Cristina Fernández le hizo un guiño a los sectores que más reclaman la imputación de los menores a partir de los 14 años, ubicándose así en sintonía con el PJ Federal, el radicalismo y la Coalición Cívica.
En un acto de inauguración junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien hizo reclamos al gobierno para la aprobación de la baja de imputabilidad a los 14 años, la presidenta dijo que le “parece lógico hacer una reducción de 16 a 14 años” y así concilió posiciones con el gobernador.
Lo cierto es que el debate sobre la reforma de la Ley Penal Juvenil parece estar saldándose entre ellos. Pues realmente es poco creíble que la disputa sea por diferencia de dos años. Más bien, otra vez puede verse como el kirchnerismo va avanzando en materia represiva, intentando no descuidar su discurso progresista.
Mientras el año pasado discutían si se aprobaba o no la baja de imputabilidad, ahora ninguno de ellos lo cuestiona seriamente, sólo discuten si se condena a los menores a los 16 o a los 14 años. En la condena, están todos de acuerdo. También lo están en juzgar a niños que, en lugar de tener la garantía de un hogar, ir a la escuela, la comida diaria y la salud; el estado los mata condenándolos al hambre, a la drogadicción, al encierro en los nefastos institutos de menores, etc. A estos niños es a los que se les quiere atribuir “una responsabilidad penal ante hechos delictivos”, cuando a diario, en su estado de vulnerabilidad la policía los utiliza para robar para ellos y si estos no aceptan, simplemente los matan o los hacen desaparecer, como pasó con Luciano Arruga.
Todas las posiciones son escandalosas y denotan la voluntad cada vez mayor de los capitalistas y sus políticos de criminalizar a los jóvenes y a los pobres.
Hay quienes ven como una necesidad que los chicos de 14 años tengan “la posibilidad” de ser juzgados y llevados a una cárcel exclusiva para menores que haría falta construir. Eso sí, sin hablar de que los jueces siempre fallarán defendiendo intereses que no serán los de los pibes pobres y que las cárceles seguirán siendo lugares donde se denigra la condición humana.
Preocupaciones como ésta tiene el diputado peronista Gustavo Ferrari que dijo a Clarín.com que “la creciente cantidad de jóvenes involucrados en delitos cada vez más graves y más violentos, torna urgente el impulso de un régimen especial para menores que prevea la baja de edad de punibilidad a los 14 años, aplicando el criterio de que aquel que es “capaz” de empuñar un arma también debe de serlo al momento de asumir la responsabilidad de sus actos”.
Al “socialista” Hermes Binner, no le importa la edad, le importa que se los juzgue: "No es problema bajar la edad de imputabilidad. El problema es que tiene que haber justicia, porque si a usted le mataron un familiar no le preocupa cuántos años tenía quien lo mató".
De esta forma, queda claro que la burguesía y todos sus representantes en el gobierno y los partidos patronales acuerdan, más allá de sus matices, con la condena a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los chicos pobres; los hijos de los explotados que sin ninguna oportunidad son arrastrados por el sistema hacia la droga, el robo, la prostitución, el abandono.
Ya no les alcanza con encerrarlos en los institutos de menores donde la droga, los golpes y las violaciones son moneda corriente. Ahora también se proponen condenarlos, someterlos a un juicio cuyo resultado siempre será declararlos culpables y hacerlos padecer una vida de encarcelamiento y maltrato.
Decíamos que la política del gobierno cierra con más represión. Y así también abre su campaña electoral.
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El nuevo ministerio de Seguridad: La seguridad de los ricos es la inseguridad y el control de los pobres
Tras la orden de desalojo en la toma del parque Indoamericano con su saldo de muertos a manos de la Policía Federal, el gobierno nacional, responsable de esos asesinatos, decidió reforzar el control y la persecución con la creación del nuevo ministerio de Seguridad.
El hecho de que la gente, cansada de no tener vivienda, se organizara y saliera a pelear, fue motivo suficiente para una respuesta represiva de semejante envergadura por parte del gobierno.
