El Revolucionario Nº22 (Marzo de 2007)
Ocho legisladores nacionales colombianos fueron detenidos, uno está prófugo, cinco están esperando que se decidan sus órdenes de captura o sus sobreseimientos, y habría quince más en capilla. Siete alcaldes y dos gobernadores fueron citados para ser indagados y el jefe de la DAS, órgano de inteligencia del gobierno nacional, tuvo que ser desplazado por el gobierno de Uribe, igual que la joven canciller María Consuelo Araujo Castro, hermana de uno de los diputados más comprometidos en el episodio que los medios locales llaman el “paragate” y los internacionales, el “escándalo de la para-política”. Ambas denominaciones sugieren que por primera vez se comprueban vínculos estrechos entre funcionarios y políticos colombianos con los grupos paramilitares, cuando en realidad esa relación es lo que se llama un “secreto público”. Desde la aparición en escena de los primeros grupos armados antecedentes de lo que hoy son las bien organizadas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), fue evidente su condición de aparatos del terrorismo de estado, integrados por miembros de las FFAA y FFSS estatales, y dirigidos por el poder político.
La estrategia contrainsurgente paramilitar fue adoptada por el estado colombiano después de una visita de dignatarios del ejército estadounidense en febrero de 1962 llamada Misión Yarbourough, que dejó directrices secretas que se plasmaron en los manuales y textos de estudio y entrenamiento militar desde esa fecha. Ninguno de los sucesivos ensayos anteriores a las AUC, ni ellas mismas, fue independiente del estado y su aparato represivo, como no hubo jamás (no puede haberlo) grupos parapoliciales o paramilitares cuya dirección política sea otra que la de la burguesía gobernante.
En esos textos se enseña a los militares colombianos que su enemigo es el conjunto de la población, que debe ser aterrorizada para “reeducar sus sectores disidentes”, y que es más efectivo para implantar ese terror que sus autores no aparezcan públicamente como lo que son, agentes del aparato represivo del estado. Esa aparente neutralidad del estado y su gobierno entre “subversivos” y “paramilitares” lo habilita a intervenir como mediador entre los “dos demonios”. El informe de la misión de la Escuela de Guerra yanqui, anterior incluso al desarrollo más importante de las organizaciones revolucionarias armadas en Colombia, no deja lugar para la duda: “Debe crearse ya mismo un equipo en dicho país, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos van a ser necesarios para poner en acción funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que se necesite, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto”.
En diversas oportunidades, sin embargo, los integrantes de estas fuerzas estatales “paras” sacaron a la luz su relación de dependencia directa con el estado, generando escándalos como el actual, siempre motivados por algún cambio de timón en la política burguesa que requería como “auto de fe” sacrificar alguno de sus sicarios.
En 1977 y 1978 hubo varios atentados, incluyendo el secuestro, tortura y asesinato del abogado José Manuel Martínez Quiroz, militante político del ELN, y de un estudiante de izquierda que fueron reivindicados por una ignota “Triple A”, a semejanza de la que operara unos años antes en la Argentina. La naturaleza y origen de ese grupo se aclaró cuando el 20 de julio de 1980, cinco integrantes de un Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia del ejército, denunciaron públicamente que todos ellos eran “funcionarios al servicio de la Inteligencia Militar desde hace varios años (...) a quienes precisamente el ejército al cual servimos por tantos años con decisión y sacrificio, haciendo cosas ilícitas, realizando delitos por órdenes superiores, que van desde el secuestro, torturas, terrorismo, hasta el asesinato para defender dizque al Estado, y hoy en día perseguidos por esos superiores que ordenaron hacer tales cosas”.
La queja es bien clara, y tan parecida a la de algunos dinosaurios argentinos que se juntan en Plaza San Martín: nos mandaron a secuestrar, torturar, matar, en nombre del estado, y después que hicimos todo al pie de la letra, se lavan las manos y nos señalan como secuestradores, torturadores, asesinos. Son las reglas del juego de la burguesía en el marco de su democracia. Hay cosas que se hacen, pero no se dicen ni explican.
