El Revolucionario Nº24 (Mayo de 2007)
Los esfuerzos del gobierno y sus aliados por mostrar la represión en distintos lugares del país como consecuencia de una política diferente de la nacional, sólo convencen a sus interesados defensores y a los miopes que se hacen los combativos reclamando que la burocracia cómplice encabece la lucha contra la represión.
En su enorme y no tan efectivo esfuerzo por despegarse de toda responsabilidad por el asesinato del docente Carlos Fuentealba en Neuquén, el gobierno nacional, después de un primer momento de desconcierto y silencio, salió a dar su pésame y a marcar la diferencia entre lo que llamaron su “política del diálogo y la disuasión” y la “política de la violencia” de Sobisch. El ministro del interior, Aníbal Fernández, dijo “Este gobierno pone primero el derecho a la vida, más allá de cualquier discusión, porque cualquiera que fuera el reclamo se resuelve hablando, y no con un escopetazo en la cabeza”. El presidente Kirchner no se quedó atrás: “Siempre voy a apelar a la convivencia, incluso a costa de que me digan permisivo (…) prefiero que la gente se pueda expresar”, anunció, para completar “Nosotros repudiamos fuertemente la violencia; tenemos que ejercer con responsabilidad el monopolio de la seguridad”. Notables afirmaciones para los dos principales responsables de la sistemática represión en todo el país, con secuestros, amenazas, persecución judicial y encarcelamiento a militantes, militarización de barrios y ciudades enteras, al mismo tiempo que mata con el gatillo fácil y tortura en las cárceles y comisarías (1).
Mucho más rápidos que el propio gobierno para reaccionar, fueron los burócratas de la CTA, con Hugo Yasky a la cabeza. Flanqueado por el ideólogo oficial Horacio Verbitsky, presidente del CELS, y otros organismos de DDHH defensores o aliados del gobierno, inmediatamente dio una conferencia de prensa en la que “deslindó responsabilidades” entre la provincia del MPN(2) y el kirchnerismo. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, lo sintetizó en una frase: “Para nosotros, no es lo mismo”.
Esta idea de que “no es lo mismo” Kirchner que Sobisch, complementada con rabiosas denuncias a la “derecha” que, además del neuquino, representarían sólo personajes como Macri o López Murphy, fue expresada con variantes desde el gobierno hasta supuestos opositores “razonables”, los mismos que frente a la desaparición de López salieron a convocar movilizaciones amplias, cacareando la “unidad del campo popular”, para terminar marchando detrás de los intendentes peronistas del conurbano.
Claro que no es lo mismo, pero no porque Kirchner sea mejor que Sobisch para el pueblo, sino porque es más hábil para defender los intereses que representa. El kirchnerismo encaró desde el mismo momento en que asumió el poder un plan de reconversión represiva eficiente y eficaz, pensado y ejecutado en etapas, que requirió en un primer momento aguantarse las ganas de reprimir, tolerando las acusaciones de debilidad que le hacían los sectores menos reflexivos de la derecha, mientras generaba expectativas en buena parte del pueblo y de la izquierda organizada. Pacientemente, el gobierno urdió un programa que le dio resultado para ganar consenso en las capas medias, siempre adictas al orden y la seguridad, al tiempo que sumaba a su proyecto organizaciones piqueteras, organismos de derechos humanos y referentes “populares”. Así pudo incrementar el voltaje represivo directo casi sin costo político cuantificable. En septiembre de 2005, frente a la represión creciente, la militarización de las calles, el vallado y acordonamiento del centro de la ciudad impidiendo avanzar hacia la Plaza de Mayo a las marchas universitaria y antiimperialista, muchas organizaciones diagnosticaron “un giro represivo” del hasta entonces “comprensivo” gobierno, cuyo inicio a lo sumo fijaban en las represiones de julio y agosto de 2004 en la legislatura y el ministerio de economía. Nosotros señalábamos ese mismo mes (ver ER Nº6) que el “plan maestro” de Kirchner para disciplinar al pueblo venía funcionando aceitado desde su discurso inaugural del 25/05/2003 hasta las “mareas” azules y naranjas que bloqueaban el acceso a la Plaza de Mayo, pasando por infinidad de hechos represivos sobre organizaciones y militantes, incluyendo un muerto en Jujuy en octubre de 2003, fusilado en una movilización contra la tortura, hecho silenciado hasta por la organización política a la que pertenecía el compañero(3). Decíamos entonces que el kirchnerismo, después de apropiarse del rótulo de “gobierno de los DDHH”, continuaba con su política de “cooptar lo cooptable, disciplinar lo disciplinable, y destruir toda resistencia”, y que ése era el proceso que debíamos enfrentar, lejos de conciliar con los sectores “progres” que algunos insisten en ver en un gobierno que no está en disputa, excepto en materia de negocios.
