El Revolucionario Nº10 (Febrero de 2006)
Colombia es otro sufrido país de América Latina que refleja en forma patente cuál es el proyecto que tiene el imperialismo yanqui para el resto del continente.
Más de la mitad de su población se dirime entre la pobreza y la miseria más extrema según datos de Planeación Nacional y en las zonas rurales esta situación se extiende al 70%. (1) Con sus 30 millones de pobres aceptados incluso por las mentirosas cifras del Banco Mundial, Colombia ostenta el triste récord de haber hecho crecer la pobreza en los últimos 10 años más que cualquier otro país de Latinoamérica (2) posicionándose como uno de los 10 países más pobres del mundo (cifras ratificadas por las Naciones Unidas) (3).
Algunas condiciones favorables (el crecimiento de las exportaciones a Venezuela y el aumento del precio de artículos exportables como el petróleo, el níquel, el carbón o el café) (4) junto a la creciente entrega del patrimonio nacional a manos privadas (incluyendo sectores estratégicos y básicos como energía, transportes, comunicaciones, bancos, minería, salud y educación) están dando lugar a un relativo “crecimiento económico” (a cambio del vaciamiento del estado) que hace las delicias del gobierno nacional y los grupos económicos pero que, como está a la vista, no significa más que penurias para el pueblo de Colombia.
Con una deuda externa de 38.000 millones de dólares, y al igual que el conjunto de América Latina, Colombia se sumerge en el atraso de un país capitalista semicolonial cuyo único papel en el mercado mundial es el de la producción de materias primas. Allí las transnacionales y el sector financiero se enriquecen a costa del saqueo constante y las clases dominantes locales no hacen más que sacar tajada de los negocios con el imperialismo a costa de perpetuarse en el atraso. Terratenientes, comerciantes, industriales, financistas, narcotraficantes y el conjunto de las clases dominantes, representadas sobre todo en los partidos liberal y conservador y su brazo militar y paramilitar, no hacen más que acomodarse en el camino de la entrega, auspiciando acuerdos con los EEUU como el TLC y el ALCA de consecuencias mortales para el pueblo.
A cada paso las condiciones de los trabajadores colombianos se degradan. Existe una enorme desocupación, pero sobre todo crece el trabajo precarizado, en negro e informal (5) lo que se contrasta con las crecientes prebendas a los funcionarios estatales que deben sostener una política de hambre y represión sistematizada. Así, durante el gobierno de Uribe se les aumentaron los sueldos en un 40% a los funcionarios públicos (los congresistas ganan 6.000 dólares por mes y algunos embajadores llegan a cobrar hasta 15.000) mientras que los trabajadores viven en la pobreza y la precarización y llegan a un salario mínimo de 175 dólares en el remoto caso de que lo hagan en blanco (6).
Un pueblo en lucha
Para una enorme porción del pueblo de Colombia ha quedado claro desde hace muchos años que ni las clases dominantes locales, ni el imperialismo tienen un proyecto para la resolución de los problemas sociales y económicos de su país: su único propósito es el enriquecimiento propio y para ello están dispuestos a arrasar todo lo que encuentren a su paso. Por eso es que, contra las políticas de hambre y represión estatal y paraestatal que llevan adelante todos los gobiernos en Colombia, se desarrolla una lucha perseverante que lleva décadas y que ha echado mano a todos los recursos de la resistencia y organización obrera y popular.
En 1967 el Che decía en “Crear dos, tres… muchos Vietnam es la consigna”: “En América Latina se lucha con las armas en la mano en Guatemala, Colombia, Venezuela y Bolivia y despuntan ya los primeros brotes en Brasil. Hay otros focos de resistencia que aparecen y se extinguen” y aclaraba más adelante: “la movilización activa del pueblo crea sus propios dirigentes César Montes y Yon Sosa levantan la bandera en Guatemala, Fabio Vázquez y Marulanda lo hacen en Colombia…”.
Hoy nuevamente el conjunto de los pueblos de nuestro continente se encuentra dando la lucha contra los ataques del imperialismo y las burguesías nativas (socias menores de aquél) y emprenden procesos para la organización de la pelea frente a su política hambreadora. Organizaciones sociales, sindicales, políticas e incluso algunas político militares se levantan frente a los golpes del sistema y se organizan para enfrentarlo y vencerlo definitivamente. Pero si algo distingue al pueblo colombiano del resto de América es que su lucha no ha sido acallada por la embestida contrarrevolucionaria que el imperialismo desplegó por nuestro continente en las décadas del 70 y 80. Este ataque, que fue dirigido directamente por los EEUU -y que en Sudamérica cobró el nombre de “Plan Cóndor”- intentaba destrozar las perspectivas revolucionarias latinoamericanas aniquilando a las fuerzas populares que se organizaban en forma creciente para librar la lucha por la toma del poder y la transformación social.
Muchos de nuestros pueblos aún inmaduros organizativa y sobre todo políticamente para lograr la derrota de la burguesía dominante, fueron aplastados por ésta, que avanzó entonces sobre las conquistas obreras y populares. Con mentiras, la burguesía intentó desde entonces “dar por terminada” la lucha por el poder de los trabajadores; mostrando una derrota parcial como si ésa hubiese sido la última lucha de la historia, tomando la caída del campo socialista como la derrota “definitiva” de la clase obrera e intentando demostrar con ello que el capitalismo se sostendría por siempre, como si fuera invencible.
Y es cierto que a casi 40 años de aquel relato de Guevara han quedado en el camino muchas de las fuerzas populares que se organizaban contra la opresión capitalista enfrentando a cada uno de los gobiernos cipayos. Pero tan cierto como eso es que otras, como las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular), que hoy siguen dirigidas por el mismo Marulanda del que habla el Che y es la fuerza guerrillera más grande y antigua de América Latina, sostienen su lucha y se fortalecen con la misma perspectiva revolucionaria de derribar a la burguesía entreguista y conformar un gobierno obrero y popular, marcando el camino a las nuevas generaciones de revolucionarios que emprenden la lucha por el poder.
Así, la lucha revolucionaria en Colombia da cuenta de una tarea ininterrumpida de más de cuatro décadas donde la pelea guerrillera ha conformado el apoyo militar a una lucha política por la toma del poder y la transformación social que se ha expandido por todos los ámbitos; desde la lucha sindical y social que incluye a las organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, etc., hasta la participación en la vida institucional por la vía electoral y la dirección de numerosos municipios. Diversas corrientes políticas con aspiraciones de transformación han tenido y tienen aún gran inserción en todos estos ámbitos, lo que ha permitido librar la lucha obrera y popular contra las embestidas patronales y gubernamentales que pretenden perpetuar y profundizar una situación de tremenda miseria y represión.
El ataque imperialista
Pero el plan de exterminio de las fuerzas populares no ha finalizado ni mucho menos. Si en países como el nuestro la burguesía ha optado por formas de gobierno “democráticas” luego de las dictaduras de los `70, ha sido porque la democracia parlamentaria es la mejor careta para las políticas hambreadoras de la explotación capitalista. El desprestigio de las dictaduras militares y la posibilidad de sostener la dominación de la burguesía con métodos menos visibles ha llevado a la gran mayoría de los países de nuestro continente a adoptar los carriles “democráticos” del hambre y los votos. Pero a cada uno le ha tocado un nivel y desarrollo de la represión acorde a la resistencia popular. Así, mientras en nuestros países se sostiene la “guerra de baja intensidad” contra los sectores más postergados y las organizaciones políticas, utilizando el control social para los pobres y el disciplinamiento para los luchadores, también allí donde la lucha se ha sostenido con gran vigor como es el caso colombiano, el imperialismo y las burguesías locales han implantado un sistema de terror que pretende contener la lucha revolucionaria de su pueblo.
Mientras el circo democrático sigue representándose llevando siempre a nuevos títeres de Washington al gobierno, el estado colombiano sostiene una feroz cruzada contrarrevolucionaria que arremete contra los luchadores de los más diversos campos de la oposición, sean estos sindicalistas, dirigentes sociales, funcionarios o candidatos políticos de izquierda o guerrilleros, y que busca aniquilar la resistencia aplicando el terror contra las organizaciones y vastos sectores de la población. Esta enorme campaña contrarrevolucionaria implica el gasto de millones de dólares por parte de los EEUU y el estado colombiano, el despliegue de un suntuoso aparato militar y el desarrollo de una campaña política de gran magnitud que intenta desprestigiar a las fuerzas populares de la resistencia.
De hecho, solamente en 2005 el parlamento de los EEUU destinó más de 784 millones de dólares para financiar la lucha contra la guerrilla (7). Como se puede leer en el informe del Ministerio de Defensa del 7/12/05, los gobiernos de EEUU y Colombia han invertido en la lucha contrainsurgente de los últimos tres años un presupuesto de 16.7 billones de dólares lo que significa un gasto diario de 17.5 millones (8).
