El Revolucionario Nº10 (Febrero de 2006)
El kirchnerismo toma el congelamiento salarial como imprescindible para la contención inflacionaria. Repite junto a la UIA que el éxito económico radica en negar sistemáticamente aumentos de salarios y consecuentemente profundizar la superexplotación laboral, y los bienes de consumo indispensables siguen inexorablemente su curso en alza.
Como hemos ido planteando en números anteriores, hay una diferencia notable entre el índice oficial inflacionario y el efectivo aumento del costo de la canasta familiar para la clase obrera, en donde los alimentos juegan un papel central. En el curso de 2005, desde el gobierno jamás admitieron el atraso acumulado cuando hubo alimentos que aumentaron tres veces con respecto al índice oficial de la inflación global, y esto sin considerar la deuda que dejó la salida de la convertibilidad para los salarios argentinos. No lo hizo Lavagna, ni esperamos de su sonriente continuadora una reparación para los humildes: este gobierno es patronal y burgués, en su esencia, y no por ocasionales líneas en política económica.
Ante el avance de algunas luchas obreras el gobierno quiere frenar la escalada de demandas de aumentos salariales y ofrece a cambio acuerdos de precios de artículos de primera necesidad, sobre todo de alimentos. Así quiere aparecer como “defensor del bolsillo de los pobres”, cuando en realidad está garantizando a la burguesía mayor extracción de plusvalor, queriendo bajar el costo de la fuerza de trabajo a como dé lugar. Sólo de muestra notemos que el acuerdo para el congelamiento del precio de la carne, que el gobierno firmó no se sabe con quien, pues las cámaras productoras exigen volver a los privilegios aduaneros anteriores a noviembre de 2005 para los cortes exportables, deja en evidencia quién manda en este país. Digamos de paso que este sector ganó en 2005 un 25 % más; y que mantener los precios de las mercaderías de consumo interno no es significativo en sus cuentas; se trata de la lógica del sistema: la mayor ganancia posible en el menor tiempo posible, imprescindible para la competencia ínter capitalista. Como medida “dura” de controlar al sector en sus ganancias el gobierno ha dispuesto hacer un registro donde los exportadores deban asentar sus movimientos, esto indica, ni más ni menos, que ni siquiera existe hasta ahora el más mínimo control sobre los empresarios de la carne.
Junto a esto, vemos que el superávit de 2005 fue mayor al ordenado (al menos públicamente) por el FMI, que era del 3.5 %, contra un logrado 4.4 % (casi 20 mil millones de pesos), y por primera vez con ahorro de las provincias, como por ejemplo Salta que “ahorra” hasta en reparación de puentes para vincular poblaciones enteras.
Este superávit, si algún iluso aún creyera en la teoría del “derrame”, podría repartirse, como ofrecen a manera de programas económicos los populistas, pero no cabe en esta ortodoxia capitalista que pone a los obreros al fondo de la cola. Pareciera que la promesa del derrame puede ser traída a cuenta en las especulaciones teóricas, pero no cuando los empleados estatales, los jubilados y el pueblo en general, reclaman mejores condiciones de vida. Se está anunciando para el año 2006 un superávit aproximado de 30 mil millones. Esta masa de riquezas, más todo el endeudamiento acumulado para mantener un dólar preferencial para beneficio de los monopolios exportadores, alcanzaría para que la jubilación mínima y el salario mínimo cubrieran el costo de la canasta familiar, sin que el presidente nos cuide de que aumente el kilo de milanesas.
Los acuerdos de la ministra Miceli con los personeros de los distintos sectores alimentarios, e incluso las negociaciones a puertas cerradas con la UIA y otras cámaras empresariales, son sólo golpes de efecto para blanquear las dádivas en créditos blandos, políticas impositivas favorables, “retoques” de leyes como la de accidentes de trabajo, y demás perlas que el gobierno burgués y pro patronal kirchnerista le ofrece en bandeja a su gente. Los trabajadores entendemos perfectamente bien que del control de precios, del control de abastecimiento, del control del agio y de la especulación, sólo pueden encargarse los mismos obreros que producen los bienes, que los trasladan o que los distribuyen.