Sobisch es tan “único responsable político” por el asesinato de Fuentealba como lo fueron Estabillo por Víctor Choque, Sapag por Teresa Rodríguez, Romero por Verón, Santillán y Barrios o Fellner por Cuéllar. Es curioso que quienes no dudan en señalar a Menem, De La Rua o Duhalde por esas y otras masacres, como la de Corrientes o la del Puente Pueyrredón, extremen los argumentos para señalar ahora sólo a Sobisch y “la derecha” (que según ellos, no incluye al peronismo) como responsables del fusilamiento. Algunos se han vuelto fundamentalistas federales para explicar, como Yasky, que “no se mete en conflictos provinciales”. Sólo un defensor del gobierno puede sostener que la cuestión docente en Neuquén no es discutida con el gobierno nacional, como cualquier conflicto de envergadura, máxime cuando es el gobierno nacional el que fija la política salarial anunciada por el ministro de educación y candidato a jefe de gobierno porteño, elaborada en conjunto con el “ministro sin cartera”, Yasky. Nadie señaló esto con tanta claridad como Sobisch, cuando llamó “miserables cobardes” a Kirchner y Fernández, con quienes él sabe perfectamente cuántas veces habló antes de mandar la policía a reprimir en Arroyito.
En el curso de los primeros meses de este año han sido incontables las represiones a movilizaciones, manifestaciones, cortes y ocupaciones por vivienda. Neuquén, Salta, o Santa Cruz son ejemplos obvios, pero ninguna provincia, ni la ciudad de Buenos Aires, ha quedado al margen de los palos, los gases, las detenciones y las causas judiciales. Hasta los “ambientalistas” entrerrianos fueron reprimidos cuando sacaron los pies del plato y se metieron en Puerto Madero con los negocios de Buquebus. Vimos crecer en los últimos tiempos el uso de patotas formadas por sindicalistas, piqueteros o militantes oficialistas, que reemplazan a las fuerzas de seguridad formales en el ataque a huelguistas o estudiantes, otro recurso para disimular quién es el gerente de la represión. En ese marco de represión generalizada en todo el país se produjo el asesinato de Carlos Fuentealba, que hizo trascender nacionalmente un conflicto que llevaba más de un mes en absoluto silencio mediático. La situación en Santa Cruz, tanto o más tensa que la neuquina, y reprimida con fuerzas provinciales y federales, sólo pudo romper el cerco informativo a partir de que la muerte del profesor de química dio visibilidad a la lucha docente, y eso pese al férreo control de los medios locales y hasta de las señales nacionales, como se puso en evidencia al ser interferida en la provincia la transmisión del programa de Mariano Grondona cuando entrevistaba a un delegado del gremio docente. El gobierno nacional decidió, expuesto ya el nivel de conflicto en su feudo, hacer explícita su intervención, convocando a los gremios a dialogar con los ministros Filmus y Tomada, al mismo tiempo que ordenó a sus legisladores provinciales votar en contra de la derogación de la ley que, como norma de necesidad y urgencia, impuso Kirchner siendo gobernador en 1991 y que prohíbe paritarias en Santa Cruz. El 26 de abril, más de mil personas se agolparon frente a la legislatura, cantidad que fue creciendo cuando por la noche se supo que los diputados kirchneristas, una vez más, acataban la orden presidencial. El jefe de policía Wilfredo Roque, que tuvo el mismo cargo en los años de gobernación kirchnerista, llamó a la jueza López Lestón, prima del presidente, y luego tuvo que cubrirle la retirada bajo una lluvia de huevos arrojados por los manifestantes. Los diputados oficialistas debieron optar entre quedarse refugiados en el edificio, salir con custodia policial entre las escupidas y huevazos de la gente, o escapar por los techos, saltando a las casas vecinas.
