El Revolucionario Nº31 (Diciembre de 2007)
El kirchnerismo usa la “defensa de los DDHH” del pasado como recurso para reprimir mejor en el presente.
Por la mañana del 24 de marzo de 2004, en el Colegio Militar, el presidente Kirchner ordenó al general Bendini que descolgara los cuadros de Videla y Bignone. Esa tarde, junto al jefe de gobierno Aníbal Ibarra, anunció en la ESMA el inminente desalojo de ese predio para construir el Museo de la Memoria. Lo acompañaban en el palco representantes de HIJOS, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Familiares de detenidos y desaparecidos. El 20 de noviembre de este año, de nuevo en la ESMA, y cediendo buena parte del protagonismo a su sucesora esposa, Cristina Fernández, repitió aquella ceremonia, esta vez con su elenco derechohumanista completo. Se destacó la presencia del capital más importante adquirido por el gobierno peronista en la materia: la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, que dirigirá en las instalaciones del Liceo Naval una “Escuela de Militantes”. Como nota de color, bajo la bandera de la Asociación y escoltada por Sergio Schoklender, se veía a la eternamente sonriente ex ministra de economía Felisa Miceli. Sin bolsas a la vista, no se la veía preocupada por su inminente citación judicial para explicar el origen de la pequeña fortuna hallada en el baño de su despacho, asunto en el que ya le deben haber prometido impunidad. Miceli debutó ese día como la nueva administradora de los más de 40 millones de pesos que anualmente entregan los gobiernos nacional y de la ciudad a la fundación que dirige Bonafini.
Siguiendo al pie de la letra las directivas imperiales, Kirchner logró lo que se propuso desde el inicio de su gestión: tener una excelente herramienta de propaganda de su gobierno, que además sirve para silenciar sus propios y cotidianos crímenes represivos. Hace rato que los yanquis se dieron cuenta que, terminada la tarea de exterminio para la que usaron dictaduras militares en todo el continente, podían recurrir a gobiernos civiles igualmente obedientes, instalando como eje de su política continental la defensa de la “gobernabilidad democrática” y de los derechos humanos, siempre flanqueados por el impulso al libre comercio (libre para que ellos nos exploten, desde luego) y la cooperación militar (dirigida por ellos). Ya en 1976 habían advertido al gobierno militar que se tenía que apurar con la “limpieza a fondo”, ya que en los años siguientes EEUU se convertiría en autoproclamado paladín internacional contra las violaciones a los DDHH(1).
Un cuidadoso plan, monitoreado desde la Casa Blanca, permitió al kirchnerismo fagocitar prácticamente todo el “movimiento de DDHH” argentino, como lo sacó a relucir en la ESMA y en la inauguración del “monumento al desaparecido” en la Costanera unos días antes. Esos renegados, que ayer gritaban Aparición con Vida y No al Pago de la Deuda, hoy trabajan para el gobierno más represor desde 1983 y comen de la mano del Gran Pagador de la deuda. Buena parte del trabajo que hacen es usar su prestigio, ganado en el pasado, para intervenir en conflictos donde tienen mejor llegada que otros funcionarios del gobierno. Lo vimos con Pastor de Bonafini queriendo “mediar” entre los represores y los trabajadores en La Heras, con las “Madres del Dolor”, que se apuran a llegar a los casos de gatillo fácil y torturas para evitar la denuncia y la movilización independiente, o con los operativos de “contención y subsidio” para familiares de masacres como la de Magdalena o Santiago del Estero.
El plan incluyó también encendidos discursos hablando de los compañeros caídos, de la gloriosa generación que los Kirchner sostienen haber integrado, y alguna que otra lágrima de cocodrilo. Finalmente, algunas medidas de gobierno que, aunque hayan permitido algún avance en los juicios, la tardía prisión de algunos genocidas y hasta su condena en una ínfima cantidad de casos, resultaron mucho más útiles para que Kirchner y sus amigos las agiten como prueba de que este es el “gobierno de los DDHH”, mientras reprimen y asesinan trabajadores, torturan y matan en las cárceles y fusilan pibes en los barrios. La nulidad de las leyes de impunidad, el impulso a los juicios con la secretaría de DDHH como querellante, y los reclamos discursivos del presidente instando a los jueces a acelerar las causas o a mandar a cárceles comunes a los pocos represores presos, por caso, son un bajo precio, en moneda devaluada, pagado por el gobierno a cambio de la enorme ganancia de ponerse “del lado de los buenos”. Hasta lograron que muchos, que no dudan del carácter explotador y proimperialista del gobierno, digan que tiene un “doble discurso”, es decir, que dice una cosa, pero hace lo contrario. No es así. Lo que el gobierno viene diciendo y haciendo en materia de DDHH no es una “contradicción” con la política represiva que tantas veces describimos. A la inversa, es un condicionante para optimizarla, para hacerla más efectiva. La política kirchnerista de DDHH es un importante recurso en su arsenal represivo. Le permitió, a lo largo de estos años, reprimir más que ninguno de sus antecesores, al compás de los aplausos del coro de vencidos y conversos.
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NOTAS
1) Los memos de dos reuniones entre el secretario de estado Henry Kissinger y el canciller almirante César Guzzetti tomaron estado público al ser desclasificados documentos secretos yanquis en los últimos años. En Santiago de Chile en el mes de julio, durante la reunión de cancilleres de la OEA, Kissinger ratificó el apoyo yanqui para la represión a fondo. En octubre, en una suite del hotel Waldorf Astoria de Nueva York, Kissinger pidió al gobierno militar que se apurara para terminar la matanza antes de que se reanudaran las sesiones del congreso yanqui (ver “El dilema del mejor alumno” en ER N°18, octubre de 2006).