Las cifras millonarias son destinadas fundamentalmente al aparato militar, pero son vitales para sostener además toda una infraestructura dependiente del estado colombiano que involucra a funcionarios, medios periodísticos, ONGs y organismos de DDHH, que permite mantener cercadas a las organizaciones populares y particularmente a la guerrilla quienes se ven imposibilitadas de difundir información fidedigna, pues prácticamente ningún medio de envergadura cubre el desarrollo de la lucha con un mínimo de seriedad. Un caso paradigmático es la llamada Comisión de Reconciliación, cuyo supuesto rol es el de “mediar” entre el gobierno de Uribe y las fuerzas populares, pero cuya dependencia del aparato estatal es absoluta, pues éste costea sueldos de 5.000 dólares para cada uno de sus funcionarios (9).
Como está visto, la guerra contra las organizaciones populares colombianas y sus fuerzas guerrilleras es una prioridad para el imperialismo yanqui quien destina a Colombia uno de los presupuestos de ayuda militar más grande (el segundo luego de Egipto) (10) y ha organizado planes específicos aprobados por el congreso para la lucha contrainsurgente como el Plan Colombia y el vigente Plan Patriota que cuentan con enormes partidas de dinero para el equipamiento de las tropas estatales y el financiamiento de los ejércitos paramilitares, y que incluye la participación de fuerzas de elite norteamericanas en territorio colombiano.
El despliegue militar que intenta frenar la lucha popular es extraordinario. La fuerza militar estatal cuenta con más de 385.000 miembros incluyendo 7 batallones de alta montaña, 15 Brigadas Móviles (como las que están en el Plan Patriota), 14 Afeaur, 32 Grupos Gaula, 54 Escuadrones Móviles de Carabineros y 758 municipios con "soldados de mi pueblo" (11). Cerca de 20.000 son tropas de elite que llevan adelante el Plan Patriota financiado por los EEUU y que se encuentra encabezado por más de 600 “asesores” norteamericanos. (12).
“Los asesinos de la motosierra”
Junto a las tropas “oficiales”, un enorme ejército de paramilitares, financiados por los mismos estados norteamericano y colombiano, se hace cargo del “trabajo (más) sucio” del mismo plan y es por ello que se han ganado apodos como el de “asesinos de la motosierra”. Estas fuerzas que han sido prácticamente legalizadas con la ley de “justicia y paz” y los acuerdos del 94 con el gobierno de Uribe (ambos avalados por la OEA ) (13) cuentan con infinitos privilegios legales y de hecho (zonas liberadas, cuidados especiales ante la justicia, etc.) que exponen el vínculo político y material que existe entre estas fuerzas irregulares y el poder político colombiano. Con dirigentes del riñón de la burguesía nacional (como Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente nacional y comandante del grupo paramilitar “los 12 apóstoles”) estas fuerzas se encargan de arremeter contra poblaciones enteras infundiéndoles el terror, obligando a su desplazamiento forzoso y contando miles de asesinados, desaparecidos, torturados, mujeres violadas, etc. El grupo paramilitar más importante, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mostraba ya en 2001 un record de asesinatos y masacres, contando sólo en ese año más de un millar de asesinados y al menos 100 masacres perpetradas en los poblados de las zonas rurales de Colombia (14).
Y a medida que pasan los años el nivel de represión contra el pueblo y sus organizaciones se acrecienta notablemente. Mientras Uribe utiliza cortinas de humo como es la propuesta de “desmovilización” de las fuerzas paramilitares (forma lavada para dejar sin condena a muchos de los dirigentes paramilitares) lo que es patente es que en los últimos años se ha multiplicado la represión paraestatal al punto de volver impracticable la lucha política por carriles “democráticos” por fuera de la clandestinidad pues la gran mayoría de los dirigentes de izquierda son asesinados por estas fuerzas y a veces por el propio ejército.
Durante el actual gobierno se han realizado decenas de "capturas masivas", en las que han ido a las cárceles centenares de campesinos (15) y más de 2.200 personas han sido asesinadas por los paramilitares en el último año y medio (mientras “negocian” la “desmovilización” con el gobierno de Uribe) (16). La opresión paramilitar es una verdadera arma de la burguesía y la oligarquía colombiana quienes obtienen importantes ventajas económicas de su accionar. Esta avanzada de las fuerzas paraestatales sirve tanto para la reapropiación de las zonas rurales por parte de la oligarquía nacional, lo que constituye una verdadera “contrarreforma agraria”, como para presionar hacia la baja el salario obrero, a partir de la carga que implica la falta de organización por el asesinato de los dirigentes obreros y el temor a mayores represalias. La misma OIT ha ratificado que Colombia es el país donde se ha asesinado al mayor número de dirigentes sindicales (17)
La lucha contra el narcoterrorismo: herramienta política de Washington
La campaña financiera y militar tiene, a su vez, un correlato político central. La cruzada contrarrevolucionaria que el imperialismo ha emprendido fundamentalmente contra la guerrilla pero también contra las organizaciones políticas y sociales y aún contra la población que pueda simpatizar con ellos, está sostenida, además, en el desprestigio de la guerrilla y en la falta de reconocimiento de su dimensión y su carácter político.
El eje central de esta campaña consiste en asociar al narcotráfico con las fuerzas guerrilleras, sobre todo las FARC por ser la más importante y peligrosa. Esta vinculación fantasiosa cuya inverosimilitud ha sido ampliamente demostrada incluso por intelectuales que poco tienen que ver con la defensa de las FARC (18), cumple un doble papel, pues por un lado sirve como pantalla para presentar ante el mundo la lucha contrainsurgente como una pelea contra el narcotráfico, y por el otro sirve para tapar la verdadera situación del tráfico de drogas de Colombia a EEUU, cuyo monopolio exclusivo se encuentra en manos del imperialismo y sus aparatos: el estado yanqui, el colombiano, la DEA (Oficina antidrogas norteamericana, Drug Enforcement Administration) las fuerzas militares de ambos países y los paramilitares. Como lo ratifica el escándalo a partir del memorandum filtrado en diciembre de 2004 por el abogado del Departamento de Justicia de EEUU, Thomas M. Kent, son las mismas clases dominantes de EEUU, a través del la DEA y sus máximos dirigentes, quienes controlan la política de drogas colombiana, su flujo hacia los EEUU y la participación del ejército y los paramilitares en este negocio (19). De hecho fue una comisión investigadora del parlamento norteamericano quien demostró con sobradas pruebas que el principal encargado del lavado de dinero proveniente del narcotráfico es ni más ni menos que el propio City Bank.
Así, con la excusa de la lucha “contra el narcotráfico” y vinculándola a la fuerza con el combate contra las organizaciones guerrilleras (a las que aplican el término “terroristas”), los EEUU se dan el lujo de designar millonarias partidas oficiales para luchar contra la resistencia popular, a la que han dado en llamar “narcoterrorismo”. Del mismo modo que avanzan sobre el petróleo y los mercados de Irak y Medio Oriente en nombre de una supuesta cruzada “antiterrorista” y “contra el extremismo islámico”, también en Colombia, el imperialismo (y con él, el gobierno colombiano y un extenso coro de seguidores que involucra en muchos casos hasta al progresismo y la izquierda) miente descaradamente con el propósito de descargar todo su poderío sobre sus eventuales enemigos políticos y militares.
De este modo la lucha política contra la resistencia popular colombiana y contra su brazo guerrillero es manipulada y presentada como una necesidad internacional, en nombre del combate al narcotráfico. Esto le permite a los EEUU legitimar su cruzada contrainsurgente y, con la colaboración de los gobiernos latinoamericanos, extender su red de espías y paramilitares instalados oficialmente con oficinas de la DEA por todo el continente, desde Bs. As. hasta Haití incluyendo a la Venezuela chavista (20). La presión que el gobierno norteamericano ejercita por medio de los planes “antidrogas” para el endurecimiento de la represión, la libre circulación de los funcionarios militares yanquis y la vía libre para el secuestro y extradición de guerrilleros desde el interior de los países del continente es tan fuerte que incluye, entre otras cosas, sanciones económicas como sucede con el proceso anual de certificación, que niega asistencia y ventajas comerciales a los países que no respetan el plan diseñado por Washington en su campaña antidrogas (21).
La calificación de “narcoterroristas” que el gobierno yanqui intenta atribuir a las fuerzas guerrilleras y a toda organización política que tenga vínculo con ellas (que, en última instancia, son todas las fuerzas políticas de izquierda) constituye un enorme esfuerzo de propaganda para lograr el desprestigio de la insurgencia rebelde y la lucha popular por la transformación social, y es utilizada por el imperialismo para no reconocer abiertamente que en Colombia se está librando una verdadera guerra civil. Aceptarlo obligaría a los EEUU a atenerse, al menos formalmente, a las normas internacionales del derecho de guerra como las Convenciones de Ginebra, lo que implicaría aceptar el carácter de “fuerza beligerante” de la guerrilla popular.
De todos modos, lo más grave de esta campaña de difamación de la lucha popular colombiana no es lo que el imperialismo y sus voceros afirman, sino la entrada que su discurso reaccionario ha logrado entre muchas organizaciones “progresistas” y “de izquierda” de América Latina y el mundo.