Más de lo mismo encontramos en la política de recaudación de impuestos (más del 25 % del salario de los trabajadores va al Estado) que viene golpeando fuerte a los trabajadores vía el pago del IVA cuando compramos lo indispensable para subsistir: igual IVA paga quien compra una excursión de placer, que un paquete de aspirinas; en la economía global de consumo, el que suma es el IVA del pan, de la leche, de los antibióticos y demás bienes indispensables. Como promesa electoral, Kirchner reconoció la necesidad de modificar esta situación regresiva, igual que Menem y otros tantos “progresistas” antes; pues bien, lejos de cambiar algo, se fue consolidando esta forma de recaudar, que es una forma de doble explotación para los trabajadores.
En el mismo sentido y con la demagogia a la que el peronismo nos tiene acostumbrados, ahora anuncian que van a “blanquear” cerca de un millón de trabajadores en negro. La campaña está basada en el ofrecimiento a las señoras acomodadas, que tienen en sus casas empleadas domésticas, de la eximición del impuesto a las ganancias a cambio de que aporten a su personal jubilación y obra social. En un país donde el principal empleador que paga más de la mitad del salario en negro a sus trabajadores es el estado, una campaña de blanqueamiento como ésta no es más que una broma de mal gusto. Sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro país están en negro por lo menos el 50 % de los trabajadores (que no verán cambiar su situación), pues con ello se garantizan las superganancias de la burguesía.
En los salarios de los trabajadores “blanqueados” hay un descuento que va a parar a sus obras sociales. No decimos nada nuevo si las caracterizamos de verdaderos pozos negros de corrupción, alimento de una casta burocrática, que a su vez es la herramienta patronal para frenar la organización independiente y la lucha de los trabajadores.
Pasando a otro tema ligado estrechamente con la entrega de la actividad económica, y también para seguir pintando a este gobierno, vemos que volvió otro oportuno peronista: Chacho Álvarez. Ahora sí el MERCOSUR completa su verdadera dimensión de caja hueca con relleno según la ocasión, de manto de lágrimas de la burguesía caída en desgracia.
Kirchner tuvo que apurar un viaje a Brasilia, a ver si las automotrices deciden por los mercados potenciales, por el costo laboral en vías de esclavitud, por beneficios impositivos o por algo que encuentren aquí, que no sea soja o vacas. Para impaciencia del presidente comenzaron las luchas por mejores salarios en Renault y Chrysler.
Al cuadro tarifario de los servicios públicos, el gobierno lo va morigerando, para no llevarlo a una situación explosiva, con regalos por debajo de la mesa a las empresas concesionarias: compromisos de obras de mantenimiento o expansión, cuyos costos deberían asumir las empresas en cuestión, o no se hacen o las asume el estado, o son acuerdos a futuro. Salvo la francesa Suez, podemos decir que todo se fue acomodando silenciosamente para beneficio de un gran grupo de favorecidos. El tema es que con un presupuesto ajustado al pago de la deuda externa, diseñado para la superexplotación por parte de los monopolios, y encima, empeñado en obras para regalo a las empresas concesionarias, la lucha por salario se ubica en un plano central.
El inoportuno aumento del gas domiciliario que se viene -y que en este caso no tendrá que ver con el “apriete” del FMI, sino con un “gesto soberano” del presidente Evo Morales- deja el escenario abierto para la concreción del gasoducto más importante de América (Venezuela-Brasil-Argentina). Todos sabemos que los intereses que mueven estas obras no son precisamente “los sagrados intereses” de la hornalla que calienta el guiso de los pobres. Para el caso de los bolsillos de los laburantes hay aumento del gas en puerta, y para el caso de Techint y compañía, el cielo siempre está al alcance de la mano si se resuelve poner en marcha esta faraónica obra.
Con un panorama mundial energético en crisis, pronto el aumento correrá al resto de los combustibles y por consiguiente al transporte y al costo final de las mercancías de consumo masivo.
