El Revolucionario Nº8 (Noviembre de 2005)
Las muertes en el penal de Magdalena no pueden ser atribuidas más que a una decisión política del estado burgués.
Algunos datos:
· En 1996 el motín de los “doce apóstoles” de la cárcel de Sierra Chica produjo 8 muertes.
· El 22/01/99 siete presos murieron calcinados en el precinto 5 de Córdoba.
· El 5 de noviembre de 2000 doce presos de la comisaría de Pueblo Nuevo fallecieron por asfixia y quemaduras en un motín.
· En febrero y marzo de 2002 hubo cuatro muertos y 48 heridos en dos motines en el penal de Coronda, Santa Fe.
· El 2 de mayo de 2004 el saldo de un motín en Granja Penal de Gustavo André, en el partido mendocino de Lavalle, fue de cinco internos muertos y dos heridos graves.
· En la provincia de Mendoza hubo 16 internos muertos a tiros o puñaladas en el año 2004.
· El 24 de enero de 2005 murieron dos presos en un motín en la Unidad Penal Número 5 de Victoria, Entre Ríos, donde se aloja a menores de entre 18 y 21años.
· El 10 de febrero de 2005 en la cárcel del barrio San Martín de la ciudad de Córdoba, durante un motín por restricciones al régimen de visitas, murieron baleados cinco presos y un guardia bajo las balas policiales.
· El 11 de abril de 2005, en la cárcel de Coronda, Santa Fe, 14 detenidos fueron asesinados durante un motín.
· El 20 de junio de 2005, en la Alcaidía de Mujeres de Rosario, una celadora impidió a una interna recibir un llamado telefónico, lo que desató una protesta. Iniciado el fuego, el personal policial se retiró. Una interna que estaba fuera de las celdas cocinando encontró las llaves y pudo abrirlas. Dos mujeres (una embarazada de 7 meses) murieron.
· En la última quincena de diciembre de 2004 murieron violentamente 15 presos en todo el país.
· En las primeras siete semanas del año 2005 murieron en las cárceles de la provincia de Buenos Aires 37 presos, cinco veces más que en el mismo período de 2004, y más del doble que en Mendoza durante todo un año.
· Sólo el 39 % de los presos en cárceles federales y provinciales tienen condena.
· En Salta hay presos federales hacinados en contenedores.
· Hay unidades carcelarias con hasta un 700 % de superpoblación.
1. Dime cuántos presos tienes
Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Justicia (1), en 1997 el total de presos en todo el país no llegaba a 30.000. Hoy hay 63.000 presos en todo el país, de los cuales 52.000 están alojados en cárceles federales y provinciales que tienen una capacidad informada para 32.000 personas.
Los restantes 11.000 presos están en comisarías u otras dependencias de fuerzas de seguridad federales y provinciales. En la provincia de Buenos Aires hay 7.500 presos en comisarías que tienen lugar para 2.800. En la ciudad de La Plata, por ejemplo, hay 730 personas detenidas en comisarías con una capacidad real para 120.
En el mismo período la cantidad total de hechos delictuosos en todo el país aumentó de 816.340 a 1.270.725. La matemática no suele mentir: En los últimos 8 años el delito real aumentó menos de un tercio, pero la población carcelaria se duplicó.
Esa incongruencia se explica fácil. Los índices oficiales demuestran que no se trata de que haya un porcentaje mayor de esclarecimiento y condena de delitos. Sencillamente es el efecto de años de sucesivas reformas penales y procesales que endurecieron el sistema penal. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la ley 12.045 que impulsó Carlos Ruckauf y que la legislatura bonaerense votó por unanimidad en mayo de 2002 impide de manera casi total las excarcelaciones, aun en delitos menores. Las reformas al Código Penal aumentando sistemáticamente las penas (especialmente para los delitos que cometen los pobres contra la propiedad de los ricos) contribuyeron a que cárceles y comisarías estén hoy saturadas de “perejiles”. En estos años, el Congreso Nacional dictó una sola ley despenalizando una conducta: derogó la ley de subversión económica, no vaya a ser que algún banquero vaya preso.
Claro que junto a estas normas pensadas para los presos pobres subsiste un régimen de excepción que permite, con institutos como la morigeración de la prisión preventiva o las medidas alternativas, que policías procesados por homicidios o torturas, empresarios o funcionarios públicos, esperen el juicio en su casa (si es que deciden presentarse a la audiencia).
