El Revolucionario Nº48 (Julio de 2009)
"No son ciudadanos de primera clase y no vamos a sobreponer los intereses de estos indígenas por encima de los de 28 millones de peruanos"
"No son ciudadanos de primera clase y no vamos a sobreponer los intereses de estos indígenas por encima de los de 28 millones de peruanos"
(Palabras del presidente Alan García, después de la represión del 8 de junio de 2009)
A pocos días de comenzado el mes de junio, los medios oficiales hicieron trascender su preocupación por el asesinato de una veintena de policías peruanos en manos de un grupo de indígenas que bloqueaban una ruta en defensa de los recursos naturales.
Bien avanzada la lectura, recién se podía encontrar la razón del reclamo. El presidente Alan García, según informa La Nación , “emitió un centenar de leyes para acondicionar la normatividad nacional a las exigencias del TLC con EEUU. En ese paquete se incluyeron las llamadas “leyes de la selva”, que afectan la propiedad de los pueblos indígenas sobre 24 millones de hectáreas.” Por supuesto que estas leyes fueron sancionadas sin el consentimiento de los líderes indígenas, a pesar de tener un convenio con la OIT , que obligaría al mandatario a consultar con las organizaciones afectadas.
Aparentemente, esta disputa entre el presidente García y las organizaciones indígenas y campesinas dataría de 2007, cuando ya se había hecho el primer intento de avanzar sobre estas tierras argumentando que las comunidades sufrían “el síndrome del perro del hortelano”, ya que las mantenían “improductivas”.
No son noticia las nefastas condiciones de vida que tienen las comunidades indígenas en América Latina. Tampoco son noticia los enormes negociados de los gobiernos con las transnacionales que rifan permanentemente los recursos naturales, entre los cuales se encuentran, nada más y nada menos, que la vivienda, las tierras (es decir el medio de vida), el agua de muchos pueblos. Lo que sí parece haber sido noticia, y por cierto muy mala para la burguesía peruana y su gobierno, fue que 38 policías fueran tomados como rehenes en una planta petrolera ocupada por los manifestantes y que nueve hubieran muerto. Esta fue la respuesta al desalojo de la ruta que estaban bloqueando para lo cual el gobierno mandó 600 efectivos con armamento importante.
Sabiendo que “el desalojo violento a un pueblo caracterizado por defender hasta la muerte su territorio, era como arrojar nafta a una hoguera”, en alianza con el fujimorismo, Alan García daba curso a la nueva legislación.
Lo que tampoco hoy es noticia es el número de indígenas asesinados en estas jornadas. No hay cifras oficiales al respecto pero los líderes de las organizaciones afirman que serían más de 30 los muertos y que muchos de ellos permanecen en los cerros porque los militares les han impedido acudir a recogerlos. Además se han encontrado cuerpos en el río y fosas comunes.
Como se ve, los gobiernos proimperialistas de América Latina, están dispuestos a defender los negocios con Estados Unidos, a punta de fusil si es necesario.
A pocos días de comenzado el mes de junio, los medios oficiales hicieron trascender su preocupación por el asesinato de una veintena de policías peruanos en manos de un grupo de indígenas que bloqueaban una ruta en defensa de los recursos naturales.
Bien avanzada la lectura, recién se podía encontrar la razón del reclamo. El presidente Alan García, según informa La Nación , “emitió un centenar de leyes para acondicionar la normatividad nacional a las exigencias del TLC con EEUU. En ese paquete se incluyeron las llamadas “leyes de la selva”, que afectan la propiedad de los pueblos indígenas sobre 24 millones de hectáreas.” Por supuesto que estas leyes fueron sancionadas sin el consentimiento de los líderes indígenas, a pesar de tener un convenio con la OIT , que obligaría al mandatario a consultar con las organizaciones afectadas.
Aparentemente, esta disputa entre el presidente García y las organizaciones indígenas y campesinas dataría de 2007, cuando ya se había hecho el primer intento de avanzar sobre estas tierras argumentando que las comunidades sufrían “el síndrome del perro del hortelano”, ya que las mantenían “improductivas”.
No son noticia las nefastas condiciones de vida que tienen las comunidades indígenas en América Latina. Tampoco son noticia los enormes negociados de los gobiernos con las transnacionales que rifan permanentemente los recursos naturales, entre los cuales se encuentran, nada más y nada menos, que la vivienda, las tierras (es decir el medio de vida), el agua de muchos pueblos. Lo que sí parece haber sido noticia, y por cierto muy mala para la burguesía peruana y su gobierno, fue que 38 policías fueran tomados como rehenes en una planta petrolera ocupada por los manifestantes y que nueve hubieran muerto. Esta fue la respuesta al desalojo de la ruta que estaban bloqueando para lo cual el gobierno mandó 600 efectivos con armamento importante.
Sabiendo que “el desalojo violento a un pueblo caracterizado por defender hasta la muerte su territorio, era como arrojar nafta a una hoguera”, en alianza con el fujimorismo, Alan García daba curso a la nueva legislación.
Lo que tampoco hoy es noticia es el número de indígenas asesinados en estas jornadas. No hay cifras oficiales al respecto pero los líderes de las organizaciones afirman que serían más de 30 los muertos y que muchos de ellos permanecen en los cerros porque los militares les han impedido acudir a recogerlos. Además se han encontrado cuerpos en el río y fosas comunes.
Como se ve, los gobiernos proimperialistas de América Latina, están dispuestos a defender los negocios con Estados Unidos, a punta de fusil si es necesario.