Lo mismo sucede ahora: como hace falta mejorar la imagen democrática de los gobiernos de la región aliados a EEUU, Uribe tuvo que hacer un poco de limpieza a fondo, mostrando que su justicia funciona y que tiene las riendas del país. El sacrificio de unos cuantos peones, algún alfil y hasta la dama canciller, es un costo menor frente a lo que significa aparecer en el concierto internacional como un gobierno respetuoso de las leyes y defensor de los derechos de la ciudadanía. Aunque al mismo tiempo se hagan reuniones no tan secretas de funcionarios del gobierno con los miembros de las AUC en prisión, para acordar los términos de sus juicios y eventuales condenas simbólicas.
El terrorismo de estado colombiano ha asesinado unos 10 mil civiles por año desde la década de los ochenta, muchos previamente torturados o descuartizados con motosierras. A pesar del llamado “proceso de paz” que promovió la desmovilización de miles de integrantes de las AUC, se calculan hoy sus integrantes activos en siete a ocho mil paramilitares. Su principal vocero es el argentino Juan Antonio Rubbini Melato, que comenzó como asesor de Salvatore Mancuso, uno de los líderes de las AUC, y es hoy reconocido mando del conjunto de los “paras”. Fue el interlocutor con el gobierno en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito de 2003, donde se lo identificó con el alias de El Profesor. Renegado de la izquierda, dice sin subterfugios que “Las autodefensas han sido un factor que ha evitado que las guerrillas se tomaran el poder”.
Ninguna novedad es, entonces, que políticos y funcionarios de todo tipo aparezcan ahora vinculados estrechamente con los paramilitares. Es tan sorprendente como que funcionarios de distintas áreas del mismo estado tengan relación entre sí. Lo que hay que analizar, en todo caso, son los motivos que llevan al gobierno de Uribe a hacerse el sorprendido y a emprender esta pretendida operación de limpieza, evidente operativo para reconstituir la legitimidad de un régimen socavado por la injusticia y puesto en jaque por las luchas populares consecuentes.
1) Denominación popular de los paramilitares colombianos.
Ocho legisladores nacionales colombianos fueron detenidos, uno está prófugo, cinco están esperando que se decidan sus órdenes de captura o sus sobreseimientos, y habría quince más en capilla. Siete alcaldes y dos gobernadores fueron citados para ser indagados y el jefe de la DAS, órgano de inteligencia del gobierno nacional, tuvo que ser desplazado por el gobierno de Uribe, igual que la joven canciller María Consuelo Araujo Castro, hermana de uno de los diputados más comprometidos en el episodio que los medios locales llaman el “paragate” y los internacionales, el “escándalo de la para-política”. Ambas denominaciones sugieren que por primera vez se comprueban vínculos estrechos entre funcionarios y políticos colombianos con los grupos paramilitares, cuando en realidad esa relación es lo que se llama un “secreto público”. Desde la aparición en escena de los primeros grupos armados antecedentes de lo que hoy son las bien organizadas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), fue evidente su condición de aparatos del terrorismo de estado, integrados por miembros de las FFAA y FFSS estatales, y dirigidos por el poder político.
La estrategia contrainsurgente paramilitar fue adoptada por el estado colombiano después de una visita de dignatarios del ejército estadounidense en febrero de 1962 llamada Misión Yarbourough, que dejó directrices secretas que se plasmaron en los manuales y textos de estudio y entrenamiento militar desde esa fecha. Ninguno de los sucesivos ensayos anteriores a las AUC, ni ellas mismas, fue independiente del estado y su aparato represivo, como no hubo jamás (no puede haberlo) grupos parapoliciales o paramilitares cuya dirección política sea otra que la de la burguesía gobernante.
En esos textos se enseña a los militares colombianos que su enemigo es el conjunto de la población, que debe ser aterrorizada para “reeducar sus sectores disidentes”, y que es más efectivo para implantar ese terror que sus autores no aparezcan públicamente como lo que son, agentes del aparato represivo del estado. Esa aparente neutralidad del estado y su gobierno entre “subversivos” y “paramilitares” lo habilita a intervenir como mediador entre los “dos demonios”. El informe de la misión de la Escuela de Guerra yanqui, anterior incluso al desarrollo más importante de las organizaciones revolucionarias armadas en Colombia, no deja lugar para la duda: “Debe crearse ya mismo un equipo en dicho país, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos van a ser necesarios para poner en acción funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que se necesite, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto”.