La superpoblación carcelaria genera condiciones infrahumanas de vida que se agravan con el desvío de recursos oficiales que van a parar a los bolsillos (y cajas de seguridad) de los guardiacárceles. En lo que va del año altos jefes del servicio penitenciario de distintas unidades fueron desplazados al comprobarse, por ejemplo, que revendían alimentos destinados a los presos, o que lucraban con el trabajo de los internos en los talleres.
El escenario de cualquier cárcel del país es más o menos el mismo: colchones en el piso, baños usados como dormitorios, inexistencia de servicios sanitarios, disciplina mantenida a fuerza de terror por los “porongas” de los pabellones en connivencia con los funcionarios penitenciarios.
Y todo tiene precio que cobran los “candados” a través de sus buchones, generalmente los fajineros-: una visita especial o íntima, el acceso al teléfono, las pastillas, la merca, los cigarrillos, el alcohol. Cuanto más hacinamiento, más privaciones y necesidades, y por ende más negocios posibles intramuros.
Y cuantos más presos, más servicios para tercerizar, más movimiento de visitas que compran mercadería en las proveedurías estratégicamente ubicadas cerca de las cárceles, más posibilidad también de negocios extramuros. Así es el mercado.
2. Estar preso es perjudicial para la salud
Mientras que el aumento de la población carcelaria no se relaciona con el delito real, sí lo hace con el incremento pasmoso de muertes violentas de personas detenidas. Hoy estar preso es la primera causa de muerte a manos del estado.
La muerte de personas en cárceles y comisarías representó el 30.60 % del total de los asesinatos por fuerzas de seguridad del estado en el año 2004, superando por varios puntos al gatillo fácil (2). La última estadística gubernamental es del año 2003, con 190 muertos comprobados en cárceles de todo el país en el año, pese a que no hay datos informados de 8 provincias (3).
Un informe archivado por la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires demuestra que desde que se restringieron las excarcelaciones para delitos menores se multiplicaron por ocho la cantidad de hechos de violencia en las cárceles.
Los motines, tentativas de evasión y tomas de rehenes rara vez ocurren sin conocimiento previo y generalmente instigación de los servicios penitenciarios. Es que si hay “cachengue” en una cárcel, una vez restablecido el orden reprimida la protesta- suele venir el pliego de reclamos de los guardiacárceles, que usando como presión la situación tensa en el penal logran aumentos presupuestarios y otros beneficios.
Muchas veces, también, los motines son el escenario montado para que algún “preso molesto” muera a manos de sicarios del servicio penitenciario, como ocurrió en abril de 2004 en el Penal de Varones de Santiago del Estero. Un grupo de presos recibió grandes cantidades de alcohol y drogas de parte de sus guardianes, a cambio de generar un motín para asesinar a los policías Pablo Gómez y Francisco Mattar, procesados por los asesinatos de Leyla Nazar y Patricia Villalba. La muerte de ambos reclusos hubiera determinado el cierre de la investigación judicial, poniendo así a resguardo a los autores intelectuales y encubridores del crimen de la Dársena, entre ellos el ex represor de la dictadura y ex jefe de policía de Juárez Muza Azar.
El motín del mes de febrero en el penal de Córdoba que culminó con ocho muertos no escapa a esta caracterización general. Desde 1997 el penal estaba controlado por “Los Guerreros de Cristo”, mezcla de convocatoria religiosa con banda al estilo de los míticos “Pitufos” de Olmos que compulsivamente convirtieron a los reclusos de seis pabellones. Los acuerdos de los Guerreros con el SPC eran tan explícitos que en 2002 el director de la cárcel cordobesa declaró a los medios “Han contribuido a pacificar la cárcel”.
Pero la banda religiosa fue perdiendo poder al aumentar vertiginosamente la cantidad de presos y dificultarse el “avance hacia la calle”, es decir, la posibilidad de obtener salidas laborales, transitorias y libertades asistidas “haciendo conducta”. Un anunciado cambio restrictivo en el sistema de visitas hizo estallar el polvorín y se produjo un violento motín. La real situación del penal quedó en evidencia cuando, a dos semanas de que el SPC recuperara el control de la cárcel, tuvieron que admitir que no sabían si quedaban armas en poder de los internos, porque no tenían datos confiables de cuánto armamento había en el depósito del penal antes del levantamiento (4).
