violenta”, militarización de la zona, tareas de inteligencia (de eso algo sabe el gobernador Acevedo, ex Señor Cinco de la SIDE), torturas buscando la delación y una veintena de presos políticos (algunos ya procesados por homicidio doblemente calificado). Y las empresas, como en 1921 con Yrigoyen y el coronel Varela, dando órdenes al gobierno y disponiendo a su antojo del aparato represivo del estado como su guardia privada. Diecisiete gerentes de compañías, la mayoría con acento extranjero, se reunieron en la segunda semana de febrero con el secretario de Seguridad Interior Luis Tibiletti, el jefe de Policía de Santa Cruz y el ministro de Gobierno de la provincia. Reclamaron que los efectivos de gendarmería se queden en la provincia, patrullando el interior de los pozos y yacimientos. El gobierno, obediente, lo acató como lo denuncian los trabajadores, y ya hay un proyecto de ley provincial para tener un puesto permanente de la fuerza en la zona. También fueron terminantes en exigir al gobierno que acabe ya con “el clima de turbulencia”. Tibiletti argumentó que eso llevaría tiempo. El representante de Vintage Oil, de capitales ingleses y norteamericanos, amenazó: Entonces tendremos que hacer como en Colombia (4). O sea, terrorismo de estado, paramilitares y “asesores” yanquis.
Los trabajadores argentinos, en cambio, tenemos que hacer como el pueblo colombiano, que hace más de 40 años resiste y embate al capitalismo.
1. La principal multinacional que opera en la zona es Repsol YPF SA, que concentra casi el 50% de la extracción de la Cuenca. La segunda es British Petroleum y Bridas, unidas en Pan American Energy, que se quedó con el 24% de la extracción. También operan Tecpetrol, del Grupo Techint, y empresas prestadoras de servicios como Halliburton Argentina SA, Western Atlas, Schlumberger SA, Río Colorado-Servoil, Pride International, BJ Services y San Antonio, entre otras.
2. Ver Diario La Nación, 22/10/05, y El Revolucionario Nº8, de noviembre de 2005.
3. Terminales Marítimas Patagónicas es un consorcio de multinacionales del Golfo San Jorge que recibe el crudo de los distintos yacimientos, que almacena y prepara para ser bombeado a los buques tanques. El directorio está conformado por British Petroleum, Repsol, el Grupo Techint, Sipetrol (chilena) y Total Austral (francesa), entre otras.4. Página/12, 14/02/06, “El consenso es puesto en duda”.
La provincia de Santa Cruz es la región más despoblada del país (0,7 hab./km2). Su economía depende exclusivamente de la explotación de sus abundantes recursos naturales (hidrocarburos 38%, comercio 12%, pesca 10%, minería al 4% y también están en crecimiento la ganadería y el turismo. Ninguna otra actividad se aproxima a la petrolífera en magnitud económica.
En gas natural, la provincia de Santa Cruz aporta el 10,15% de la producción total del país, superada solamente por Neuquén y Salta, y casi empatada con Tierra del Fuego. En petróleo, en cambio, Santa Cruz produce el 20,90% del total, ocupando el segundo lugar detrás de Neuquén, con una producción del 32,16% del total de petróleo crudo nacional.
La actividad es netamente extractiva, con casi nulo valor agregado en el ámbito de la provincia, resultando commodities destinados en primer lugar a las exportaciones, y el remanente al consumo nacional. A partir de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), propagandizada con el argumento de que la provincia comenzaría a percibir las regalías directamente y sin intermediarios por parte de los productores, y que las autoridades podrían realizar un control directo sobre la producción de hidrocarburos y por lo tanto de las regalías, se instalaron en Santa Cruz una buena cantidad de empresas multinacionales (1) que se repartieron el mayor negocio de la zona en permanente contubernio con las autoridades políticas locales –hoy nacionales.
