Hoy está en boga el tema de la “inseguridad” y la “delincuencia”. Pero los llamados “delincuentes” no son todos iguales, hay de distintos tamaños, de distinta clase social.
El Revolucionario Nº46 (Mayo de 2009)
Debemos llamar la atención sobre el hecho de que la prensa y los políticos del gobierno y la oposición reclaman y concretan acciones urgentes y drásticas sólo en lo que respecta a los delincuentes pobres, esos que viven en los barrios y villas marginales y que hoy componen casi la totalidad de la población carcelaria del país.
No apuntan, por supuesto, contra los grandes delitos (como el narcotráfico, la trata de blancas, las estafas empresarias, la venta de armas, el robo de los bienes del estado por parte de funcionarios públicos, etc.). Sobre eso sólo hacen planteos y promesas de cambio a futuro o, como mucho, algunos amagues para voltear a un oponente político, pero sin ir nunca hasta el fondo del asunto ni atacar a sus responsables.
Sucede que estos grandes delitos son manejados por gente de dinero. Y estos capitalistas de los grandes emprendimientos ilegales, son también activos empresarios registrados, dirigentes de los partidos políticos patronales, agentes de las fuerzas de seguridad, de la justicia, etc.
A decir verdad, los capitalistas no son gente de andar con escrúpulos. Para ellos, la frontera entre lo legal y lo ilegal es una formalidad planteada en las leyes para que sea cumplida sólo por los pobres. No hay más que ver a nuestro alrededor: desde la campaña kirchnerista financiada por narcos, hasta los negociados de los directivos de empresas en EEUU y Europa, pasando por el robo de Skanska o la venta de armas a cargo funcionarios. Un hilo conductor vincula sin interrupción a los grandes empresarios, los traficantes de todo tipo, los políticos de turno y los funcionarios estatales de justicia y seguridad.
Y desde esa cúpula empresaria que maneja los grandes negocios del narcotráfico, la prostitución, las bandas de secuestradores y ladrones, la venta de autos u otros bienes robados, se extiende todo un escalafón de agentes secundarios, cuyo último y más vulnerable rango es el de los pibes que provienen de los barrios y villas más humildes del país y que se vuelven chorros para resolver sus necesidades más inmediatas.
De hecho, los pequeños delitos están manejados por los grandes delincuentes que visten saco y corbata, o en su defecto uniforme azul. Tanto es así, que no existe ninguna banda que no deba llegar a un arreglo con la policía y/o el puntero político, si pretende mantener su actividad en una zona. Ellos son los que mandan, los que garantizan las “zonas la liberadas”, los que hacen los arreglos con los políticos de turno.
Y son además esos mismos policías y punteros quienes, funcionando como agentes de los grandes traficantes, garantizan la entrada y venta de drogas en los barrios. Así, un resultado directo de “su negocio”, es la descomposición de los pibes más humildes que, enfermos por la ansiedad que provoca su adicción a sustancias como el paco, acaban por salir a robar. Así, para los capitalistas de la droga, sus socios gubernamentales y policiales, y los transas que la reparten, el hecho de que esos pibes casi seguro terminarán muertos en un intento de robo o en su defecto encerrados en un reformatorio o una cárcel entre violaciones y golpizas, no es más que un efecto colateral de su negocio.
Esta sociedad regida por la explotación está sostenida en relaciones que garantizan el enriquecimiento de los grandes capitalistas (en este caso orientados a los negocios de la droga, la prostitución, el robo...), mientras que los más vulnerables entre los pobres son castigados doblemente, descomponiéndose en manos de las drogas y orientando su vida hacia la marginalidad criminal que supone el robo, y consecuentemente la cárcel y más que seguro una muerte temprana.
Y en este marco, en que la opulencia de los grandes capitalistas está asesinando o condenando a la cárcel a miles de hijos de las familias trabajadoras, los medios masivos de comunicación y los referentes de los partidos patronales, no hacen más que reclamar más mano dura para el pobrerío. No sólo le niegan lo básico al pueblo trabajador. Pues para éste no hay ni trabajo digno, ni alimentación suficiente, ni vivienda accesible, ni planes de rehabilitación de drogas, ni sistemas de salud y educación funcionando, ni nada de lo más elemental. Sino que además condenan a sus hijos al paco, a la cárcel y a la muerte. Mientras tanto, en base al silencio y la inacción, defienden a los poderosos empresarios, políticos, funcionarios, policías y demás responsables de manejar estos grandes negocios. Es que son sus pares y sirvientes, capitalistas de su clase y funcionarios a su servicio. Son los empresarios que comparten sus negocios y su modo de vida; son los policías y jueces que defienden su propiedad y sus negocios cuando están en riesgo, y son los políticos que no dudan en ponerse todos contra los trabajadores cuando éstos se organizan y se plantean luchar contra esta sociedad basada en la continua explotación.
Hay quienes insisten en negar que éste sea un problema de clase. Tendrían que explicar, en todo caso, por qué son sólo los pobres los que llenan las cárceles y los reformatorios, o los que desde los 10 años ya mueren de sobredosis por el paco o cagados a palos en una comisaría.
