El Revolucionario Nº38 (Agosto de 2008)
La fiesta de privatizaciones de los ’90 llenó los bolsillos del gobierno y las multinacionales. Las empresas de servicios se vendieron o concesionaron a precio vil, o se “pagaron” con títulos de la deuda externa, es decir, con su propio pasivo, absorbido por el estado. Tanto en las ventas como en las concesiones, el estado entregó las empresas sin deudas y con todos sus activos. Los procesos de “racionalización del personal”, con despidos masivos disfrazados de retiros voluntarios, completaron el negocio en el que ganaron los buitres del capital, y perdieron los trabajadores y los usuarios.
Pero la avidez de los chupasangre no tiene límite. Como con el correo y con Aguas Argentinas, al agotarse la posibilidad de saqueo, las empresas, totalmente fundidas, vuelven al estado, que las recompra carísimas.
Es el turno de Aerolíneas Argentinas, vendida en 1991, desde luego que sin deuda alguna, por el presidente peronista Carlos Menem a Iberia. En 1996, la empresa española cedió la gestión a la yanqui American Airlines. Un año después, Aerolíneas pasó a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) de España, que la vendió, en 2001, al Grupo Marsans, por el precio simbólico de un dólar.
Durante todo ese tiempo, los aportes de capital y subsidios del estado argentino fueron enormes. Con los 50 millones de pesos recientemente otorgados para pagar salarios y garantizar operaciones, totalizaron más de 700 millones, sin que esas siderales sumas tuvieran efecto alguno en la sangría de personal, reducido en un 40% desde la privatización, ni en la brutal descapitalización. Hoy Austral tiene 6 aviones, y sólo funcionan 26 de Aerolíneas. Entre ambas redondean un pasivo de 890 millones de dólares, de los cuales $240 millones son inmediatamente exigibles. Como cuando se privatizó, esa deuda se transferirá al estado.
Los capitalistas españoles, que ya le sacaron todo el jugo posible, ofrecieron venderla al estado argentino, que rápidamente accedió. El anuncio oficial fue hecho por el secretario de transporte, Ricardo Jaime, quien calificó de “importantísimo este paso que da el estado nacional”. Por su parte, la compañía española dijo: “Estamos bastante satisfechos”, y explicó que, con la operación, Marsans “evitó entrar en una batalla legal que podría haber llevado a caminos no mercantiles”. La parte más sofisticada del fraude es que el principal acreedor de la empresa, que cobrará del nuevo dueño, es el propio grupo Marsans que la fundió.
Como en el caso de AySA, la privatización permitía la adquisición de acciones de la sociedad por los trabajadores, pero el PPP (Programa de Propiedad Participada) es administrado por la burocracia de los sindicatos, que por algo manifestó su alegría con el negociado. Edgardo Llano, titular de APA (Asociación del Personal Aeronáutico) y miembro de la conducción de la CTA, declaró: “esto significa un día histórico para los trabajadores aeronáuticos de la APA”.
Después del acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández, el secretario de transporte Ricardo Jaime y el ministro de planificación, Julio De Vido, al que asistieron los burócratas de los gremios, todos brindaron por el nuevo negocio, que ni siquiera es una “reestatización” real. “La incorporación de capitales privados será el horizonte una vez que se ponga en valor a las compañías”, indicó Jaime a la prensa, es decir que las privatizarán, de nuevo, sin deuda. No pueden suceder las cosas de otra manera en una semicolonia como Argentina, y bajo un gobierno propatronal y proimperialista.
La fiesta de privatizaciones de los ’90 llenó los bolsillos del gobierno y las multinacionales. Las empresas de servicios se vendieron o concesionaron a precio vil, o se “pagaron” con títulos de la deuda externa, es decir, con su propio pasivo, absorbido por el estado. Tanto en las ventas como en las concesiones, el estado entregó las empresas sin deudas y con todos sus activos. Los procesos de “racionalización del personal”, con despidos masivos disfrazados de retiros voluntarios, completaron el negocio en el que ganaron los buitres del capital, y perdieron los trabajadores y los usuarios.
Pero la avidez de los chupasangre no tiene límite. Como con el correo y con Aguas Argentinas, al agotarse la posibilidad de saqueo, las empresas, totalmente fundidas, vuelven al estado, que las recompra carísimas.
Es el turno de Aerolíneas Argentinas, vendida en 1991, desde luego que sin deuda alguna, por el presidente peronista Carlos Menem a Iberia. En 1996, la empresa española cedió la gestión a la yanqui American Airlines. Un año después, Aerolíneas pasó a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) de España, que la vendió, en 2001, al Grupo Marsans, por el precio simbólico de un dólar.
Durante todo ese tiempo, los aportes de capital y subsidios del estado argentino fueron enormes. Con los 50 millones de pesos recientemente otorgados para pagar salarios y garantizar operaciones, totalizaron más de 700 millones, sin que esas siderales sumas tuvieran efecto alguno en la sangría de personal, reducido en un 40% desde la privatización, ni en la brutal descapitalización. Hoy Austral tiene 6 aviones, y sólo funcionan 26 de Aerolíneas. Entre ambas redondean un pasivo de 890 millones de dólares, de los cuales $240 millones son inmediatamente exigibles. Como cuando se privatizó, esa deuda se transferirá al estado.
Los capitalistas españoles, que ya le sacaron todo el jugo posible, ofrecieron venderla al estado argentino, que rápidamente accedió. El anuncio oficial fue hecho por el secretario de transporte, Ricardo Jaime, quien calificó de “importantísimo este paso que da el estado nacional”. Por su parte, la compañía española dijo: “Estamos bastante satisfechos”, y explicó que, con la operación, Marsans “evitó entrar en una batalla legal que podría haber llevado a caminos no mercantiles”. La parte más sofisticada del fraude es que el principal acreedor de la empresa, que cobrará del nuevo dueño, es el propio grupo Marsans que la fundió.
Como en el caso de AySA, la privatización permitía la adquisición de acciones de la sociedad por los trabajadores, pero el PPP (Programa de Propiedad Participada) es administrado por la burocracia de los sindicatos, que por algo manifestó su alegría con el negociado. Edgardo Llano, titular de APA (Asociación del Personal Aeronáutico) y miembro de la conducción de la CTA, declaró: “esto significa un día histórico para los trabajadores aeronáuticos de la APA”.
Después del acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández, el secretario de transporte Ricardo Jaime y el ministro de planificación, Julio De Vido, al que asistieron los burócratas de los gremios, todos brindaron por el nuevo negocio, que ni siquiera es una “reestatización” real. “La incorporación de capitales privados será el horizonte una vez que se ponga en valor a las compañías”, indicó Jaime a la prensa, es decir que las privatizarán, de nuevo, sin deuda. No pueden suceder las cosas de otra manera en una semicolonia como Argentina, y bajo un gobierno propatronal y proimperialista.