El 25 de mayo de 2003, asumió la presidencia Néstor Kirchner, el elegido de Eduardo Duhalde. En 2007, fue reemplazado por Cristina Fernández. Siete años, en total, gobernando para garantizar las ganancias empresarias y el pago estricto de la deuda externa, sobre el ajuste, la represión y la pauperización del pueblo trabajador.
Una vez consagrado en la elección, después del abandono de Carlos Menem en la segunda vuelta, el kirchnerismo asumió las riendas del gobierno con el apoyo de buena parte de la burguesía local y de sus representantes políticos de los distintos partidos. En aquel momento, la unidad era una necesidad: la clase capitalista debía avanzar en la relegitimación de su gobierno, de las instituciones de conjunto y de sus partidos políticos, después del gran desprestigio al que habían alcanzado (puesto en evidencia en la importante movilización popular y conflictividad social de aquellos años) como responsables de los altos niveles de desocupación y miseria, los escandalosos negociados de los partidos patronales y la entrega sistemática a los organismos internacionales, que profundizaron sucesivamente los distintos gobiernos “democráticos” desde el ´83.
En materia de política económica, el kirchnerismo no implementó grandes modificaciones con respecto a los lineamientos que había trazado en su año de gobierno su “padrino” y “creador”, Eduardo Duhalde. A tal punto que se dispuso, incluso, la continuidad de su ministro de economía, Roberto Lavagna. Sobre la base de la devaluación del peso se favorecieron los negocios de los capitalistas dedicados a la producción local, fundamentalmente los vinculados a los negocios de exportación. Se radicaron, en este marco, numerosas inversiones y empresas multinacionales, profundizando la extranjerización de la economía, que junto con los capitalistas locales se beneficiaron con las “ventajas competitivas” que ofrecían los bajos salarios, en un marco de flexibilización laboral generalizado (trabajo en negro, tercerización). Esto se combinó con los altos precios de los commodities agrícolas, que garantizaron un gran negocio para los empresarios del campo, y también una importante recaudación para las arcas fiscales del gobierno kirchnerista, a través de las retenciones a las exportaciones.
En cuanto al pago de deuda externa, el kirchnerismo ha cumplido con los pagos, superando incluso a los gobiernos anteriores. Desde Lavagna hasta Boudou, todos los ministros de economía de los últimos siete años dedicaron gran parte de su tiempo a las sucesivas renegociaciones y los pagos de deuda externa a bonistas y organismos internacionales. Para poder cumplir con los vencimientos de deuda, el kirchnerismo, además de apelar a renegociaciones y toma de nueva deuda a altas tasas, ha cumplido en gran medida con las recetas del FMI, garantizando el superávit fiscal y el aumento de las reservas. Y todo esto, claro está, lo viene logrando ajustando sobre el pueblo trabajador. Nada distinto podría esperarse de un gobierno capitalista.
Poco novedoso pero efectivo, el kirchnerismo construyó hábilmente un discurso “popular” tras el cual intentó ocultar el avance del ajuste y la explotación sobre la clase trabajadora. Se mostró defensor de la independencia económica del país, mientras dedicaba (y dedica) una buena parte de las reservas y del presupuesto al pago de la deuda externa. Discurseó hasta el hartazgo sobre la importancia de los derechos humanos, complementando sus palabras con algunas medidas simbólicas, al tiempo que creció en forma considerable la cantidad de asesinados por el gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías, y que se multiplicaron los procesamientos judiciales a los luchadores populares y los presos políticos. Intentó mostrarse como defensor de la escuela y la salud pública, al tiempo que continuó con las políticas previas de vaciamiento y desfinanciamiento estatal. Buscó respaldo en falsas estadísticas sobre la reducción de la pobreza, cuando salta a la vista y se ha denunciado en más de una oportunidad el aumento de la brecha ente ricos y pobres, y el crecimiento de la pobreza, que se agudiza mes tras mes con la inflación.
El armado kirchnerista, que en su afán por alcanzar la legitimidad renegó por un tiempo de las insignias del Partido Justicialista, invocando la transversalidad, contó con la participación de referentes de las más variadas procedencias, como una buena parte de los gobernadores radicales, la mayor parte de los líderes peronistas y personajes como el ex coronel carapintada, Aldo Rico. Varios dirigentes del llamado “progresismo” o el espacio de “centroizquierda” también se sumaron al proyecto antipopular de los Kirchner, a cuya legitimación contribuyeron fuertemente. Algunos de ellos se “arrepintieron”, más tarde o más temprano, y se distanciaron del gobierno, como Libres del Sur o la CCC-PCR. Otros , aún se sostienen con el kirchnerismo. Entre estos están, la FTV de D´Elia, el Frente Transversal de Depetri, casi todos los organismos de derechos humanos con Hebe de Bonafini a la cabeza, el PC, en todas sus expresiones, entre tantos otros. Y, por su puesto, un lugar central dentro de los gobiernos kirchneristas ha ocupado la burocracia sindical, tanto de la CGT como de la CTA. Ambas centrales se han puesto al servicio del proyecto de ajuste gubernamental, han participado de acuerdos salariales de pobreza, movilizado en reiteradas oportunidades en defensa del kirchnerismo y han nutrido sus listas electorales con más de un burócrata. Tanto Moyano, incorporado directamente al partido de gobierno como vicepresidente del PJ, como Yasky, han estado a la cabeza de este proceso.
En estos últimos siete años, la clase capitalista argentina ha gozado de multimillonarias ganancias a costa de la explotación y el ajuste sobre el pueblo trabajador. Y ése es el rol que el gobierno de los Kirchner ha venido a cumplir