El proceso que explotó en Córdoba se repite cotidianamente en cualquiera de las unidades carcelarias de todo el país, en las que es semejante el panorama interno: bandas de “porongas” que en connivencia con los servicios penitenciarios tiranizan los pabellones; retraso o desaparición del “tratamiento carcelario” (mejoras que se obtienen con buena conducta); superpoblación y hacinamiento. Volvió a pasar en Coronda, Santa Fe, apenas dos meses después.
3. Gracias por el fuego
Prender fuego colchones o frazadas es el más clásico de los métodos de protesta en una cárcel, y dejar a los presos encerrados con el humo y las llamas es la habitual conducta del personal penitenciario. Así ocurrió en el casi mítico “motín de los colchones” en Devoto en 1978, donde murieron 60 presos; en Olmos en 1990, con 35 víctimas, y en Magdalena este año.
El humo tóxico que emanan al arder los colchones de poliuretano que se siguen usando en todos los penales y comisarías fue la causa de la mayoría de las 34 muertes en el penal de Magdalena. Una vez más, los presos sobrevivientes relataron que los guardiacárceles se retiraron ni bien comenzó el fuego, dejando las puertas del pabellón cerradas. El secretario de un juzgado de ejecución penal que fue al lugar comprobó y declaró a los medios- que los detenidos de los pabellones linderos hicieron un boquete en la pared y por allí lograron rescatar algunos de sus compañeros. También verificó el funcionario que no hubo intento alguno del personal carcelario de extinguir el fuego, pues el piso del pabellón incendiado no estaba mojado.
Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en Córdoba o Coronda, no podrán usar la reiterada excusa de la “peligrosidad” de los detenidos para explicar las muertes. Fueron los otros presos los que evitaron que murieran todos. No es detalle menor que el pabellón 16 era el de autodisciplina, el de los “presos modelo”, de los que ya estaban a punto de ser excarcelados. De sus sesenta habitantes, sólo tres tenían condena. Los otros cincuenta y siete eran procesados sin sentencia, la mayoría en condiciones de recuperar la libertad muy pronto.
Ahora, en medio del escándalo desatado por la masacre, aparecen los “progresistas” de siempre a rasgarse las vestiduras. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Remo Carlotto, ofreció asistencia psicológica a los familiares de los muertos, para ayudarlos a superar “el hecho traumático”, eufemismo para referirse al asesinato masivo cometido por el gobierno del que él forma parte. El gobernador Felipe Solá se hizo cargo públicamente de la responsabilidad política (no fuera cuestión de salpicar al matrimonio Kirchner justo en el tramo final de la campaña electoral) y produjo una nueva “purga” del SPB, como siempre, más mediática que efectiva. El propio presidente Kirchner ofreció protección y traslados a los internos que declaren en la causa penal.
La Corte Suprema de la Provincia, como cada vez que arrecian las denuncias por torturas o por fusilamientos policiales, produjo un encendido pedido de informes al ejecutivo, como si los jueces no supieran desde siempre lo que pasa en las cárceles. Apenas unos días después, ordenaron al gobernador que, en el término de tres días, informe si el penal de Magdalena estaba equipado con colchones ignífugos, esto es, de material no combustible. También requirieron al titular del Poder Ejecutivo que en 15 días informe sobre el equipamiento, en ese rubro, en todas las cárceles, comisarías e institutos de menores. La fantochada es manifiesta para cualquiera que conozca, como visitante o habitante, una cárcel argentina. ¿Colchones ignífugos? Gracias que, a veces, hay un colchón por preso lo que no necesariamente implica que haya una cama o un lugar seco donde ponerlo.