El ataque a los dirigentes “públicos” polariza la guerra civil
Más allá de las mentiras que se vierten a diestra y siniestra, lo cierto es que es la realidad colombiana, como la de toda Latinoamérica, la que pone a los trabajadores y el pueblo en pie de guerra contra la política de hambre y represión creciente que se está viviendo. Así, una y otra vez viejas y nuevas organizaciones sociales y políticas salen a dar batalla contra la política uribista y enfrentan los embates del estado colombiano y sus aliados. Pero la incapacidad que tiene un gobierno como éste, defensor de la burguesía y el imperialismo, de dar salida cierta a los reclamos populares, lo lleva inevitablemente a intentar acallar por la fuerza los reclamos que de uno y otro lado del pueblo se hacen sentir. Así es como la represión por un lado y la lucha político militar por el otro se actualizan y profundizan a diario.
En los últimos años, ante su indudable fracaso político, el gobierno de Uribe optó por redoblar la represión contra los sectores populares organizados en forma legal. Durante su mandato, el actual presidente asesinó ya a más de 140 militantes destacados de organizaciones políticas de carácter público como la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. De este modo el PCC se ha vuelto, en los hechos, un partido clandestino y la UP está prácticamente desaparecida después del asesinato de 5.000 activistas en los últimos 20 años (22).
La escalada de asesinatos a referentes de la lucha social en el campo legal por parte del ejército y sobre todo los paramilitares, ha crecido en los últimos meses. Mientras la UP está desarticulada, la dirección del PCC ha debido salir a denunciar el plan sistemático de asesinatos a activistas legales que se ha cobrado la vida en los últimos meses de Carlos Arcinegas, militante comunista del municipio de Puerto Wilches en el departamento de Santander (desaparecido el 29 de diciembre y encontrado muerto una semana más tarde con claras marcas de tortura) y de Arturo Díaz García, dirigente comunista y corregidor de Toche en el área rural del Municipio de Ibagué, capital del Departamento del Tolima (asesinado el 21 de diciembre luego de ser secuestrado de su oficina y fusilado en la calle en un área que permanece bajo control militar y paramilitar) (23).
De este modo, en bastiones de la lucha popular, como es el departamento de Meta, donde la guerrilla cuenta con gran presencia y habitualmente han sido elegidos alcaldes vinculados con la izquierda, ya no quedan prácticamente activistas que puedan presentarse en estas próximas elecciones, pues los pocos sobrevivientes de la lucha que se libra con carácter público han debido pasar a la lucha clandestina por su propia seguridad (24).
La avanzada militar del gobierno, es central, en este momento, para llevar adelante los próximos comicios en los que la actual presidencia debe renovarse. El asesinato de referentes políticos públicos, la atemorización de los sectores populares y el desplazamiento forzoso en aquellas áreas donde la influencia de la izquierda y sus brazos guerrilleros cuentan con mayor peso, son todos recursos de Uribe para garantizarse el triunfo electoral. Así enormes organizaciones sociales, como las campesinas, se ven forzadas al desplazamiento que lleva al éxodo interno, el exilio, o la incorporación a la guerrilla.
Pero, al decir de Lázaro Girardot, “la implantación del terror, la militarización de la vida polí¬tica del país y el endurecimiento de la legislación represiva para evitar la expresión del descontento popular no han hecho retroceder y mucho menos desaparecer el movimiento popular; por el contrario, lo han llevado a buscar nuevas y efectivas formas de organización y acción, entre ellas la lucha armada, expresión de la rebeldía popular y de la vocación de poder de sus organizaciones” (25). Como afirma el periodista sueco Dick Emanuelsson “lo que se ha reforzado en Colombia es la guerra, por un lado las fuerzas militares y los paramilitares; y por otro, la insurgencia que se ha reforzado”, “porque los campesinos no tienen otra alternativa de ser asesinados que irse al monte” (26).
De este modo, en su afán por acabar a como de lugar con las fuerzas populares, las organizaciones de izquierda y sus brazos guerrilleros como las FARC o el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el estado colombiano y su financista, el imperialismo yanqui, no hacen más que polarizar la lucha de clases en Colombia, estableciendo una oposición cada vez más firme que incluye a trabajadores, campesinos, estudiantes y demás sectores del pueblo que libran la lucha contra las políticas de hambre y entrega en el terreno político y cada vez más en el militar.
Se fortalece la guerrilla y se intensifica la guerra civil
Uribe, como todos sus antecesores, subió al gobierno con el plan de Washington: acabar con la guerrilla, expresión viva de la lucha popular colombiana y ejemplo de resistencia para los pueblos del mundo. Pero fracasó rotundamente. Por el contrario las fuerzas guerrilleras, y en particular las FARC, se fortalecieron enormemente en los últimos tiempos, y están hoy en el punto más alto de su crecimiento, influencia y capacidad operativa. De hecho, a estas alturas, las FARC ya se han extendido por todo el territorio colombiano y los golpes que le asestan a las fuerzas represivas son cada vez más contundentes.
Junto al sabotaje y el boicot realizado principalmente a las compañías petroleras norteamericanas como la OXY (que debe, como en Irak, contar con una guardia especial para sus oleoductos), las FARC vienen atacando en forma permanente a paramilitares, tropas del ejército y hasta tropas de intervención yanqui. De este modo durante 2005, y solamente en los nueve principales ataques rebeldes, han muerto más de 140 soldados y policías, lo que ha causado una enorme preocupación en los medios locales, que, como el diario El Tiempo, responden plenamente a los intereses de la burguesía pro imperialista local.
Así describía este diario “El severo revés sufrido por el Ejército el martes en el corregimiento de Playa Rica, en Vista Hermosa (Meta), a manos de las FARC”, refiriéndose a un importante ataque contra tropas de elite, caracterizado por el diario como “una luctuosa noticia de fin de año, que debe dar lugar a una reflexión de fondo sobre la real situación de esa guerrilla y las políticas con las que se la viene enfrentando”(27): “Cayó un tercio de una compañía de 90 hombres; tres suboficiales y 26 soldados muertos y seis heridos, tres de ellos graves. Los combates duraron tres horas”. Y continúa: “Una emboscada con cilindros y ametralladoras punto 50 y sólo cinco guerrilleros muertos revela un conocimiento detallado de los movimientos de la tropa” (28).
El fortalecimiento de la guerrilla colombiana es indudable, pues se ha desarrollado, como afirma Dick Emanuelsson, “en la selva, en las cordilleras o en los barrios populares de los cordones de la miseria en las grandes ciudades” (29), cosa que es reafirmada por el propio gobierno; de hecho el mismo presidente Uribe le confesaba a la prensa días más tarde del histórico combate “hemos encontrado que hay mucha milicia urbana ayudando a las FARC” (30). Los datos de combates armados muestran el crecimiento de las bajas estatales y paraestatales y una mayor envergadura de los ataques, que ha sido vista por muchos analistas como el “fin del repliegue táctico de las FARC”. A estas alturas la guerrilla mantiene una importante cantidad de prisioneros de guerra (25 dirigentes políticos, 34 oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y tres estadounidenses) algunos de los cuales llevan hasta 9 años de cautiverio y cuya libertad pretende ser canjeada por la de guerrilleros presos.
Obviamente, la intensificación de la guerra civil colombiana pone en apuros a la burguesía y el imperialismo, que deben salir al cruce para contener un posible asalto del poder de las fuerzas populares. Por eso, el gobierno de Uribe ha debido salir a ofrecer recompensas ("A los que vengan con información inmediatamente se les pagará", aseguró) y profundizar su cruzada contrainsurgente en lo que llamó una “cacería de milicianos” (31). Y por eso también el Congreso norteamericano ya aprobó la duplicación del número de “asesores” que se instalarán este año en Colombia (32).
Cooperación de Ecuador y Venezuela con los EEUU
Evidentemente todos los esfuerzos del gobierno norteamericano están puestos en aplastar la lucha del pueblo colombiano y su guerrilla rebelde, pues su triunfo podría significar un duro golpe para los intereses de la burguesía en su conjunto, ya que estaría marcando un camino para los pueblos del mundo entero. Por eso su campaña contrainsurgente no se limita a la inversión económica y el fortalecimiento del aparato militar y paramilitar dentro de Colombia, sino que incluye, además, un acuerdo de cooperación con el resto de los países de América Latina y el mundo.
El primer paso, como ya fue dicho, consistió en la categorización de las fuerzas guerrilleras del pueblo como “narcoterroristas”, a lo que siguió la presión sobre el resto de los estados para que acepten estos motes como verdaderos. Este proceso ya fue realizado y hoy no existe en nuestro continente prácticamente ningún país que se oponga a la lucha “contra el terrorismo y el narcotráfico” que emprenden los EEUU, y lo que es peor, a excepción de Cuba, todos le brindan su apoyo material.
Este acuerdo en la lucha contra el pueblo colombiano y sus organizaciones guerrilleras se cristaliza, no sólo en el discurso y la propaganda antiterrorista y contra el tráfico de drogas, sino también en los acuerdos concretos para la presencia de funcionarios y militares “antidrogas” norteamericanos en nuestros países y en el permiso para la captura y los acuerdos de extradición de guerrilleros que se llevan a cabo en forma permanente y especialmente desde países limítrofes con Colombia como Ecuador o Venezuela, para ser entregados luego a los EEUU.