Internacionalmente el precio del crudo, a dinero constante, solamente ha llegado a la mitad del valor de las otras crisis (1973, 1980 y 1990), o sea que la tendencia al alza no ha mermado; sumado a que para 2012 la explotación bajará de la actual 75 millones barriles/día, a 65 millones de barriles/día, por falta de inversiones en exploración y destrucción de áreas de explotación por la crisis y la guerra de saqueo imperialista en Irak, cuando la demanda estimada será un 40 % mayor. Estos fenómenos mundiales siempre se trasladan con más crudeza a los países más vulnerables, y dentro de ellos a la clase que carga por ahora con el costo de esta historia.
Ningún país productor de petróleo, incluida “Venezuela Bolivariana”, ha invertido las superganancias del alza del crudo (100 mil millones de dólares adicionales) en desarrollo a gran escala de refinerías o producción de petroquímicos. La crisis ha servido para los grandes monopolios privados, que se han concentrado y fusionado, de acuerdo a la ortodoxia capitalista; ellos sí han aprovechado la coyuntura y ahora tienen total supremacía en el mundo del refinamiento, transporte, venta minorista y producción de derivados. Valga de ejemplo que la penetración de la British Petroleum – Amoco, la Exxon – Móvil y la Shell en China, ha producido la desocupación de un millón de trabajadores, sumado al sometimiento tecnológico. Por la expansión económica, China e India son los países más necesitados de abastecimiento de combustibles.
En nuestra región, los acuerdos PDVSA-ENARSA para exploración y explotación de la cuenca marítima argentina, se parecen mucho a los acuerdos comerciales del MERCOSUR: mucha letra para discursos, pero sustancialmente y en lo concreto no aparecen inversiones ni programas de exploración y extracción. La Argentina sigue siendo un gran negocio para Repsol que tras el saqueo de YPF, sigue produciendo y refinando barato (costo argentino), y vendiendo a precios internacionales, con retenciones aduaneras favorables. No se cumplen los compromisos de exploración de nuevos reservorios, y estamos próximos a agotar los existentes.
En medio de la tregua que dan al gobierno la CTA y la CGT en su conjunto, Kirchner encuentra un aliado indispensable para su política de ajuste a los trabajadores en Moyano. A mediados de 2005, el ministro recaudador De Vido, a través de la Secretaria de Transporte, premió a los patrones que tuvieran a los choferes de camiones enmarcados en el convenio colectivo, con un subsidio de medio año equivalente a la devolución de aportes patronales por 250 millones de pesos. Eso sí, los descuentos a los choferes siguieron engordando las arcas del sindicato. De esta forma, más las patoteadas a Cavalieri en Carrefour y Coto, hicieron crecer el número de afiliados y los números del negocio. Hoy, el nuevo premio por el alineamiento, es el manejo de 350 millones de pesos anuales del APE (Administración de Programas Especiales), robo presentado en sociedad como un “subsidio a las prestaciones de alta complejidad” de las obras sociales, que depende de la Superintendencia de Seguros de Salud y al que aportan obligatoriamente todos los trabajadores, sean o no afiliados al sindicato. Al frente del APE estará Juan Rinaldi, abogado del Sindicato de Camioneros y del Sindicato de Marítimos Unidos -este último gremio con control de Barrionuevo-, y también representante de Aduba (Asociación de Docentes Universitarios de Bs. As.); además, tiene buena relación con Juan Palacios, otro burócrata.
Hemos ido caracterizando a un gobierno, que en la figura de su presidente, quiere aparecer impúdicamente como defensor del bolsillo de los trabajadores. En los hechos, cuando ajusta, siempre lo hace con la receta capitalista en la mano. Cuando la lucha por salarios toca los intereses de la derecha, reprime como corresponde a su rol, y cuando tiene que negociar, teje poder con la demagogia que tan bien maneja, y siempre cuenta con la colaboración de la burocracia sindical.
El gobierno, para llevar a cabo su política, logra apoyarse en su triunfo electoral, al que lamentablemente han hecho el caldo gordo las organizaciones que apuestan al parlamentarismo.
Hasta aquí, al cipayo le van cerrando los acuerdos para la sustentabilidad de su accionar.
Pero los trabajadores con un programa clasista y organizados en forma independiente de la burguesía y la burocracia sindical podemos ponerle freno al plan de hambre del gobierno.