En la misma y mediática acordada la Corte provincial reformó el reglamento de visitas periódicas de los jueces -que pueden ir acompañados por directivos de los Colegios de Abogados- a los establecimientos de detención de la Provincia para verificar el estado de los presos, agregando que en esas revisiones puede participar también la Comisión Provincial por la Memoria, organismo gubernamental que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel e integran legisladores, funcionarios judiciales, religiosos, intelectuales y “personalidades de los DDHH” (5). Es un juego que parecería esquizofrénico si no respondiera linealmente a la política habitual del autodenominado “gobierno de los DDHH”: el propio estado que ejecutó la masacre, que asesinó a los presos de Magdalena, reclama “respuestas” a través de la Corte provincial o la Comisión por la Memoria, y en este caso a través del mismísimo presidente. Ni siquiera es el perimido “¿Yo, señor?, No, señor, ¿Pues entonces quién lo tiene?” de las épocas de Duhalde o Ruckauf. Por el contrario, estas estructuras “de asistencia a la víctima” estatales son las que, buscando sembrar confusión en los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, y sobre todo tratando de evitar la movilización y la denuncia pública, utilizan su poder sobre los medios de comunicación para posicionarse como voceros del reclamo de juicio y castigo… contra ellos mismos.
4. Foucault no alcanza
Es casi de estilo, cuando se analiza el tema carcelario, recurrir al análisis que de su génesis hiciera Michel Foulcault. Seguramente en el informe que elevarán “oportunamente” la Comisión por la Memoria o la Secretaría de DDHH provincial aparecerá algún parrafito escogido, siempre útil para explicar que estas cosas pasan porque hay defectos del sistema que la democracia representativa “todavía no ha sabido corregir”.
Citarán a Foucault enseñando, por ejemplo, que en el proceso de conformación de los estados nacionales modernos, que instaló un marco jurídico explícito, codificado, formalmente igualitario, y a través de la organización de un régimen de tipo parlamentario y representativo, se constituyó otra vertiente oscura, la de los dispositivos disciplinarios, y que “Bajo la forma jurídica general que garantizaba un sistema de derechos en principio igualitarios había, subyacentes, esos mecanismos menudos, cotidianos y físicos, todos esos sistemas de micropoder esencialmente inigualitarios y disimétricos que constituyen las disciplinas. Y si, de una manera formal, el régimen representativo permite que directa o indirectamente, con o sin enlaces, la voluntad de todos forme la instancia fundamental de la soberanía, las disciplinas dan, en la base, garantía de la sumisión de las fuerzas y de los cuerpos. Las disciplinas reales y corporales han constituido el subsuelo de las libertades formales y jurídicas”(6).
La “culpa”, entonces, no será ya del estado burgués, sino de la fatalidad con que los “mecanismos de micropoder” corrompen un sistema basado en el igualitarismo y la democracia. Nada, para ellos, que no se pueda reformar desde la propia estructura estatal, siempre con el inefable apoyo y cooperación de la “sociedad civil”.
Digamos nosotros las cosas con claridad: El sistema carcelario es producto necesario y requisito indispensable del orden jurídico burgués. No hay posible solución alguna al “problema carcelario” en ese marco, como no lo hay para el resto de los problemas de la clase trabajadora. Sólo son imaginables respuestas reformistas que en la sociedad de opresores y oprimidos son tan estériles como imaginar reestructuras democráticas del aparato represivo o como soñar con “mejorar” los mecanismos de distribución de la riqueza sin cambiar las relaciones de producción.
Sólo podrá encontrarse esta solución, junto a todas las demás, cuando los trabajadores tengan la suficiente capacidad como clase para defender políticamente sus intereses; cuando la clase trabajadora se transforme, a través de un desenvolvimiento prolongado, contradictorio y no lineal, de una clase en sí y objeto de explotación, en clase para sí, sujeto de su propia emancipación.
(1) Datos publicados por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia.
(2) Dato publicado por CORREPI en su ARCHIVO DE CASOS 1983/2004, www.correpi.lahaine.org
(3) Dato publicado por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia.
(4) La Voz del Interior, 26 de febrero de 2005.
(5) Integran la Comisión, entre otros, Hugo Cañón (fiscal de Bahía Blanca), Laura Conte (Madres de Plaza de Mayo LF CELS), Aldo Etchegoyen (APDH), Daniel Goldman (Rabino, Comunidad Bet-El), Mauricio Tenembaum (Agrupación Convergencia por un Judaísmo Humanista y Pluralista), Elisa Carca (UCR), Roberto "Tito" Cossa, Víctor Mendibil (Asociación Judicial Bonaerense CTA), Alejandro Mosquera (Frepaso), y Leopoldo Schiffrin, Baltasar Garzón, Marta Pelloni, y Mempo Giardinelli como consultores académicos.