El gobierno ecuatoriano de Alfredo Palacio, quien viaja junto a Uribe a los EEUU para acordar el TLC y permite el establecimiento de una base yanqui en Manta, entregó a Colombia a fines de 2005 a Marco Tulio Erazo Rodríguez (quien trabajaba como enlace logístico del dirigente de las FARC Raúl Reyes) continuando con su consecuente política pro yanqui que tiempo atrás le costó la extradición al dirigente guerrillero Simón Trinidad. Y también el gobierno de Chávez en Venezuela ha hecho lo propio: luego de la escandalosa entrega al gobierno de Uribe, en diciembre de 2004, del canciller de las FARC, Rodrigo Granda, ha repetido un año más tarde la misma operación, entregando ahora al “canciller” del ELN, Donayro Manuel Acevedo Pérez (ver nota “ La Revolución Bolivariana ”).
Hoy, al igual que los 5 héroes cubanos, o que los innumerables presos iraquíes que están en Guantánamo, se encuentran en poder de los EEUU dirigentes de gran envergadura de las fuerzas guerrilleras colombianas como Simón Trinidad o la Comandante Sonia. Y mientras las cárceles colombianas están superpobladas de luchadores populares, los gobiernos de América Latina, y en particular los de Ecuador y Venezuela, siguen apostando al fracaso de la lucha popular colombiana y colaborando con su gobierno vecino, al entregar a los más importantes dirigentes de las FARC y el ELN.
La única vía para la revolución
Es evidente que si hay un plan para combatir el desarrollo de la lucha popular en América Latina, ese es el Plan Colombia y su correlato militar, el Plan Patriota. Todo el esfuerzo norteamericano en dinero, tropas, propaganda e influencia está orientado a llevar al fracaso la lucha del pueblo colombiano que busca una solución definitiva a sus problemas vitales (que no podrán resolverse en el marco de este sistema) y que se alza como ejemplo para los pueblos del mundo. En ese marco, una tarea central del imperialismo es hacer jugar a los países democráticos y fundamentalmente los “progresistas”, buscando el aislamiento de la guerrilla colombiana, y reclamando de éstos la cooperación para el combate a la resistencia popular. De este modo, el proyecto del imperialismo y el de la “democracia” o de la “revolución pacífica” que ha encontrado mucho eco en nuestro continente, se conjugan en su tarea para el aislamiento y la derrota de la fuerza popular político militar más importante que hay en América Latina, como se hace más que evidente ante la colaboración de Chávez para la extradición de dirigentes guerrilleros.
La contradicción entre un proyecto de revolución por la vía “tradicional” de la toma del poder y el proyecto pacifista de la revolución bolivariana y sus variantes, ha sido expuesto claramente por un teórico del chavismo: Heinz Dietrich. En una curiosa edición electrónica del 27/12/05 del diario Resumen Latinoamericano, defensor de Chávez y vinculado estrechamente con la kirchnerista Asociación de Madres de Plaza de Mayo, aparece latente esta contradicción. Ese número que tenía como titular “Noticia muy preocupante: fue capturado en Venezuela y deportado a Colombia 'Hernán', jefe político del ELN”, y relataba también a flor de piel la guerra civil colombiana (al informar sobre la ofensiva de las FARC y sobre el ataque sistemático contra los representantes legales de las fuerzas populares); es el mismo número en el que, con su escrito “Evo Morales, el socialismo comunitario y el Bloque Regional de Poder”, Dietrich dejó más que aclarada la contradicción entre la lucha colombiana y el proyecto bolivariano que hoy está entregando guerrilleros a Colombia.
El teórico chavista afirma allí que si hay algo que “genera un serio dilema para las FARC” es “La decisión estratégica de todos los Presidentes del BRP -Bloque Regional de Poder- por la vía institucional”. Así lo explica: “Los candidatos presidenciales que cuenten con el apoyo del BRP, responden a la convicción de todos los Presidentes de este Bloque, de que el tiempo de la lucha armada revolucionaria y de los gobiernos de obreros-campesinos ha quedado en el pasado. Los comentarios de Fidel referentes a las FARC han sido muy claros al igual que la posición del Comandante Chávez, quien dijo en el reciente encuentro con Álvaro Uribe en Santa Marta: `queremos que los movimientos armados se pacifiquen´.”
Como bien lo explica Dietrich (aunque él lo haga para condenar a las FARC), la entrega de guerrilleros por parte de Chávez no significa la ruptura con su línea “bolivariana” sino justamente la reafirmación de ésta, pues es una tarea central en su proceso de “revolución pacífica y democrática”, el declararse enemigo de aquellos que, como las FARC o el ELN colombianos, se apartan de los carrilles de la democracia (burguesa) que se pregonan tanto en Washington como en Caracas.
Pero más allá de las pretensiones “democráticas” del chavismo y demás sectores “progresistas”que se oponen de lleno a la política, metodología y aspiraciones de las fuerzas populares y guerrilleras de Colombia, es evidente que los revolucionarios no podemos caer en tales desatinos. Muy por el contrario, es un deber central defender a los compañeros que han emprendido, como en Colombia, tamaña lucha contra la burguesía y el imperialismo, y al mismo tiempo, denunciar a quienes, mientras arman discursos en nombre del socialismo y la revolución, colaboran con el imperialismo y su represión, asestando golpes gravísimos contra las organizaciones guerrilleras más importantes de nuestro continente.
Si en algo tiene razón el teórico chavista, es que uno y otro camino se enfrentan, ahora mismo, con contradicciones insalvables. La defensa de un supuesto proceso de “revolución” “por etapas”, “democrática” y “pacífica” no es sólo un imposible que retrasa los tiempos de una revolución verdadera; sino también es hoy, y así lo está demostrando Chávez con la entrega de los máximos dirigentes guerrilleros a la burguesía colombiana, un enemigo de la lucha del pueblo.
Frente a él, la resistencia de más de 40 años de un pueblo, que ha enfrentado los embates del ejército, los paramilitares y las fuerzas de ocupación yanqui, que pelea en las fábricas, en el campo, en las universidades y en todo el territorio nacional contra la política de hambre y entrega de Uribe y contra los actuales Plan Colombia y Plan Patriota financiados y dirigidos directamente por los EEUU, que soporta las masacres y los asesinatos sistemáticos a sus dirigentes, la cárcel, las torturas y las extradiciones de sus mejores hombres, un pueblo que ha tomado las armas para acabar con un gobierno, un estado y un sistema que no tienen nada para ofrecerle y que lucha, como dicen las FARC por un sistema “sin explotadores ni explotados”, ese pueblo es hoy el gran ejemplo de dignidad y coraje para todos los pueblos de América y el mundo.
Decía el Che en ““Crear dos, tres… muchos Vietnam es la consigna”: “No podemos hacernos ninguna ilusión, ni tenemos derecho a ello, de lograr la libertad sin combatir”. El pueblo colombiano es un gran ejemplo de ello.
Citas:
1. Reinaldo Spitaletta. Profundización de la miseria. 24/12/05.
2. Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) Publicado en Aporrea el 28/12/05.
3. Reinaldo Spitaletta. Id.
4. Jorge Enrique Robledo Crecimiento insuficiente y concentrado. 9/01/06.
5. Jorge Enrique Robledo. Id.
6. Indymedia Colmbia. Perfil de Uribe Vélez Publicado el 13/01/06.
7. Dick Emanuelsson. Entrevista realizada el 10/01/06 publicada en Resumen
Latinoamericano.
8. Allende. Las cifras de la guerra, según Uribe. Publicado en, ANNCOL y Aporrea.
9. Dick Emanuelsson ¿Será que la guerrilla puede vencer al Estado colombiano? De la 'guerra total' de Uribe a un fracaso militar total. Publicado en Argenpres.info el 02/01/2006.
10. Allende. Id.
11. Allende. Id.
12. Dick Emanuelsson. Entrevista Id.
13. Lazaro Girardot, El paramilitarismo en Colombia, una herramienta del poder y formula a expandir en América Latina. Publicado el 31/12/05 en Resumen Latinoamericano.
14. Bill Conroy. The Narco News Bulletin.
15. Jorge Enrique Botero. La Jornada , 04/01/06
16. Dick Emanuelsson. Id.
17. Lazaro Girardot, Id.
18. El teórico chavista Noam Chomsky escribió un buen libro al respecto.
19. Bill Conroy. Id
20. Coletta A. Youngers y Eileen Rosin. Drogas y democracia en América Latina.
21. La Nación , Laura Zommer, El fracaso de una estrategia, publicado el 2/8/05.
22. Dick Emanuelsson. Id
23. Comisión Intereclesial Justicia y Paz. Masacre Paramilitar en Meta. 6/01/06
24. Dick Emanuelsson. Id
25. Lazaro Girardot, Id.
26. Dick Emanuelsson. Id
27. Santos Calderón. Editorial en diario El Tiempo del 28/12/05
28. Dick Emanuelsson ¿Será que la guerrilla…
29. Dick Emanuelsson. Id.
30. Diario El Tiempo del 21/12/05
31. Diario El Tiempo del 3/01/06
32. Dick Emanuelsson. Entrevista. Id.
Colombia es otro sufrido país de América Latina que refleja en forma patente cuál es el proyecto que tiene el imperialismo yanqui para el resto del continente.