La respuesta de la izquierda reformista frente a la muerte de Carlos Fuentealba, en tanto, fue el encendido reclamo a la CGT y la CTA de que se pongan a la cabeza de la lucha, exigiendo una huelga general que, dirigida por cualquiera o ambas centrales, sólo sirve para lavarles la cara y perpetuar la burocracia sindical, la misma que empuja a los neuquinos a volver al diálogo con los asesinos. Como en Corrientes después de la represión en el Puente Gral. Belgrano, cuando una vez escarmentada la protesta masiva con dos muertos y centenares de heridos de bala, apareció el dinero del gobierno nacional para pagar los meses de sueldos atrasados, hoy la dirección de ATEN, levantados ya los cortes, acepta la propuesta del gobernador Sobisch, apenas diferente de las que fueron rechazadas por las asambleas que votaron los cortes del 4 de abril. Marcelo Guagliardo, secretario general del gremio, relativizó la cuestión diciendo que “el acta contiene muchos de los puntos que veníamos solicitando” (destacado nuestro). La incapacidad de esas direcciones para desarrollar una política independiente de la burguesía y la burocracia sindical, y su insistencia en apelar al nefasto eje de la “defensa de la democracia y la institucionalidad”, sólo traen fracaso para las luchas de los trabajadores.
Frente a la represión sistemática y coordinada en todo el país, que se expresa en la militarización creciente, la persecución política, los secuestros y amenazas a militantes, las tareas de inteligencia, el ataque de las patotas oficiales, el accionar constante de las fuerzas de seguridad cada vez mejor pagas y más pertrechadas, el gatillo fácil, la tortura, y ahora, otro fusilado en una movilización popular, debemos responder con organización y lucha consecuente.
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NOTAS
(1) La CORREPI denuncia más de 650 muertos por el gatillo fácil y la tortura desde que asumió el gobierno de Kirchner, el que también tiene el record de presos políticos y encausados por razones políticas durante su gestión.
(2) Movimiento Popular Neuquino, partido provincial de Sobisch, versión local del peronismo tradicional.
(3) Luis Marcelo Cuéllar, militante de la CCC-PCR.
Los esfuerzos del gobierno y sus aliados por mostrar la represión en distintos lugares del país como consecuencia de una política diferente de la nacional, sólo convencen a sus interesados defensores y a los miopes que se hacen los combativos reclamando que la burocracia cómplice encabece la lucha contra la represión.
En su enorme y no tan efectivo esfuerzo por despegarse de toda responsabilidad por el asesinato del docente Carlos Fuentealba en Neuquén, el gobierno nacional, después de un primer momento de desconcierto y silencio, salió a dar su pésame y a marcar la diferencia entre lo que llamaron su “política del diálogo y la disuasión” y la “política de la violencia” de Sobisch. El ministro del interior, Aníbal Fernández, dijo “Este gobierno pone primero el derecho a la vida, más allá de cualquier discusión, porque cualquiera que fuera el reclamo se resuelve hablando, y no con un escopetazo en la cabeza”. El presidente Kirchner no se quedó atrás: “Siempre voy a apelar a la convivencia, incluso a costa de que me digan permisivo (…) prefiero que la gente se pueda expresar”, anunció, para completar “Nosotros repudiamos fuertemente la violencia; tenemos que ejercer con responsabilidad el monopolio de la seguridad”. Notables afirmaciones para los dos principales responsables de la sistemática represión en todo el país, con secuestros, amenazas, persecución judicial y encarcelamiento a militantes, militarización de barrios y ciudades enteras, al mismo tiempo que mata con el gatillo fácil y tortura en las cárceles y comisarías (1).
Mucho más rápidos que el propio gobierno para reaccionar, fueron los burócratas de la CTA, con Hugo Yasky a la cabeza. Flanqueado por el ideólogo oficial Horacio Verbitsky, presidente del CELS, y otros organismos de DDHH defensores o aliados del gobierno, inmediatamente dio una conferencia de prensa en la que “deslindó responsabilidades” entre la provincia del MPN(2) y el kirchnerismo. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, lo sintetizó en una frase: “Para nosotros, no es lo mismo”.