Nilda Garré fue la designada para ocupar el nuevo ministerio de Seguridad. Es una de las funcionarias que, al mando del ministerio de Defensa vino a lavar la cara de las FFAA y con ello a seguir abonando la propaganda “progresista” del gobierno kirchnerista.
Las primeras medidas de la ministra han ido en total sintonía con la política represiva que se profundiza con los años del gobierno kirchnerista.
Por un lado, el cambio de figuritas en la Policía Federal que dejó al mando al comisario mayor Enrique Rubén Capdevilla, quien fue elegido por Garré para reemplazar a Valleca por “su perfil equilibrado, por su capacidad de negociar en los momentos en que le ordenaron concretar algún desalojo y por sus dotes de liderazgo”. Vale decir que Capdevilla era quien estaba a cargo de la Dirección General de Orden Urbano y Federal, “dependencia que tiene por lo menos 20 efectivos investigados por los supuestos excesos cometidos en el violento desalojo del parque Indoamericano, que terminó con tres muertos”(1). Se trata de un verdadero experto en represión a movilizaciones populares(2).
Otra de las medidas fue la puesta en marcha del “Operativo Centinela” que consta del envío de al menos 6.000 gendarmes para que actúen en todos los municipios del conurbano bonaerense. Con esto la gendarmería tendrá vía libre para el patrullaje de las calles y los barrios, avanzando en la militarización del Gran Buenos Aires(3).
El ferviente reclamo contra la “inseguridad” por parte de la burguesía grande y pequeña, es impulsado por los medios de comunicación, y tomado por el gobierno para profundizar las medidas represivas y el control social. Hoy, mientras los sectores más abiertamente de derecha festejan que “para el gobierno la inseguridad ha dejado de ser una sensación”, se puede ver claramente que el kirchnerismo ha ido garantizando un terreno propicio para reprimir con el menor costo político posible.
Nada ha dicho, y mucho menos hecho, el gobierno con la falta de tierras y viviendas que reclama el pueblo en Formosa, en Capital Federal y en otras partes del país, con la cantidad de pibes que viven en la calle porque no tienen donde vivir y están permanentemente expuestos al frío, al hambre, a la violencia, a la droga, a la prostitución. Esa es la inseguridad de la que ni el gobierno ni los medios de comunicación quieren hablar. Porque la inseguridad de los pobres y su control, es la seguridad de los ricos.
…
NOTAS:
1) Diario La Nación, 18 de diciembre de 2010.
2) Además, engorda su currículum la experiencia como jefe del Cuerpo Guardia de Infantería y responsable de circunscripciones como la I y la V de Capital Federal en las que se agrupa a siete comisarías, la intervención en operativos contra movilizaciones en Plaza de Mayo y la dirección de la comisaría 51 que tiene jurisdicción en la zona del estadio Monumental.
3) Esta medida también trajo problemas en las internas del gobierno. Se hizo notar la incomodidad de parte de los intendentes que deben aportar con dinero para la infraestructura operativa de los gendarmes. También hay conflicto con la bonaerense, que para nada está dispuesta a compartir los negocios que garantizan el extra. Y por último, la gendarmería no está dispuesta a gastar recursos propios para moverse, así que, al menos por ahora, el despliegue es mínimo y de esto se quejan los intendentes que no llegan con la caja para hacer el aporte “correspondiente”. Evidentemente, no es fácil repartir el negocio de la “seguridad” entre tantas manos.
El hecho de que la gente, cansada de no tener vivienda, se organizara y saliera a pelear, fue motivo suficiente para una respuesta represiva de semejante envergadura por parte del gobierno.
Nilda Garré fue la designada para ocupar el nuevo ministerio de Seguridad. Es una de las funcionarias que, al mando del ministerio de Defensa vino a lavar la cara de las FFAA y con ello a seguir abonando la propaganda “progresista” del gobierno kirchnerista.
Las primeras medidas de la ministra han ido en total sintonía con la política represiva que se profundiza con los años del gobierno kirchnerista.
