Con la reciente represión en Formosa, el gobierno kirchnerista sigue ampliando la lista de los asesinados en movilizaciones populares, que ya suman ocho con el fusilamiento de Roberto López.
A sólo días de que en Formosa la policía provincial asesinara a uno, y tal vez dos manifestantes, por un reclamo de tierras, la voz del gobierno sigue repitiendo las mismas palabras de Néstor Kirchner tras su asunción en 2003: “Nosotros no vamos a reprimir…”.
Con estas palabras y una eficaz política de reparto, negocios y demagogia, el gobierno logró la cooptación y el consenso para reprimir tanto y más que los gobiernos anteriores.
Pero desde aquellas cínicas palabras hasta ahora, muchísimos han sido los hechos de represión en situaciones de movilización que nos han dejado el saldo de numerosos detenidos, encausados, presos políticos, heridos y asesinados por la represión en protestas sociales.
Los hechos de represión en Las Heras con una fuerte militarización de la ciudad, a los manifestantes en Mar del Plata tras la venida de Bush, la represión a los trabajadores del casino, a los trabajadores de Kraft, a los manifestantes en contra de las mineras en Andalgalá, sólo por nombrar algunos episodios, muestran una clara decisión política de reprimir frente a los conflictos sociales.
Y cómo no mencionar aquellos hechos en los que el saldo ha sido el del asesinato de compañeros en manos de la represión, situaciones de las que el gobierno siempre ha intentado desvincularse planteando responsabilidades provinciales o enfrentamientos sindicales. Pero la sistematicidad y la profundización de esta represión al pueblo que sale a luchar, no deja lugar a dudas: cuando avanza la lucha la respuesta de los gobiernos es la represión.
En 2003, a sólo meses de la asunción del gobierno kirchnerista, fue asesinado Luis Cuellar de 19 años en la provincia de Jujuy, militante de la CCC que participaba de una movilización en repudio de un caso de muerte de un joven tras ser torturado en una comisaría del lugar. En 2007 fue asesinado Carlos Fuentealba en la provincia de Neuquén, un docente que participaba de una movilización gremial y que fue asesinado de un disparo en la nuca efectuado por la policía. En 2008, Juan Carlos Erazo, un trabajador rural de la provincia de Mendoza, fue asesinado a golpes por la policía cuando participaba de una medida de lucha en reclamo de la paga de su salario.
Pero sólo en 2010, la cifra de asesinados asciende de manera escandalosa. Tenemos al menos cinco asesinados en represión a movilizaciones: Facundo Vargas de 17 años, asesinado en enero por la policía de Pacheco por participar de una movilización contra un caso de gatillo fácil en la zona; Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, ambos asesinados en el mes de junio por la policía de Bariloche cuando salieron a la calle a repudiar la muerte de Diego Bonefoi, a quien también había matado la policía de esa ciudad; en octubre, Mariano Ferreyra, militante del PO, fue asesinado por la patota de la Unión Ferroviaria que junto con la policía federal impidió una medida de lucha de los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca; y ya a fines de Noviembre, en la provincia de Formosa la represión se cobró la vida de Roberto López, militante de la CCC y perteneciente a una comunidad Toba que reclamaba por tierras, y se denuncia también la posible muerte de otro manifestante, Sixto López.
Así, contamos al menos ocho muertos en movilizaciones de un gobierno que dijo y dice que no va a reprimir.
En su habilidad para desvincularse de la responsabilidad de estos asesinatos, se traduce ni más ni menos que el éxito de un discurso progresista, derechohumanista que echó fuertes raíces en gran parte de la clase media, ansiosa por creer “que este gobierno es diferente”.
Pero su diferencia radica en que es quizás el más hábil desde la vuelta de la democracia, que ha sabido aprovechar un “veranito” económico para dar algunas dádivas y así se da el gusto de explotar como los mejores y de reprimir de manera intensiva sin que se note demasiado. Nada les cuesta hoy hacer propaganda setentista mientras la propiedad privada y los negocios de la burguesía estén garantizados.
Así, mientras los funcionarios del gobierno hacen negocios con los empresarios y la burocracia sindical usando las patotas para garantizar su éxito en contra de los trabajadores como en el caso de los tercerizados del Ferrocarril Roca, la presidenta puede salir a pedir “la cárcel para Pedraza” porque es prolijo que lo haga luego de haber asesinado a Mariano Ferreyra con la represión.
También, la presidenta pudo reunirse con el Gobernador de Formosa por cuestiones de agenda del gobierno sin mencionar una palabra de los tobas asesinados por reclamar tierras.
Al mismo tiempo que aumenta el número de asesinados por la represión, el gobierno hará un mega evento por el día de los DDHH. En la difusión de esta actividad tuvieron el descaro de hacer pública las tratativas para contratar a Sting, que finalmente no resultó porque el gasto era excesivo. De todas maneras, este dato muestra el esfuerzo y el dinero que el gobierno destina a actividades de propaganda que le son útiles para difundir su perfil de “defensor de los DDHH”. No nos olvidemos de la cantidad de recitales y actividades hechas en la ex ESMA con el mismo fin o de la invitación de artistas como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés para actos gubernamentales y festejos “patrios”.
Esos millones de pesos con los que Cristina Fernández hará su acto por “el día de los DDHH” el 10 de Diciembre, jamás se destinarán a resolver los problemas de pobreza en los barrios, para eso, bien funciona el gatillo fácil y la tortura que busca disciplinar y mantener al pueblo trabajador a raya.
No se destinará dinero a resolver los problemas de tierra, vivienda y trabajo de las millones de personas que viven en la extrema pobreza en el interior del país. Los terratenientes y grandes empresarios del campo cuentan con el aparato represivo estatal y paraestatal para defender a los tiros su propiedad privada.
Tampoco se destinarán a resolver los conflictos de millones de trabajadores que se emplean en condiciones de extrema flexibilidad como son los tercerizados, que cobran míseros salarios, que tienen extensas jornadas de trabajo, que sus condiciones de salubridad son paupérrimas. No, no se destinará un sólo peso para ellos. Para controlar a los trabajadores bien funciona la patota de la burocracia sindical, que tantas veces hemos visto actuar en defensa de los empresarios y sus negocios.
Como vemos, la realidad no hace más que marcar lo que es la naturaleza de un gobierno burgués, que como administrador de los intereses de los capitalistas, busca las mejores herramientas para garantizar su dominación de clase.
Ante ello, al pueblo trabajador se nos plantea la tarea urgente de avanzar en las formas de organización y de lucha, preparando la autodefensa, para poder avanzar con éxito en la pelea contra los capitalistas, el gobierno y la burocracia sindical.