Esta idea de que “no es lo mismo” Kirchner que Sobisch, complementada con rabiosas denuncias a la “derecha” que, además del neuquino, representarían sólo personajes como Macri o López Murphy, fue expresada con variantes desde el gobierno hasta supuestos opositores “razonables”, los mismos que frente a la desaparición de López salieron a convocar movilizaciones amplias, cacareando la “unidad del campo popular”, para terminar marchando detrás de los intendentes peronistas del conurbano.
Claro que no es lo mismo, pero no porque Kirchner sea mejor que Sobisch para el pueblo, sino porque es más hábil para defender los intereses que representa. El kirchnerismo encaró desde el mismo momento en que asumió el poder un plan de reconversión represiva eficiente y eficaz, pensado y ejecutado en etapas, que requirió en un primer momento aguantarse las ganas de reprimir, tolerando las acusaciones de debilidad que le hacían los sectores menos reflexivos de la derecha, mientras generaba expectativas en buena parte del pueblo y de la izquierda organizada. Pacientemente, el gobierno urdió un programa que le dio resultado para ganar consenso en las capas medias, siempre adictas al orden y la seguridad, al tiempo que sumaba a su proyecto organizaciones piqueteras, organismos de derechos humanos y referentes “populares”. Así pudo incrementar el voltaje represivo directo casi sin costo político cuantificable. En septiembre de 2005, frente a la represión creciente, la militarización de las calles, el vallado y acordonamiento del centro de la ciudad impidiendo avanzar hacia la Plaza de Mayo a las marchas universitaria y antiimperialista, muchas organizaciones diagnosticaron “un giro represivo” del hasta entonces “comprensivo” gobierno, cuyo inicio a lo sumo fijaban en las represiones de julio y agosto de 2004 en la legislatura y el ministerio de economía. Nosotros señalábamos ese mismo mes (ver ER Nº6) que el “plan maestro” de Kirchner para disciplinar al pueblo venía funcionando aceitado desde su discurso inaugural del 25/05/2003 hasta las “mareas” azules y naranjas que bloqueaban el acceso a la Plaza de Mayo, pasando por infinidad de hechos represivos sobre organizaciones y militantes, incluyendo un muerto en Jujuy en octubre de 2003, fusilado en una movilización contra la tortura, hecho silenciado hasta por la organización política a la que pertenecía el compañero(3). Decíamos entonces que el kirchnerismo, después de apropiarse del rótulo de “gobierno de los DDHH”, continuaba con su política de “cooptar lo cooptable, disciplinar lo disciplinable, y destruir toda resistencia”, y que ése era el proceso que debíamos enfrentar, lejos de conciliar con los sectores “progres” que algunos insisten en ver en un gobierno que no está en disputa, excepto en materia de negocios.
Sobisch es tan “único responsable político” por el asesinato de Fuentealba como lo fueron Estabillo por Víctor Choque, Sapag por Teresa Rodríguez, Romero por Verón, Santillán y Barrios o Fellner por Cuéllar. Es curioso que quienes no dudan en señalar a Menem, De La Rua o Duhalde por esas y otras masacres, como la de Corrientes o la del Puente Pueyrredón, extremen los argumentos para señalar ahora sólo a Sobisch y “la derecha” (que según ellos, no incluye al peronismo) como responsables del fusilamiento. Algunos se han vuelto fundamentalistas federales para explicar, como Yasky, que “no se mete en conflictos provinciales”. Sólo un defensor del gobierno puede sostener que la cuestión docente en Neuquén no es discutida con el gobierno nacional, como cualquier conflicto de envergadura, máxime cuando es el gobierno nacional el que fija la política salarial anunciada por el ministro de educación y candidato a jefe de gobierno porteño, elaborada en conjunto con el “ministro sin cartera”, Yasky. Nadie señaló esto con tanta claridad como Sobisch, cuando llamó “miserables cobardes” a Kirchner y Fernández, con quienes él sabe perfectamente cuántas veces habló antes de mandar la policía a reprimir en Arroyito.