Debemos llamar la atención sobre el hecho de que la prensa y los políticos del gobierno y la oposición reclaman y concretan acciones urgentes y drásticas sólo en lo que respecta a los delincuentes pobres, esos que viven en los barrios y villas marginales y que hoy componen casi la totalidad de la población carcelaria del país.
No apuntan, por supuesto, contra los grandes delitos (como el narcotráfico, la trata de blancas, las estafas empresarias, la venta de armas, el robo de los bienes del estado por parte de funcionarios públicos, etc.). Sobre eso sólo hacen planteos y promesas de cambio a futuro o, como mucho, algunos amagues para voltear a un oponente político, pero sin ir nunca hasta el fondo del asunto ni atacar a sus responsables.
Sucede que estos grandes delitos son manejados por gente de dinero. Y estos capitalistas de los grandes emprendimientos ilegales, son también activos empresarios registrados, dirigentes de los partidos políticos patronales, agentes de las fuerzas de seguridad, de la justicia, etc.
A decir verdad, los capitalistas no son gente de andar con escrúpulos. Para ellos, la frontera entre lo legal y lo ilegal es una formalidad planteada en las leyes para que sea cumplida sólo por los pobres. No hay más que ver a nuestro alrededor: desde la campaña kirchnerista financiada por narcos, hasta los negociados de los directivos de empresas en EEUU y Europa, pasando por el robo de Skanska o la venta de armas a cargo funcionarios. Un hilo conductor vincula sin interrupción a los grandes empresarios, los traficantes de todo tipo, los políticos de turno y los funcionarios estatales de justicia y seguridad.
Y desde esa cúpula empresaria que maneja los grandes negocios del narcotráfico, la prostitución, las bandas de secuestradores y ladrones, la venta de autos u otros bienes robados, se extiende todo un escalafón de agentes secundarios, cuyo último y más vulnerable rango es el de los pibes que provienen de los barrios y villas más humildes del país y que se vuelven chorros para resolver sus necesidades más inmediatas.
De hecho, los pequeños delitos están manejados por los grandes delincuentes que visten saco y corbata, o en su defecto uniforme azul. Tanto es así, que no existe ninguna banda que no deba llegar a un arreglo con la policía y/o el puntero político, si pretende mantener su actividad en una zona. Ellos son los que mandan, los que garantizan las “zonas la liberadas”, los que hacen los arreglos con los políticos de turno.
Y son además esos mismos policías y punteros quienes, funcionando como agentes de los grandes traficantes, garantizan la entrada y venta de drogas en los barrios. Así, un resultado directo de “su negocio”, es la descomposición de los pibes más humildes que, enfermos por la ansiedad que provoca su adicción a sustancias como el paco, acaban por salir a robar. Así, para los capitalistas de la droga, sus socios gubernamentales y policiales, y los transas que la reparten, el hecho de que esos pibes casi seguro terminarán muertos en un intento de robo o en su defecto encerrados en un reformatorio o una cárcel entre violaciones y golpizas, no es más que un efecto colateral de su negocio.
Esta sociedad regida por la explotación está sostenida en relaciones que garantizan el enriquecimiento de los grandes capitalistas (en este caso orientados a los negocios de la droga, la prostitución, el robo...), mientras que los más vulnerables entre los pobres son castigados doblemente, descomponiéndose en manos de las drogas y orientando su vida hacia la marginalidad criminal que supone el robo, y consecuentemente la cárcel y más que seguro una muerte temprana.
Y en este marco, en que la opulencia de los grandes capitalistas está asesinando o condenando a la cárcel a miles de hijos de las familias trabajadoras, los medios masivos de comunicación y los referentes de los partidos patronales, no hacen más que reclamar más mano dura para el pobrerío. No sólo le niegan lo básico al pueblo trabajador. Pues para éste no hay ni trabajo digno, ni alimentación suficiente, ni vivienda accesible, ni planes de rehabilitación de drogas, ni sistemas de salud y educación funcionando, ni nada de lo más elemental. Sino que además condenan a sus hijos al paco, a la cárcel y a la muerte. Mientras tanto, en base al silencio y la inacción, defienden a los poderosos empresarios, políticos, funcionarios, policías y demás responsables de manejar estos grandes negocios. Es que son sus pares y sirvientes, capitalistas de su clase y funcionarios a su servicio. Son los empresarios que comparten sus negocios y su modo de vida; son los policías y jueces que defienden su propiedad y sus negocios cuando están en riesgo, y son los políticos que no dudan en ponerse todos contra los trabajadores cuando éstos se organizan y se plantean luchar contra esta sociedad basada en la continua explotación.
Hay quienes insisten en negar que éste sea un problema de clase. Tendrían que explicar, en todo caso, por qué son sólo los pobres los que llenan las cárceles y los reformatorios, o los que desde los 10 años ya mueren de sobredosis por el paco o cagados a palos en una comisaría.