UNA VIEJA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL

El Revolucionario Nº15 (Julio de 2006)

El gobierno de Kirchner se propone promulgar una “Nueva Ley de Educación Nacional” (NLEN) que rija al sistema educativo argentino durante las próximas décadas.

Con la demagogia que lo caracteriza, el presidente y su ministro de educación, Daniel Filmus, han convocado a “un profundo debate que nos permita elaborar un Proyecto de Ley de Educación Nacional ampliamente legitimado por la opinión y la participación del conjunto de la ciudadanía.” (1)

Sin embargo, este proyecto no es más que una prolija continuidad de las políticas educativas impulsadas por los organismos internacionales e implementadas, fundamentalmente, durante la década del 90. Por otro lado, la propagandizada convocatoria es para avalar una nueva avanzada sobre la educación pública.

El debate

Nada mejor para legitimar la futura ley que recurrir a mecanismos democráticos, consultas, y así, intentar reducir al mínimo y aplacar las voces opositoras. La convocatoria gubernamental es “a un amplio y fecundo debate”. Es que no quieren tener la oposición que tuvieron en los noventa cuando implementaron la Ley Federal de Educación. Con una ley que cuente, aunque sea formalmente, con la participación de “todos”, tendrán sobrados argumentos para decir que aquel que se oponga es antidemocrático y no respeta la decisión de la mayoría o, en el mejor de los casos, afirmar que todos somos responsables de la situación educativa.

Pero en una sociedad dividida en clases, la “participación del conjunto de la ciudadanía” sencillamente no existe. Significa, sin mas, la democracia y la imposición de la clase dominante, de la burguesía. El gobierno, a través del ministerio de educación y sus tecnócratas; la burguesía, a través de la UIA y demás cámaras empresariales; la iglesia, a través del CONSUDEC; y la burocracia sindical, a través de la CTERA, son quienes efectivamente discuten el futuro de la educación y quienes tienen incidencia real en la toma de decisiones. La pantalla democrática es la excusa perfecta para avalar sus acciones en general y esta nueva avanzada sobre la escuela pública en particular.

Por otro lado, quienes tienen voz y voto directo son los “técnicos y especialistas” que fueron consultados en mayo y serán nuevamente consultados en septiembre. Estos “técnicos y especialistas” son los mismos que promovieron la Ley Federal y el resto de leyes educativas que la complementaron (2), que dicen criticar por estos días.

Para los trabajadores, el “profundo debate”, es pura ficción.

Aún suponiendo, por un instante, la posibilidad real de debatir e intervenir en las políticas educativas, la convocatoria gubernamental es una invitación a discutir minucias, aspectos completamente secundarios y accesorios. En su presentación, el “Documento para el debate” para una NLEN plantea explícitamente que “...no se referirá a temas ya tratados por otras leyes, como los relativos a la enseñanza técnico-profesional o al financiamiento educativo...” (3). Es decir, la ilusión del “profundo debate” se da en los estrechos marcos pautados por el gobierno y sin posibilidad de cuestionarlos. Además, sólo con un cinismo desmesurado se puede plantear comenzar, desarrollar y concluir un debate sobre, nada más y nada menos, que sobre el futuro de la educación, en un plazo de seis meses (4), cuando al mismo tiempo se afirma que “...la futura Ley de Educación Nacional no debe constituirse en una legislación para la coyuntura” y que “...al convocar al debate sobre el futuro de la educación argentina también estamos poniendo en discusión el modelo de país para las próximas décadas.” (5) Como agravante, las jornadas en las escuelas son sólo dos.

Entonces, la iniciativa gubernamental promueve un debate entre las clases dominantes que pretenden continuar haciendo de la educación un instrumento al servicio de sus intereses. La convocatoria a los docentes no es más que una coqueta pantalla para legitimar este nuevo avance sobre la educación publica y además la pseudo participación es absolutamente formal.

La continuidad

Según dicen, esta NLEN derogaría la Ley Federal de Educación (LFE). Pero esto no es más que otras de las tantas mentiras. Montándose sobre el desprestigio de la legislación sancionada en 1993, los mismos que la promovieron, como Filmus y Tedesco (ministro y viceministro de educación respectivamente), impulsan hoy su “derogación” y reemplazo. Pero, como todo en este gobierno, la derogación de la LFE es uno de los tantos “como sí”.

El proyecto de NLEN no es más que una simple reescritura de la LFE -con todas sus ideas ratificadas y hasta con algunos párrafos textuales (6)- con una pluma que utiliza un lenguaje un poco más progresista. La concepción mercantilista de la educación, plasmada con claridad en la mencionada ley, se mantiene intacta en la propuesta oficial, incluso con mayor profundidad. Explícitamente, el “Documento para el debate” propone, en reiteradas oportunidades, “Educar para la productividad y el crecimiento”. (7)

Pero además, este proyecto tiene como base la recientemente aprobada Ley de Financiamiento Educativo (impulsada también por la CTERA y que ningún docente tuvo posibilidad de discutir. En la mayoría de las escuelas sólo se hizo circular una consulta) que, por supuesto, no cuestiona en nada a la Ley Federal. Es más, reafirma la perniciosa idea de financiar la educación, cuando todo el sostenimiento debería ser parte integrante del presupuesto educativo. Además se propone exactamente los mismos objetivos: elevar, de manera gradual hasta 2010, del 4% al 6% del PBI los montos destinados a educación. Pero la NLEN no sólo ratifica en estos aspectos a la LFE, sino que posee más agravantes. Por un lado, la LFE establecía una pauta para garantizar la financiación, consistente en aumentar los impuestos de los sectores con mayor poder contributivo (claro que nunca se cumplió). En cambio, la Ley de Financiamiento nada propone en caso de no alcanzar dicho porcentaje como consecuencia del estancamiento de la recaudación fiscal. Así, los montos destinados a educación están sujetos a los vaivenes de la economía. Además crea un ámbito junto a la burocracia de la CTERA para decidir sobre salario, calendario escolar, condiciones de trabajo y carrera docente, preparando así una nueva entrega (8).

