Los empresarios del transporte se llenan los bolsillos haciendo negocios con el gobierno. Sus socios, los burócratas sindicales, reclaman más policías y gendarmes para reprimir la bronca de los trabajadores, que cada vez viajan en peores condiciones.
El Revolucionario Nº40 (Octubre de 2008)
Cualquier trabajador del conurbano que viaje en tren, conoce de corridas, hacinamiento, puertas que cierran mal, asientos rotos, suciedad, accidentes por el mal estado de vías y trenes, con su saldo de muertes, demoras y suspensiones sin aviso. Hay otra manera de viajar, en trenes con coches pullman, restaurant con menú internacional, televisores, DVD, audio, luces dicroicas y aire acondicionado, como el servicio a Pinamar o el Tren de las Nubes de Salta. Pero esos son lujos que están bien lejos de los trabajadores.
Desde 1995, Trenes de Buenos Aires (TBA), de los hermanos Cirigliano, está a cargo de las líneas Mitre y Sarmiento. También son dueños del Grupo Plaza y de Ecotrans, que explotan líneas de colectivos; de los talleres ferroviarios Emfer, que recibió la concesión del proyecto para un “tren de dos plantas”; de empresas de transporte en el interior y de Safe Flight, un proyecto de aerolínea que nunca voló ni tuvo aviones, acusada por otro delincuente, el ex accionista de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, de recaudar coimas a compartir con Ricardo Jaime.
Los Cirigliano embolsan millonarios subsidios que destinan a pagar sueldos o a expandir su pool de empresas, sin invertir un centavo en la red ferroviaria. En junio de 2008, TBA recibió subsidios por $11.929.321,50(1).
El 1º de noviembre de 2005, los pasajeros del Sarmiento, hartos de viajar mal, o, peor aún, de no poder viajar, incendiaron dos formaciones en Haedo y apedrearon máquinas boleteras y bancos de los alrededores. La represión dejó 22 heridos y 113 detenidos, seis que siguieron presos medio año y un séptimo liberado al año y medio.
En mayo de 2007, estalló la estación Constitución. Ante la cancelación del servicio en plena hora pico, los pasajeros arremetieron contra las boleterías y la delegación de la policía federal. Hubo otras ocasiones similares, como el 22 de junio, en Temperley, también por la suspensión del servicio.
La respuesta del gobierno de Néstor Kirchner a los hechos de Constitución y Temperley fue retirar la concesión del ex Roca a la empresa Metropolitano, entregándola a UGOFE SA(2), un consorcio formado por los concesionarios de las demás líneas. Poco después se dio al grupo la explotación del San Martín y el Belgrano Sur. Sólo en julio de 2008, UGOFE SA recibió $38.730.000 de subsidios.
Después que la escena se repitiera el pasado 4 de septiembre en Castelar, con ocho vagones incendiados, Aníbal Fernández hizo ridículas acusaciones, que sólo sirvieron para promover una película que se estrenaba en esos días, e incrementó los dineros entregados a los empresarios. Eso no mejoró la situación y se sucedieron nuevas reacciones, como el 23 de septiembre en las estaciones Muñiz y Bella Vista, del ramal San Martín.
Tras el nuevo incendio de dos vagones, no fueron las empresas las que salieron al ruedo, sino la burocracia sindical, que decretó un paro, con un único reclamo, profundamente contrario al interés de los trabajadores: más fuerzas de seguridad para “evitar vandalismos”, como explicó el secretario de La Fraternidad, Omar Maturano, que también se quejó por la falta de castigo ejemplar a sus autores. En menos de 12 horas, los ministros Fernández y Stornelli prometieron tropas de gendarmería, policía federal y provincial, y el paro se levantó. Además de su obvia función como chaleco de fuerza del descontento, crecerán más las detenciones arbitrarias y se multiplicarán los golpes y torturas cotidianos en los “cuartitos” que comparten policías, gendarmes y vigiladores en cada estación.
Vemos así cómo el gobierno, los empresarios y la burocracia sindical, socios permanentes en sus negocios contra el pueblo, también suman sus esfuerzos contra la bronca popular.
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NOTAS:
1) Datos publicados en el sitio web de la Secretaría de Transporte.