Por un lado, el cambio de figuritas en la Policía Federal que dejó al mando al comisario mayor Enrique Rubén Capdevilla, quien fue elegido por Garré para reemplazar a Valleca por “su perfil equilibrado, por su capacidad de negociar en los momentos en que le ordenaron concretar algún desalojo y por sus dotes de liderazgo”. Vale decir que Capdevilla era quien estaba a cargo de la Dirección General de Orden Urbano y Federal, “dependencia que tiene por lo menos 20 efectivos investigados por los supuestos excesos cometidos en el violento desalojo del parque Indoamericano, que terminó con tres muertos”(1). Se trata de un verdadero experto en represión a movilizaciones populares(2).
Otra de las medidas fue la puesta en marcha del “Operativo Centinela” que consta del envío de al menos 6.000 gendarmes para que actúen en todos los municipios del conurbano bonaerense. Con esto la gendarmería tendrá vía libre para el patrullaje de las calles y los barrios, avanzando en la militarización del Gran Buenos Aires(3).
El ferviente reclamo contra la “inseguridad” por parte de la burguesía grande y pequeña, es impulsado por los medios de comunicación, y tomado por el gobierno para profundizar las medidas represivas y el control social. Hoy, mientras los sectores más abiertamente de derecha festejan que “para el gobierno la inseguridad ha dejado de ser una sensación”, se puede ver claramente que el kirchnerismo ha ido garantizando un terreno propicio para reprimir con el menor costo político posible.
Nada ha dicho, y mucho menos hecho, el gobierno con la falta de tierras y viviendas que reclama el pueblo en Formosa, en Capital Federal y en otras partes del país, con la cantidad de pibes que viven en la calle porque no tienen donde vivir y están permanentemente expuestos al frío, al hambre, a la violencia, a la droga, a la prostitución. Esa es la inseguridad de la que ni el gobierno ni los medios de comunicación quieren hablar. Porque la inseguridad de los pobres y su control, es la seguridad de los ricos.
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NOTAS:
1) Diario La Nación, 18 de diciembre de 2010.
2) Además, engorda su currículum la experiencia como jefe del Cuerpo Guardia de Infantería y responsable de circunscripciones como la I y la V de Capital Federal en las que se agrupa a siete comisarías, la intervención en operativos contra movilizaciones en Plaza de Mayo y la dirección de la comisaría 51 que tiene jurisdicción en la zona del estadio Monumental.
3) Esta medida también trajo problemas en las internas del gobierno. Se hizo notar la incomodidad de parte de los intendentes que deben aportar con dinero para la infraestructura operativa de los gendarmes. También hay conflicto con la bonaerense, que para nada está dispuesta a compartir los negocios que garantizan el extra. Y por último, la gendarmería no está dispuesta a gastar recursos propios para moverse, así que, al menos por ahora, el despliegue es mínimo y de esto se quejan los intendentes que no llegan con la caja para hacer el aporte “correspondiente”. Evidentemente, no es fácil repartir el negocio de la “seguridad” entre tantas manos.
BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD: TODOS JUNTOS A LA HORA DE REPRIMIR
El Revolucionario Nº49 (Agosto de 2009)
Desde hace tiempo, políticos, funcionarios judiciales y periodistas, insisten con su exigencia de encarcelar a los jóvenes menores de edad. Todos juntos,”reaccionarios” y “progresistas”, vienen coincidiendo en una salida represiva contra los chicos pobres que son acusados por algún delito.
Cuando de reprimir se trata, enseguida se anotan los De Narváez, los Patti, C5N, Radio 10, o La Nación.
Pero junto a ellos, y en primerísimo lugar, están quienes se consideran progresistas, encabezados por el juez de la corte suprema, Raúl Zaffaroni, que aparecen siempre cumpliendo el mismo papel: lograr que esa represión pedida a gritos por lo que llaman “la derecha”, se haga efectiva por medio de leyes que llevarán a la cárcel a los jóvenes pobres desde los 14 años. Pero eso sí, presentadas con un palabrerío demócrata y garantista que trata de mostrar como “respeto a los derechos de los jóvenes” lo que no es más que represión contra los que menos tienen.
