Los gremios nacionales aceptaron la propuesta del gobierno nacional sin consultar a las bases. El acuerdo consiste en un incremento del salario de bolsillo a pagar en cómodas cuotas: $1.740 a partir de marzo (pagadero en abril) y $1.840 desde julio (a cobrar en agosto) para el salario inicial. Hablaron de un 23% de aumento, que, en verdad, es un engaño, pues partieron del último acuerdo de $1490, que ya casi ninguna provincia paga.
Lo aceptado por los gremios nacionales (CTERA, UDA, CEA, AMET y SADOP) no representa un avance para los trabajadores de la educación. En primer lugar, porque no contempla el deterioro salarial en relación a la inflación real de 2009 y la de 2010. En segundo lugar, se trata de un acuerdo inferior en relación con los de años anteriores, que eran de una sola vez mientras el actual consiste en un pago desdoblado, que, por otra parte, ata las negociaciones salariales hasta 2011 y cercena el derecho a huelga, pues, en el acta firmada, los gremios se comprometen a “garantizar el dictado de al menos 180 días de clases”. Tercero, es válido sólo para unas pocas jurisdicciones, ya que la mayoría supera ese mínimo, lo que implica una negociación a la baja. Por último, conserva un alto componente de sumas fijas y, por eso, no ataca el mayor problema que afecta a los trabajadores del sector: el salario básico, que raya la pobreza. Así, la burocracia sindical nacional continúa avalando la política gubernamental de pago en negro, abandonando a los docentes de las provincias a su propia suerte.
El acuerdo en Ciudad de Buenos Aires
El acta firmada por la casi totalidad de los sindicatos docentes porteños (UTE, SADOP, SUTECBA, UDA y SEDEBA, entre tantos otros) no se sale de los carrilles de la paritaria nacional. Sin asambleas o, en el mejor de los casos, con asambleas relámpago copadas por la burocracia, se resolvió entregar el salario de los trabajadores y atarlos de pies y manos hasta fin de año, ya que, ante todo, se impone cumplir con los 180 días de clases pactados por la CTERA. La burocracia celeste de la UTE, que hoy encabeza Eduardo López, por ser el sindicato mayoritario, jugó un papel central en esta nueva entrega.
$1.800 en marzo y $1.900 en julio, más el traspaso de algunas cifras al básico en noviembre y en diciembre son los aspectos centrales del acuerdo firmado entre la burocracia y la administración macrista. Intentan convencer a la docencia de que el aumento es del 23%, cuando recién se estaría rozando ese índice en... diciembre. Por lo demás, ningún otro reclamo fue contemplado ni atendido satisfactoriamente en las discusiones: ni la situación de los contratados, ni el cobro en tiempo y forma de los suplentes, ni la devolución de los días descontados, ni el cierre de 82 cargos en la ciudad. El acuerdo se cerró y la paz social se selló, pese al paro de 48hs, lamentablemente más testimonial que real, convocado por ADEMyS y a las promesas de futuras luchas hechas por la UTE.
Entre tanto, el gobierno, la burocracia y los medios masivos de comunicación se encargan de mostrar que se resolvió el problema en capital. Pero nada de esto es así. El vaciamiento de la escuela pública sigue su curso, de la mano de Macri y Eduardo López.
El acuerdo en Provincia de Buenos Aires
El acuerdo aceptado en provincia por la burocracia del Frente Gremial Docente (SUTEBA, FEB, UDA, AMET Y SADOP) siguió la misma lógica de la negociación nacional. Casi sin debate, los sindicatos aceptaron una oferta por la que sintieron “un gran entusiasmo” y estimaron “un avance fundamental”.
Según los gremios, los docentes llegarán en agosto a un salario de bolsillo de $1.900 y, para fin de año, se habrán incorporado $190 al salario básico de manera escalonada en 4 cuotas: 100, 50, 20 y 20. Por otro lado, la negociación no contempla la tan reclamada devolución de los días descontados por medidas de fuerza en 2008 y 2009, por lo cual, en los hechos, tal incremento se lo financiarán los propios trabajadores.
A fin de año, y según el SUTEBA de Baradel y los demás gremios, dicha suba implicará un aumento “del 24%”. Así lo hizo saber en las asambleas, en las que, por supuesto, impulsó su aceptación. Pero la cifra es falsa. De hecho, el ministro de educación, Oporto, una vez asegurado el acuerdo, salió a cruzar a la burocracia docente negando que el aumento aceptado fuera del 24%: “No hay que ser engañosos porque a mí me parece que no es de buena fe agitar un aumento salarial del 24 por ciento, porque el aumento salarial es de entre el 17 y el 18 para toda la carrera”, afirmó. Así, de parte del gobierno los docentes se enteraron que la suba no era tal como afirmaron los sindicatos.