(6) FOUCAULT, Michel, Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión. 1ª ed., Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2002.
Algunos datos:
· En 1996 el motín de los “doce apóstoles” de la cárcel de Sierra Chica produjo 8 muertes.
· El 22/01/99 siete presos murieron calcinados en el precinto 5 de Córdoba.
· El 5 de noviembre de 2000 doce presos de la comisaría de Pueblo Nuevo fallecieron por asfixia y quemaduras en un motín.
· En febrero y marzo de 2002 hubo cuatro muertos y 48 heridos en dos motines en el penal de Coronda, Santa Fe.
· El 2 de mayo de 2004 el saldo de un motín en Granja Penal de Gustavo André, en el partido mendocino de Lavalle, fue de cinco internos muertos y dos heridos graves.
· En la provincia de Mendoza hubo 16 internos muertos a tiros o puñaladas en el año 2004.
· El 24 de enero de 2005 murieron dos presos en un motín en la Unidad Penal Número 5 de Victoria, Entre Ríos, donde se aloja a menores de entre 18 y 21años.
· El 10 de febrero de 2005 en la cárcel del barrio San Martín de la ciudad de Córdoba, durante un motín por restricciones al régimen de visitas, murieron baleados cinco presos y un guardia bajo las balas policiales.
· El 11 de abril de 2005, en la cárcel de Coronda, Santa Fe, 14 detenidos fueron asesinados durante un motín.
· El 20 de junio de 2005, en la Alcaidía de Mujeres de Rosario, una celadora impidió a una interna recibir un llamado telefónico, lo que desató una protesta. Iniciado el fuego, el personal policial se retiró. Una interna que estaba fuera de las celdas cocinando encontró las llaves y pudo abrirlas. Dos mujeres (una embarazada de 7 meses) murieron.
· En la última quincena de diciembre de 2004 murieron violentamente 15 presos en todo el país.
· En las primeras siete semanas del año 2005 murieron en las cárceles de la provincia de Buenos Aires 37 presos, cinco veces más que en el mismo período de 2004, y más del doble que en Mendoza durante todo un año.
· Sólo el 39 % de los presos en cárceles federales y provinciales tienen condena.
· En Salta hay presos federales hacinados en contenedores.
· Hay unidades carcelarias con hasta un 700 % de superpoblación.
1. Dime cuántos presos tienes
Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Justicia (1), en 1997 el total de presos en todo el país no llegaba a 30.000. Hoy hay 63.000 presos en todo el país, de los cuales 52.000 están alojados en cárceles federales y provinciales que tienen una capacidad informada para 32.000 personas.
Los restantes 11.000 presos están en comisarías u otras dependencias de fuerzas de seguridad federales y provinciales. En la provincia de Buenos Aires hay 7.500 presos en comisarías que tienen lugar para 2.800. En la ciudad de La Plata, por ejemplo, hay 730 personas detenidas en comisarías con una capacidad real para 120.
En el mismo período la cantidad total de hechos delictuosos en todo el país aumentó de 816.340 a 1.270.725. La matemática no suele mentir: En los últimos 8 años el delito real aumentó menos de un tercio, pero la población carcelaria se duplicó.
Esa incongruencia se explica fácil. Los índices oficiales demuestran que no se trata de que haya un porcentaje mayor de esclarecimiento y condena de delitos. Sencillamente es el efecto de años de sucesivas reformas penales y procesales que endurecieron el sistema penal. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la ley 12.045 que impulsó Carlos Ruckauf y que la legislatura bonaerense votó por unanimidad en mayo de 2002 impide de manera casi total las excarcelaciones, aun en delitos menores. Las reformas al Código Penal aumentando sistemáticamente las penas (especialmente para los delitos que cometen los pobres contra la propiedad de los ricos) contribuyeron a que cárceles y comisarías estén hoy saturadas de “perejiles”. En estos años, el Congreso Nacional dictó una sola ley despenalizando una conducta: derogó la ley de subversión económica, no vaya a ser que algún banquero vaya preso.
Claro que junto a estas normas pensadas para los presos pobres subsiste un régimen de excepción que permite, con institutos como la morigeración de la prisión preventiva o las medidas alternativas, que policías procesados por homicidios o torturas, empresarios o funcionarios públicos, esperen el juicio en su casa (si es que deciden presentarse a la audiencia).