Es la tarea que llevan adelante la llamada “nueva corte” y sus principales figuras como Zaffaroni y Argibay. Ésos que han sido tan adulados por los “progresistas” de toda laya en el periodismo y la política, incluyendo con ello no sólo a los kirchneristas (más o menos críticos), sino también a los “opositores” de la CTA , Proyecto Sur, Sabatella y demás, que han insistido en que “hay que reconocer los aportes del kirchnerismo”, en particular el de esta corte, cuyos figurones no han descansado hasta ver hecho realidad su proyecto para bajar la edad de imputabilidad hasta los 14 años.
De esta forma, las distintas corrientes que defienden esta democracia capitalista han conformado la plataforma para que hoy se despliegue con más fuerza la represión contra los chicos pobres. Mientras unos pedían más y más represión, los otros, fortalecidos por el apoyo que recibieron desde sectores que se consideran “progresistas” y hasta de “izquierda”, se encargaron de presentar las nuevas leyes represivas como un acto de cuidado de los adolescentes.
Esa ha sido la base para que el pasado 8 de julio todas las fuerzas políticas con representación en el senado votaran unánimemente la aprobación en general de la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Para esto, una vez más, no hubo diferencias entre los distintos partidos de la clase dominante, pues todos juntos, radicales y peronistas, kirchneristas y opositores, todos votaron a favor de endurecer las leyes represivas cargando su peso sobre la juventud humilde.
Por supuesto, que de la boca hacia fuera, todos dicen “entender” y “preocuparse” por el marco social que da lugar a la delincuencia y todos deben reconocer que detrás de los pibes humildes hay poderosas y millonarias empresas delictivas que funcionan impunemente (de las que muchos de esos políticos son activos miembros), pero todos coinciden también en dejar esos “complejos” problemas para más adelante y sobre todo, como decíamos dos meses atrás(1), “ocultan el hecho fundamental de que esos pobres han llegado a esa situación de miseria, marginalidad y delincuencia empujados por quienes mandan en este sistema y se enriquecen en función de la creciente pobreza y desesperación de los trabajadores, llevando a muchos de ellos a vivir en las condiciones más indignas”.
Por eso es que entonces recordábamos que “Todas las respuestas que ensayan los políticos del sistema frente a la “inseguridad”, con sus variantes “progresistas” o de “mano dura”, no pueden llevar más que al sostenimiento y la profundización de la situación actual, ya que no atacan la raíz del problema social que le da origen: las relaciones de explotación propias del capitalismo. Para poder evitar que los pibes más humildes caigan en la delincuencia es imprescindible erradicar la pobreza y la opresión social que hoy los está arrastrando a esa situación. Pero ese cambio no lo podrán concretar nunca los políticos del sistema porque ellos defienden permanentemente a los poderosos y sus ganancias, y para ello condenan al conjunto de los trabajadores a la explotación y llevan a la más dura pobreza a sus capas más humildes. En el capitalismo, la delincuencia originada en la pobreza no sólo es inevitable sino endémica. Sólo en una sociedad donde no haya poderosos privilegiados y, por eso mismo, no haya pobres a los que los ricos le sacan todo, en una sociedad así, socialista, donde todos trabajemos para todos y nadie viva a costa de los demás, allí pues, erradicaremos esta delincuencia, porque habrá perdido su base social”.
...
NOTAS:
1) Ver “La `inseguridad´ que nos trae el capitalismo” en ER Nº47, junio de 2009.
Desde hace tiempo, políticos, funcionarios judiciales y periodistas, insisten con su exigencia de encarcelar a los jóvenes menores de edad. Todos juntos,”reaccionarios” y “progresistas”, vienen coincidiendo en una salida represiva contra los chicos pobres que son acusados por algún delito.
Cuando de reprimir se trata, enseguida se anotan los De Narváez, los Patti, C5N, Radio 10, o La Nación.