El kirchnerismo toma el congelamiento salarial como imprescindible para la contención inflacionaria. Repite junto a la UIA que el éxito económico radica en negar sistemáticamente aumentos de salarios y consecuentemente profundizar la superexplotación laboral, y los bienes de consumo indispensables siguen inexorablemente su curso en alza.
Como hemos ido planteando en números anteriores, hay una diferencia notable entre el índice oficial inflacionario y el efectivo aumento del costo de la canasta familiar para la clase obrera, en donde los alimentos juegan un papel central. En el curso de 2005, desde el gobierno jamás admitieron el atraso acumulado cuando hubo alimentos que aumentaron tres veces con respecto al índice oficial de la inflación global, y esto sin considerar la deuda que dejó la salida de la convertibilidad para los salarios argentinos. No lo hizo Lavagna, ni esperamos de su sonriente continuadora una reparación para los humildes: este gobierno es patronal y burgués, en su esencia, y no por ocasionales líneas en política económica.
Ante el avance de algunas luchas obreras el gobierno quiere frenar la escalada de demandas de aumentos salariales y ofrece a cambio acuerdos de precios de artículos de primera necesidad, sobre todo de alimentos. Así quiere aparecer como “defensor del bolsillo de los pobres”, cuando en realidad está garantizando a la burguesía mayor extracción de plusvalor, queriendo bajar el costo de la fuerza de trabajo a como dé lugar. Sólo de muestra notemos que el acuerdo para el congelamiento del precio de la carne, que el gobierno firmó no se sabe con quien, pues las cámaras productoras exigen volver a los privilegios aduaneros anteriores a noviembre de 2005 para los cortes exportables, deja en evidencia quién manda en este país. Digamos de paso que este sector ganó en 2005 un 25 % más; y que mantener los precios de las mercaderías de consumo interno no es significativo en sus cuentas; se trata de la lógica del sistema: la mayor ganancia posible en el menor tiempo posible, imprescindible para la competencia ínter capitalista. Como medida “dura” de controlar al sector en sus ganancias el gobierno ha dispuesto hacer un registro donde los exportadores deban asentar sus movimientos, esto indica, ni más ni menos, que ni siquiera existe hasta ahora el más mínimo control sobre los empresarios de la carne.
Junto a esto, vemos que el superávit de 2005 fue mayor al ordenado (al menos públicamente) por el FMI, que era del 3.5 %, contra un logrado 4.4 % (casi 20 mil millones de pesos), y por primera vez con ahorro de las provincias, como por ejemplo Salta que “ahorra” hasta en reparación de puentes para vincular poblaciones enteras.
Este superávit, si algún iluso aún creyera en la teoría del “derrame”, podría repartirse, como ofrecen a manera de programas económicos los populistas, pero no cabe en esta ortodoxia capitalista que pone a los obreros al fondo de la cola. Pareciera que la promesa del derrame puede ser traída a cuenta en las especulaciones teóricas, pero no cuando los empleados estatales, los jubilados y el pueblo en general, reclaman mejores condiciones de vida. Se está anunciando para el año 2006 un superávit aproximado de 30 mil millones. Esta masa de riquezas, más todo el endeudamiento acumulado para mantener un dólar preferencial para beneficio de los monopolios exportadores, alcanzaría para que la jubilación mínima y el salario mínimo cubrieran el costo de la canasta familiar, sin que el presidente nos cuide de que aumente el kilo de milanesas.
Los acuerdos de la ministra Miceli con los personeros de los distintos sectores alimentarios, e incluso las negociaciones a puertas cerradas con la UIA y otras cámaras empresariales, son sólo golpes de efecto para blanquear las dádivas en créditos blandos, políticas impositivas favorables, “retoques” de leyes como la de accidentes de trabajo, y demás perlas que el gobierno burgués y pro patronal kirchnerista le ofrece en bandeja a su gente. Los trabajadores entendemos perfectamente bien que del control de precios, del control de abastecimiento, del control del agio y de la especulación, sólo pueden encargarse los mismos obreros que producen los bienes, que los trasladan o que los distribuyen.