Más de la mitad de su población se dirime entre la pobreza y la miseria más extrema según datos de Planeación Nacional y en las zonas rurales esta situación se extiende al 70%. (1) Con sus 30 millones de pobres aceptados incluso por las mentirosas cifras del Banco Mundial, Colombia ostenta el triste récord de haber hecho crecer la pobreza en los últimos 10 años más que cualquier otro país de Latinoamérica (2) posicionándose como uno de los 10 países más pobres del mundo (cifras ratificadas por las Naciones Unidas) (3).
Algunas condiciones favorables (el crecimiento de las exportaciones a Venezuela y el aumento del precio de artículos exportables como el petróleo, el níquel, el carbón o el café) (4) junto a la creciente entrega del patrimonio nacional a manos privadas (incluyendo sectores estratégicos y básicos como energía, transportes, comunicaciones, bancos, minería, salud y educación) están dando lugar a un relativo “crecimiento económico” (a cambio del vaciamiento del estado) que hace las delicias del gobierno nacional y los grupos económicos pero que, como está a la vista, no significa más que penurias para el pueblo de Colombia.
Con una deuda externa de 38.000 millones de dólares, y al igual que el conjunto de América Latina, Colombia se sumerge en el atraso de un país capitalista semicolonial cuyo único papel en el mercado mundial es el de la producción de materias primas. Allí las transnacionales y el sector financiero se enriquecen a costa del saqueo constante y las clases dominantes locales no hacen más que sacar tajada de los negocios con el imperialismo a costa de perpetuarse en el atraso. Terratenientes, comerciantes, industriales, financistas, narcotraficantes y el conjunto de las clases dominantes, representadas sobre todo en los partidos liberal y conservador y su brazo militar y paramilitar, no hacen más que acomodarse en el camino de la entrega, auspiciando acuerdos con los EEUU como el TLC y el ALCA de consecuencias mortales para el pueblo.
A cada paso las condiciones de los trabajadores colombianos se degradan. Existe una enorme desocupación, pero sobre todo crece el trabajo precarizado, en negro e informal (5) lo que se contrasta con las crecientes prebendas a los funcionarios estatales que deben sostener una política de hambre y represión sistematizada. Así, durante el gobierno de Uribe se les aumentaron los sueldos en un 40% a los funcionarios públicos (los congresistas ganan 6.000 dólares por mes y algunos embajadores llegan a cobrar hasta 15.000) mientras que los trabajadores viven en la pobreza y la precarización y llegan a un salario mínimo de 175 dólares en el remoto caso de que lo hagan en blanco (6).
Un pueblo en lucha
Para una enorme porción del pueblo de Colombia ha quedado claro desde hace muchos años que ni las clases dominantes locales, ni el imperialismo tienen un proyecto para la resolución de los problemas sociales y económicos de su país: su único propósito es el enriquecimiento propio y para ello están dispuestos a arrasar todo lo que encuentren a su paso. Por eso es que, contra las políticas de hambre y represión estatal y paraestatal que llevan adelante todos los gobiernos en Colombia, se desarrolla una lucha perseverante que lleva décadas y que ha echado mano a todos los recursos de la resistencia y organización obrera y popular.
En 1967 el Che decía en “Crear dos, tres… muchos Vietnam es la consigna”: “En América Latina se lucha con las armas en la mano en Guatemala, Colombia, Venezuela y Bolivia y despuntan ya los primeros brotes en Brasil. Hay otros focos de resistencia que aparecen y se extinguen” y aclaraba más adelante: “la movilización activa del pueblo crea sus propios dirigentes César Montes y Yon Sosa levantan la bandera en Guatemala, Fabio Vázquez y Marulanda lo hacen en Colombia…”.
Hoy nuevamente el conjunto de los pueblos de nuestro continente se encuentra dando la lucha contra los ataques del imperialismo y las burguesías nativas (socias menores de aquél) y emprenden procesos para la organización de la pelea frente a su política hambreadora. Organizaciones sociales, sindicales, políticas e incluso algunas político militares se levantan frente a los golpes del sistema y se organizan para enfrentarlo y vencerlo definitivamente. Pero si algo distingue al pueblo colombiano del resto de América es que su lucha no ha sido acallada por la embestida contrarrevolucionaria que el imperialismo desplegó por nuestro continente en las décadas del 70 y 80. Este ataque, que fue dirigido directamente por los EEUU -y que en Sudamérica cobró el nombre de “Plan Cóndor”- intentaba destrozar las perspectivas revolucionarias latinoamericanas aniquilando a las fuerzas populares que se organizaban en forma creciente para librar la lucha por la toma del poder y la transformación social.
Muchos de nuestros pueblos aún inmaduros organizativa y sobre todo políticamente para lograr la derrota de la burguesía dominante, fueron aplastados por ésta, que avanzó entonces sobre las conquistas obreras y populares. Con mentiras, la burguesía intentó desde entonces “dar por terminada” la lucha por el poder de los trabajadores; mostrando una derrota parcial como si ésa hubiese sido la última lucha de la historia, tomando la caída del campo socialista como la derrota “definitiva” de la clase obrera e intentando demostrar con ello que el capitalismo se sostendría por siempre, como si fuera invencible.
Y es cierto que a casi 40 años de aquel relato de Guevara han quedado en el camino muchas de las fuerzas populares que se organizaban contra la opresión capitalista enfrentando a cada uno de los gobiernos cipayos. Pero tan cierto como eso es que otras, como las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular), que hoy siguen dirigidas por el mismo Marulanda del que habla el Che y es la fuerza guerrillera más grande y antigua de América Latina, sostienen su lucha y se fortalecen con la misma perspectiva revolucionaria de derribar a la burguesía entreguista y conformar un gobierno obrero y popular, marcando el camino a las nuevas generaciones de revolucionarios que emprenden la lucha por el poder.
Así, la lucha revolucionaria en Colombia da cuenta de una tarea ininterrumpida de más de cuatro décadas donde la pelea guerrillera ha conformado el apoyo militar a una lucha política por la toma del poder y la transformación social que se ha expandido por todos los ámbitos; desde la lucha sindical y social que incluye a las organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, etc., hasta la participación en la vida institucional por la vía electoral y la dirección de numerosos municipios. Diversas corrientes políticas con aspiraciones de transformación han tenido y tienen aún gran inserción en todos estos ámbitos, lo que ha permitido librar la lucha obrera y popular contra las embestidas patronales y gubernamentales que pretenden perpetuar y profundizar una situación de tremenda miseria y represión.
El ataque imperialista
Pero el plan de exterminio de las fuerzas populares no ha finalizado ni mucho menos. Si en países como el nuestro la burguesía ha optado por formas de gobierno “democráticas” luego de las dictaduras de los `70, ha sido porque la democracia parlamentaria es la mejor careta para las políticas hambreadoras de la explotación capitalista. El desprestigio de las dictaduras militares y la posibilidad de sostener la dominación de la burguesía con métodos menos visibles ha llevado a la gran mayoría de los países de nuestro continente a adoptar los carriles “democráticos” del hambre y los votos. Pero a cada uno le ha tocado un nivel y desarrollo de la represión acorde a la resistencia popular. Así, mientras en nuestros países se sostiene la “guerra de baja intensidad” contra los sectores más postergados y las organizaciones políticas, utilizando el control social para los pobres y el disciplinamiento para los luchadores, también allí donde la lucha se ha sostenido con gran vigor como es el caso colombiano, el imperialismo y las burguesías locales han implantado un sistema de terror que pretende contener la lucha revolucionaria de su pueblo.
Mientras el circo democrático sigue representándose llevando siempre a nuevos títeres de Washington al gobierno, el estado colombiano sostiene una feroz cruzada contrarrevolucionaria que arremete contra los luchadores de los más diversos campos de la oposición, sean estos sindicalistas, dirigentes sociales, funcionarios o candidatos políticos de izquierda o guerrilleros, y que busca aniquilar la resistencia aplicando el terror contra las organizaciones y vastos sectores de la población. Esta enorme campaña contrarrevolucionaria implica el gasto de millones de dólares por parte de los EEUU y el estado colombiano, el despliegue de un suntuoso aparato militar y el desarrollo de una campaña política de gran magnitud que intenta desprestigiar a las fuerzas populares de la resistencia.
De hecho, solamente en 2005 el parlamento de los EEUU destinó más de 784 millones de dólares para financiar la lucha contra la guerrilla (7). Como se puede leer en el informe del Ministerio de Defensa del 7/12/05, los gobiernos de EEUU y Colombia han invertido en la lucha contrainsurgente de los últimos tres años un presupuesto de 16.7 billones de dólares lo que significa un gasto diario de 17.5 millones (8).