Pero junto a ellos, y en primerísimo lugar, están quienes se consideran progresistas, encabezados por el juez de la corte suprema, Raúl Zaffaroni, que aparecen siempre cumpliendo el mismo papel: lograr que esa represión pedida a gritos por lo que llaman “la derecha”, se haga efectiva por medio de leyes que llevarán a la cárcel a los jóvenes pobres desde los 14 años. Pero eso sí, presentadas con un palabrerío demócrata y garantista que trata de mostrar como “respeto a los derechos de los jóvenes” lo que no es más que represión contra los que menos tienen.
Es la tarea que llevan adelante la llamada “nueva corte” y sus principales figuras como Zaffaroni y Argibay. Ésos que han sido tan adulados por los “progresistas” de toda laya en el periodismo y la política, incluyendo con ello no sólo a los kirchneristas (más o menos críticos), sino también a los “opositores” de la CTA , Proyecto Sur, Sabatella y demás, que han insistido en que “hay que reconocer los aportes del kirchnerismo”, en particular el de esta corte, cuyos figurones no han descansado hasta ver hecho realidad su proyecto para bajar la edad de imputabilidad hasta los 14 años.
De esta forma, las distintas corrientes que defienden esta democracia capitalista han conformado la plataforma para que hoy se despliegue con más fuerza la represión contra los chicos pobres. Mientras unos pedían más y más represión, los otros, fortalecidos por el apoyo que recibieron desde sectores que se consideran “progresistas” y hasta de “izquierda”, se encargaron de presentar las nuevas leyes represivas como un acto de cuidado de los adolescentes.
Esa ha sido la base para que el pasado 8 de julio todas las fuerzas políticas con representación en el senado votaran unánimemente la aprobación en general de la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Para esto, una vez más, no hubo diferencias entre los distintos partidos de la clase dominante, pues todos juntos, radicales y peronistas, kirchneristas y opositores, todos votaron a favor de endurecer las leyes represivas cargando su peso sobre la juventud humilde.
Por supuesto, que de la boca hacia fuera, todos dicen “entender” y “preocuparse” por el marco social que da lugar a la delincuencia y todos deben reconocer que detrás de los pibes humildes hay poderosas y millonarias empresas delictivas que funcionan impunemente (de las que muchos de esos políticos son activos miembros), pero todos coinciden también en dejar esos “complejos” problemas para más adelante y sobre todo, como decíamos dos meses atrás(1), “ocultan el hecho fundamental de que esos pobres han llegado a esa situación de miseria, marginalidad y delincuencia empujados por quienes mandan en este sistema y se enriquecen en función de la creciente pobreza y desesperación de los trabajadores, llevando a muchos de ellos a vivir en las condiciones más indignas”.
Por eso es que entonces recordábamos que “Todas las respuestas que ensayan los políticos del sistema frente a la “inseguridad”, con sus variantes “progresistas” o de “mano dura”, no pueden llevar más que al sostenimiento y la profundización de la situación actual, ya que no atacan la raíz del problema social que le da origen: las relaciones de explotación propias del capitalismo. Para poder evitar que los pibes más humildes caigan en la delincuencia es imprescindible erradicar la pobreza y la opresión social que hoy los está arrastrando a esa situación. Pero ese cambio no lo podrán concretar nunca los políticos del sistema porque ellos defienden permanentemente a los poderosos y sus ganancias, y para ello condenan al conjunto de los trabajadores a la explotación y llevan a la más dura pobreza a sus capas más humildes. En el capitalismo, la delincuencia originada en la pobreza no sólo es inevitable sino endémica. Sólo en una sociedad donde no haya poderosos privilegiados y, por eso mismo, no haya pobres a los que los ricos le sacan todo, en una sociedad así, socialista, donde todos trabajemos para todos y nadie viva a costa de los demás, allí pues, erradicaremos esta delincuencia, porque habrá perdido su base social”.
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NOTAS:
1) Ver “La `inseguridad´ que nos trae el capitalismo” en ER Nº47, junio de 2009.