Caleta Olivia es la principal ciudad de la zona (36.077 habitantes según el último censo). A 50 kilómetros de Caleta está Pico Truncado (14.967 hab.), y muy cerca Las Heras (9.303 hab.). Cerca de Caleta hay un pequeño pueblito, Cañadón Seco, con 734 pobladores, una comisaría y un preso político: Cristian Ruiz, trabajador petrolero.
Y si la explotación de hidrocarburos es la principal actividad de la zona, y casi excluyente fuente de trabajo para una población que debe enfrentar mayores costos para su vida diaria que al norte del paralelo 42, no sorprende que sean cotidianos los conflictos salariales o por mejores condiciones de trabajo. En los últimos años, en coincidencia con la reestructuración del sector a partir de la privatización, confluyeron los reclamos de los desocupados generados por ese proceso con la profundización de los planes de lucha de los todavía ocupados. Las condiciones laborales se flexibilizaron más y más, y se distanciaron como nunca los niveles de ganancias de los empresarios y los ingresos reales de los trabajadores tanto en el sector petrolero propiamente dicho como en la amplia gama de servicios colaterales.
La magnitud y persistencia de esas luchas obreras es, y no por casualidad, inversamente proporcional al espacio que lograron ocupar en los medios de comunicación nacionales. Sólo acontecimientos puntuales que por sus características rebasaron el cerco de silencio impuesto por la censura oficial y la autocensura de los propios medios han tomado estado público en el país, como sucedió en los primeros días de febrero con los hechos ocurridos en la localidad de Las Heras. Pero un breve aunque limitado repaso cronológico permite ponerlos en contexto.
Desde mediados de los ’90 hubo cortes y piquetes de trabajadores en la zona noreste de Santa Cruz. En 2002 se produjeron las primeras ocupaciones de plantas y cortes de ruta para exigir trabajo. A fin de agosto de 2003 hubo un fuerte conflicto en Caleta Olivia, que finalizó con la firma de una acta acuerdo que prometía subsidios y puestos de trabajo futuros en la empresa OILMS SA, contratista de Repsol y dirigida por Cristóbal Manuel López, al que dos años más tarde el diario La Nación denominaría “el empresario K” (2) por sus vinculaciones con el gobierno nacional. El acuerdo, que fue garantizado por autoridades provinciales y municipales, nunca fue cumplido.
En septiembre de 2003, 165 desocupados cortaron por quince días la ruta 3 y luego tomaron la playa de tanques de Termap (Terminales Marítimas Patagónicas (3)). El gobierno provincial y las empresas crearon la Fundación Olivia donde comenzaron a trabajar los reclamantes con sueldos de $ 1.000. A la semana de ese avance, hubo nuevos cortes de ruta que consiguieron subsidios por $ 700. El 26 de marzo de 2004, unos cincuenta hombres y mujeres tomaron nuevamente la playa de tanques de Termap. Sostuvieron la medida cerca de quince días resistiendo el ingreso de la policía, y lograron nuevos subsidios, aunque nunca se cumplió con la promesa de puestos de trabajo genuinos. Por eso poco después, en julio, se produjo la nueva toma, conocida como TERMAP-2, rechazando la política de subsidios y exigiendo empleo estable. Esa toma fue apoyada por una concentración popular en la plaza 20 de Noviembre, y terminó con una violenta acción policial, alrededor de cuarenta detenidos, denuncias por torturas y todo el perímetro de la playa de tanques rodeado por un enrejado y alambre de púas enrulado como el que se usa en las trincheras.
En la tercera toma de Termap del año 2004, en agosto, fueron más de 200 los desocupados que primero se movilizaron a la Municipalidad donde fueron atacados por una patota dirigida por funcionarios provinciales y gendarmería. Luego lograron tomar la planta, a pesar del gran número de empleados de seguridad privada que utilizando mangueras con agua a presión intentaron impedirlo. Trece días después, durante los cuales se profundizó el enfrentamiento al punto que los trabajadores amenazaron con inmolarse utilizando molotovs sobre los tanques de almacenamiento, recibieron una propuesta empresarial de capacitación rentada de $ 700 pesos durante dos meses y luego trabajo efectivo para todos en la actividad petrolera. También aclaraba el acta que ningún trabajador desocupado sería procesado por la justicia a raíz de la ocupación de la terminal marítima.