La superpoblación carcelaria genera condiciones infrahumanas de vida que se agravan con el desvío de recursos oficiales que van a parar a los bolsillos (y cajas de seguridad) de los guardiacárceles. En lo que va del año altos jefes del servicio penitenciario de distintas unidades fueron desplazados al comprobarse, por ejemplo, que revendían alimentos destinados a los presos, o que lucraban con el trabajo de los internos en los talleres.
El escenario de cualquier cárcel del país es más o menos el mismo: colchones en el piso, baños usados como dormitorios, inexistencia de servicios sanitarios, disciplina mantenida a fuerza de terror por los “porongas” de los pabellones en connivencia con los funcionarios penitenciarios.
Y todo tiene precio que cobran los “candados” a través de sus buchones, generalmente los fajineros-: una visita especial o íntima, el acceso al teléfono, las pastillas, la merca, los cigarrillos, el alcohol. Cuanto más hacinamiento, más privaciones y necesidades, y por ende más negocios posibles intramuros.
Y cuantos más presos, más servicios para tercerizar, más movimiento de visitas que compran mercadería en las proveedurías estratégicamente ubicadas cerca de las cárceles, más posibilidad también de negocios extramuros. Así es el mercado.
2. Estar preso es perjudicial para la salud
Mientras que el aumento de la población carcelaria no se relaciona con el delito real, sí lo hace con el incremento pasmoso de muertes violentas de personas detenidas. Hoy estar preso es la primera causa de muerte a manos del estado.
La muerte de personas en cárceles y comisarías representó el 30.60 % del total de los asesinatos por fuerzas de seguridad del estado en el año 2004, superando por varios puntos al gatillo fácil (2). La última estadística gubernamental es del año 2003, con 190 muertos comprobados en cárceles de todo el país en el año, pese a que no hay datos informados de 8 provincias (3).
Un informe archivado por la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires demuestra que desde que se restringieron las excarcelaciones para delitos menores se multiplicaron por ocho la cantidad de hechos de violencia en las cárceles.
Los motines, tentativas de evasión y tomas de rehenes rara vez ocurren sin conocimiento previo y generalmente instigación de los servicios penitenciarios. Es que si hay “cachengue” en una cárcel, una vez restablecido el orden reprimida la protesta- suele venir el pliego de reclamos de los guardiacárceles, que usando como presión la situación tensa en el penal logran aumentos presupuestarios y otros beneficios.
Muchas veces, también, los motines son el escenario montado para que algún “preso molesto” muera a manos de sicarios del servicio penitenciario, como ocurrió en abril de 2004 en el Penal de Varones de Santiago del Estero. Un grupo de presos recibió grandes cantidades de alcohol y drogas de parte de sus guardianes, a cambio de generar un motín para asesinar a los policías Pablo Gómez y Francisco Mattar, procesados por los asesinatos de Leyla Nazar y Patricia Villalba. La muerte de ambos reclusos hubiera determinado el cierre de la investigación judicial, poniendo así a resguardo a los autores intelectuales y encubridores del crimen de la Dársena, entre ellos el ex represor de la dictadura y ex jefe de policía de Juárez Muza Azar.
El motín del mes de febrero en el penal de Córdoba que culminó con ocho muertos no escapa a esta caracterización general. Desde 1997 el penal estaba controlado por “Los Guerreros de Cristo”, mezcla de convocatoria religiosa con banda al estilo de los míticos “Pitufos” de Olmos que compulsivamente convirtieron a los reclusos de seis pabellones. Los acuerdos de los Guerreros con el SPC eran tan explícitos que en 2002 el director de la cárcel cordobesa declaró a los medios “Han contribuido a pacificar la cárcel”.
Pero la banda religiosa fue perdiendo poder al aumentar vertiginosamente la cantidad de presos y dificultarse el “avance hacia la calle”, es decir, la posibilidad de obtener salidas laborales, transitorias y libertades asistidas “haciendo conducta”. Un anunciado cambio restrictivo en el sistema de visitas hizo estallar el polvorín y se produjo un violento motín. La real situación del penal quedó en evidencia cuando, a dos semanas de que el SPC recuperara el control de la cárcel, tuvieron que admitir que no sabían si quedaban armas en poder de los internos, porque no tenían datos confiables de cuánto armamento había en el depósito del penal antes del levantamiento (4).