Las cifras millonarias son destinadas fundamentalmente al aparato militar, pero son vitales para sostener además toda una infraestructura dependiente del estado colombiano que involucra a funcionarios, medios periodísticos, ONGs y organismos de DDHH, que permite mantener cercadas a las organizaciones populares y particularmente a la guerrilla quienes se ven imposibilitadas de difundir información fidedigna, pues prácticamente ningún medio de envergadura cubre el desarrollo de la lucha con un mínimo de seriedad. Un caso paradigmático es la llamada Comisión de Reconciliación, cuyo supuesto rol es el de “mediar” entre el gobierno de Uribe y las fuerzas populares, pero cuya dependencia del aparato estatal es absoluta, pues éste costea sueldos de 5.000 dólares para cada uno de sus funcionarios (9).
Como está visto, la guerra contra las organizaciones populares colombianas y sus fuerzas guerrilleras es una prioridad para el imperialismo yanqui quien destina a Colombia uno de los presupuestos de ayuda militar más grande (el segundo luego de Egipto) (10) y ha organizado planes específicos aprobados por el congreso para la lucha contrainsurgente como el Plan Colombia y el vigente Plan Patriota que cuentan con enormes partidas de dinero para el equipamiento de las tropas estatales y el financiamiento de los ejércitos paramilitares, y que incluye la participación de fuerzas de elite norteamericanas en territorio colombiano.
El despliegue militar que intenta frenar la lucha popular es extraordinario. La fuerza militar estatal cuenta con más de 385.000 miembros incluyendo 7 batallones de alta montaña, 15 Brigadas Móviles (como las que están en el Plan Patriota), 14 Afeaur, 32 Grupos Gaula, 54 Escuadrones Móviles de Carabineros y 758 municipios con "soldados de mi pueblo" (11). Cerca de 20.000 son tropas de elite que llevan adelante el Plan Patriota financiado por los EEUU y que se encuentra encabezado por más de 600 “asesores” norteamericanos. (12).
“Los asesinos de la motosierra”
Junto a las tropas “oficiales”, un enorme ejército de paramilitares, financiados por los mismos estados norteamericano y colombiano, se hace cargo del “trabajo (más) sucio” del mismo plan y es por ello que se han ganado apodos como el de “asesinos de la motosierra”. Estas fuerzas que han sido prácticamente legalizadas con la ley de “justicia y paz” y los acuerdos del 94 con el gobierno de Uribe (ambos avalados por la OEA ) (13) cuentan con infinitos privilegios legales y de hecho (zonas liberadas, cuidados especiales ante la justicia, etc.) que exponen el vínculo político y material que existe entre estas fuerzas irregulares y el poder político colombiano. Con dirigentes del riñón de la burguesía nacional (como Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente nacional y comandante del grupo paramilitar “los 12 apóstoles”) estas fuerzas se encargan de arremeter contra poblaciones enteras infundiéndoles el terror, obligando a su desplazamiento forzoso y contando miles de asesinados, desaparecidos, torturados, mujeres violadas, etc. El grupo paramilitar más importante, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mostraba ya en 2001 un record de asesinatos y masacres, contando sólo en ese año más de un millar de asesinados y al menos 100 masacres perpetradas en los poblados de las zonas rurales de Colombia (14).
Y a medida que pasan los años el nivel de represión contra el pueblo y sus organizaciones se acrecienta notablemente. Mientras Uribe utiliza cortinas de humo como es la propuesta de “desmovilización” de las fuerzas paramilitares (forma lavada para dejar sin condena a muchos de los dirigentes paramilitares) lo que es patente es que en los últimos años se ha multiplicado la represión paraestatal al punto de volver impracticable la lucha política por carriles “democráticos” por fuera de la clandestinidad pues la gran mayoría de los dirigentes de izquierda son asesinados por estas fuerzas y a veces por el propio ejército.
Durante el actual gobierno se han realizado decenas de "capturas masivas", en las que han ido a las cárceles centenares de campesinos (15) y más de 2.200 personas han sido asesinadas por los paramilitares en el último año y medio (mientras “negocian” la “desmovilización” con el gobierno de Uribe) (16). La opresión paramilitar es una verdadera arma de la burguesía y la oligarquía colombiana quienes obtienen importantes ventajas económicas de su accionar. Esta avanzada de las fuerzas paraestatales sirve tanto para la reapropiación de las zonas rurales por parte de la oligarquía nacional, lo que constituye una verdadera “contrarreforma agraria”, como para presionar hacia la baja el salario obrero, a partir de la carga que implica la falta de organización por el asesinato de los dirigentes obreros y el temor a mayores represalias. La misma OIT ha ratificado que Colombia es el país donde se ha asesinado al mayor número de dirigentes sindicales (17)
La lucha contra el narcoterrorismo: herramienta política de Washington
La campaña financiera y militar tiene, a su vez, un correlato político central. La cruzada contrarrevolucionaria que el imperialismo ha emprendido fundamentalmente contra la guerrilla pero también contra las organizaciones políticas y sociales y aún contra la población que pueda simpatizar con ellos, está sostenida, además, en el desprestigio de la guerrilla y en la falta de reconocimiento de su dimensión y su carácter político.
El eje central de esta campaña consiste en asociar al narcotráfico con las fuerzas guerrilleras, sobre todo las FARC por ser la más importante y peligrosa. Esta vinculación fantasiosa cuya inverosimilitud ha sido ampliamente demostrada incluso por intelectuales que poco tienen que ver con la defensa de las FARC (18), cumple un doble papel, pues por un lado sirve como pantalla para presentar ante el mundo la lucha contrainsurgente como una pelea contra el narcotráfico, y por el otro sirve para tapar la verdadera situación del tráfico de drogas de Colombia a EEUU, cuyo monopolio exclusivo se encuentra en manos del imperialismo y sus aparatos: el estado yanqui, el colombiano, la DEA (Oficina antidrogas norteamericana, Drug Enforcement Administration) las fuerzas militares de ambos países y los paramilitares. Como lo ratifica el escándalo a partir del memorandum filtrado en diciembre de 2004 por el abogado del Departamento de Justicia de EEUU, Thomas M. Kent, son las mismas clases dominantes de EEUU, a través del la DEA y sus máximos dirigentes, quienes controlan la política de drogas colombiana, su flujo hacia los EEUU y la participación del ejército y los paramilitares en este negocio (19). De hecho fue una comisión investigadora del parlamento norteamericano quien demostró con sobradas pruebas que el principal encargado del lavado de dinero proveniente del narcotráfico es ni más ni menos que el propio City Bank.
Así, con la excusa de la lucha “contra el narcotráfico” y vinculándola a la fuerza con el combate contra las organizaciones guerrilleras (a las que aplican el término “terroristas”), los EEUU se dan el lujo de designar millonarias partidas oficiales para luchar contra la resistencia popular, a la que han dado en llamar “narcoterrorismo”. Del mismo modo que avanzan sobre el petróleo y los mercados de Irak y Medio Oriente en nombre de una supuesta cruzada “antiterrorista” y “contra el extremismo islámico”, también en Colombia, el imperialismo (y con él, el gobierno colombiano y un extenso coro de seguidores que involucra en muchos casos hasta al progresismo y la izquierda) miente descaradamente con el propósito de descargar todo su poderío sobre sus eventuales enemigos políticos y militares.
De este modo la lucha política contra la resistencia popular colombiana y contra su brazo guerrillero es manipulada y presentada como una necesidad internacional, en nombre del combate al narcotráfico. Esto le permite a los EEUU legitimar su cruzada contrainsurgente y, con la colaboración de los gobiernos latinoamericanos, extender su red de espías y paramilitares instalados oficialmente con oficinas de la DEA por todo el continente, desde Bs. As. hasta Haití incluyendo a la Venezuela chavista (20). La presión que el gobierno norteamericano ejercita por medio de los planes “antidrogas” para el endurecimiento de la represión, la libre circulación de los funcionarios militares yanquis y la vía libre para el secuestro y extradición de guerrilleros desde el interior de los países del continente es tan fuerte que incluye, entre otras cosas, sanciones económicas como sucede con el proceso anual de certificación, que niega asistencia y ventajas comerciales a los países que no respetan el plan diseñado por Washington en su campaña antidrogas (21).
La calificación de “narcoterroristas” que el gobierno yanqui intenta atribuir a las fuerzas guerrilleras y a toda organización política que tenga vínculo con ellas (que, en última instancia, son todas las fuerzas políticas de izquierda) constituye un enorme esfuerzo de propaganda para lograr el desprestigio de la insurgencia rebelde y la lucha popular por la transformación social, y es utilizada por el imperialismo para no reconocer abiertamente que en Colombia se está librando una verdadera guerra civil. Aceptarlo obligaría a los EEUU a atenerse, al menos formalmente, a las normas internacionales del derecho de guerra como las Convenciones de Ginebra, lo que implicaría aceptar el carácter de “fuerza beligerante” de la guerrilla popular.
De todos modos, lo más grave de esta campaña de difamación de la lucha popular colombiana no es lo que el imperialismo y sus voceros afirman, sino la entrada que su discurso reaccionario ha logrado entre muchas organizaciones “progresistas” y “de izquierda” de América Latina y el mundo.