El 5 de septiembre, y sin que los acuerdos, una vez más, fueran cumplidos, diecinueve desocupados fueron detenidos, acusados por la toma que protagonizaron, y de paso por la anterior de los trabajadores ocupados. Hasta diciembre de 2005 hubo detenidos en esta causa. En otro expediente, el trabajador Cristian Ruiz está nuevamente detenido desde el 20 de julio de 2005, mientras varias decenas más de trabajadores siguen procesados, aunque excarcelados.
El 29 de noviembre de 2004, en Las Heras, fue OILMS SA, la empresa del amigo presidencial, la que tuvo el piquete en la puerta, por el incumplimiento de aquellos acuerdos del año anterior. El día 30 los trabajadores tomaron la planta, la gendarmería rodeó la zona para aislar la lucha, la policía provincial desalojó con represión, diez personas fueron detenidas, y al día siguiente se desató la represión bien selectiva mientras los detenidos eran liberados porque “no estaban en la lista” que incluía a los referentes de la movida, entre ellos Claudio Bustos, que advertido a tiempo, se mantuvo oculto unos días. La policía detuvo entonces a Karina Sauco, su compañera. En la comisaría de Las Heras –la misma que la noche del 6 de febrero de 2006 sería rodeada por el pueblo reclamando la libertad del sindicalista Mario Navarro- advirtieron que Karina estaba embarazada de cuatro meses. Esposada con las manos en la espalda la separaron de los otros 25 detenidos y la llevaron a la cocina. “Acá no hay lugar para un bastardo hijo de dos subversivos”, gritó el policía Bórquez, antes del primer golpe en el vientre que la tiró al piso. Sus camaradas –quizás entre ellos el futuro comisario post mortem Sayago- sostuvieron separadas las piernas de la mujer para que Bórquez le pudiera acertar más y más golpes en el abdomen, hasta que empezó la hemorragia. Nada hicieron la jueza Ruata de Leone ni los gobiernos local y nacional frente a la denuncia de tortura, repetida hasta el cansancio por su víctima y por numerosas organizaciones populares de todo el país.
En abril de 2005 parte del conflicto petrolero llegó a la casa Rosada. La Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados logró que el Ministerio de Trabajo de la Nación obligara a la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos a reconocer que debía pagar $ 22 diarios por ayuda alimentaria. Sin embargo en el mes de julio fracasaron nuevas negociaciones, referentes sindicales fueron despedidos en varias empresas, y a fin de agosto los trabajadores paralizaron toda la actividad petrolera en la zona norte de Santa Cruz. En Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras centenares de personas se apostaron varios días frente a las plantas de Repsol y hubo piquetes en la ruta 12 que impidieron el paso de vehículos petroleros. Nuevamente hubo represión, detenidos, apaleados. Venció la conciliación obligatoria sin lograrse un acuerdo.
El año 2005 y lo que va de 2006 fueron una sucesión de conflictos, la mayoría protagonizados por los trabajadores que exigían el cumplimiento de acuerdos anteriores, sistemáticamente silenciados por los medios. Hubo huelgas, toma simbólica de la municipalidad, piquetes. Cobró envergadura el reclamo de encuadramiento sindical de los trabajadores de empresas subsidiarias de las petroleras, que proveen servicios o producen directamente para ellas, a quienes no se reconoce dentro de los convenios del sector.
En Pico Truncado, operarios de la sueco-danesa SKANSKA tuvieron que ir al paro a principios de 2006 por la falta de pago de $ 15 en concepto de vianda. Según sus directivos, no pagan los míseros pesos porque no les dan los números. Se ve que algún problema contable –y no de liquidez- tienen porque la firma, que opera en 62 países y reconoce ventas netas por 15.000 millones de dólares, cuenta entre sus clientes a algunos pobretones como Pan American Energy, Repsol YPF, o Shell, entre muchas otras.