De tal modo, la burocracia provincial, sin consultar a las bases, decidió las demandas del sector y cerró un acuerdo en cómodas cuotas para el ejecutivo provincial, que no contempla el deterioro salarial del 2009 ni la inflación real de 2010, ni tampoco los fuertes descuentos efectuados a principios de febrero; que implica más sumas en negro, achatando la escala salarial; propuesta que, además, fue aprobada en tiempo record en asambleas sin convocatoria de un día para otro. Una vez más, la conducción puso todos los métodos burocráticos al servicio del gobierno, contra los trabajadores. El kirchnerismo no le pidió tanto.
Por un sindicato independiente del estado y sus gobiernos
En la UTE y el SUTEBA, los sindicatos mayoritarios de Buenos Aires, el objetivo de la burocracia kirchnerista es, claramente, darle un perfil cada vez más empresarial y gestionador, barrer con toda participación y atisbo de democracia y vaciar los cuerpos de delegados, verdaderos representantes de la voz de los compañeros en las escuelas. Es imperioso y necesario entonces desterrar a la lista Celeste de López y Baradel, que hizo del sindicato un apéndice del gobierno, obstruye las demandas de los docentes y frena la lucha con métodos antidemocráticos.
Fortalecer el desarrollo de las agrupaciones antiburocráticas o crearlas allí donde no las hay, abriendo canales de participación y democracia sindical, disputar fuertemente las seccionales y los cuerpos de delegados para que sean elementos activos y herramientas de lucha, y finalmente prepararnos para sustituir a la burocracia y recuperar nuestro sindicato en manos del kirchnerismo, son tareas fundamentales que, desde los sectores de oposición, debemos tomar para avanzar en las conquistas de los trabajadores de la educación, y construir un sindicato independiente del estado y sus gobiernos.
Las provincias que luchan
El gobierno, la burocracia y los medios masivos de comunicación se esfuerzan por mostrar que reina la paz en el sistema educativo nacional. Con el acuerdo de la CTERA y el comienzo de clases en los principales distritos del país, muestran una realidad inventada. Es que, en varias provincias, los docentes no aceptan las propuestas oficiales y los trabajadores comienzan el ciclo lectivo luchando. Es el caso de Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y San Luis, que comienzan con paros. Es el caso de Santa Cruz, Tucumán, La Rioja y Jujuy que, al cierre de esta edición, aún no llegaron a un acuerdo con los respectivos gobiernos provinciales.
Lo aceptado por los gremios nacionales (CTERA, UDA, CEA, AMET y SADOP) no representa un avance para los trabajadores de la educación. En primer lugar, porque no contempla el deterioro salarial en relación a la inflación real de 2009 y la de 2010. En segundo lugar, se trata de un acuerdo inferior en relación con los de años anteriores, que eran de una sola vez mientras el actual consiste en un pago desdoblado, que, por otra parte, ata las negociaciones salariales hasta 2011 y cercena el derecho a huelga, pues, en el acta firmada, los gremios se comprometen a “garantizar el dictado de al menos 180 días de clases”. Tercero, es válido sólo para unas pocas jurisdicciones, ya que la mayoría supera ese mínimo, lo que implica una negociación a la baja. Por último, conserva un alto componente de sumas fijas y, por eso, no ataca el mayor problema que afecta a los trabajadores del sector: el salario básico, que raya la pobreza. Así, la burocracia sindical nacional continúa avalando la política gubernamental de pago en negro, abandonando a los docentes de las provincias a su propia suerte.
El acuerdo en Ciudad de Buenos Aires
El acta firmada por la casi totalidad de los sindicatos docentes porteños (UTE, SADOP, SUTECBA, UDA y SEDEBA, entre tantos otros) no se sale de los carrilles de la paritaria nacional. Sin asambleas o, en el mejor de los casos, con asambleas relámpago copadas por la burocracia, se resolvió entregar el salario de los trabajadores y atarlos de pies y manos hasta fin de año, ya que, ante todo, se impone cumplir con los 180 días de clases pactados por la CTERA. La burocracia celeste de la UTE, que hoy encabeza Eduardo López, por ser el sindicato mayoritario, jugó un papel central en esta nueva entrega.