El ataque a los dirigentes “públicos” polariza la guerra civil
Más allá de las mentiras que se vierten a diestra y siniestra, lo cierto es que es la realidad colombiana, como la de toda Latinoamérica, la que pone a los trabajadores y el pueblo en pie de guerra contra la política de hambre y represión creciente que se está viviendo. Así, una y otra vez viejas y nuevas organizaciones sociales y políticas salen a dar batalla contra la política uribista y enfrentan los embates del estado colombiano y sus aliados. Pero la incapacidad que tiene un gobierno como éste, defensor de la burguesía y el imperialismo, de dar salida cierta a los reclamos populares, lo lleva inevitablemente a intentar acallar por la fuerza los reclamos que de uno y otro lado del pueblo se hacen sentir. Así es como la represión por un lado y la lucha político militar por el otro se actualizan y profundizan a diario.
En los últimos años, ante su indudable fracaso político, el gobierno de Uribe optó por redoblar la represión contra los sectores populares organizados en forma legal. Durante su mandato, el actual presidente asesinó ya a más de 140 militantes destacados de organizaciones políticas de carácter público como la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. De este modo el PCC se ha vuelto, en los hechos, un partido clandestino y la UP está prácticamente desaparecida después del asesinato de 5.000 activistas en los últimos 20 años (22).
La escalada de asesinatos a referentes de la lucha social en el campo legal por parte del ejército y sobre todo los paramilitares, ha crecido en los últimos meses. Mientras la UP está desarticulada, la dirección del PCC ha debido salir a denunciar el plan sistemático de asesinatos a activistas legales que se ha cobrado la vida en los últimos meses de Carlos Arcinegas, militante comunista del municipio de Puerto Wilches en el departamento de Santander (desaparecido el 29 de diciembre y encontrado muerto una semana más tarde con claras marcas de tortura) y de Arturo Díaz García, dirigente comunista y corregidor de Toche en el área rural del Municipio de Ibagué, capital del Departamento del Tolima (asesinado el 21 de diciembre luego de ser secuestrado de su oficina y fusilado en la calle en un área que permanece bajo control militar y paramilitar) (23).
De este modo, en bastiones de la lucha popular, como es el departamento de Meta, donde la guerrilla cuenta con gran presencia y habitualmente han sido elegidos alcaldes vinculados con la izquierda, ya no quedan prácticamente activistas que puedan presentarse en estas próximas elecciones, pues los pocos sobrevivientes de la lucha que se libra con carácter público han debido pasar a la lucha clandestina por su propia seguridad (24).
La avanzada militar del gobierno, es central, en este momento, para llevar adelante los próximos comicios en los que la actual presidencia debe renovarse. El asesinato de referentes políticos públicos, la atemorización de los sectores populares y el desplazamiento forzoso en aquellas áreas donde la influencia de la izquierda y sus brazos guerrilleros cuentan con mayor peso, son todos recursos de Uribe para garantizarse el triunfo electoral. Así enormes organizaciones sociales, como las campesinas, se ven forzadas al desplazamiento que lleva al éxodo interno, el exilio, o la incorporación a la guerrilla.
Pero, al decir de Lázaro Girardot, “la implantación del terror, la militarización de la vida polí¬tica del país y el endurecimiento de la legislación represiva para evitar la expresión del descontento popular no han hecho retroceder y mucho menos desaparecer el movimiento popular; por el contrario, lo han llevado a buscar nuevas y efectivas formas de organización y acción, entre ellas la lucha armada, expresión de la rebeldía popular y de la vocación de poder de sus organizaciones” (25). Como afirma el periodista sueco Dick Emanuelsson “lo que se ha reforzado en Colombia es la guerra, por un lado las fuerzas militares y los paramilitares; y por otro, la insurgencia que se ha reforzado”, “porque los campesinos no tienen otra alternativa de ser asesinados que irse al monte” (26).
De este modo, en su afán por acabar a como de lugar con las fuerzas populares, las organizaciones de izquierda y sus brazos guerrilleros como las FARC o el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el estado colombiano y su financista, el imperialismo yanqui, no hacen más que polarizar la lucha de clases en Colombia, estableciendo una oposición cada vez más firme que incluye a trabajadores, campesinos, estudiantes y demás sectores del pueblo que libran la lucha contra las políticas de hambre y entrega en el terreno político y cada vez más en el militar.
Se fortalece la guerrilla y se intensifica la guerra civil
Uribe, como todos sus antecesores, subió al gobierno con el plan de Washington: acabar con la guerrilla, expresión viva de la lucha popular colombiana y ejemplo de resistencia para los pueblos del mundo. Pero fracasó rotundamente. Por el contrario las fuerzas guerrilleras, y en particular las FARC, se fortalecieron enormemente en los últimos tiempos, y están hoy en el punto más alto de su crecimiento, influencia y capacidad operativa. De hecho, a estas alturas, las FARC ya se han extendido por todo el territorio colombiano y los golpes que le asestan a las fuerzas represivas son cada vez más contundentes.
Junto al sabotaje y el boicot realizado principalmente a las compañías petroleras norteamericanas como la OXY (que debe, como en Irak, contar con una guardia especial para sus oleoductos), las FARC vienen atacando en forma permanente a paramilitares, tropas del ejército y hasta tropas de intervención yanqui. De este modo durante 2005, y solamente en los nueve principales ataques rebeldes, han muerto más de 140 soldados y policías, lo que ha causado una enorme preocupación en los medios locales, que, como el diario El Tiempo, responden plenamente a los intereses de la burguesía pro imperialista local.
Así describía este diario “El severo revés sufrido por el Ejército el martes en el corregimiento de Playa Rica, en Vista Hermosa (Meta), a manos de las FARC”, refiriéndose a un importante ataque contra tropas de elite, caracterizado por el diario como “una luctuosa noticia de fin de año, que debe dar lugar a una reflexión de fondo sobre la real situación de esa guerrilla y las políticas con las que se la viene enfrentando”(27): “Cayó un tercio de una compañía de 90 hombres; tres suboficiales y 26 soldados muertos y seis heridos, tres de ellos graves. Los combates duraron tres horas”. Y continúa: “Una emboscada con cilindros y ametralladoras punto 50 y sólo cinco guerrilleros muertos revela un conocimiento detallado de los movimientos de la tropa” (28).
El fortalecimiento de la guerrilla colombiana es indudable, pues se ha desarrollado, como afirma Dick Emanuelsson, “en la selva, en las cordilleras o en los barrios populares de los cordones de la miseria en las grandes ciudades” (29), cosa que es reafirmada por el propio gobierno; de hecho el mismo presidente Uribe le confesaba a la prensa días más tarde del histórico combate “hemos encontrado que hay mucha milicia urbana ayudando a las FARC” (30). Los datos de combates armados muestran el crecimiento de las bajas estatales y paraestatales y una mayor envergadura de los ataques, que ha sido vista por muchos analistas como el “fin del repliegue táctico de las FARC”. A estas alturas la guerrilla mantiene una importante cantidad de prisioneros de guerra (25 dirigentes políticos, 34 oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y tres estadounidenses) algunos de los cuales llevan hasta 9 años de cautiverio y cuya libertad pretende ser canjeada por la de guerrilleros presos.
Obviamente, la intensificación de la guerra civil colombiana pone en apuros a la burguesía y el imperialismo, que deben salir al cruce para contener un posible asalto del poder de las fuerzas populares. Por eso, el gobierno de Uribe ha debido salir a ofrecer recompensas ("A los que vengan con información inmediatamente se les pagará", aseguró) y profundizar su cruzada contrainsurgente en lo que llamó una “cacería de milicianos” (31). Y por eso también el Congreso norteamericano ya aprobó la duplicación del número de “asesores” que se instalarán este año en Colombia (32).
Cooperación de Ecuador y Venezuela con los EEUU
Evidentemente todos los esfuerzos del gobierno norteamericano están puestos en aplastar la lucha del pueblo colombiano y su guerrilla rebelde, pues su triunfo podría significar un duro golpe para los intereses de la burguesía en su conjunto, ya que estaría marcando un camino para los pueblos del mundo entero. Por eso su campaña contrainsurgente no se limita a la inversión económica y el fortalecimiento del aparato militar y paramilitar dentro de Colombia, sino que incluye, además, un acuerdo de cooperación con el resto de los países de América Latina y el mundo.
El primer paso, como ya fue dicho, consistió en la categorización de las fuerzas guerrilleras del pueblo como “narcoterroristas”, a lo que siguió la presión sobre el resto de los estados para que acepten estos motes como verdaderos. Este proceso ya fue realizado y hoy no existe en nuestro continente prácticamente ningún país que se oponga a la lucha “contra el terrorismo y el narcotráfico” que emprenden los EEUU, y lo que es peor, a excepción de Cuba, todos le brindan su apoyo material.
Este acuerdo en la lucha contra el pueblo colombiano y sus organizaciones guerrilleras se cristaliza, no sólo en el discurso y la propaganda antiterrorista y contra el tráfico de drogas, sino también en los acuerdos concretos para la presencia de funcionarios y militares “antidrogas” norteamericanos en nuestros países y en el permiso para la captura y los acuerdos de extradición de guerrilleros que se llevan a cabo en forma permanente y especialmente desde países limítrofes con Colombia como Ecuador o Venezuela, para ser entregados luego a los EEUU.
