Pago de la deuda, subsidios, blanqueo de capitales y moratoria impositiva para los empresarios. Para los trabajadores, despidos, suspensiones, baja y congelamiento salarial. Éstas son las medidas del gobierno propatronal frente a la crisis del capitalismo.
El Revolucionario Nº43 (Febrero de 2009)
Mientras el gobierno niega la gravedad de la caída económica, sus síntomas se hacen cada vez más evidentes. La baja del 24% en las exportaciones, del 11% en las importaciones (principalmente bienes de capital), la fuga de $23.000 millones durante el 2008, entre tantas otras cosas, dan cuenta de la gravedad de una crisis que está siendo descargada sobre los trabajadores. Eso significan los despidos, suspensiones, vacaciones obligadas, reducción o congelamiento salarial y sostenida inflación.
Y se deben agregar las subas de transporte y servicios públicos, que a su vez empujan la inflación. El 18/01 decía La Nación que “hubo incrementos en la electricidad de más del 400%. Pero además, subieron los peajes (100%), transporte público (50%), las expensas (de entre $50 a $99) y aumentará el gas (en algunos hogares será superior al 260%)”. Mientras tanto, cada vez son menos los que se van de vacaciones y con gastos más restringidos, y el nuevo año se inicia con fuertes subas, como lo atestigua una canasta escolar que aumentó un 30%.
Cuando la amenaza es el despido y la dificultad se encuentra en llegar a fin de mes, el gobierno les reclama a los trabajadores que se endeuden durante meses y años para comprar electrodomésticos y autos 0km pero ni siquiera ha concretado una sola medida que se oriente a moderar el impacto de la crisis sobre esta gran mayoría. Nadie sabe cuándo empezará el famoso “plan de obras públicas” que debía generar nuevos empleos. Pero sí se sabe que la desocupación seguirá subiendo, por eso el funcionario kirchnerista Guillermo Moreno ya volvió a falsear los índices del INDEC, haciendo pasar por “ocupado” a todo aquel que no buscó trabajo en la semana en que fue encuestado.
En cambio, la burguesía sí se beneficia con las llamadas “medidas anticrisis” de la presidenta Fernández. Los poseedores de bonos de la deuda externa que entraron en la última operación para patear los vencimientos de 13 millones de pesos hasta el 2014, lo hicieron con la condición de que se les duplique el interés que cobran, pasando de una indexación acorde a la inflación pautada por el INDEC (del orden del 7%) a nuevas tasas que ascienden al 15%. Los grupos locales y extranjeros que controlan el transporte y los servicios han sido premiados, en el medio de la crisis, con la autorización para imponer importantes aumentos que recaen en gran medida sobre los trabajadores.
Y muchos otros empresarios locales reciben también la ayuda que le es negada a la clase obrera. Así, en la provincia de Bs. As., por ejemplo, el gobierno peronista subsidia a los capitalistas pagando con fondos del estado parte de los salarios de algunas empresas, además de anunciar quitas de hasta el 70% en los intereses de las deudas patronales originadas por el incumplimiento en cuestiones básicas como seguridad e higiene, blanqueo de trabajadores, etc.
Hasta los mismos empresarios rurales han conseguido que el gobierno decrete la “emergencia agropecuaria” en varias provincias. La medida no supone ningún tipo de garantía para la permanencia del trabajo y el salario de los peones rurales, pero sí aporta jugosos beneficios para los patrones agrícolas, a los que se entrega grano para alimentar ganado, subsidios con reparto directo de cheques (cuya suma podría llegar a los 1.000 millones de pesos), y se prorrogan impuestos patronales, entre otras medidas. Como cualquier plan propagandizado en provecho del “bienestar general”, este accionar gubernamental sólo busca “activar el mercado”, “reactivar la economía”, para beneficio de los capitalistas. No se puede esperar otra cosa de un gobierno patronal.
Mientras el gobierno niega la gravedad de la caída económica, sus síntomas se hacen cada vez más evidentes. La baja del 24% en las exportaciones, del 11% en las importaciones (principalmente bienes de capital), la fuga de $23.000 millones durante el 2008, entre tantas otras cosas, dan cuenta de la gravedad de una crisis que está siendo descargada sobre los trabajadores. Eso significan los despidos, suspensiones, vacaciones obligadas, reducción o congelamiento salarial y sostenida inflación.
Y se deben agregar las subas de transporte y servicios públicos, que a su vez empujan la inflación. El 18/01 decía La Nación que “hubo incrementos en la electricidad de más del 400%. Pero además, subieron los peajes (100%), transporte público (50%), las expensas (de entre $50 a $99) y aumentará el gas (en algunos hogares será superior al 260%)”. Mientras tanto, cada vez son menos los que se van de vacaciones y con gastos más restringidos, y el nuevo año se inicia con fuertes subas, como lo atestigua una canasta escolar que aumentó un 30%.
Cuando la amenaza es el despido y la dificultad se encuentra en llegar a fin de mes, el gobierno les reclama a los trabajadores que se endeuden durante meses y años para comprar electrodomésticos y autos 0km pero ni siquiera ha concretado una sola medida que se oriente a moderar el impacto de la crisis sobre esta gran mayoría. Nadie sabe cuándo empezará el famoso “plan de obras públicas” que debía generar nuevos empleos. Pero sí se sabe que la desocupación seguirá subiendo, por eso el funcionario kirchnerista Guillermo Moreno ya volvió a falsear los índices del INDEC, haciendo pasar por “ocupado” a todo aquel que no buscó trabajo en la semana en que fue encuestado.
En cambio, la burguesía sí se beneficia con las llamadas “medidas anticrisis” de la presidenta Fernández. Los poseedores de bonos de la deuda externa que entraron en la última operación para patear los vencimientos de 13 millones de pesos hasta el 2014, lo hicieron con la condición de que se les duplique el interés que cobran, pasando de una indexación acorde a la inflación pautada por el INDEC (del orden del 7%) a nuevas tasas que ascienden al 15%. Los grupos locales y extranjeros que controlan el transporte y los servicios han sido premiados, en el medio de la crisis, con la autorización para imponer importantes aumentos que recaen en gran medida sobre los trabajadores.
Y muchos otros empresarios locales reciben también la ayuda que le es negada a la clase obrera. Así, en la provincia de Bs. As., por ejemplo, el gobierno peronista subsidia a los capitalistas pagando con fondos del estado parte de los salarios de algunas empresas, además de anunciar quitas de hasta el 70% en los intereses de las deudas patronales originadas por el incumplimiento en cuestiones básicas como seguridad e higiene, blanqueo de trabajadores, etc.
Hasta los mismos empresarios rurales han conseguido que el gobierno decrete la “emergencia agropecuaria” en varias provincias. La medida no supone ningún tipo de garantía para la permanencia del trabajo y el salario de los peones rurales, pero sí aporta jugosos beneficios para los patrones agrícolas, a los que se entrega grano para alimentar ganado, subsidios con reparto directo de cheques (cuya suma podría llegar a los 1.000 millones de pesos), y se prorrogan impuestos patronales, entre otras medidas. Como cualquier plan propagandizado en provecho del “bienestar general”, este accionar gubernamental sólo busca “activar el mercado”, “reactivar la economía”, para beneficio de los capitalistas. No se puede esperar otra cosa de un gobierno patronal.