El proceso que explotó en Córdoba se repite cotidianamente en cualquiera de las unidades carcelarias de todo el país, en las que es semejante el panorama interno: bandas de “porongas” que en connivencia con los servicios penitenciarios tiranizan los pabellones; retraso o desaparición del “tratamiento carcelario” (mejoras que se obtienen con buena conducta); superpoblación y hacinamiento. Volvió a pasar en Coronda, Santa Fe, apenas dos meses después.
3. Gracias por el fuego
Prender fuego colchones o frazadas es el más clásico de los métodos de protesta en una cárcel, y dejar a los presos encerrados con el humo y las llamas es la habitual conducta del personal penitenciario. Así ocurrió en el casi mítico “motín de los colchones” en Devoto en 1978, donde murieron 60 presos; en Olmos en 1990, con 35 víctimas, y en Magdalena este año.
El humo tóxico que emanan al arder los colchones de poliuretano que se siguen usando en todos los penales y comisarías fue la causa de la mayoría de las 34 muertes en el penal de Magdalena. Una vez más, los presos sobrevivientes relataron que los guardiacárceles se retiraron ni bien comenzó el fuego, dejando las puertas del pabellón cerradas. El secretario de un juzgado de ejecución penal que fue al lugar comprobó y declaró a los medios- que los detenidos de los pabellones linderos hicieron un boquete en la pared y por allí lograron rescatar algunos de sus compañeros. También verificó el funcionario que no hubo intento alguno del personal carcelario de extinguir el fuego, pues el piso del pabellón incendiado no estaba mojado.
Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en Córdoba o Coronda, no podrán usar la reiterada excusa de la “peligrosidad” de los detenidos para explicar las muertes. Fueron los otros presos los que evitaron que murieran todos. No es detalle menor que el pabellón 16 era el de autodisciplina, el de los “presos modelo”, de los que ya estaban a punto de ser excarcelados. De sus sesenta habitantes, sólo tres tenían condena. Los otros cincuenta y siete eran procesados sin sentencia, la mayoría en condiciones de recuperar la libertad muy pronto.
Ahora, en medio del escándalo desatado por la masacre, aparecen los “progresistas” de siempre a rasgarse las vestiduras. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Remo Carlotto, ofreció asistencia psicológica a los familiares de los muertos, para ayudarlos a superar “el hecho traumático”, eufemismo para referirse al asesinato masivo cometido por el gobierno del que él forma parte. El gobernador Felipe Solá se hizo cargo públicamente de la responsabilidad política (no fuera cuestión de salpicar al matrimonio Kirchner justo en el tramo final de la campaña electoral) y produjo una nueva “purga” del SPB, como siempre, más mediática que efectiva. El propio presidente Kirchner ofreció protección y traslados a los internos que declaren en la causa penal.
La Corte Suprema de la Provincia, como cada vez que arrecian las denuncias por torturas o por fusilamientos policiales, produjo un encendido pedido de informes al ejecutivo, como si los jueces no supieran desde siempre lo que pasa en las cárceles. Apenas unos días después, ordenaron al gobernador que, en el término de tres días, informe si el penal de Magdalena estaba equipado con colchones ignífugos, esto es, de material no combustible. También requirieron al titular del Poder Ejecutivo que en 15 días informe sobre el equipamiento, en ese rubro, en todas las cárceles, comisarías e institutos de menores. La fantochada es manifiesta para cualquiera que conozca, como visitante o habitante, una cárcel argentina. ¿Colchones ignífugos? Gracias que, a veces, hay un colchón por preso lo que no necesariamente implica que haya una cama o un lugar seco donde ponerlo.
