El Revolucionario Nº15 (Julio de 2006)
Tres hermanos, dos de ellos suboficiales de la armada, y empleado de seguridad de un supermercado el tercero, descubrieron que les habían robado el televisor en pleno Mundial de fútbol. Decidieron que seguramente su vecino del barrio Las Catonas de Moreno, Lucas Ivarrola, era el ladrón. Lo fueron a buscar, y lo persiguieron por todo el barrio. El pibe de 16 años trató de pedir ayuda. Una vecina reconoció posteriormente a la prensa que no le quiso abrir la puerta. “Que se joda por hacer mal las cosas”, dijo. El encargado del comedor popular donde finalmente lo capturaron dijo al Diario Página/12 “Cuando lo agarraron de los pelos y se lo llevaron yo les decía que llamaría a la policía, pero ellos dijeron que la cana no haría nada”. O sea, se ofreció a llamar a la policía para que detuviera a Lucas por el robo, pero no denunció el secuestro que presenció. El cuerpo de Lucas, torturado, baleado y quemado vivo, fue encontrado horas después en un descampado cerca de Luján. Cuando la noticia llegó al barrio, sus hermanos y un grupo de vecinos apedrearon y quemaron la casa de los asesinos, para entonces ya detenidos en medio del escándalo mediático que se desató. Dos hermanos de Ivarrola fueron detenidos al día siguiente, imputados por el incendio y saqueo de la casa.
A diferencia de la mayoría de los casos de gatillo fácil o torturas que la prensa ignora a diario, la muerte de Lucas Ivarrola tuvo una repercusión mediática importante, primero por sus ribetes dramáticos y el impacto de la reacción popular, y luego por la inmediata atención dispensada por funcionarios gubernamentales de primera línea, desde Eduardo Luis Duhalde, secretario de DDHH de
La primera respuesta oficial quedó a cargo de Duhalde, cómodo en su rol de vocero del gobierno que quiere llamarse “de los derechos humanos”, que dictaminó “toda la metodología de secuestro y asesinato del joven Ivarrola –hasta el uso del emblemático Falcon verde- es un calco del actuar del terrorismo de Estado que asoló a nuestro país en tiempos de la dictadura militar genocida”. Mientras sus emisarios volaban a la casa de la familia para llevar al padre a una entrevista con Aníbal Fernández y Néstor Kirchner y presentarle un abogado, el secretario de DDHH siguió: “Este gravísimo suceso debe llamar a la reflexión a aquellos que creen que debe echarse un manto de olvido sobre el pasado dictatorial, sin comprender que la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia tiene un claro sentido sobre el presente y el futuro de los argentinos, para que la metodología del terrorismo de Estado sea erradicada definitivamente de las prácticas de quienes tienen el uso de la fuerza pública”. Impecable exposición de la política oficial que busca convencer al pueblo de que sólo se violaron los derechos humanos en Argentina hasta 1983, y que sirve, de paso, para defender las medidas llevadas adelante por el gobierno kirchnerista en relación a las fuerzas armadas, como la promoción de los juicios a los genocidas de la dictadura o la reglamentación de la ley de defensa de la que nos ocupáramos en nuestra edición anterior.
La línea inaugurada por Duhalde se hizo carne en todos los análisis de la prensa, y en las declaraciones públicas de organismos y organizaciones que se dedicaron a repetir, palabra más o palabra menos, lo que dijo el ministro, como si esta fuera la primera vez, desde diciembre de 1983, que miembros de las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas levantan una persona, la torturan para que confiese algo o para castigarla, la matan y luego tiran el cuerpo por ahí, quemándolo o no. De las casi 2.000 muertes por gatillo fácil y tortura que registra CORREPI en su Archivo de Casos, muchísimas responden a la “metodología” que Duhalde y los medios dicen no haber visto desde 1983. Pasó en Mar del Plata con el “Chavo” Campos, en 1996. El primer día del juicio contra los policías que secuestraron, torturaron balearon y prendieron fuego aún vivo al pibe también de 16 años, uno de ellos declaró ante el tribunal “Es común levantar a delincuentes y llevarlos a lugares alejados para apretarlos”, y para que no quedaran dudas agregó “los aprietes son comunes en la policía, porque se requiere de un mínimo de procedimientos a realizar en el día, y de esta forma conseguimos datos”. Pero los medios no se acordaron de Campos, ni del Escuadrón de
En el Boletín Oficial, todavía llamado Página/12, dos plumas de jerarquía fueron las encargadas de desarrollar y profundizar la línea del gobierno: Horacio Verbitsky, asesor presidencial oficioso en derechos humanos y política militar, y Mario Wainfeld, el principal defensor de la decisión del diario de censurar una nota sobre economía de Julio Nudler que Página/12 no quiso publicar porque era crítica al gobierno y denunciaba la corrupción de sus funcionarios.