En el curso de los primeros meses de este año han sido incontables las represiones a movilizaciones, manifestaciones, cortes y ocupaciones por vivienda. Neuquén, Salta, o Santa Cruz son ejemplos obvios, pero ninguna provincia, ni la ciudad de Buenos Aires, ha quedado al margen de los palos, los gases, las detenciones y las causas judiciales. Hasta los “ambientalistas” entrerrianos fueron reprimidos cuando sacaron los pies del plato y se metieron en Puerto Madero con los negocios de Buquebus. Vimos crecer en los últimos tiempos el uso de patotas formadas por sindicalistas, piqueteros o militantes oficialistas, que reemplazan a las fuerzas de seguridad formales en el ataque a huelguistas o estudiantes, otro recurso para disimular quién es el gerente de la represión. En ese marco de represión generalizada en todo el país se produjo el asesinato de Carlos Fuentealba, que hizo trascender nacionalmente un conflicto que llevaba más de un mes en absoluto silencio mediático. La situación en Santa Cruz, tanto o más tensa que la neuquina, y reprimida con fuerzas provinciales y federales, sólo pudo romper el cerco informativo a partir de que la muerte del profesor de química dio visibilidad a la lucha docente, y eso pese al férreo control de los medios locales y hasta de las señales nacionales, como se puso en evidencia al ser interferida en la provincia la transmisión del programa de Mariano Grondona cuando entrevistaba a un delegado del gremio docente. El gobierno nacional decidió, expuesto ya el nivel de conflicto en su feudo, hacer explícita su intervención, convocando a los gremios a dialogar con los ministros Filmus y Tomada, al mismo tiempo que ordenó a sus legisladores provinciales votar en contra de la derogación de la ley que, como norma de necesidad y urgencia, impuso Kirchner siendo gobernador en 1991 y que prohíbe paritarias en Santa Cruz. El 26 de abril, más de mil personas se agolparon frente a la legislatura, cantidad que fue creciendo cuando por la noche se supo que los diputados kirchneristas, una vez más, acataban la orden presidencial. El jefe de policía Wilfredo Roque, que tuvo el mismo cargo en los años de gobernación kirchnerista, llamó a la jueza López Lestón, prima del presidente, y luego tuvo que cubrirle la retirada bajo una lluvia de huevos arrojados por los manifestantes. Los diputados oficialistas debieron optar entre quedarse refugiados en el edificio, salir con custodia policial entre las escupidas y huevazos de la gente, o escapar por los techos, saltando a las casas vecinas.
La respuesta de la izquierda reformista frente a la muerte de Carlos Fuentealba, en tanto, fue el encendido reclamo a la CGT y la CTA de que se pongan a la cabeza de la lucha, exigiendo una huelga general que, dirigida por cualquiera o ambas centrales, sólo sirve para lavarles la cara y perpetuar la burocracia sindical, la misma que empuja a los neuquinos a volver al diálogo con los asesinos. Como en Corrientes después de la represión en el Puente Gral. Belgrano, cuando una vez escarmentada la protesta masiva con dos muertos y centenares de heridos de bala, apareció el dinero del gobierno nacional para pagar los meses de sueldos atrasados, hoy la dirección de ATEN, levantados ya los cortes, acepta la propuesta del gobernador Sobisch, apenas diferente de las que fueron rechazadas por las asambleas que votaron los cortes del 4 de abril. Marcelo Guagliardo, secretario general del gremio, relativizó la cuestión diciendo que “el acta contiene muchos de los puntos que veníamos solicitando” (destacado nuestro). La incapacidad de esas direcciones para desarrollar una política independiente de la burguesía y la burocracia sindical, y su insistencia en apelar al nefasto eje de la “defensa de la democracia y la institucionalidad”, sólo traen fracaso para las luchas de los trabajadores.
Frente a la represión sistemática y coordinada en todo el país, que se expresa en la militarización creciente, la persecución política, los secuestros y amenazas a militantes, las tareas de inteligencia, el ataque de las patotas oficiales, el accionar constante de las fuerzas de seguridad cada vez mejor pagas y más pertrechadas, el gatillo fácil, la tortura, y ahora, otro fusilado en una movilización popular, debemos responder con organización y lucha consecuente.
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NOTAS
(1) La CORREPI denuncia más de 650 muertos por el gatillo fácil y la tortura desde que asumió el gobierno de Kirchner, el que también tiene el record de presos políticos y encausados por razones políticas durante su gestión.
(2) Movimiento Popular Neuquino, partido provincial de Sobisch, versión local del peronismo tradicional.
(3) Luis Marcelo Cuéllar, militante de la CCC-PCR.