En la misma y mediática acordada la Corte provincial reformó el reglamento de visitas periódicas de los jueces -que pueden ir acompañados por directivos de los Colegios de Abogados- a los establecimientos de detención de la Provincia para verificar el estado de los presos, agregando que en esas revisiones puede participar también la Comisión Provincial por la Memoria, organismo gubernamental que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel e integran legisladores, funcionarios judiciales, religiosos, intelectuales y “personalidades de los DDHH” (5). Es un juego que parecería esquizofrénico si no respondiera linealmente a la política habitual del autodenominado “gobierno de los DDHH”: el propio estado que ejecutó la masacre, que asesinó a los presos de Magdalena, reclama “respuestas” a través de la Corte provincial o la Comisión por la Memoria, y en este caso a través del mismísimo presidente. Ni siquiera es el perimido “¿Yo, señor?, No, señor, ¿Pues entonces quién lo tiene?” de las épocas de Duhalde o Ruckauf. Por el contrario, estas estructuras “de asistencia a la víctima” estatales son las que, buscando sembrar confusión en los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, y sobre todo tratando de evitar la movilización y la denuncia pública, utilizan su poder sobre los medios de comunicación para posicionarse como voceros del reclamo de juicio y castigo… contra ellos mismos.
4. Foucault no alcanza
Es casi de estilo, cuando se analiza el tema carcelario, recurrir al análisis que de su génesis hiciera Michel Foulcault. Seguramente en el informe que elevarán “oportunamente” la Comisión por la Memoria o la Secretaría de DDHH provincial aparecerá algún parrafito escogido, siempre útil para explicar que estas cosas pasan porque hay defectos del sistema que la democracia representativa “todavía no ha sabido corregir”.
Citarán a Foucault enseñando, por ejemplo, que en el proceso de conformación de los estados nacionales modernos, que instaló un marco jurídico explícito, codificado, formalmente igualitario, y a través de la organización de un régimen de tipo parlamentario y representativo, se constituyó otra vertiente oscura, la de los dispositivos disciplinarios, y que “Bajo la forma jurídica general que garantizaba un sistema de derechos en principio igualitarios había, subyacentes, esos mecanismos menudos, cotidianos y físicos, todos esos sistemas de micropoder esencialmente inigualitarios y disimétricos que constituyen las disciplinas. Y si, de una manera formal, el régimen representativo permite que directa o indirectamente, con o sin enlaces, la voluntad de todos forme la instancia fundamental de la soberanía, las disciplinas dan, en la base, garantía de la sumisión de las fuerzas y de los cuerpos. Las disciplinas reales y corporales han constituido el subsuelo de las libertades formales y jurídicas”(6).
La “culpa”, entonces, no será ya del estado burgués, sino de la fatalidad con que los “mecanismos de micropoder” corrompen un sistema basado en el igualitarismo y la democracia. Nada, para ellos, que no se pueda reformar desde la propia estructura estatal, siempre con el inefable apoyo y cooperación de la “sociedad civil”.
Digamos nosotros las cosas con claridad: El sistema carcelario es producto necesario y requisito indispensable del orden jurídico burgués. No hay posible solución alguna al “problema carcelario” en ese marco, como no lo hay para el resto de los problemas de la clase trabajadora. Sólo son imaginables respuestas reformistas que en la sociedad de opresores y oprimidos son tan estériles como imaginar reestructuras democráticas del aparato represivo o como soñar con “mejorar” los mecanismos de distribución de la riqueza sin cambiar las relaciones de producción.
Sólo podrá encontrarse esta solución, junto a todas las demás, cuando los trabajadores tengan la suficiente capacidad como clase para defender políticamente sus intereses; cuando la clase trabajadora se transforme, a través de un desenvolvimiento prolongado, contradictorio y no lineal, de una clase en sí y objeto de explotación, en clase para sí, sujeto de su propia emancipación.
(1) Datos publicados por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia.
(2) Dato publicado por CORREPI en su ARCHIVO DE CASOS 1983/2004, www.correpi.lahaine.org
(3) Dato publicado por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia.
(4) La Voz del Interior, 26 de febrero de 2005.
(5) Integran la Comisión, entre otros, Hugo Cañón (fiscal de Bahía Blanca), Laura Conte (Madres de Plaza de Mayo LF CELS), Aldo Etchegoyen (APDH), Daniel Goldman (Rabino, Comunidad Bet-El), Mauricio Tenembaum (Agrupación Convergencia por un Judaísmo Humanista y Pluralista), Elisa Carca (UCR), Roberto "Tito" Cossa, Víctor Mendibil (Asociación Judicial Bonaerense CTA), Alejandro Mosquera (Frepaso), y Leopoldo Schiffrin, Baltasar Garzón, Marta Pelloni, y Mempo Giardinelli como consultores académicos.
(6) FOUCAULT, Michel, Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión. 1ª ed., Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2002.