2) Unión de Gestión Operativa Ferroviaria S.A., integrada por Metrovías, Ferrovías y Trenes de Buenos Aires.
Cualquier trabajador del conurbano que viaje en tren, conoce de corridas, hacinamiento, puertas que cierran mal, asientos rotos, suciedad, accidentes por el mal estado de vías y trenes, con su saldo de muertes, demoras y suspensiones sin aviso. Hay otra manera de viajar, en trenes con coches pullman, restaurant con menú internacional, televisores, DVD, audio, luces dicroicas y aire acondicionado, como el servicio a Pinamar o el Tren de las Nubes de Salta. Pero esos son lujos que están bien lejos de los trabajadores.
Desde 1995, Trenes de Buenos Aires (TBA), de los hermanos Cirigliano, está a cargo de las líneas Mitre y Sarmiento. También son dueños del Grupo Plaza y de Ecotrans, que explotan líneas de colectivos; de los talleres ferroviarios Emfer, que recibió la concesión del proyecto para un “tren de dos plantas”; de empresas de transporte en el interior y de Safe Flight, un proyecto de aerolínea que nunca voló ni tuvo aviones, acusada por otro delincuente, el ex accionista de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, de recaudar coimas a compartir con Ricardo Jaime.
Los Cirigliano embolsan millonarios subsidios que destinan a pagar sueldos o a expandir su pool de empresas, sin invertir un centavo en la red ferroviaria. En junio de 2008, TBA recibió subsidios por $11.929.321,50(1).
El 1º de noviembre de 2005, los pasajeros del Sarmiento, hartos de viajar mal, o, peor aún, de no poder viajar, incendiaron dos formaciones en Haedo y apedrearon máquinas boleteras y bancos de los alrededores. La represión dejó 22 heridos y 113 detenidos, seis que siguieron presos medio año y un séptimo liberado al año y medio.
En mayo de 2007, estalló la estación Constitución. Ante la cancelación del servicio en plena hora pico, los pasajeros arremetieron contra las boleterías y la delegación de la policía federal. Hubo otras ocasiones similares, como el 22 de junio, en Temperley, también por la suspensión del servicio.
La respuesta del gobierno de Néstor Kirchner a los hechos de Constitución y Temperley fue retirar la concesión del ex Roca a la empresa Metropolitano, entregándola a UGOFE SA(2), un consorcio formado por los concesionarios de las demás líneas. Poco después se dio al grupo la explotación del San Martín y el Belgrano Sur. Sólo en julio de 2008, UGOFE SA recibió $38.730.000 de subsidios.
Después que la escena se repitiera el pasado 4 de septiembre en Castelar, con ocho vagones incendiados, Aníbal Fernández hizo ridículas acusaciones, que sólo sirvieron para promover una película que se estrenaba en esos días, e incrementó los dineros entregados a los empresarios. Eso no mejoró la situación y se sucedieron nuevas reacciones, como el 23 de septiembre en las estaciones Muñiz y Bella Vista, del ramal San Martín.
Tras el nuevo incendio de dos vagones, no fueron las empresas las que salieron al ruedo, sino la burocracia sindical, que decretó un paro, con un único reclamo, profundamente contrario al interés de los trabajadores: más fuerzas de seguridad para “evitar vandalismos”, como explicó el secretario de La Fraternidad, Omar Maturano, que también se quejó por la falta de castigo ejemplar a sus autores. En menos de 12 horas, los ministros Fernández y Stornelli prometieron tropas de gendarmería, policía federal y provincial, y el paro se levantó. Además de su obvia función como chaleco de fuerza del descontento, crecerán más las detenciones arbitrarias y se multiplicarán los golpes y torturas cotidianos en los “cuartitos” que comparten policías, gendarmes y vigiladores en cada estación.
Vemos así cómo el gobierno, los empresarios y la burocracia sindical, socios permanentes en sus negocios contra el pueblo, también suman sus esfuerzos contra la bronca popular.
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NOTAS:
1) Datos publicados en el sitio web de la Secretaría de Transporte.
2) Unión de Gestión Operativa Ferroviaria S.A., integrada por Metrovías, Ferrovías y Trenes de Buenos Aires.