El Revolucionario Nº31 (Diciembre de 2007)
El 2 de noviembre pasado, los diarios informaron sobre una audiencia pública en la Corte de la provincia de Buenos Aires, para revisar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por la Corte de la Nación en una audiencia similar hace dos años. En ambas ocasiones intervinieron como peticionantes, entre otros, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Human Rights Watch (HRW). Al terminar la audiencia, el presidente de la Corte provincial ponderó la participación de “todas las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades estatales” y subrayó el carácter “constructivo” de estas iniciativas.
Uno de los grandes problemas que trataron en la primera audiencia fue el de los presos sin condena, casi el 80% de la población carcelaria. En la segunda, todos los asistentes celebraron como un “triunfo de la democracia” que el pasado 28 de octubre muchos de ellos, aunque siguieran presos y sin condena, pudieron votar en las elecciones nacionales.
El 4 de noviembre, apenas 48 horas después de esa payasada, 35 presos, la mayoría sin condena, morían en el penal de varones de Santiago del Estero. Habían iniciado una protesta contra las condiciones infrahumanas de vida, el maltrato a sus familiares en las visitas y la lentitud de los procesos judiciales. La respuesta oficial fue la represión, que desencadenó un motín. Se encendieron colchones y frazadas para ahuyentar con el humo a los guardiacárceles, o al menos dificultarles hacer blanco con sus armas largas. Como hace dos años en la cárcel de Magdalena, una vez iniciado el fuego, los guardiacárceles trabaron las puertas del pabellón y se fueron. El fuego y el humo ahorraron el costo de 35 balas al erario público.
Frente a la masacre (que ellos llaman “tragedia”) el estado nacional no se quedó inmóvil. De inmediato, la secretaría de derechos humanos envió dos psicólogos para “contener y asistir” a los familiares de las víctimas, es decir, para evitar que se organicen, neutralizando cualquier reclamo.
Como escribimos hace más de dos años, “El sistema carcelario es producto necesario y requisito indispensable del orden jurídico burgués. No es posible solución alguna al ‘problema carcelario’ en ese marco, como no lo hay para el resto de los problemas de la clase trabajadora. Sólo son imaginables respuestas reformistas que en la sociedad de opresores y oprimidos son tan estériles como imaginar reestructuras democráticas del aparato represivo o como soñar con ‘mejorar’ los mecanismos de distribución de la riqueza sin cambiar las relaciones de producción”. (“Otra masacre y van...” con motivo de las muertes en el penal de Magdalena, en ER N°8, noviembre de 2005)
El 2 de noviembre pasado, los diarios informaron sobre una audiencia pública en la Corte de la provincia de Buenos Aires, para revisar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por la Corte de la Nación en una audiencia similar hace dos años. En ambas ocasiones intervinieron como peticionantes, entre otros, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Human Rights Watch (HRW). Al terminar la audiencia, el presidente de la Corte provincial ponderó la participación de “todas las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades estatales” y subrayó el carácter “constructivo” de estas iniciativas.
Uno de los grandes problemas que trataron en la primera audiencia fue el de los presos sin condena, casi el 80% de la población carcelaria. En la segunda, todos los asistentes celebraron como un “triunfo de la democracia” que el pasado 28 de octubre muchos de ellos, aunque siguieran presos y sin condena, pudieron votar en las elecciones nacionales.
El 4 de noviembre, apenas 48 horas después de esa payasada, 35 presos, la mayoría sin condena, morían en el penal de varones de Santiago del Estero. Habían iniciado una protesta contra las condiciones infrahumanas de vida, el maltrato a sus familiares en las visitas y la lentitud de los procesos judiciales. La respuesta oficial fue la represión, que desencadenó un motín. Se encendieron colchones y frazadas para ahuyentar con el humo a los guardiacárceles, o al menos dificultarles hacer blanco con sus armas largas. Como hace dos años en la cárcel de Magdalena, una vez iniciado el fuego, los guardiacárceles trabaron las puertas del pabellón y se fueron. El fuego y el humo ahorraron el costo de 35 balas al erario público.
Frente a la masacre (que ellos llaman “tragedia”) el estado nacional no se quedó inmóvil. De inmediato, la secretaría de derechos humanos envió dos psicólogos para “contener y asistir” a los familiares de las víctimas, es decir, para evitar que se organicen, neutralizando cualquier reclamo.
Como escribimos hace más de dos años, “El sistema carcelario es producto necesario y requisito indispensable del orden jurídico burgués. No es posible solución alguna al ‘problema carcelario’ en ese marco, como no lo hay para el resto de los problemas de la clase trabajadora. Sólo son imaginables respuestas reformistas que en la sociedad de opresores y oprimidos son tan estériles como imaginar reestructuras democráticas del aparato represivo o como soñar con ‘mejorar’ los mecanismos de distribución de la riqueza sin cambiar las relaciones de producción”. (“Otra masacre y van...” con motivo de las muertes en el penal de Magdalena, en ER N°8, noviembre de 2005)