Verbitsky, en primer lugar, se ocupó de traducir y amonestar al incontinente Aníbal Fernández, que contra toda corrección política había salido a polemizar con la jueza de General Rodríguez, que apenas si señaló una verdad de Perogrullo cuando dijo “No basta con descolgar los cuadros de
El otro plumífero, Wainfeld, tituló su nota “Regresiones y remembranzas”, afirmando en la misma línea que, aunque “Las resonancias históricas del crimen son inevitables, (…) desde luego, lo ocurrido no es la media de la conducta cotidiana de los integrantes de las Fuerzas Armadas”. Para el defensor de la censura periodística, “que suboficiales demasiado jóvenes para haber participado del genocidio ejerciten saberes y desmesuras propios de años atrás” se debe a causas psicológicas o metafísicas, nunca a la dinámica propia del aparato represivo del estado capitalista. Nótese el uso del término desmesura, pariente demasiado cercano de los errores, abusos y excesos de antaño y de ahora, y el esfuerzo puesto de manifiesto en instalar, igual que Verbitsky, la idea de que somos todos responsables de lo que presentan como un problema de la sociedad, cuando es un crimen de estado.
Y para sostener esa posición Wainfeld analiza también la reacción de los vecinos de apedrear e incendiar la casa de los asesinos. Con la aclaración preliminar de que es menos grave atentar contra una cosa que contra una persona, con lo que pretende salvar el hecho de que enuncia una aggiornada teoría de los dos demonios, califica también de preocupante regresión y desmesura “la justicia por mano propia, ejercitada entre personas del mismo tramo social (ciertamente no el ABC1)(1)”. Es decir que estas cosas las hacen los pobres, que no han aprendido a peticionar civilizadamente en el marco democrático como los organismos de DDHH y las ONGs que “han sido vanguardia de esos comportamientos democráticos” (…) como “buscar justicia por los caminos legales, apelando al debate público, litigando en tribunales o interpelando a las autoridades ejecutivas (…), virtuosa constante que excluyó casi por completo algún gesto de violencia”. Para el columnista de Pagina/12 son hechos análogos el secuestro, la tortura y el homicidio del real o presunto pibe chorro, y el ataque a pedradas e incendio de la casa de los marinos asesinos. Equipara represores y reprimidos, iguala victimarios y víctimas bajo la común categoría de equivocados justicieros por mano propia y esconde bajo la alfombra la única verdad: que los asesinos de Lucas pertenecen al aparato represivo del estado, que sólo existe para defender los intereses de la burguesía.
Por otra parte, es lógico que a los escribas oficiales les preocupe la repetición de saludables reacciones populares vindicativas que se repiten con frecuencia sostenida (2). El esfuerzo puesto de manifiesto para igualarlas con el crimen cometido por miembros del aparato represivo del estado, la alarma que les causan las puebladas, demuestran el miedo que provoca a los defensores del sistema que ese tramo social, eufemismo de Wainfeld para evitar la palabra clase, se asuma como representante de sí mismo, y embrionariamente ejerza el derecho a defenderse de sus verdugos.
(1) Clase alta y media alta, la de mayor poder adquisitivo.
(2) El 10 de noviembre de 2002, cansados de que se archivaran sus denuncias contra un desarmadero de autos robados amparado por la policía de Moreno, y después de decidirlo en asamblea, los vecinos de Las Catonas voltearon a mazazo limpio e incendiaron la casa de la banda en la esquina de Belgrano y Amundsen. Una semana después del crimen de Lucas, en Merlo, Marcelo García, de 38 años, fue asesinado de un escopetazo cuando se acercó a la casa de la familia Ortiz Martínez para pedirles que hicieran menos ruido en la vereda, ya que era pasada la medianoche y necesitaba dormir. Aunque el dueño de la casa fue detenido, todo el barrio está convencido que el verdadero matador es su hijo, oficial de la policía bonaerense, por lo que apedrearon la casa hasta que un fuerte operativo policial los dispersó. Pueden rastrearse hechos similares en El Jagüel, cuando fue encontrado muerto Diego Peralta; en Tres Arroyos, en Villa Tessei, etc.