Ante los instantáneos rechazos que despertó el proyecto denominado “Régimen de participación laboral en las ganancias de las empresas” entre los principales dirigentes empresarios, su propio impulsor, Héctor Recalde, se encargó de poner paños fríos. “Accionistas, pueden dormir tranquilos, no estamos pensando en distribuir el 50% de sus ganancias, será un porcentaje menor”, aclaró el abogado cegetista, para calmar los ánimos empresarios, antes de que se conocieran los detalles del proyecto.
Éste, se ubica dentro de un conjunto de medidas que el moyanismo impulsa actualmente para intentar ganar legitimidad y consolidar su poder.
Los capitalistas no tienen, por lo tanto, grandes motivos para preocuparse por este proyecto. La extensa trayectoria proempresaria y antiobrera del moyanismo, así lo confirman.
Por otra parte, los trabajadores tampoco pueden albergar ninguna expectativa en el mismo. Desde sus páginas se advierte que para una supuesta aplicación “se tomará en consideración los diferentes sectores de la actividad económica, las eventuales asimetrías regionales, las dimensiones y estructura de costos de las empresas, la caracterización de micro, pequeñas y medianas empresas (…) y todo otro aspecto que resulte relevante para el normal desenvolvimiento de la actividad de la empresa”(1). Es decir, se contemplará, ante todo, el respeto de la ganancia empresaria. Tal es así que, incluso, dentro del mismo proyecto se desarrolla un apartado de “Excepciones al régimen general”, donde figura un listado de características (que bien podrían alegar una buena cantidad de empresas) que eximirían a los capitalistas de “la distribución de sus ganancias”.
Por si aún quedaran dudas sobre el carácter del proyecto, el “Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias”, órgano que se crearía para garantizar la aplicación de la ley (que, entre otras cosas, se encargaría de “la determinación de la ganancia mínima anual a partir de la cual las empresas quedan sometidas al régimen regulado en esta Ley”) estaría compuesto por cuatro funcionarios del gobierno, cuatro representantes de las cámaras empresarias y cuatro de la CGT. Es decir, una composición similar a la del Consejo del Salario Mínimo, que, como ya señaláramos, ninguna ventaja ha representado para los trabajadores, sino por el contrario, más privaciones, legitimando el ajuste sobre los salarios.
Esta es, pues, una nueva maniobra de la burocracia, que busca legitimarse y consolidar su poder y que en nada mejorará la situación de explotación y miseria a la cual se condena a la clase trabajadora en este sistema.
…
NOTAS:
1) “Régimen de participación laboral en las ganancias de las empresas”.