El gobierno, la patronal y la burocracia sindical persiguen, con despidos, causas y detenciones, a los trabajadores que se organizan y luchan.
Ya suman 15 los muertos en movilizaciones populares. Son miles los luchadores sociales procesados por este gobierno que se autodenomina “defensor de los derechos humanos”, que, es necesario recordar, es el que más presos políticos ha tenido desde el advenimiento de la democracia.
Toda esta política represiva del gobierno nacional, que incluye además, la militarización de los barrios, el endurecimiento de la legislación, el gatillo fácil y la tortura, se descarga cada vez más, sobre el sector antiburocrático de la clase trabajadora.
Recientemente, en la provincia de Santa Cruz, fueron detenidos los delegados petroleros José Acosta y Víctor Oñate, que ya llevan casi un mes como presos políticos por haber protagonizado una huelga contra YPF en reclamo del pago de los salarios y del cese de las suspensiones y los despidos. A Acosta y a Oñate se los acusa de amenazas y lesiones hacia los casi 500 efectivos de gendarmería y policía que militarizaban la localidad de Las Heras. Estos dos presos, se suman a Carlos Olivera, referente del SITRAIC, también detenido por su actividad sindical.
Y así como hoy se encuentran detenidos estos delegados, no podemos olvidar que ayer fueron detenidos, en el marco de la represión, los docentes de ADOSAC y quienes se solidarizaban con su lucha; y los dirigentes ferroviarios del Roca, como Morales, Hospital y Merino.
Esta política represiva, que hoy encuentra su punto máximo con las detenciones y el encarcelamiento de los delegados antiburocráticos de los trabajadores, busca, no sólo sacarse de encima a los activistas que no tranzan, sino que, sobre todo, intenta desarticular la organización sindical antiburocrática, infundiendo miedo y rompiendo el vínculo entre los dirigentes antiburocráticos y las bases obreras. De este modo, procuran privar a los trabajadores de una conducción antiburocrática, que forje la experiencia de la organización y la lucha. Pretenden desarmar a la clase trabajadora para profundizar la explotación.
Con el mismo objetivo, se impulsan, bajo cualquier pretexto, un sinnúmero de juicios hacia los delegados y activistas antiburocráticos. Esto sucede hoy con el delegado de Fate, Víctor Ottoboni, quien afronta un juicio de desafuero para que la empresa pueda proceder al despido sin mayores miramientos. También se encuentra encausado Marcelo Mansilla, delegado de la Junta Interna del hospital Garrahan, a quien pretenden restringir los fueron gremiales para avanzar hacia su condena. Se suma a la larga lista, Hugo Costilla, delegado de Paty, entre decenas de militantes sindicales de todos los gremios, como son los referentes de Kraft, del Garrahan, de Fate, del Subte… y todos los que apoyan a los trabajadores, como los estudiantes que acompañaron la lucha de la alimentación. Parte integrante de esta política son, también, los despidos masivos, como ocurre hoy entre los telefónicos tercerizados, como ocurrió ayer en el Frigorífico Rioplatense, en el Roca, en Kraft, en el neumático…
Así, el gobierno, junto a las patronales y la burocracia sindical, despliega su arsenal represivo que va desde los despidos, hasta el encarcelamiento, pasando por la persecución laboral, los juicios, los procesamientos, las patotas, etc., etc.
Frente a esta situación que se torna cada vez más dura, la clase trabajadora debe responder con más organización y más lucha. La difusión de estos conflictos, la movilización permanente y la disposición a la pelea son necesidades urgentes. Además, la coordinación del activismo antiburocrático, seccionales recuperadas, comisiones internas, cuerpos de delegados, y delegados sindicales, es un paso adelante que también es necesario dar, para resistir con más fuerza esta política desatada abiertamente contra la clase trabajadora.