El kirchnerismo usa la “defensa de los DDHH” del pasado como recurso para reprimir mejor en el presente.
Por la mañana del 24 de marzo de 2004, en el Colegio Militar, el presidente Kirchner ordenó al general Bendini que descolgara los cuadros de Videla y Bignone. Esa tarde, junto al jefe de gobierno Aníbal Ibarra, anunció en la ESMA el inminente desalojo de ese predio para construir el Museo de la Memoria. Lo acompañaban en el palco representantes de HIJOS, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Familiares de detenidos y desaparecidos. El 20 de noviembre de este año, de nuevo en la ESMA, y cediendo buena parte del protagonismo a su sucesora esposa, Cristina Fernández, repitió aquella ceremonia, esta vez con su elenco derechohumanista completo. Se destacó la presencia del capital más importante adquirido por el gobierno peronista en la materia: la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, que dirigirá en las instalaciones del Liceo Naval una “Escuela de Militantes”. Como nota de color, bajo la bandera de la Asociación y escoltada por Sergio Schoklender, se veía a la eternamente sonriente ex ministra de economía Felisa Miceli. Sin bolsas a la vista, no se la veía preocupada por su inminente citación judicial para explicar el origen de la pequeña fortuna hallada en el baño de su despacho, asunto en el que ya le deben haber prometido impunidad. Miceli debutó ese día como la nueva administradora de los más de 40 millones de pesos que anualmente entregan los gobiernos nacional y de la ciudad a la fundación que dirige Bonafini.
Siguiendo al pie de la letra las directivas imperiales, Kirchner logró lo que se propuso desde el inicio de su gestión: tener una excelente herramienta de propaganda de su gobierno, que además sirve para silenciar sus propios y cotidianos crímenes represivos. Hace rato que los yanquis se dieron cuenta que, terminada la tarea de exterminio para la que usaron dictaduras militares en todo el continente, podían recurrir a gobiernos civiles igualmente obedientes, instalando como eje de su política continental la defensa de la “gobernabilidad democrática” y de los derechos humanos, siempre flanqueados por el impulso al libre comercio (libre para que ellos nos exploten, desde luego) y la cooperación militar (dirigida por ellos). Ya en 1976 habían advertido al gobierno militar que se tenía que apurar con la “limpieza a fondo”, ya que en los años siguientes EEUU se convertiría en autoproclamado paladín internacional contra las violaciones a los DDHH(1).
Un cuidadoso plan, monitoreado desde la Casa Blanca, permitió al kirchnerismo fagocitar prácticamente todo el “movimiento de DDHH” argentino, como lo sacó a relucir en la ESMA y en la inauguración del “monumento al desaparecido” en la Costanera unos días antes. Esos renegados, que ayer gritaban Aparición con Vida y No al Pago de la Deuda, hoy trabajan para el gobierno más represor desde 1983 y comen de la mano del Gran Pagador de la deuda. Buena parte del trabajo que hacen es usar su prestigio, ganado en el pasado, para intervenir en conflictos donde tienen mejor llegada que otros funcionarios del gobierno. Lo vimos con Pastor de Bonafini queriendo “mediar” entre los represores y los trabajadores en La Heras, con las “Madres del Dolor”, que se apuran a llegar a los casos de gatillo fácil y torturas para evitar la denuncia y la movilización independiente, o con los operativos de “contención y subsidio” para familiares de masacres como la de Magdalena o Santiago del Estero.
El plan incluyó también encendidos discursos hablando de los compañeros caídos, de la gloriosa generación que los Kirchner sostienen haber integrado, y alguna que otra lágrima de cocodrilo. Finalmente, algunas medidas de gobierno que, aunque hayan permitido algún avance en los juicios, la tardía prisión de algunos genocidas y hasta su condena en una ínfima cantidad de casos, resultaron mucho más útiles para que Kirchner y sus amigos las agiten como prueba de que este es el “gobierno de los DDHH”, mientras reprimen y asesinan trabajadores, torturan y matan en las cárceles y fusilan pibes en los barrios. La nulidad de las leyes de impunidad, el impulso a los juicios con la secretaría de DDHH como querellante, y los reclamos discursivos del presidente instando a los jueces a acelerar las causas o a mandar a cárceles comunes a los pocos represores presos, por caso, son un bajo precio, en moneda devaluada, pagado por el gobierno a cambio de la enorme ganancia de ponerse “del lado de los buenos”. Hasta lograron que muchos, que no dudan del carácter explotador y proimperialista del gobierno, digan que tiene un “doble discurso”, es decir, que dice una cosa, pero hace lo contrario. No es así. Lo que el gobierno viene diciendo y haciendo en materia de DDHH no es una “contradicción” con la política represiva que tantas veces describimos. A la inversa, es un condicionante para optimizarla, para hacerla más efectiva. La política kirchnerista de DDHH es un importante recurso en su arsenal represivo. Le permitió, a lo largo de estos años, reprimir más que ninguno de sus antecesores, al compás de los aplausos del coro de vencidos y conversos.
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NOTAS
1) Los memos de dos reuniones entre el secretario de estado Henry Kissinger y el canciller almirante César Guzzetti tomaron estado público al ser desclasificados documentos secretos yanquis en los últimos años. En Santiago de Chile en el mes de julio, durante la reunión de cancilleres de la OEA, Kissinger ratificó el apoyo yanqui para la represión a fondo. En octubre, en una suite del hotel Waldorf Astoria de Nueva York, Kissinger pidió al gobierno militar que se apurara para terminar la matanza antes de que se reanudaran las sesiones del congreso yanqui (ver “El dilema del mejor alumno” en ER N°18, octubre de 2006).