El Revolucionario Nº48 (Julio de 2009)
El pasado 28 de junio Honduras amaneció con un golpe de estado. Además de la detención de los altos funcionarios, el nuevo gobierno cívico-militar puso a las FFAA en las calles, recortó las garantías constitucionales y desplegó su represión en numerosas oportunidades contra movilizaciones y activistas populares que rechazan la instalación de un gobierno de facto.
El golpe de estado en Honduras ha sido dirigido por los dos partidos tradicionales (liberal y conservador) que encabezan el congreso, por la corte suprema, las FFAA y la iglesia, respaldados, por supuesto, por una gran cohorte de empresarios locales y extranjeros, además de haber contado, por medio de su embajada, con el apoyo solapado de EEUU, quienes cuentan con una base militar en funcionamiento y otra en construcción.
Con el golpe desplazaron al gobierno de “Mel” Zelaya, cara de otra corriente empresarial que asumió el poder en 2005 como representante de uno de los partidos tradicionales y ahora golpistas, el liberal, bajo un programa de defensa del libre mercado y las relaciones preferenciales con EEUU. Zelaya es una figura del conservadurismo local, miembro de una de las grandes familias ganaderas del país, cuyo padre estuvo implicado en la “masacre de los Horcones” de 1975.
El enfrentamiento entre unos y otros se aceleró principalmente en el último año. El país dependiente y semicolonial, que vive principalmente de exportaciones agrícolas, del ensamblaje en las maquilas y de las remesas que los emigrados envían a sus familias en Honduras, se encontraba en una situación económica crítica, que fue agravada por la crisis mundial. A la falta de crédito y el inaccesible precio de los hidrocarburos se sumaron las presiones por medio del FMI para avanzar en una política privatizadora que fue rechazada por movilizaciones. En ese marco, el presidente liberal decidió acercar posiciones con Chávez y los presidentes del ALBA. Entró a Petrocaribe y acordó con Chávez una provisión de 200.000 barriles diarios de petróleo con la posibilidad de pagar sólo el 60% y ubicar el otro 40% como deuda externa con Venezuela a pagar en 25 años. También buscó un acuerdo para la provisión de medicamentos genéricos con Cuba. Ambas salidas fueron rechazadas por las trasnacionales del petróleo y los medicamentos que operan en Honduras y que se sumaron al golpismo. Además, en su búsqueda por una salida económica, Zelaya apeló también la retórica que caracteriza al “bolivarianismo” pasando a hablar de un “liberalismo socialista”, como formulación que expresa su proyecto económico liberal en acuerdo con otros líderes “progresistas” del capitalismo regional que utilizan también esa retórica “socialista”.
Esta salida del líder liberal contribuyó a agudizar el enfrentamiento con los sectores más conservadores de la burguesía local y extranjera, llevando al resto del partido liberal a sumarse a la oposición junto a los conservadores y la iglesia y obligando a Zelaya a apelar a cierta movilización popular (orientada siempre hacia reformas institucionales superficiales) como forma de sostener su gobierno.
Así es como, en el marco de esta disputa de intereses entre distintas fracciones empresariales y sus expresiones políticas, se llegó al actual golpe de estado en el que, como es evidente, el pueblo hondureño sufre las mayores consecuencias. La posición de los golpistas es tan retrógrada que hasta la ONU , la OEA y el gobierno de EEUU han debido rechazar formalmente al nuevo gobierno de facto.
Este contexto de enfrentamiento entre capitalistas, con el precedente, además, de un gobierno como el de Zelaya, que ha dado tan pocos beneficios sociales y políticos a los trabajadores y demás sectores humildes del país, ha dificultado que cobre impulso la movilización antigolpista. En gran medida los mismos golpistas (jefes de las redes clientelares de los partidos tradicionales y la iglesia) han mostrado una importante capacidad de movilización. Eso pone en evidencia la dificultad, pero también la necesidad de reorganizar la lucha obrera y popular como única posición de fuerza desde la cual se puede enfrentar a los golpistas y su agenda de avance reaccionario. De otra forma, el gobierno dictatorial se sostendrá, o en todo caso acordará su levantamiento con Zelaya a cambio de que este le asegure la impunidad a los golpistas y les de vía libre para imponer un proyecto abiertamente conservador y proyanqui de hambre y dependencia para Honduras.
