DE LA PELEA CON REDRADO A LA PELEA POR EL SENADO

Después de echar a Redrado, y asegurarse un férreo manejo del Banco Central, el gobierno busca alternativas para reemplazar al naufragado Fondo del Bicentenario. Mientras tanto, la pelea es por el control del congreso, donde todos negocian sin pudores, entre promesas, sorpresas y traiciones.

Sigue la pelea por los 6.500 millones de dólares del Fondo del Bicentenario, oficialmente bautizado “para el Desendeudamiento y la Estabilidad”, pero que muchos llaman “aloe vera”, por la variedad de utilidades y virtudes que le atribuye el kirchnerismo. Desde las filas kirchneristas se lo sigue defendiendo, con voceros como Hugo Moyano, que lo definió como “revolucionario”.
La Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativa concedió al gobierno el recurso extraordinario contra las dos sentencias que le impidieron usar las reservas, con lo que la Corte Suprema podría habilitar al ejecutivo a manotear esa fortuna y destinarla al pago de la deuda externa. Pero las cosas no vienen pintando bien para el oficialismo en el terreno judicial, así que, por las dudas, ya está pensada una solución alternativa. La nueva presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, dio la primera prueba de su fidelidad sin fisuras al autorizar que las utilidades 2009 de la entidad, casi por la misma cantidad de dinero que el anhelado fondo (6.300 millones de dólares), sean entregadas al ejecutivo para “financiar el gasto público”.
Por el lado legislativo, los diputados de la variopinta “oposición”, desde el peronismo ortodoxo hasta “Pino” Solanas, quieren tratar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) en la primera sesión del año, y sostienen que pueden reunir los votos necesarios para rechazarlo. Pero el escenario de la confrontación más fuerte se desplazó al senado, donde la UCR, el “peronismo federal”, la Coalición Cívica, el socialismo y un nuevo grupo de peronistas “no alineados”, estuvieron varios días asegurando que esa mescolanza, que los diarios llaman “la oposición”, obtendría el control que, hasta ahora, había hegemonizado el kirchnerismo. “Tenemos un acta con 37 firmas de senadores en la caja fuerte del senador Gerardo Morales”, juraron. Hasta trascendió cómo habían armado el reparto de comisiones entre la UCR, el PJ “federal” y sus aliados (el Movimiento Popular Neuquino y el ARI de Tierra del Fuego), los peronistas pampeanos Carlos Verna y María Higonet y la liberal correntina Josefina Meabe, que, después de ser elegida en un frente cobista, se había sumado al oficialismo, al que ahora dejó para aliarse a Verna.
El día de la sesión, se votaron las autoridades de la cámara sin sorpresas. Pero cuando tocaba discutir la composición y presidencia de las comisiones, los kirchneristas y sus aliados se fueron del recinto. Quedaron 36 senadores en sus bancas. Faltaba uno para la mitad más uno que da quorum. La triquiñuela del gobierno y el ridículo de la “oposición” fue obra, nada menos, que del inefable Carlos Menem, convertido de pronto en el gran árbitro de la política argentina.
Menem dice que no había pactado con nadie ni había asegurado su voto. Las versiones de venganza por los desplantes, o de promesas de inmunidad judicial están al rojo vivo. Lo único cierto es que, mientras esta edición de ER entra en prensa, la comedia del absurdo sigue sumando enredos.
Ahora resulta que el pampeano Carlos Verna, que le arrebató el control del PJ de su provincia al histórico Rubén Marín, y se había convertido en la “vedette” de las negociaciones de la oposición al separarse del Frente para la Victoria y crear el nuevo bloque “ni oficialista ni opositor”, es decir, al mejor postor, está negociando de nuevo con el kirchnerismo. A cambio de que parte de los fondos se destine a los gobiernos provinciales (La Pampa incluida), Verna presentaría un proyecto que autorizaría el uso de las reservas, consensuado con el gobierno.
Como vemos, el escenario de la política burguesa no da sorpresas. La dinámica habitual de alianzas, rupturas, reacomodamientos y negociaciones, siempre de la mano de traiciones y conspiraciones, muestra la ausencia de todo otro incentivo que el oportunismo y la ambición por aumentar la cuota de privilegios. Y que, con DNU, ley o sentencia, lo único que no se discute, es el pago compulsivo de la deuda.