Más de lo mismo encontramos en la política de recaudación de impuestos (más del 25 % del salario de los trabajadores va al Estado) que viene golpeando fuerte a los trabajadores vía el pago del IVA cuando compramos lo indispensable para subsistir: igual IVA paga quien compra una excursión de placer, que un paquete de aspirinas; en la economía global de consumo, el que suma es el IVA del pan, de la leche, de los antibióticos y demás bienes indispensables. Como promesa electoral, Kirchner reconoció la necesidad de modificar esta situación regresiva, igual que Menem y otros tantos “progresistas” antes; pues bien, lejos de cambiar algo, se fue consolidando esta forma de recaudar, que es una forma de doble explotación para los trabajadores.
En el mismo sentido y con la demagogia a la que el peronismo nos tiene acostumbrados, ahora anuncian que van a “blanquear” cerca de un millón de trabajadores en negro. La campaña está basada en el ofrecimiento a las señoras acomodadas, que tienen en sus casas empleadas domésticas, de la eximición del impuesto a las ganancias a cambio de que aporten a su personal jubilación y obra social. En un país donde el principal empleador que paga más de la mitad del salario en negro a sus trabajadores es el estado, una campaña de blanqueamiento como ésta no es más que una broma de mal gusto. Sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro país están en negro por lo menos el 50 % de los trabajadores (que no verán cambiar su situación), pues con ello se garantizan las superganancias de la burguesía.
En los salarios de los trabajadores “blanqueados” hay un descuento que va a parar a sus obras sociales. No decimos nada nuevo si las caracterizamos de verdaderos pozos negros de corrupción, alimento de una casta burocrática, que a su vez es la herramienta patronal para frenar la organización independiente y la lucha de los trabajadores.
Pasando a otro tema ligado estrechamente con la entrega de la actividad económica, y también para seguir pintando a este gobierno, vemos que volvió otro oportuno peronista: Chacho Álvarez. Ahora sí el MERCOSUR completa su verdadera dimensión de caja hueca con relleno según la ocasión, de manto de lágrimas de la burguesía caída en desgracia.
Kirchner tuvo que apurar un viaje a Brasilia, a ver si las automotrices deciden por los mercados potenciales, por el costo laboral en vías de esclavitud, por beneficios impositivos o por algo que encuentren aquí, que no sea soja o vacas. Para impaciencia del presidente comenzaron las luchas por mejores salarios en Renault y Chrysler.
Al cuadro tarifario de los servicios públicos, el gobierno lo va morigerando, para no llevarlo a una situación explosiva, con regalos por debajo de la mesa a las empresas concesionarias: compromisos de obras de mantenimiento o expansión, cuyos costos deberían asumir las empresas en cuestión, o no se hacen o las asume el estado, o son acuerdos a futuro. Salvo la francesa Suez, podemos decir que todo se fue acomodando silenciosamente para beneficio de un gran grupo de favorecidos. El tema es que con un presupuesto ajustado al pago de la deuda externa, diseñado para la superexplotación por parte de los monopolios, y encima, empeñado en obras para regalo a las empresas concesionarias, la lucha por salario se ubica en un plano central.
El inoportuno aumento del gas domiciliario que se viene -y que en este caso no tendrá que ver con el “apriete” del FMI, sino con un “gesto soberano” del presidente Evo Morales- deja el escenario abierto para la concreción del gasoducto más importante de América (Venezuela-Brasil-Argentina). Todos sabemos que los intereses que mueven estas obras no son precisamente “los sagrados intereses” de la hornalla que calienta el guiso de los pobres. Para el caso de los bolsillos de los laburantes hay aumento del gas en puerta, y para el caso de Techint y compañía, el cielo siempre está al alcance de la mano si se resuelve poner en marcha esta faraónica obra.
Con un panorama mundial energético en crisis, pronto el aumento correrá al resto de los combustibles y por consiguiente al transporte y al costo final de las mercancías de consumo masivo.