Este reclamo, junto al del pago de mejoras salariales, encuadramiento laboral, rechazo a la retención del impuesto a las ganancias sobre los sueldos y puestos de trabajo en la industria del petróleo, fueron los ejes puntuales que mantuvieron movilizados a los trabajadores, por fuera de la burocracia sindical, en las semanas anteriores a la pueblada de la madrugada del 7 de febrero, con piquetes en las rutas y frente a las empresas en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Cañadón Seco. Ejes que forman parte de una larga historia de luchas que los escribas de la burguesía ocultan. No hubo primeras planas en los medios nacionales para esas luchas; ni cuando ocurrieron, ni cuando fueron reprimidas, ni cuando tuvieron triunfos, ni cuando esas conquistas fueron desconocidas por los mismos que redactaron los acuerdos, generando nuevas medidas de fuerza. Sólo trascendieron cuando el pueblo de Las Heras, asumiendo su autodefensa, reaccionó masivamente frente a una nueva injusticia, y con su propia fuerza en la movilización liberó a su preso y frenó otras seis órdenes de captura.
La reacción de los gobiernos provincial y nacional, y de las empresas cuyos intereses ambos defienden –y no desinteresadamente, valga la redundancia- no se hizo esperar. Tropas de gendarmería, ascenso a comisario del policía muerto, campaña mediática para estigmatizar la lucha de los trabajadores como “violenta”, militarización de la zona, tareas de inteligencia (de eso algo sabe el gobernador Acevedo, ex Señor Cinco de la SIDE), torturas buscando la delación y una veintena de presos políticos (algunos ya procesados por homicidio doblemente calificado). Y las empresas, como en 1921 con Yrigoyen y el coronel Varela, dando órdenes al gobierno y disponiendo a su antojo del aparato represivo del estado como su guardia privada. Diecisiete gerentes de compañías, la mayoría con acento extranjero, se reunieron en la segunda semana de febrero con el secretario de Seguridad Interior Luis Tibiletti, el jefe de Policía de Santa Cruz y el ministro de Gobierno de la provincia. Reclamaron que los efectivos de gendarmería se queden en la provincia, patrullando el interior de los pozos y yacimientos. El gobierno, obediente, lo acató como lo denuncian los trabajadores, y ya hay un proyecto de ley provincial para tener un puesto permanente de la fuerza en la zona. También fueron terminantes en exigir al gobierno que acabe ya con “el clima de turbulencia”. Tibiletti argumentó que eso llevaría tiempo. El representante de Vintage Oil, de capitales ingleses y norteamericanos, amenazó: Entonces tendremos que hacer como en Colombia (4). O sea, terrorismo de estado, paramilitares y “asesores” yanquis.
Los trabajadores argentinos, en cambio, tenemos que hacer como el pueblo colombiano, que hace más de 40 años resiste y embate al capitalismo.
1. La principal multinacional que opera en la zona es Repsol YPF SA, que concentra casi el 50% de la extracción de la Cuenca. La segunda es British Petroleum y Bridas, unidas en Pan American Energy, que se quedó con el 24% de la extracción. También operan Tecpetrol, del Grupo Techint, y empresas prestadoras de servicios como Halliburton Argentina SA, Western Atlas, Schlumberger SA, Río Colorado-Servoil, Pride International, BJ Services y San Antonio, entre otras.
2. Ver Diario La Nación, 22/10/05, y El Revolucionario Nº8, de noviembre de 2005.
3. Terminales Marítimas Patagónicas es un consorcio de multinacionales del Golfo San Jorge que recibe el crudo de los distintos yacimientos, que almacena y prepara para ser bombeado a los buques tanques. El directorio está conformado por British Petroleum, Repsol, el Grupo Techint, Sipetrol (chilena) y Total Austral (francesa), entre otras.4. Página/12, 14/02/06, “El consenso es puesto en duda”.