El pasado 28 de junio Honduras amaneció con un golpe de estado. Además de la detención de los altos funcionarios, el nuevo gobierno cívico-militar puso a las FFAA en las calles, recortó las garantías constitucionales y desplegó su represión en numerosas oportunidades contra movilizaciones y activistas populares que rechazan la instalación de un gobierno de facto.
El golpe de estado en Honduras ha sido dirigido por los dos partidos tradicionales (liberal y conservador) que encabezan el congreso, por la corte suprema, las FFAA y la iglesia, respaldados, por supuesto, por una gran cohorte de empresarios locales y extranjeros, además de haber contado, por medio de su embajada, con el apoyo solapado de EEUU, quienes cuentan con una base militar en funcionamiento y otra en construcción.
Con el golpe desplazaron al gobierno de “Mel” Zelaya, cara de otra corriente empresarial que asumió el poder en 2005 como representante de uno de los partidos tradicionales y ahora golpistas, el liberal, bajo un programa de defensa del libre mercado y las relaciones preferenciales con EEUU. Zelaya es una figura del conservadurismo local, miembro de una de las grandes familias ganaderas del país, cuyo padre estuvo implicado en la “masacre de los Horcones” de 1975.
El enfrentamiento entre unos y otros se aceleró principalmente en el último año. El país dependiente y semicolonial, que vive principalmente de exportaciones agrícolas, del ensamblaje en las maquilas y de las remesas que los emigrados envían a sus familias en Honduras, se encontraba en una situación económica crítica, que fue agravada por la crisis mundial. A la falta de crédito y el inaccesible precio de los hidrocarburos se sumaron las presiones por medio del FMI para avanzar en una política privatizadora que fue rechazada por movilizaciones. En ese marco, el presidente liberal decidió acercar posiciones con Chávez y los presidentes del ALBA. Entró a Petrocaribe y acordó con Chávez una provisión de 200.000 barriles diarios de petróleo con la posibilidad de pagar sólo el 60% y ubicar el otro 40% como deuda externa con Venezuela a pagar en 25 años. También buscó un acuerdo para la provisión de medicamentos genéricos con Cuba. Ambas salidas fueron rechazadas por las trasnacionales del petróleo y los medicamentos que operan en Honduras y que se sumaron al golpismo. Además, en su búsqueda por una salida económica, Zelaya apeló también la retórica que caracteriza al “bolivarianismo” pasando a hablar de un “liberalismo socialista”, como formulación que expresa su proyecto económico liberal en acuerdo con otros líderes “progresistas” del capitalismo regional que utilizan también esa retórica “socialista”.
Esta salida del líder liberal contribuyó a agudizar el enfrentamiento con los sectores más conservadores de la burguesía local y extranjera, llevando al resto del partido liberal a sumarse a la oposición junto a los conservadores y la iglesia y obligando a Zelaya a apelar a cierta movilización popular (orientada siempre hacia reformas institucionales superficiales) como forma de sostener su gobierno.
Así es como, en el marco de esta disputa de intereses entre distintas fracciones empresariales y sus expresiones políticas, se llegó al actual golpe de estado en el que, como es evidente, el pueblo hondureño sufre las mayores consecuencias. La posición de los golpistas es tan retrógrada que hasta la ONU , la OEA y el gobierno de EEUU han debido rechazar formalmente al nuevo gobierno de facto.
Este contexto de enfrentamiento entre capitalistas, con el precedente, además, de un gobierno como el de Zelaya, que ha dado tan pocos beneficios sociales y políticos a los trabajadores y demás sectores humildes del país, ha dificultado que cobre impulso la movilización antigolpista. En gran medida los mismos golpistas (jefes de las redes clientelares de los partidos tradicionales y la iglesia) han mostrado una importante capacidad de movilización. Eso pone en evidencia la dificultad, pero también la necesidad de reorganizar la lucha obrera y popular como única posición de fuerza desde la cual se puede enfrentar a los golpistas y su agenda de avance reaccionario. De otra forma, el gobierno dictatorial se sostendrá, o en todo caso acordará su levantamiento con Zelaya a cambio de que este le asegure la impunidad a los golpistas y les de vía libre para imponer un proyecto abiertamente conservador y proyanqui de hambre y dependencia para Honduras.