El Revolucionario Nº40 (Octubre de 2008)
Roberto Carlos Fernández es titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) desde 2007, aunque viene desde viejo. Ya en los ‘80 secundó a Palacios cuando la lista Celeste y Blanca ganó con fraude el sindicato. Luego, la burocracia reformó el estatuto gremial, obstruyendo toda participación, pues, para ir a elecciones, es preciso tener representación gremial en todo el país, tarea imposible sin el aparato y la caja de los burócratas. Desde entonces se atornillaron con lista única. Fernández, familiero y generoso, ubicó a su esposa al frente de las áreas legales y contables del gremio y a su cuñado como director médico y administrativo de la obra social, el sector que más dinero reporta.
Fernández, quien se da el lujo de vacacionar en playas de Brasil y el Caribe, fue diputado nacional por el menemismo en 1989. Por otro lado, durante años presidió CALEMA SA, una empresa que se dedica a cría de ganado y cultivo de cereales, dueña de sendos campos en la pampa húmeda cuyo valor total ascienden a 11 millones de dólares, muchos de los cuales adquirió durante el kirchnerismo. Cuenta, entre otras, con la propiedad de la tradicional estancia San Ignacio. Desde su compañía, aportó en 2003 a la campaña de Rodríguez Saá, acompañado entonces por Abel Posse y Aldo Rico. Luego se dio al kirchnerismo y, hoy día, agasaja seguido con asado a los ministros De Vido y Tomada en la sede gremial.
Su política de hostigamiento hacia la lucha de los trabajadores antiburocráticos es alevosa. Dos casos ilustran su impunidad: su rol ante los reclamos de los choferes de la línea 60, a quienes envió la patota al Ministerio de Trabajo; y su persecución permanente al cuerpo de delegados del subte, en la cual, haciéndose eco del discurso de los medios, se ubica siempre junto al gobierno y Metrovías: “en cada conflicto que se genera con la actitud inconsulta de estos personajes, los miles de usuarios y los trabajadores somos rehenes.”. Hace poco, Fernández convocó al congreso de UTA con el único fin de expulsar a 21 delegados “...que adaptaron reiteradas actitudes inorgánicas frente a las directivas del consejo directivo...”, objetivo que, por ahora, los trabajadores del subte impidieron.
Roberto Carlos Fernández es titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) desde 2007, aunque viene desde viejo. Ya en los ‘80 secundó a Palacios cuando la lista Celeste y Blanca ganó con fraude el sindicato. Luego, la burocracia reformó el estatuto gremial, obstruyendo toda participación, pues, para ir a elecciones, es preciso tener representación gremial en todo el país, tarea imposible sin el aparato y la caja de los burócratas. Desde entonces se atornillaron con lista única. Fernández, familiero y generoso, ubicó a su esposa al frente de las áreas legales y contables del gremio y a su cuñado como director médico y administrativo de la obra social, el sector que más dinero reporta.
Fernández, quien se da el lujo de vacacionar en playas de Brasil y el Caribe, fue diputado nacional por el menemismo en 1989. Por otro lado, durante años presidió CALEMA SA, una empresa que se dedica a cría de ganado y cultivo de cereales, dueña de sendos campos en la pampa húmeda cuyo valor total ascienden a 11 millones de dólares, muchos de los cuales adquirió durante el kirchnerismo. Cuenta, entre otras, con la propiedad de la tradicional estancia San Ignacio. Desde su compañía, aportó en 2003 a la campaña de Rodríguez Saá, acompañado entonces por Abel Posse y Aldo Rico. Luego se dio al kirchnerismo y, hoy día, agasaja seguido con asado a los ministros De Vido y Tomada en la sede gremial.
Su política de hostigamiento hacia la lucha de los trabajadores antiburocráticos es alevosa. Dos casos ilustran su impunidad: su rol ante los reclamos de los choferes de la línea 60, a quienes envió la patota al Ministerio de Trabajo; y su persecución permanente al cuerpo de delegados del subte, en la cual, haciéndose eco del discurso de los medios, se ubica siempre junto al gobierno y Metrovías: “en cada conflicto que se genera con la actitud inconsulta de estos personajes, los miles de usuarios y los trabajadores somos rehenes.”. Hace poco, Fernández convocó al congreso de UTA con el único fin de expulsar a 21 delegados “...que adaptaron reiteradas actitudes inorgánicas frente a las directivas del consejo directivo...”, objetivo que, por ahora, los trabajadores del subte impidieron.