Internacionalmente el precio del crudo, a dinero constante, solamente ha llegado a la mitad del valor de las otras crisis (1973, 1980 y 1990), o sea que la tendencia al alza no ha mermado; sumado a que para 2012 la explotación bajará de la actual 75 millones barriles/día, a 65 millones de barriles/día, por falta de inversiones en exploración y destrucción de áreas de explotación por la crisis y la guerra de saqueo imperialista en Irak, cuando la demanda estimada será un 40 % mayor. Estos fenómenos mundiales siempre se trasladan con más crudeza a los países más vulnerables, y dentro de ellos a la clase que carga por ahora con el costo de esta historia.
Ningún país productor de petróleo, incluida “Venezuela Bolivariana”, ha invertido las superganancias del alza del crudo (100 mil millones de dólares adicionales) en desarrollo a gran escala de refinerías o producción de petroquímicos. La crisis ha servido para los grandes monopolios privados, que se han concentrado y fusionado, de acuerdo a la ortodoxia capitalista; ellos sí han aprovechado la coyuntura y ahora tienen total supremacía en el mundo del refinamiento, transporte, venta minorista y producción de derivados. Valga de ejemplo que la penetración de la British Petroleum – Amoco, la Exxon – Móvil y la Shell en China, ha producido la desocupación de un millón de trabajadores, sumado al sometimiento tecnológico. Por la expansión económica, China e India son los países más necesitados de abastecimiento de combustibles.
En nuestra región, los acuerdos PDVSA-ENARSA para exploración y explotación de la cuenca marítima argentina, se parecen mucho a los acuerdos comerciales del MERCOSUR: mucha letra para discursos, pero sustancialmente y en lo concreto no aparecen inversiones ni programas de exploración y extracción. La Argentina sigue siendo un gran negocio para Repsol que tras el saqueo de YPF, sigue produciendo y refinando barato (costo argentino), y vendiendo a precios internacionales, con retenciones aduaneras favorables. No se cumplen los compromisos de exploración de nuevos reservorios, y estamos próximos a agotar los existentes.
En medio de la tregua que dan al gobierno la CTA y la CGT en su conjunto, Kirchner encuentra un aliado indispensable para su política de ajuste a los trabajadores en Moyano. A mediados de 2005, el ministro recaudador De Vido, a través de la Secretaria de Transporte, premió a los patrones que tuvieran a los choferes de camiones enmarcados en el convenio colectivo, con un subsidio de medio año equivalente a la devolución de aportes patronales por 250 millones de pesos. Eso sí, los descuentos a los choferes siguieron engordando las arcas del sindicato. De esta forma, más las patoteadas a Cavalieri en Carrefour y Coto, hicieron crecer el número de afiliados y los números del negocio. Hoy, el nuevo premio por el alineamiento, es el manejo de 350 millones de pesos anuales del APE (Administración de Programas Especiales), robo presentado en sociedad como un “subsidio a las prestaciones de alta complejidad” de las obras sociales, que depende de la Superintendencia de Seguros de Salud y al que aportan obligatoriamente todos los trabajadores, sean o no afiliados al sindicato. Al frente del APE estará Juan Rinaldi, abogado del Sindicato de Camioneros y del Sindicato de Marítimos Unidos -este último gremio con control de Barrionuevo-, y también representante de Aduba (Asociación de Docentes Universitarios de Bs. As.); además, tiene buena relación con Juan Palacios, otro burócrata.
Hemos ido caracterizando a un gobierno, que en la figura de su presidente, quiere aparecer impúdicamente como defensor del bolsillo de los trabajadores. En los hechos, cuando ajusta, siempre lo hace con la receta capitalista en la mano. Cuando la lucha por salarios toca los intereses de la derecha, reprime como corresponde a su rol, y cuando tiene que negociar, teje poder con la demagogia que tan bien maneja, y siempre cuenta con la colaboración de la burocracia sindical.
El gobierno, para llevar a cabo su política, logra apoyarse en su triunfo electoral, al que lamentablemente han hecho el caldo gordo las organizaciones que apuestan al parlamentarismo.
Hasta aquí, al cipayo le van cerrando los acuerdos para la sustentabilidad de su accionar.
Pero los trabajadores con un programa clasista y organizados en forma independiente de la burguesía y la burocracia sindical podemos ponerle freno al plan de hambre del gobierno.