El gobierno ecuatoriano de Alfredo Palacio, quien viaja junto a Uribe a los EEUU para acordar el TLC y permite el establecimiento de una base yanqui en Manta, entregó a Colombia a fines de 2005 a Marco Tulio Erazo Rodríguez (quien trabajaba como enlace logístico del dirigente de las FARC Raúl Reyes) continuando con su consecuente política pro yanqui que tiempo atrás le costó la extradición al dirigente guerrillero Simón Trinidad. Y también el gobierno de Chávez en Venezuela ha hecho lo propio: luego de la escandalosa entrega al gobierno de Uribe, en diciembre de 2004, del canciller de las FARC, Rodrigo Granda, ha repetido un año más tarde la misma operación, entregando ahora al “canciller” del ELN, Donayro Manuel Acevedo Pérez (ver nota “ La Revolución Bolivariana ”).
Hoy, al igual que los 5 héroes cubanos, o que los innumerables presos iraquíes que están en Guantánamo, se encuentran en poder de los EEUU dirigentes de gran envergadura de las fuerzas guerrilleras colombianas como Simón Trinidad o la Comandante Sonia. Y mientras las cárceles colombianas están superpobladas de luchadores populares, los gobiernos de América Latina, y en particular los de Ecuador y Venezuela, siguen apostando al fracaso de la lucha popular colombiana y colaborando con su gobierno vecino, al entregar a los más importantes dirigentes de las FARC y el ELN.
La única vía para la revolución
Es evidente que si hay un plan para combatir el desarrollo de la lucha popular en América Latina, ese es el Plan Colombia y su correlato militar, el Plan Patriota. Todo el esfuerzo norteamericano en dinero, tropas, propaganda e influencia está orientado a llevar al fracaso la lucha del pueblo colombiano que busca una solución definitiva a sus problemas vitales (que no podrán resolverse en el marco de este sistema) y que se alza como ejemplo para los pueblos del mundo. En ese marco, una tarea central del imperialismo es hacer jugar a los países democráticos y fundamentalmente los “progresistas”, buscando el aislamiento de la guerrilla colombiana, y reclamando de éstos la cooperación para el combate a la resistencia popular. De este modo, el proyecto del imperialismo y el de la “democracia” o de la “revolución pacífica” que ha encontrado mucho eco en nuestro continente, se conjugan en su tarea para el aislamiento y la derrota de la fuerza popular político militar más importante que hay en América Latina, como se hace más que evidente ante la colaboración de Chávez para la extradición de dirigentes guerrilleros.
La contradicción entre un proyecto de revolución por la vía “tradicional” de la toma del poder y el proyecto pacifista de la revolución bolivariana y sus variantes, ha sido expuesto claramente por un teórico del chavismo: Heinz Dietrich. En una curiosa edición electrónica del 27/12/05 del diario Resumen Latinoamericano, defensor de Chávez y vinculado estrechamente con la kirchnerista Asociación de Madres de Plaza de Mayo, aparece latente esta contradicción. Ese número que tenía como titular “Noticia muy preocupante: fue capturado en Venezuela y deportado a Colombia 'Hernán', jefe político del ELN”, y relataba también a flor de piel la guerra civil colombiana (al informar sobre la ofensiva de las FARC y sobre el ataque sistemático contra los representantes legales de las fuerzas populares); es el mismo número en el que, con su escrito “Evo Morales, el socialismo comunitario y el Bloque Regional de Poder”, Dietrich dejó más que aclarada la contradicción entre la lucha colombiana y el proyecto bolivariano que hoy está entregando guerrilleros a Colombia.
El teórico chavista afirma allí que si hay algo que “genera un serio dilema para las FARC” es “La decisión estratégica de todos los Presidentes del BRP -Bloque Regional de Poder- por la vía institucional”. Así lo explica: “Los candidatos presidenciales que cuenten con el apoyo del BRP, responden a la convicción de todos los Presidentes de este Bloque, de que el tiempo de la lucha armada revolucionaria y de los gobiernos de obreros-campesinos ha quedado en el pasado. Los comentarios de Fidel referentes a las FARC han sido muy claros al igual que la posición del Comandante Chávez, quien dijo en el reciente encuentro con Álvaro Uribe en Santa Marta: `queremos que los movimientos armados se pacifiquen´.”
Como bien lo explica Dietrich (aunque él lo haga para condenar a las FARC), la entrega de guerrilleros por parte de Chávez no significa la ruptura con su línea “bolivariana” sino justamente la reafirmación de ésta, pues es una tarea central en su proceso de “revolución pacífica y democrática”, el declararse enemigo de aquellos que, como las FARC o el ELN colombianos, se apartan de los carrilles de la democracia (burguesa) que se pregonan tanto en Washington como en Caracas.
Pero más allá de las pretensiones “democráticas” del chavismo y demás sectores “progresistas”que se oponen de lleno a la política, metodología y aspiraciones de las fuerzas populares y guerrilleras de Colombia, es evidente que los revolucionarios no podemos caer en tales desatinos. Muy por el contrario, es un deber central defender a los compañeros que han emprendido, como en Colombia, tamaña lucha contra la burguesía y el imperialismo, y al mismo tiempo, denunciar a quienes, mientras arman discursos en nombre del socialismo y la revolución, colaboran con el imperialismo y su represión, asestando golpes gravísimos contra las organizaciones guerrilleras más importantes de nuestro continente.
Si en algo tiene razón el teórico chavista, es que uno y otro camino se enfrentan, ahora mismo, con contradicciones insalvables. La defensa de un supuesto proceso de “revolución” “por etapas”, “democrática” y “pacífica” no es sólo un imposible que retrasa los tiempos de una revolución verdadera; sino también es hoy, y así lo está demostrando Chávez con la entrega de los máximos dirigentes guerrilleros a la burguesía colombiana, un enemigo de la lucha del pueblo.
Frente a él, la resistencia de más de 40 años de un pueblo, que ha enfrentado los embates del ejército, los paramilitares y las fuerzas de ocupación yanqui, que pelea en las fábricas, en el campo, en las universidades y en todo el territorio nacional contra la política de hambre y entrega de Uribe y contra los actuales Plan Colombia y Plan Patriota financiados y dirigidos directamente por los EEUU, que soporta las masacres y los asesinatos sistemáticos a sus dirigentes, la cárcel, las torturas y las extradiciones de sus mejores hombres, un pueblo que ha tomado las armas para acabar con un gobierno, un estado y un sistema que no tienen nada para ofrecerle y que lucha, como dicen las FARC por un sistema “sin explotadores ni explotados”, ese pueblo es hoy el gran ejemplo de dignidad y coraje para todos los pueblos de América y el mundo.
Decía el Che en ““Crear dos, tres… muchos Vietnam es la consigna”: “No podemos hacernos ninguna ilusión, ni tenemos derecho a ello, de lograr la libertad sin combatir”. El pueblo colombiano es un gran ejemplo de ello.
Citas:
1. Reinaldo Spitaletta. Profundización de la miseria. 24/12/05.
2. Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) Publicado en Aporrea el 28/12/05.
3. Reinaldo Spitaletta. Id.
4. Jorge Enrique Robledo Crecimiento insuficiente y concentrado. 9/01/06.
5. Jorge Enrique Robledo. Id.
6. Indymedia Colmbia. Perfil de Uribe Vélez Publicado el 13/01/06.
7. Dick Emanuelsson. Entrevista realizada el 10/01/06 publicada en Resumen
Latinoamericano.
8. Allende. Las cifras de la guerra, según Uribe. Publicado en, ANNCOL y Aporrea.
9. Dick Emanuelsson ¿Será que la guerrilla puede vencer al Estado colombiano? De la 'guerra total' de Uribe a un fracaso militar total. Publicado en Argenpres.info el 02/01/2006.
10. Allende. Id.
11. Allende. Id.
12. Dick Emanuelsson. Entrevista Id.
13. Lazaro Girardot, El paramilitarismo en Colombia, una herramienta del poder y formula a expandir en América Latina. Publicado el 31/12/05 en Resumen Latinoamericano.
14. Bill Conroy. The Narco News Bulletin.
15. Jorge Enrique Botero. La Jornada , 04/01/06
16. Dick Emanuelsson. Id.
17. Lazaro Girardot, Id.
18. El teórico chavista Noam Chomsky escribió un buen libro al respecto.
19. Bill Conroy. Id
20. Coletta A. Youngers y Eileen Rosin. Drogas y democracia en América Latina.
21. La Nación , Laura Zommer, El fracaso de una estrategia, publicado el 2/8/05.
22. Dick Emanuelsson. Id
23. Comisión Intereclesial Justicia y Paz. Masacre Paramilitar en Meta. 6/01/06
24. Dick Emanuelsson. Id
25. Lazaro Girardot, Id.
26. Dick Emanuelsson. Id
27. Santos Calderón. Editorial en diario El Tiempo del 28/12/05
28. Dick Emanuelsson ¿Será que la guerrilla…
29. Dick Emanuelsson. Id.
30. Diario El Tiempo del 21/12/05
31. Diario El Tiempo del 3/01/06
32. Dick Emanuelsson. Entrevista. Id.