En diversas oportunidades, sin embargo, los integrantes de estas fuerzas estatales “paras” sacaron a la luz su relación de dependencia directa con el estado, generando escándalos como el actual, siempre motivados por algún cambio de timón en la política burguesa que requería como “auto de fe” sacrificar alguno de sus sicarios.
En 1977 y 1978 hubo varios atentados, incluyendo el secuestro, tortura y asesinato del abogado José Manuel Martínez Quiroz, militante político del ELN, y de un estudiante de izquierda que fueron reivindicados por una ignota “Triple A”, a semejanza de la que operara unos años antes en la Argentina. La naturaleza y origen de ese grupo se aclaró cuando el 20 de julio de 1980, cinco integrantes de un Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia del ejército, denunciaron públicamente que todos ellos eran “funcionarios al servicio de la Inteligencia Militar desde hace varios años (...) a quienes precisamente el ejército al cual servimos por tantos años con decisión y sacrificio, haciendo cosas ilícitas, realizando delitos por órdenes superiores, que van desde el secuestro, torturas, terrorismo, hasta el asesinato para defender dizque al Estado, y hoy en día perseguidos por esos superiores que ordenaron hacer tales cosas”.
La queja es bien clara, y tan parecida a la de algunos dinosaurios argentinos que se juntan en Plaza San Martín: nos mandaron a secuestrar, torturar, matar, en nombre del estado, y después que hicimos todo al pie de la letra, se lavan las manos y nos señalan como secuestradores, torturadores, asesinos. Son las reglas del juego de la burguesía en el marco de su democracia. Hay cosas que se hacen, pero no se dicen ni explican.
Lo mismo sucede ahora: como hace falta mejorar la imagen democrática de los gobiernos de la región aliados a EEUU, Uribe tuvo que hacer un poco de limpieza a fondo, mostrando que su justicia funciona y que tiene las riendas del país. El sacrificio de unos cuantos peones, algún alfil y hasta la dama canciller, es un costo menor frente a lo que significa aparecer en el concierto internacional como un gobierno respetuoso de las leyes y defensor de los derechos de la ciudadanía. Aunque al mismo tiempo se hagan reuniones no tan secretas de funcionarios del gobierno con los miembros de las AUC en prisión, para acordar los términos de sus juicios y eventuales condenas simbólicas.
El terrorismo de estado colombiano ha asesinado unos 10 mil civiles por año desde la década de los ochenta, muchos previamente torturados o descuartizados con motosierras. A pesar del llamado “proceso de paz” que promovió la desmovilización de miles de integrantes de las AUC, se calculan hoy sus integrantes activos en siete a ocho mil paramilitares. Su principal vocero es el argentino Juan Antonio Rubbini Melato, que comenzó como asesor de Salvatore Mancuso, uno de los líderes de las AUC, y es hoy reconocido mando del conjunto de los “paras”. Fue el interlocutor con el gobierno en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito de 2003, donde se lo identificó con el alias de El Profesor. Renegado de la izquierda, dice sin subterfugios que “Las autodefensas han sido un factor que ha evitado que las guerrillas se tomaran el poder”.
Ninguna novedad es, entonces, que políticos y funcionarios de todo tipo aparezcan ahora vinculados estrechamente con los paramilitares. Es tan sorprendente como que funcionarios de distintas áreas del mismo estado tengan relación entre sí. Lo que hay que analizar, en todo caso, son los motivos que llevan al gobierno de Uribe a hacerse el sorprendido y a emprender esta pretendida operación de limpieza, evidente operativo para reconstituir la legitimidad de un régimen socavado por la injusticia y puesto en jaque por las luchas populares consecuentes.
1) Denominación popular de los paramilitares colombianos.