$1.800 en marzo y $1.900 en julio, más el traspaso de algunas cifras al básico en noviembre y en diciembre son los aspectos centrales del acuerdo firmado entre la burocracia y la administración macrista. Intentan convencer a la docencia de que el aumento es del 23%, cuando recién se estaría rozando ese índice en... diciembre. Por lo demás, ningún otro reclamo fue contemplado ni atendido satisfactoriamente en las discusiones: ni la situación de los contratados, ni el cobro en tiempo y forma de los suplentes, ni la devolución de los días descontados, ni el cierre de 82 cargos en la ciudad. El acuerdo se cerró y la paz social se selló, pese al paro de 48hs, lamentablemente más testimonial que real, convocado por ADEMyS y a las promesas de futuras luchas hechas por la UTE.
Entre tanto, el gobierno, la burocracia y los medios masivos de comunicación se encargan de mostrar que se resolvió el problema en capital. Pero nada de esto es así. El vaciamiento de la escuela pública sigue su curso, de la mano de Macri y Eduardo López.
El acuerdo en Provincia de Buenos Aires
El acuerdo aceptado en provincia por la burocracia del Frente Gremial Docente (SUTEBA, FEB, UDA, AMET Y SADOP) siguió la misma lógica de la negociación nacional. Casi sin debate, los sindicatos aceptaron una oferta por la que sintieron “un gran entusiasmo” y estimaron “un avance fundamental”.
Según los gremios, los docentes llegarán en agosto a un salario de bolsillo de $1.900 y, para fin de año, se habrán incorporado $190 al salario básico de manera escalonada en 4 cuotas: 100, 50, 20 y 20. Por otro lado, la negociación no contempla la tan reclamada devolución de los días descontados por medidas de fuerza en 2008 y 2009, por lo cual, en los hechos, tal incremento se lo financiarán los propios trabajadores.
A fin de año, y según el SUTEBA de Baradel y los demás gremios, dicha suba implicará un aumento “del 24%”. Así lo hizo saber en las asambleas, en las que, por supuesto, impulsó su aceptación. Pero la cifra es falsa. De hecho, el ministro de educación, Oporto, una vez asegurado el acuerdo, salió a cruzar a la burocracia docente negando que el aumento aceptado fuera del 24%: “No hay que ser engañosos porque a mí me parece que no es de buena fe agitar un aumento salarial del 24 por ciento, porque el aumento salarial es de entre el 17 y el 18 para toda la carrera”, afirmó. Así, de parte del gobierno los docentes se enteraron que la suba no era tal como afirmaron los sindicatos.
De tal modo, la burocracia provincial, sin consultar a las bases, decidió las demandas del sector y cerró un acuerdo en cómodas cuotas para el ejecutivo provincial, que no contempla el deterioro salarial del 2009 ni la inflación real de 2010, ni tampoco los fuertes descuentos efectuados a principios de febrero; que implica más sumas en negro, achatando la escala salarial; propuesta que, además, fue aprobada en tiempo record en asambleas sin convocatoria de un día para otro. Una vez más, la conducción puso todos los métodos burocráticos al servicio del gobierno, contra los trabajadores. El kirchnerismo no le pidió tanto.
Por un sindicato independiente del estado y sus gobiernos
En la UTE y el SUTEBA, los sindicatos mayoritarios de Buenos Aires, el objetivo de la burocracia kirchnerista es, claramente, darle un perfil cada vez más empresarial y gestionador, barrer con toda participación y atisbo de democracia y vaciar los cuerpos de delegados, verdaderos representantes de la voz de los compañeros en las escuelas. Es imperioso y necesario entonces desterrar a la lista Celeste de López y Baradel, que hizo del sindicato un apéndice del gobierno, obstruye las demandas de los docentes y frena la lucha con métodos antidemocráticos.
Fortalecer el desarrollo de las agrupaciones antiburocráticas o crearlas allí donde no las hay, abriendo canales de participación y democracia sindical, disputar fuertemente las seccionales y los cuerpos de delegados para que sean elementos activos y herramientas de lucha, y finalmente prepararnos para sustituir a la burocracia y recuperar nuestro sindicato en manos del kirchnerismo, son tareas fundamentales que, desde los sectores de oposición, debemos tomar para avanzar en las conquistas de los trabajadores de la educación, y construir un sindicato independiente del estado y sus gobiernos.
Las provincias que luchan
El gobierno, la burocracia y los medios masivos de comunicación se esfuerzan por mostrar que reina la paz en el sistema educativo nacional. Con el acuerdo de la CTERA y el comienzo de clases en los principales distritos del país, muestran una realidad inventada. Es que, en varias provincias, los docentes no aceptan las propuestas oficiales y los trabajadores comienzan el ciclo lectivo luchando. Es el caso de Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y San Luis, que comienzan con paros. Es el caso de Santa Cruz, Tucumán, La Rioja y Jujuy que, al cierre de esta edición, aún no llegaron a un acuerdo con los respectivos gobiernos provinciales.