Varias causas judiciales, como la de los medicamentos “truchos” y el lavado de dinero para aportes de campaña, dan apenas una muestra de los fabulosos negocios entre empresarios, funcionarios del gobierno y burócratas sindicales. Los une una historia con secuestros, asesinatos, traiciones, y, sobre todo, mucha, mucha plata en juego.
El 13 de agosto de 2008, Clarín tituló “Desaparecen en forma misteriosa tres jóvenes empresarios”. Al día siguiente, se informó el hallazgo, en General Rodríguez, de los cuerpos acribillados de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35). Las primeras versiones sugerían una “venganza de narcos mexicanos” por alguna deuda impaga en el tráfico de efedrina, pero, con el tiempo, se fue develando una trama de negocios multimillonarios que mezcla adulteración de medicamentos, estafas con troqueles “truchos”, narcodinero para campañas electorales y negocios en Venezuela.
Las causas por el triple crimen, la “mafia de los medicamentos” y los “aportes de campaña”, muestran apenas un orillo de la criminalidad que vincula empresarios, burócratas sindicales, funcionarios nacionales y provinciales, agentes de la SIDE y la DEA y narcotraficantes.
La causa por los homicidios, a pesar de las presiones oficialistas, señala a narcoempresarios como Ibar Esteban Pérez Corradi, Martín Lanatta y Marcelo Abasto, todos vinculados al PJ de Quilmes, la tierra del jefe de gabinete Fernández, lugar donde fueron secuestrados Forza y sus amigos. Cada vez se hace más explícita la relación del triple crimen con los aportes con dinero “sucio” a la campaña “Cristina 2007” y los negociados entre droguerías, funcionarios oficiales y sindicatos, como Camioneros y La Bancaria.
En la única entrevista periodística que se conoce de Forza, hecha tres meses antes de su muerte, admitió que, en la campaña del kirchnerismo, se blanqueó dinero del narcotráfico, a través de Héctor Capaccioli, el responsable de la recaudación, y el empresario Néstor Lorenzo, que hoy está preso junto al burócrata bancario Juan José Zanola y una decena más de personas, por la adulteración de medicamentos. En esa causa, el fiscal viene pidiendo al juez Norberto Oyarbide que ponga fecha para citar a indagatoria a Capaccioli, quien, a la vez, es el principal imputado en otro expediente que investiga el lavado de dinero a través de los aportes de campaña. Es que, en un allanamiento en la casa de Lorenzo, en busca de troqueles truchos y constancias de reintegros del APE (Administración de Programas Especiales) por tratamientos complejos inexistentes, se encontraron comprobantes de aportes de Gabriel Brito (un empresario también detenido) y de Julio Posse, un ex espía de la SIDE y de la DEA, que, a su vez, resulta ser el nexo entre Lorenzo y los asesinos de Forza, Ferrón y Bina(1).
Hugo Moyano viene eludiendo el procesamiento y la cárcel, pese a ser uno de los primeros imputados en la denuncia que hizo su archienemigo, Juan Pablo “Pata” Medina (UOCRA La Plata), en 2006. No extraña que Lorenzo, en reportajes recientes desde el pabellón de Marcos Paz, se queje amargamente de que el jefe camionero siga libre, ni que “pase la factura” al kirchnerismo, que prefirió proteger al nuevo titular del PJ bonaerense antes que a su ex socio. Lorenzo lamenta, también, que el gobierno no cumplió con el pago por su contribución de un millón de pesos para la campaña electoral, recaudada por él entre los narcoempresarios, que era la instalación de una planta de biotecnología en Venezuela.
Los “protagonistas” de la causa por los aportes, son más o menos los mismos: Capaccioli, Lorenzo, otros empresarios farmacéuticos como Gabriel Brito y Carlos Torres, y el hombre de la DEA, Julio César Posse.
Burócratas sindicales, funcionarios y empresarios, como siempre, unidos, esta vez en una trama que devela en qué consisten los negocios del kirchnerismo, que recurre a cualquier medio para llenarse los bolsillos.
…
NOTAS:
1) Sobre el funcionamiento de la “mafia de los medicamentos”, ver Otro negocio de la triple alianza antiobrera, en ER Nº51, septiembre de 2009.