El otro pilar de la NLEN, la Ley de Educación Técnico-Profesional, es una profundización de la injerencia empresarial en materia educativa, mucho más explicita que la planteada en la LFE. Con el argumento mentiroso de que “Las políticas económicas (...) propiciaron la profundización de la brecha entre la educación y el mundo de trabajo” (9) pretenden estrechar mucho más el vínculo entre la escuela y las empresas. Esto significa más pasantías y mayor adaptación del sistema educativo a las necesidades planteadas por los empresarios. Así lo propone la UIA: “Mantener con las empresas de la zona de influencia convenios de pasantías docentes y de alumnos y visitas periódicas de profesores y directivos para detectar los requerimientos de formación”. (10)

Además, la NLEN sigue brindando un lugar de privilegio a la educación privada (11), religiosa (12), sosteniendo los subsidios, y constituye una fuerte apuesta a estratificar los salarios de acuerdo al mérito o a la “productividad” docente.

Por lo tanto, lejos de derogar la LFE, la propuesta oficial se propone dar continuidad a los lineamientos básicos de la política educativa que no son más que los planteados por los organismos internacionales como el BM, el BID y la UNESCO. Al decir de Filmus, “...se espera que los principios generales de la Ley Federal se mantengan estables...”

Rechazo a la Nueva Ley.

Toda la maniobra política del gobierno está fundamentalmente dirigida a legitimar y avalar la NLEN, que no es más que la continuidad de las anteriores leyes privatistas. Ya cuenta con el incondicional apoyo de la burocracia de la CTERA, el empresariado y la iglesia católica que buscan mayor consenso entre los docentes y el resto del pueblo.

Por otro lado, comenzar el próximo año con una “Nueva Educación” y habiendo “derogado” la Ley Federal, sancionada bajo el gobierno de Menem, es excelente para la plataforma electoral del kirchnerismo.

Pero más allá de los aspectos coyunturales, el gobierno y la burguesía toda poseen un particular interés sobre la educación. Interés que radica en la necesidad de seguir estructurando un sistema educativo acorde a sus requerimientos.

La promulgación de este proyecto de ley, independientemente de las enmiendas que pueda recibir, constituye un nuevo atropello sobre una reivindicación fundamental de la clase trabajadora y el pueblo: el derecho a una educación pública, gratuita y laica, íntegramente sostenida por el estado.

***

En las características que ha adoptado la iniciativa gubernamental, influye una variable nada menor. Una buena parte de las organizaciones políticas y/o sindicales, que se apoyan en posiciones de izquierda y suelen realizar críticas valiosas a las políticas oficialistas, ha reclamado, y reclama, sistemáticamente la “democratización” del debate y la apertura real a “toda la sociedad”.

Concretamente, ante la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, además de las críticas al contenido, la gran mayoría de las posiciones cuestionaban a dicha ley por su carácter inconsulto y antidemocrático. Lo mismo ocurre con el actual proyecto de Ley de Educación Nacional.

Pero por más consultas que haya o por más debate democrático que se pueda dar, siempre será en el marco de la democracia burguesa, es decir, de la democracia de la clase dominante, de la dictadura de esta clase sobre los trabajadores. Todo queda en manos del estado burgués, concretamente, en manos del gobierno, los capitalistas, los curas y los burócratas.

Si partimos desde una posición de clase, debemos rechazar cualquier debate democrático con la burguesía, ya que participando, lo legitimamos y, además, siempre imperan sus posiciones e intereses. La única democracia que podemos reivindicar es la de los trabajadores

Notas

(1) “Documento para el debate” “Ley de educación nacional. Hacia una sociedad de calidad para una sociedad más justa” Ministerio de Educación, ciencia y tecnología. Presidencia de la nación. Consejo federal de cultura y educación. (Pág. 3)

(2) Nos referimos a la Ley de Transferencia, a la de Incentivo Docente, a la de Enseñanza superior, a la de Financiamiento Educativo y a la de Educación Técnico-Profesional.

(3) “Documento para el debate” (Pág. 7)

(4) El cronograma oficial se extiende de mayo a octubre.

(5) “Documento para el debate” (Pág. 3)

(6) Véase Art. 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la LFE.

(7) “Documento para el debate” (Pág. 16)

(8) Art. 10 de la Ley de Financiamiento Educativo

(9) “Documento para el debate” (Pág. 16)

(10) UIA. Carta al señor ministro de educación. 14 de junio.

(11) En Capital Federal, casi el 50% de las escuelas privadas reciben subsidios estatales.

(12) La NLEN (Pág. 19) y la LFE (Art. 4°) establecen que “...las acciones educativas son responsabilidad primaria de la familia, como agente natural y primario de la educación, del Estado Nacional, de las Provincias, los Municipios, la iglesia Católica, las demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y las Organizaciones Sociales.”