El estado otorga enormes subsidios como una de las formas de cumplir con su rol: garantizar la riqueza de los distintos grupos capitalistas. Y el kirchnerismo en el gobierno lo ha hecho como pocos, aportando a discreción millones y millones de pesos a las cuentas empresarias.
El caso de los subsidios a empresas de transporte es ejemplificador, poniendo al desnudo este mecanismo en un sector que se caracteriza por el deplorable servicio que brinda al pueblo que lo utiliza fundamentalmente para ir y volver de su trabajo.
La cartera de Transporte, administrada por Juan Pablo Schiavi, sucesor en cargo y política de Ricardo Jaime (hoy procesado, junto a su ex asesor Manuel Vázquez, por recibir coimas de los mismos empresarios beneficiarios de estos subsidios) aumentó, como “compensación” del último aumento de salarios, que no supera el 20%, en 60 millones de pesos el monto subsidiado. El mismo que ya contaba con 430 millones en concepto de “compensación tarifaria” y 150 millones más para abaratar el gas oil a las empresas de trenes y colectivos. Un total de 640 millones de pesos que el estado desembolsa mensualmente y que garantizan a las líneas de colectivos el 60% de su recaudación mensual, y a las de ferrocarriles, el 70% de los sueldos y todos los costos de mantenimiento, combustibles, energía y seguros.
Por supuesto que esas millonadas no salen de otro lado que del sudor de los mismos trabajadores que día a día padecemos las condiciones infrahumanas de las que somos víctimas al utilizar el transporte público: hacinamiento, accidentes mortales, servicios cancelados, y un largo etcétera que denota la sistemática falta de inversión para el mejoramiento o mero mantenimiento de los servicios de transporte.
Por lo tanto, sin despreciar la tajada con la que se quedan los funcionarios kirchneristas involucrados (como lo demuestran los casos de Jaime o de su jefe, De Vido), el sistema representa un negocio redondo para los capitalistas del sector, como Roggio o Cirigliano. El gobierno utiliza una enorme cantidad de fondos públicos para poner la mayor parte de la plata necesaria para que los servicios funcionen (de forma lamentable) y se hace cargo completamente de las escasas inversiones del sector y de cubrir los posibles aumentos de los costos empresarios, como combustibles, salarios o cubiertas. Para los capitalistas del transporte, por lo tanto, el negocio es perfecto. Lo único que tienen que hacer es dedicarse a juntar los millones de pesos que el gobierno les gira mes tras mes.
En resumidas cuentas, a costa de los trabajadores, el gobierno pone la plata, para que los empresarios se queden con las ganancias.
