La importancia de la crisis mundial, que tiene su epicentro
en Europa, empujó a la
Unión Europea a convocar a una nueva cumbre con la pretensión
de intentar una salida coordinada.
En la cumbre del pasado
30 de enero, el grueso de los países de la zona euro (25 de los 27 integrantes
de la comunidad europea, con la excepción de Gran Bretaña y la República Checa )
coincidieron en una orientación común que no trae ninguna perspectiva novedosa,
pero sí expresa la seria preocupación del conjunto de los gobiernos de la
región. Una vez más los estados europeos dispusieron nuevas medidas de ajuste,
cada vez más estrictas y reguladas, cuyo peso recaerá principalmente sobre los
sectores más postergados.
La decisión fue tomada
al tiempo que se publicaron datos que evidencian el crecimiento del desempleo
en toda la región y en que algunos países, como Grecia, siguen al borde de la
quiebra y con una situación explosiva. Es que, según los últimos informes
oficiales, en la zona euro son ya casi 17 millones los desocupados, alcanzando
índices altísimos como el 22,9% en España, o el 19,2% de Grecia. En éste último
caso, el ajuste sigue siendo la condición establecida por el FMI y la UE para conseguir algunas
medidas de alivio que podrían incluir un segundo paquete de rescate de 140.000
millones de euros y, tal vez, una condonación de parte de la deuda privada,
posiblemente unos 100.000 millones de euros. Como condición, el estado griego
ya se comprometió a seguir con los despidos (ahora serían otros 150.000 empleados
estatales) y de avanzar con los recortes en servicios básicos como la salud y
la educación, es decir, a seguir atacando a la clase trabajadora.
A tal punto las
potencias Europeas quieren garantizar el ajuste como intento de salida a la
crisis, que en la cumbre la representación alemana llegó a sostener que se
debía colocar al gobierno griego bajo control de un comisario europeo instalado
en el país heleno que tuviera derecho a veto sobre los gastos del país, algo
que finalmente fue descartado por lo alevoso.
Aún sin llegar a tanto,
la cumbre definió medidas de regulación mucho más estrictas que incluyen la
instauración de una “regla de oro” en la Constitución o en
Leyes fundamentales de cada país, que exigirían el respeto a ciertos límites
para el presupuesto, considerando que el déficit estructural anual de cada país
no debe superar el 0,5% del PBI. Y en caso de incumplimiento se proponen
sanciones casi automáticas. Además, el Fondo Europeo de Estabilidad Europea
(FEEF) que fue creado de urgencia para enfrentar la crisis a principios de
2010, será rebautizado e institucionalizado con la conformación de un nuevo
recurso, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que deberá contar con una
capacidad de préstamo de 500.000 millones de euros. Según lo planteado, el plan propuesto ya
debería estar en funcionamiento para el próximo año.
De esta forma, las más
importantes potencias del capitalismo europeo, tratan de salvar su pellejo
frente a una crisis que no pueden manejar y que es producto de la misma dinámica
del sistema social que impulsan y defienden. Para ello, apuestan a descargar el
peso de la crisis sobre los trabajadores, con despidos y desocupación,
reducción de salarios y de recursos para necesidades sociales.
Como lo ejemplifican las
movilizaciones y huelgas en toda Europa, con centro en Grecia, la organización
y la lucha sigue siendo la única alternativa para el pueblo trabajador.