En Andalgalá, Catamarca, el pueblo se lanzó a la lucha contra el saqueo de los recursos naturales y la contaminación del aire, el suelo y la tierra que genera la explotación minera a cielo abierto. La respuesta gubernamental fue la de llevar adelante la represión coordinada entre el gobernador Brizuela del Moral y la presidenta Cristina Fernández. Infantería y gendarmería reprimieron a los manifestantes, con un saldo de varios heridos y detenidos.
Sin embargo, esta vez, el pueblo supo reaccionar frente a la acción represiva y se movilizó a la comisaría para reclamar la liberación de los presos; se decidió a avanzar sobre las oficinas gubernamentales; incendió una camioneta y destruyó las oficinas de la empresa Minera Agua Rica; y obligó a la policía a replegarse.
Como consecuencia de la lucha, provisoriamente la justicia ordenó la suspensión de la actividad de la empresa Minera Agua Rica, que se propone saquear y envenenar al pueblo con aval gubernamental.
Sin embargo, esta vez, el pueblo supo reaccionar frente a la acción represiva y se movilizó a la comisaría para reclamar la liberación de los presos; se decidió a avanzar sobre las oficinas gubernamentales; incendió una camioneta y destruyó las oficinas de la empresa Minera Agua Rica; y obligó a la policía a replegarse.
Como consecuencia de la lucha, provisoriamente la justicia ordenó la suspensión de la actividad de la empresa Minera Agua Rica, que se propone saquear y envenenar al pueblo con aval gubernamental.