Saqueo, contaminación y resistencia


La megaminería es una actividad que en los últimos 15 años se ha ido incrementando en toda la Argentina. Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Chubut y Córdoba son algunas de las provincias afectadas por ese tipo de producción

La megaminería no es una novedad en Argentina, Esquel fue durante  años, centro de grandes luchas que culminaron con la prohibición de ese tipo de explotaciones.
Desde hace años en Catamarca también están peleando contra Bajo la Alumbrera, una minera de cobre y oro, en cuyos alrededores se denunciaron un 600 por ciento más de casos de cáncer que antes de la explotación.

Minería (a cielo abierto)
La megaminería es la forma más nociva en la que se presenta esta actividad, en el caso de la extracción de oro, el proceso que se realiza empieza por la voladura de montañas enteras, para convertirlas en parvas de rocas donde se encuentra polvo, esas rocas son bañadas en una “sopa química” que como principal componente posee cianuro volcado en millones de litros de agua vertidos en piletones de alrededor de 150 hectáreas, y cuya función principal es separar el polvo de oro del resto de la piedra. Esta operación requiere toneladas de veneno y se hace sobre toneladas aún mayores de piedras, contaminando tierras y ríos a un nivel escandaloso. Es importante señalar que el agua, un recurso que, además de fundamental para la vida humana, es muy escaso en los lugares donde se encuentra oro, muchas veces no puede ser utilizada para el consumo, ya que se encuentra contaminada en los poblados cercanos a las mineras.

La Barrick Gold
Esta multinacional canadiense, posee explotaciones mineras en todo el mundo, principalmente de oro, pero también extrae cobre y plata entre otros metales. Instalada en varios países de América Latina y África, tiene denuncias de estados nacionales como el filipino por los daños ambientales causados y una denuncia hecha por Amnistía Internacional por una represión con desalojo de una población completa en Papúa Nueva Guinea, África. Lógicamente, la intención de este accionar fue quedarse con tierras ricas en metales sin importar quiénes vivían allí ni pagar por el suelo.
Esta compañía posee los recursos suficientes para manejar políticos y periodistas a su antojo y regular como quieren, al mismo tiempo, las leyes que deben controlar su actividad. Esto último lo consiguen fácilmente, ya que lo tienen de la mano de quienes piden sus “inversiones” a los gritos. Lo difícil es convencer a las víctimas directas. Para esto, en los poblados cercanos hacen donaciones a escuelas y hospitales, pero cuando no logran convencer por las buenas, lo hacen con represión y persecución a los que se organizan. En la Rioja, por ejemplo, las patotas y grupos especiales son moneda corriente, los militantes enfrentan todo tipo de aprietes y persecuciones. Hace unas semanas, incluso, fue encontrada una lista negra que compartían la empresa y el gobierno donde se detallaban los nombres de docentes y militantes que luchan contra esa empresa e incluía el grado de compromiso con la lucha figurando al lado de los nombres el mote de “cabecilla” o “protagonista”. Al respecto, desde la Barrick sólo dijeron tener derecho a saber con quienes discuten.

La responsabilidad del gobierno
Todo esto ocurría con una presidenta en reposo, de quien algunos esperaban una respuesta favorable al reclamo antiminero. Una vez llegada la respuesta, la desilusión era previsible: Cristina Fernández apuntó contra los que se oponen a la megaminería, argumentando que esa gente se opone al progreso, al crecimiento, y diciendo que esa industria no contamina ni perjudica de modo alguno. Claro está que no iba a admitir que en explotaciones auríferas como las de Catamarca el índice de cáncer se multiplicó por seis.
La presidenta, olvidó decir, además, que las mineras poseen exenciones  impositivas y distintos tipos de beneficios para los primeros 30 años de explotación (que es más o menos el tiempo que dura su vida útil), refinan el oro fuera del país, llevándose sólo la materia prima, de la que deben dejar alrededor del 3% y que sólo la empresa controla las cantidades que extrae.
Probablemente, el olvido más importante fue su relación con Peter Munk, presidente de la multinacional.

¿Y la de protección de glaciares?
Cuando el senado aprobó la ley de protección de glaciares, preservando reservas invaluables de agua potable, Barrick Gold presentó un amparo (dado que la mayoría de los glaciares del país están es la zona cordillerana, la ley implicaba un serio problema para las actividades mineras contaminantes) y fue la presidenta quien vetó esa ley, argumentando que de proteger los recursos acuíferos podría afectarse la economía de algunas provincias.
Párrafo aparte merece el ministro nacional de minería, Jorge Mayoral, quien es dueño de una minera, que además de estar registrada con domicilio en el mismo lugar que Barrick Exploraciones Argentinas, tiene como actual presidente al que fuera el presidente de la Barrick local. Es claro el rol del gobierno, tanto nacional como provincial: ayudar a esta multinacional a llevarse el oro, a cambio de dejar la tierra y el agua envenenada, pagando sólo lo suficiente para que el estado les garantice la impunidad y represión que necesiten.

Famatina, un nuevo ejemplo de lucha
Como Andalgalá o Esquel en años anteriores, esta vez la lucha por el Famatina resuena en todo el país.
Famatina es un cerro de la provincia de La Rioja que intenta ser explotado principalmente para la extracción de oro, hace meses que los habitantes de la zona protestan contra la instalación de la minera, organizándose en asambleas, hacen cortes, movilizaciones y sostienen una lucha contra una multinacional muy poderosa.
Es importante aclarar que el actual gobernador riojano tuvo como principal consigna de campaña ir en contra de la megaminería y que hoy es su ferviente defensor. Después de tratar a los riojanos de “desinformados”, se vio en la obligación de cambiar su discurso, ya que con alrededor de un mes de bloqueo de los principales accesos a la mina por parte de los vecinos, La  Rioja vivió su mayor movilización en 20 años: más de diez mil personas marcharon a la capital para torcerle el brazo al gobierno y así lo hicieron, logrando que, por ahora, tanto el gobernador, como la empresa, anunciaran el freno de los trabajos que querían llevar adelante hasta poder “informar mejor a la población” y que la explotación tenga una “aceptación social”. Para los vecinos y luchadores de esa provincia está claro que lo que desean hacer es desgastarlos, dividirlos y reprimir a los que se resistan. Pero este deseo es combatido con el aumento de lazos de solidaridad entre las distintas regiones afectadas, la organización y un ejemplo de lucha, que se inscribe en las mejores páginas.