Tras la orden de desalojo en la toma del parque Indoamericano con su saldo de muertos a manos de la Policía Federal, el gobierno nacional, responsable de esos asesinatos, decidió reforzar el control y la persecución con la creación del nuevo ministerio de Seguridad.
El hecho de que la gente, cansada de no tener vivienda, se organizara y saliera a pelear, fue motivo suficiente para una respuesta represiva de semejante envergadura por parte del gobierno.
Nilda Garré fue la designada para ocupar el nuevo ministerio de Seguridad. Es una de las funcionarias que, al mando del ministerio de Defensa vino a lavar la cara de las FFAA y con ello a seguir abonando la propaganda “progresista” del gobierno kirchnerista.
Las primeras medidas de la ministra han ido en total sintonía con la política represiva que se profundiza con los años del gobierno kirchnerista.
Por un lado, el cambio de figuritas en la Policía Federal que dejó al mando al comisario mayor Enrique Rubén Capdevilla, quien fue elegido por Garré para reemplazar a Valleca por “su perfil equilibrado, por su capacidad de negociar en los momentos en que le ordenaron concretar algún desalojo y por sus dotes de liderazgo”. Vale decir que Capdevilla era quien estaba a cargo de la Dirección General de Orden Urbano y Federal, “dependencia que tiene por lo menos 20 efectivos investigados por los supuestos excesos cometidos en el violento desalojo del parque Indoamericano, que terminó con tres muertos”(1). Se trata de un verdadero experto en represión a movilizaciones populares(2).
Otra de las medidas fue la puesta en marcha del “Operativo Centinela” que consta del envío de al menos 6.000 gendarmes para que actúen en todos los municipios del conurbano bonaerense. Con esto la gendarmería tendrá vía libre para el patrullaje de las calles y los barrios, avanzando en la militarización del Gran Buenos Aires(3).
El ferviente reclamo contra la “inseguridad” por parte de la burguesía grande y pequeña, es impulsado por los medios de comunicación, y tomado por el gobierno para profundizar las medidas represivas y el control social. Hoy, mientras los sectores más abiertamente de derecha festejan que “para el gobierno la inseguridad ha dejado de ser una sensación”, se puede ver claramente que el kirchnerismo ha ido garantizando un terreno propicio para reprimir con el menor costo político posible.
Nada ha dicho, y mucho menos hecho, el gobierno con la falta de tierras y viviendas que reclama el pueblo en Formosa, en Capital Federal y en otras partes del país, con la cantidad de pibes que viven en la calle porque no tienen donde vivir y están permanentemente expuestos al frío, al hambre, a la violencia, a la droga, a la prostitución. Esa es la inseguridad de la que ni el gobierno ni los medios de comunicación quieren hablar. Porque la inseguridad de los pobres y su control, es la seguridad de los ricos.
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NOTAS:
1) Diario La Nación, 18 de diciembre de 2010.
2) Además, engorda su currículum la experiencia como jefe del Cuerpo Guardia de Infantería y responsable de circunscripciones como la I y la V de Capital Federal en las que se agrupa a siete comisarías, la intervención en operativos contra movilizaciones en Plaza de Mayo y la dirección de la comisaría 51 que tiene jurisdicción en la zona del estadio Monumental.
3) Esta medida también trajo problemas en las internas del gobierno. Se hizo notar la incomodidad de parte de los intendentes que deben aportar con dinero para la infraestructura operativa de los gendarmes. También hay conflicto con la bonaerense, que para nada está dispuesta a compartir los negocios que garantizan el extra. Y por último, la gendarmería no está dispuesta a gastar recursos propios para moverse, así que, al menos por ahora, el despliegue es mínimo y de esto se quejan los intendentes que no llegan con la caja para hacer el aporte “correspondiente”. Evidentemente, no es fácil repartir el negocio de la “seguridad” entre tantas manos.
